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sábado, 8 de diciembre de 2007
CARTON POLITICO : JESUS ORTEGA Y CHUCHOS PALEROS
TRAIDORES, COME-CUANDO-HAY, SIRVIENTES DEL ESPURIO CALDERON, PALEROS DE LA DERECHA,
MAICIADOS, HACEN ACUERDOS EN LO OSCURITO CON FECAL Y LOS CACHARON. ¿ASI O MAS CLARO?
LA RESISTENCIA CIVIL PACIFICA .
Kikka Roja
LOS PANISTAS PELIGRO PARA MEXICO : FUGA DE CAPITALES
Rayuela
Salida de capitales, flujo negativo en captación de inversiones, desaceleración de la economía... ¿No dijo alguien que eso es lo que sucedería si López Obrador llegaba a Los Pinos?
- Países emergentes captaron en una semana 4 mil millones de dólares: Merrill Lynch
- Para los inversionistas, México y Taiwán son “los patitos feos”
- Sacaron del país 100 millones en las pasadas 15 semanas, reporta la empresa financiera
- Se teme que la crisis hipotecaria en Estados Unidos impacte la economía mexicana
Los países de economías emergentes se han favorecido en las últimas semanas con ingresos récord de fondos para adquirir acciones de largo plazo en sus mercados financieros, a excepción de México y Taiwán, indicó este viernes Merrill Lynch, una de las mayores firmas financieras del mundo, la cual considera a estas dos últimas naciones “los patitos feos” en cuanto a preferencia de inversionistas. La firma reportó que en la última semana se registraron ingresos sin precedente de fondos a inversiones en acciones de empresas en países emergentes, por un monto de 4 mil millones de dólares y de 9 mil millones si se toma como referencia un periodo de tres semanas. En un entorno caracterizado por la volatilidad de los mercados financieros, ante la incertidumbre de la crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos y el alza en el precio internacional del petróleo, una parte importante de los movimientos de capital se ha desplazado a mercados de países en desarrollo.
México parece ser por ahora una excepción. Mientras al conjunto de países en desarrollo fluyen recursos en cifras récord para la compra a largo plazo de acciones de empresas, México registró un flujo negativo, es decir, una salida, de 100 millones de dólares en 15 semanas reportado por Merrill Lynch. La correduría indicó que en dicho periodo el flujo neto de fondos para la compra de acciones hacia economías emergentes alcanzó 33 mil 200 millones de dólares, cifra importante si se toma en cuenta que en el último año el ingreso ha sido de 38 mil 200 millones. Es decir, del total registrado en 12 meses, 86 por ciento se ha dado en las 15 semanas previas al 5 de diciembre. Al hablar de “récord de ingreso” de flujos hacia países con economías emergentes, Merrill Lynch reportó que a Asia llegaron en el mismo periodo 14 mil 700 millones de dólares, mientras China captó 4 mil 900 millones. Y en América Latina, Brasil recibió 2 mil 500 millones. Rusia, que tuvo elecciones la semana previa, 900 millones. “Los patitos feos continúan siendo Taiwán y México, con salidas de inversiones –por 100 millones de dólares en cada caso– que contrastan con un masivo ingreso de inversiones por 33 mil 200 millones de dólares hacia los países emergentes”, mencionó el reporte de Merrill Lynch. La disminución de México en la preferencia de los fondos de inversión que buscan colocar recursos en la compra de acciones de empresas bursátiles está asociada a la expectativa de que una profundización de la crisis en el sector inmobiliario de Estados Unidos termine por afectar a la economía mexicana.
El miércoles pasado, Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, declaró que los problemas del sector inmobiliario en Estados Unidos podrían convertirse en “una grave crisis de confianza” que afectarían la economía real de aquel país y trasladarse a la economía mexicana.
México realiza casi 90 por ciento de su comercio exterior con Estados Unidos.
“Tenemos que estar atentos de que en ese proceso puedan estar involucrados no sólo las instituciones, sino también las propias calificadoras, los auditores, y eso puede involucrar una serie de factores que deriven en una crisis diferente a la que sucedió con Enron, pero con proporciones muy difíciles de anticipar”, señaló Prieto Treviño el miércoles. La quiebra de Enron, comercializadora de energía eléctrica, que llegó a ser la séptima mayor empresa de Estados Unidos, ocurrió en diciembre de 2001, cuando salieron a la luz operaciones no registradas en la contabilidad que los directivos habían usado para ocultar deudas e inflar las utilidades de la compañía y sus propios salarios.
Se trató de la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos, que llevó a la desaparición de la empresa, el encarcelamiento de sus directivos y causó una pérdida de valor estimada en 68 mil millones de dólares. El valor de capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es decir, el monto de capital representado por las acciones inscritas en el mercado, alcanzó su máximo histórico el 13 de julio de 2007, al situarse en 4 billones 707 mil 329 millones de pesos, cantidad equivalente a 49.21 por ciento del producto interno bruto (PIB). Según información de la BMV, “el reciente ajuste del mercado accionario” propició que al 3 de diciembre, es decir, cinco meses después de haber llegado a su máximo histórico, el valor de capitalización disminuyera a 4 billones 397 mil 398 millones de pesos, monto equivalente a 45.97 por ciento del producto interno bruto. De tal forma, en cinco meses y por el ajuste causado por los temores a la crisis hipotecaria en Estados Unidos, el valor de capitalización del mercado disminuyó en 309 mil 931 millones de pesos.
México parece ser por ahora una excepción. Mientras al conjunto de países en desarrollo fluyen recursos en cifras récord para la compra a largo plazo de acciones de empresas, México registró un flujo negativo, es decir, una salida, de 100 millones de dólares en 15 semanas reportado por Merrill Lynch. La correduría indicó que en dicho periodo el flujo neto de fondos para la compra de acciones hacia economías emergentes alcanzó 33 mil 200 millones de dólares, cifra importante si se toma en cuenta que en el último año el ingreso ha sido de 38 mil 200 millones. Es decir, del total registrado en 12 meses, 86 por ciento se ha dado en las 15 semanas previas al 5 de diciembre. Al hablar de “récord de ingreso” de flujos hacia países con economías emergentes, Merrill Lynch reportó que a Asia llegaron en el mismo periodo 14 mil 700 millones de dólares, mientras China captó 4 mil 900 millones. Y en América Latina, Brasil recibió 2 mil 500 millones. Rusia, que tuvo elecciones la semana previa, 900 millones. “Los patitos feos continúan siendo Taiwán y México, con salidas de inversiones –por 100 millones de dólares en cada caso– que contrastan con un masivo ingreso de inversiones por 33 mil 200 millones de dólares hacia los países emergentes”, mencionó el reporte de Merrill Lynch. La disminución de México en la preferencia de los fondos de inversión que buscan colocar recursos en la compra de acciones de empresas bursátiles está asociada a la expectativa de que una profundización de la crisis en el sector inmobiliario de Estados Unidos termine por afectar a la economía mexicana.
El miércoles pasado, Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, declaró que los problemas del sector inmobiliario en Estados Unidos podrían convertirse en “una grave crisis de confianza” que afectarían la economía real de aquel país y trasladarse a la economía mexicana.
México realiza casi 90 por ciento de su comercio exterior con Estados Unidos.
“Tenemos que estar atentos de que en ese proceso puedan estar involucrados no sólo las instituciones, sino también las propias calificadoras, los auditores, y eso puede involucrar una serie de factores que deriven en una crisis diferente a la que sucedió con Enron, pero con proporciones muy difíciles de anticipar”, señaló Prieto Treviño el miércoles. La quiebra de Enron, comercializadora de energía eléctrica, que llegó a ser la séptima mayor empresa de Estados Unidos, ocurrió en diciembre de 2001, cuando salieron a la luz operaciones no registradas en la contabilidad que los directivos habían usado para ocultar deudas e inflar las utilidades de la compañía y sus propios salarios.
Se trató de la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos, que llevó a la desaparición de la empresa, el encarcelamiento de sus directivos y causó una pérdida de valor estimada en 68 mil millones de dólares. El valor de capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es decir, el monto de capital representado por las acciones inscritas en el mercado, alcanzó su máximo histórico el 13 de julio de 2007, al situarse en 4 billones 707 mil 329 millones de pesos, cantidad equivalente a 49.21 por ciento del producto interno bruto (PIB). Según información de la BMV, “el reciente ajuste del mercado accionario” propició que al 3 de diciembre, es decir, cinco meses después de haber llegado a su máximo histórico, el valor de capitalización disminuyera a 4 billones 397 mil 398 millones de pesos, monto equivalente a 45.97 por ciento del producto interno bruto. De tal forma, en cinco meses y por el ajuste causado por los temores a la crisis hipotecaria en Estados Unidos, el valor de capitalización del mercado disminuyó en 309 mil 931 millones de pesos.
Kikka Roja
CCE : LEGITIMO DERECHO A CHINGAR POBRES
- El juzgado 14 de distrito desecha el recurso legal presentado por la cúpula de la IP
- Improcedente, el amparo contra la reforma electoral; apelaremos: CCE
- Se busca defender derechos a la libertad de expresión e información, aseguran empresarios
- Sin efecto, intento por frenar los cambios
Gustavo Castillo García
El juzgado 14 de distrito en materia administrativa, con sede en la ciudad de México, desechó “por notoriamente improcedente” el recurso de amparo que promovió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) contra las reformas a la Constitución en los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122 en materia electoral. Este viernes, en la lista de acuerdos del citado juzgado, se dio a conocer la resolución del recurso número 1566/2007, promovido por el CCE, y en el documento del juzgado se precisa que “se desecha de plano la demanda de garantías. Notifíquese personalmente al promovente”. Con esta determinación, hasta el momento queda sin efecto cualquier intento por detener la aplicación de las reformas constitucionales, toda vez que la decisión del juez David Cortés señala que no es posible el cuestionamiento a las modificaciones constitucionales, entre ellas al artículo 41 (que impide la contratación de propaganda electoral por parte de particulares), ya que en materia electoral es improcedente el recurso de amparo.
La reforma
Sobre este tema, la Constitución establece en el artículo 41, fracción tercera, inciso G, lo siguiente: “Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.” A pesar de esta determinación judicial, el órgano empresarial podrá interponer un recurso de revisión, y en una segunda instancia, el asunto sería puesto en conocimiento de un tribunal colegiado. Sin embargo, por tratarse de un caso en el que se cuestiona la constitucionalidad de un ordenamiento legal, el asunto podría ser llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde podría resolverlo no el pleno, sino una de las salas del máximo tribunal. Como se recordará, hace unos días el CCE promovió por medio de su presidente, Armando Paredes Arroyo, un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, que reforma diversos artículos de la Constitución.
En ese sentido, Paredes Arroyo, dirigente del llamado organismo cúpula de asociaciones empresariales, refirió que la demanda de garantías pretende defender el derecho a la libertad de expresión, a la información y a libre asociación que tiene cualquier ciudadano. El asunto fue presentado ante el juzgado 14 de distrito en materia administrativa por Adolfo Arrioja Vizcaíno, abogado del CCE.
La reforma
Sobre este tema, la Constitución establece en el artículo 41, fracción tercera, inciso G, lo siguiente: “Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.” A pesar de esta determinación judicial, el órgano empresarial podrá interponer un recurso de revisión, y en una segunda instancia, el asunto sería puesto en conocimiento de un tribunal colegiado. Sin embargo, por tratarse de un caso en el que se cuestiona la constitucionalidad de un ordenamiento legal, el asunto podría ser llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde podría resolverlo no el pleno, sino una de las salas del máximo tribunal. Como se recordará, hace unos días el CCE promovió por medio de su presidente, Armando Paredes Arroyo, un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, que reforma diversos artículos de la Constitución.
En ese sentido, Paredes Arroyo, dirigente del llamado organismo cúpula de asociaciones empresariales, refirió que la demanda de garantías pretende defender el derecho a la libertad de expresión, a la información y a libre asociación que tiene cualquier ciudadano. El asunto fue presentado ante el juzgado 14 de distrito en materia administrativa por Adolfo Arrioja Vizcaíno, abogado del CCE.
VAYA PUNTA DE IMBECILES, TIENEN DINERO PARA HACERSE LAS CHAQUETAS MENTALES QUE QUIERAN, DINERO QUE ROBAN DEL PUEBLO CON AYUDA DE POLITICOS VENDE PATRIAS.
Kikka Roja
MUJERES PANISTAS FIERAS BESTIAS PELUDAS A LA DEFENSA DE SUS RATERIAS
- Se reconocerá su mérito, promete el nuevo dirigente
- Prometen mujeres defender Acción Nacional “como fieras”
Georgina Saldierna
El próximo dirigente del PAN, Germán Martínez, luego de la reunión con mujeres de su partido. Lo acompañan, entre otras, Beatriz Zavala, secretaria de Desarrollo Social; la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, y la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota El próximo dirigente del PAN, Germán Martínez, luego de la reunión con mujeres de su partido. Lo acompañan, entre otras, Beatriz Zavala, secretaria de Desarrollo Social; la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, y la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota Foto: Notimex
Germán Martínez Cázares cerró ayer su campaña por la presidencia del PAN en una reunión con mujeres, entre quienes se encontraban Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y las secretarias de Educación, Josefina Vázquez Mota, y de Desarrollo Social, Beatriz Zavala. Fue un acto en el que las panistas se desbordaron en elogios hacia el michoacano y prometieron defender el partido “como fieras” y traer el material necesario para su reconstrucción, pero también demandaron mayores espacios en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en las dirigencias estatales y en las candidaturas a puestos de elección popular. Martínez Cázares reiteró su oferta de impulsar un instituto político que promueva la justicia y la igualdad de oportunidades, además de que disuelva el odio que engendran las diferencias económicas y sociales. En este contexto, también prometió un PAN que ayude a Calderón a fomentar la equidad.
Sostuvo que Acción Nacional tiene una deuda con las mujeres, por lo que ofreció un partido abierto a ellas, y aunque puntualizó que no va a regalarles nada, les reconocerá su mérito y empeño. El michoacano repitió que en su administración habrá más mujeres en el CEN, y manifestó su agradecimiento a Blanca Magrassi, esposa de Luis H. Alvarez, e hizo una “mención especial” a su esposa e hija, quienes se encontraban en el hospital. De hecho, a ellas dos les brindó la nueva dirigencia que encabezará, mientras daba por concluida la reunión realizada en el World Trade Center, donde por más de una hora saludó y abrazó a decenas de mujeres que se peleaban por tener una fotografía con el próximo jefe nacional del blanquiazul.
Germán Martínez Cázares cerró ayer su campaña por la presidencia del PAN en una reunión con mujeres, entre quienes se encontraban Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, y las secretarias de Educación, Josefina Vázquez Mota, y de Desarrollo Social, Beatriz Zavala. Fue un acto en el que las panistas se desbordaron en elogios hacia el michoacano y prometieron defender el partido “como fieras” y traer el material necesario para su reconstrucción, pero también demandaron mayores espacios en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en las dirigencias estatales y en las candidaturas a puestos de elección popular. Martínez Cázares reiteró su oferta de impulsar un instituto político que promueva la justicia y la igualdad de oportunidades, además de que disuelva el odio que engendran las diferencias económicas y sociales. En este contexto, también prometió un PAN que ayude a Calderón a fomentar la equidad.
Sostuvo que Acción Nacional tiene una deuda con las mujeres, por lo que ofreció un partido abierto a ellas, y aunque puntualizó que no va a regalarles nada, les reconocerá su mérito y empeño. El michoacano repitió que en su administración habrá más mujeres en el CEN, y manifestó su agradecimiento a Blanca Magrassi, esposa de Luis H. Alvarez, e hizo una “mención especial” a su esposa e hija, quienes se encontraban en el hospital. De hecho, a ellas dos les brindó la nueva dirigencia que encabezará, mientras daba por concluida la reunión realizada en el World Trade Center, donde por más de una hora saludó y abrazó a decenas de mujeres que se peleaban por tener una fotografía con el próximo jefe nacional del blanquiazul.
MUJERES PANISTAS NO DEFIENDEN NI A SUS CALZONES, AHI ESTA LA AHIJADA DE FOX COMO FIERA.. DEFENDIENDO SU LEGITIMO DERECHO A VIVIR DEL ERARIO, SAQUEANDO A LOS POBRES MATÁNDOLOS DE HAMBRE Y VENDIENDO LOS BIENES DE LA NACIÓN
LA MIERDA PANISTA DE ALTA ALCURNIA. QUE RESPONDE A LO QUE DIGAN LOS GRINGOS
Kikka Roja
CALDERON NUNCA ACEPTÓ EL VOTO POR VOTO : CARTA DE AMLO
FECAL MIENTE Y HAY MUCHA GENTE QUE ES TESTIGO DE SU COBARDÍA, PARA ESO ESTAMOS AQUI, PARA SACAR LAS NOTAS Y HACERLAS ETERNAS: HAY UNA CARTA QUE AMLO LE ENVIÓ A FECAL, PARA PEDIRLE DE BUENA GANA EL CONTEO VOTO POR VOTO CASILLA POR CASILLA... ¿Y QUE HICIERON CESAR NAVA, MOURIÑO Y GERMAN MARTINEZ? SE HICIERON "LOS DIGNOS" MALDITOS HIPÓCRITAS, SE BURLARON DE MILLONES MEXICANOS, CONTESTÁNDOLE UNA GROSERÍA A AMLO
ESA ES LA OTRA PRUEBA DEL FRAUDE ELECTORAL, LOS PANISTAS ENLOQUECIERON DE TERROR POR EL CONTEO VOTO POR VOTO Y LO EVITARON A TODA COSTA.
(vean la pelicula de Luis Mandoki, Fraude México 2006)
- Envía AMLO carta a Calderón
Señala el aspirante presidencial de Por el Bien de Todos que el recuento es una salida racional, una solución legal y política
Jorge Ramos El Universal Ciudad de México
Lunes 24 de julio de 2006 17:58
Andrés Manuel López Obrador advirtió a su adversario del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, que en caso de que no acepte su propuesta de pronunciarse a favor del recuento de votos de la elección presidencial, “asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos”. En una carta de cuatro cuartillas, entregada esta tarde en la casa de campaña de Calderón, el aspirante presidencial de la coalición Por el Bien de Todos firmó, a pesar de que la página 2 se nombró erróneamente al Tribuna Electoral de Poder Judicial de la Federación. “Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos, y el Tribunal Federal (sic) del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados, si a usted le favorecen, y no convocar a más movilizaciones. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el Tribunal si resulto triunfador en el recuento”. El perredista reiteró que “lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de los votos y nos comprometamos a respetar el resultado”. El tabasqueño puso como ejemplo el caso de Costa Rica, donde Óscar Arias, candidato ganador, aceptó revisar todas las denuncias de su adversario y al final se confirmó su triunfo. López Obrador advirtió a Calderón que “en tanto no se resuelva el recuento de los votos y se pretenda imponerle, seguiremos recurriendo a la resistencia civil pacífica que siempre ha sido utilizada en México —por cierto, también por ustedes— y en el mundo, cuando se trata de hacer valer los derechos sociales, civiles y ciudadanos”. El ex jefe de Gobierno capitalino reiteró que su movimiento siempre ha actuado de manera pacífica y en apego a la Constitución, por lo que le reprochó que Calderón en sus declaraciones haga el señalamiento hacia los perredistas como los violentos y a los panistas como los pacíficos. Eso, sostuvo López Obrador, es “calumnia que sólo aumenta la crispación política y social y en los hechos se vuelve un llamado de enfrentamiento entre mexicanos”. Según López Obrador, su exigencia de contar voto por voto “surgió del pueblo y yo estoy comprometido con ese clamor ciudadano. Entiendo que así se defiende la democracia y el derecho de los mexicanos a elegir libremente a sus gobernantes”. La propuesta, dijo López Obrador, “es una salida racional, una solución legal y política”. En “suma: si usted sostiene que ganó, si usted está convencido de que obtuvo la mayoría de los votos, no tiene por qué negarse a despejar dudas y transparentar la elección. El que nada debe nada teme. Usted tiene la palabra. Espero su respuesta”.
Jorge Ramos El Universal Ciudad de México
Lunes 24 de julio de 2006 17:58
Andrés Manuel López Obrador advirtió a su adversario del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, que en caso de que no acepte su propuesta de pronunciarse a favor del recuento de votos de la elección presidencial, “asumirá su responsabilidad de cara a los mexicanos”. En una carta de cuatro cuartillas, entregada esta tarde en la casa de campaña de Calderón, el aspirante presidencial de la coalición Por el Bien de Todos firmó, a pesar de que la página 2 se nombró erróneamente al Tribuna Electoral de Poder Judicial de la Federación. “Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos, y el Tribunal Federal (sic) del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados, si a usted le favorecen, y no convocar a más movilizaciones. De la misma manera, usted tendría que aceptar el fallo emitido por el Tribunal si resulto triunfador en el recuento”. El perredista reiteró que “lo más conveniente para México es que ambos aceptemos el recuento de los votos y nos comprometamos a respetar el resultado”. El tabasqueño puso como ejemplo el caso de Costa Rica, donde Óscar Arias, candidato ganador, aceptó revisar todas las denuncias de su adversario y al final se confirmó su triunfo. López Obrador advirtió a Calderón que “en tanto no se resuelva el recuento de los votos y se pretenda imponerle, seguiremos recurriendo a la resistencia civil pacífica que siempre ha sido utilizada en México —por cierto, también por ustedes— y en el mundo, cuando se trata de hacer valer los derechos sociales, civiles y ciudadanos”. El ex jefe de Gobierno capitalino reiteró que su movimiento siempre ha actuado de manera pacífica y en apego a la Constitución, por lo que le reprochó que Calderón en sus declaraciones haga el señalamiento hacia los perredistas como los violentos y a los panistas como los pacíficos. Eso, sostuvo López Obrador, es “calumnia que sólo aumenta la crispación política y social y en los hechos se vuelve un llamado de enfrentamiento entre mexicanos”. Según López Obrador, su exigencia de contar voto por voto “surgió del pueblo y yo estoy comprometido con ese clamor ciudadano. Entiendo que así se defiende la democracia y el derecho de los mexicanos a elegir libremente a sus gobernantes”. La propuesta, dijo López Obrador, “es una salida racional, una solución legal y política”. En “suma: si usted sostiene que ganó, si usted está convencido de que obtuvo la mayoría de los votos, no tiene por qué negarse a despejar dudas y transparentar la elección. El que nada debe nada teme. Usted tiene la palabra. Espero su respuesta”.
- Dice que en una carta le advirtió sobre la mancha del fraude; “su respuesta fue negativa”
- Miente Calderón; no estuvo dispuesto al voto por voto en 2006, asegura AMLO
- El “presidente legítimo” pedirá derecho de réplica a Televisa, porque no da voz al movimiento
- Alcahuetes, nada dicen del motivo de la tragedia en Tabasco y del próximo “enero negro”
Ampliar la imagen En gira por el estado de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su responsabilidad al frente del "gobierno legítimo" le impide encabezar el partido único que surgiría de la fusión de PRD, PT y Convergencia, como propone Carlos Navarrete En gira por el estado de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su responsabilidad al frente del “gobierno legítimo” le impide encabezar el partido único que surgiría de la fusión de PRD, PT y Convergencia, como propone Carlos Navarrete Foto: La Jornada Axapusco, Méx., 7 de diciembre. Felipe Calderón miente cuando asegura, como hizo hace unos días en entrevista radiofónica, que estaba dispuesto a contar voto por voto y casilla por casilla los sufragios de los comicios del 2 de julio de 2006, y también cuando argumenta que fueron las autoridades electorales las que se opusieron a dicho procedimiento, acusó Andrés Manuel López Obrador. El ex candidato presidencial recordó que envió una carta al panista en la que le advertía que “la mancha del fraude electoral no se quita ni con el agua de todos los mares del mundo; ni lo pensó, en menos de tres horas me mandó su respuesta y fue un no. Calderón es un falsario”.
En entrevista radiofónica, aseveró que va “a pedirle a Televisa que nos den posibilidad de replicar, porque llevan año y medio hablando de nosotros; tienen mesas redondas donde el tema somos nosotros y no se nos da la voz”. Al continuar su gira por el estado de México, dijo que la gente debe estar enterada de estas y muchas otras cosas que no transmiten los medios de comunicación “porque los tienen apergollados, o más que apergollados, se alquilan, se venden, salvo honrosas excepciones”, ante lo que adelantó que demandará a dichos medios el derecho de réplica. “Se la pasan diciendo que no valemos nada, que nuestro movimiento está desarticulado, pero todos los días, religiosamente, hablan de nosotros. Se reúnen los comentaristas de radio y televisión para debatir sobre lo que hace o dice el presidente legítimo, y nosotros queremos que nos respeten el derecho de réplica para que la gente conozca nuestro punto de vista”. Recordó que los “alcahuetes” de los medios de comunicación no han dicho al pueblo de México que en enero del próximo año la sociedad va a “recibir tres duros golpes”, ya que en ese mes se abren las fronteras para permitir el libre paso de maíz y frijol, hecho que –aseguró– perjudicará gravemente a los productores nacionales, a quienes el gobierno espurio de Calderón “insiste en poner a competir con productores de otros países con una clara desventaja, toda vez que en aquellas naciones se subsidia de forma muy importante el sector agrícola”.
Otro “golpe” son los impuestos que tendrá que pagar el pueblo, derivados de la llamada reforma fiscal, y el tercero es la entrada en vigor del impuesto al gas y el diesel, que va a desencadenar alzas en todos los sectores. “Enero va a ser un mes negro para los mexicanos, a quienes van a volver a bolsear con esta cascada de incrementos”. Asimismo, López Obrador señaló que otro de los temas del que no hablan los medios de comunicación es el que tiene que ver con las razones verdaderas que produjeron la catástrofe en Tabasco y Chiapas. Explicó que las inundaciones se dieron porque “el gobierno espurio” ha privilegiado la compra de energía eléctrica a particulares, y dejó sin producir a las hidroeléctricas del sureste, mismas que ante el agua acumulada en las presas tuvieron que soltar millones de litros por segundo sobre la planicie de Tabasco. “Esa agua que dejaron salir por las compuertas de la presa Peñitas equivale a una extensión de cuatro kilómetros por 15 metros de altura cada segundo, lo que deja en claro que al gobierno espurio no le interesa el dolor de los mexicanos, sino cuidar los intereses de los grandes capitales”.
“Gran dolor y decepción”
Nuevamente destacó el bloqueo mediático al movimiento que encabeza. Reiteró que luego del “fraude electoral” no fue fácil encontrar una salida al gran “dolor y decepción que provocó en mucha gente este robo”. Destacó que no podía llevarse al pueblo a la confrontación violenta. “Eso es lo que hubieran querido nuestros adversarios, que perdiéramos la calma y que nos enfrentáramos a la policía y el Ejército, pero desde el principio decidimos que no queríamos la violencia, porque no la necesitamos; este es un movimiento que va a lograr por la vía pacífica el cambio que el país demanda”. A lo largo de su segundo día de gira por el estado de México, López Obrador volvió al tema de las diferencias con grupos perredistas y la propuesta de conformar un gran partido de izquierda que sea resultado de la fusión de PRD, PT y Convergencia. Subrayó que está por la unidad de las fuerzas progresistas de izquierda, de los movimientos sociales afines y de todos los mexicanos sin partido que aspiran a un cambio en lo político, en lo económico y en lo social.
Reiteró que su responsabilidad al frente del “gobierno legítimo” le impide encabezar este gran partido, como propuso en su momento el senador perredista Carlos Navarrete; en todo caso –advirtió–, será decisión de los partidos valorar dicha propuesta. Por la mañana, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el tabasqueño aseveró que “lo que queda claro es que hay un bloque conservador, que construyeron PRI y PAN desde la época de Carlos Salinas; es evidente también que ese bloque conservador se reunió con gobernadores del PRI para apoyar al pelele Calderón en las elecciones; eso está claro, y por eso es necesario fortalecer la izquierda, el Frente Amplio Progresista, para poder detenerlos. El acuerdo ahora sigue siendo el apoyo del PRI a Calderón para que éste proteja y dé impunidad a gobernadores como Mario Marín y Ulises Ruiz”.
En entrevista radiofónica, aseveró que va “a pedirle a Televisa que nos den posibilidad de replicar, porque llevan año y medio hablando de nosotros; tienen mesas redondas donde el tema somos nosotros y no se nos da la voz”. Al continuar su gira por el estado de México, dijo que la gente debe estar enterada de estas y muchas otras cosas que no transmiten los medios de comunicación “porque los tienen apergollados, o más que apergollados, se alquilan, se venden, salvo honrosas excepciones”, ante lo que adelantó que demandará a dichos medios el derecho de réplica. “Se la pasan diciendo que no valemos nada, que nuestro movimiento está desarticulado, pero todos los días, religiosamente, hablan de nosotros. Se reúnen los comentaristas de radio y televisión para debatir sobre lo que hace o dice el presidente legítimo, y nosotros queremos que nos respeten el derecho de réplica para que la gente conozca nuestro punto de vista”. Recordó que los “alcahuetes” de los medios de comunicación no han dicho al pueblo de México que en enero del próximo año la sociedad va a “recibir tres duros golpes”, ya que en ese mes se abren las fronteras para permitir el libre paso de maíz y frijol, hecho que –aseguró– perjudicará gravemente a los productores nacionales, a quienes el gobierno espurio de Calderón “insiste en poner a competir con productores de otros países con una clara desventaja, toda vez que en aquellas naciones se subsidia de forma muy importante el sector agrícola”.
Otro “golpe” son los impuestos que tendrá que pagar el pueblo, derivados de la llamada reforma fiscal, y el tercero es la entrada en vigor del impuesto al gas y el diesel, que va a desencadenar alzas en todos los sectores. “Enero va a ser un mes negro para los mexicanos, a quienes van a volver a bolsear con esta cascada de incrementos”. Asimismo, López Obrador señaló que otro de los temas del que no hablan los medios de comunicación es el que tiene que ver con las razones verdaderas que produjeron la catástrofe en Tabasco y Chiapas. Explicó que las inundaciones se dieron porque “el gobierno espurio” ha privilegiado la compra de energía eléctrica a particulares, y dejó sin producir a las hidroeléctricas del sureste, mismas que ante el agua acumulada en las presas tuvieron que soltar millones de litros por segundo sobre la planicie de Tabasco. “Esa agua que dejaron salir por las compuertas de la presa Peñitas equivale a una extensión de cuatro kilómetros por 15 metros de altura cada segundo, lo que deja en claro que al gobierno espurio no le interesa el dolor de los mexicanos, sino cuidar los intereses de los grandes capitales”.
“Gran dolor y decepción”
Nuevamente destacó el bloqueo mediático al movimiento que encabeza. Reiteró que luego del “fraude electoral” no fue fácil encontrar una salida al gran “dolor y decepción que provocó en mucha gente este robo”. Destacó que no podía llevarse al pueblo a la confrontación violenta. “Eso es lo que hubieran querido nuestros adversarios, que perdiéramos la calma y que nos enfrentáramos a la policía y el Ejército, pero desde el principio decidimos que no queríamos la violencia, porque no la necesitamos; este es un movimiento que va a lograr por la vía pacífica el cambio que el país demanda”. A lo largo de su segundo día de gira por el estado de México, López Obrador volvió al tema de las diferencias con grupos perredistas y la propuesta de conformar un gran partido de izquierda que sea resultado de la fusión de PRD, PT y Convergencia. Subrayó que está por la unidad de las fuerzas progresistas de izquierda, de los movimientos sociales afines y de todos los mexicanos sin partido que aspiran a un cambio en lo político, en lo económico y en lo social.
Reiteró que su responsabilidad al frente del “gobierno legítimo” le impide encabezar este gran partido, como propuso en su momento el senador perredista Carlos Navarrete; en todo caso –advirtió–, será decisión de los partidos valorar dicha propuesta. Por la mañana, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el tabasqueño aseveró que “lo que queda claro es que hay un bloque conservador, que construyeron PRI y PAN desde la época de Carlos Salinas; es evidente también que ese bloque conservador se reunió con gobernadores del PRI para apoyar al pelele Calderón en las elecciones; eso está claro, y por eso es necesario fortalecer la izquierda, el Frente Amplio Progresista, para poder detenerlos. El acuerdo ahora sigue siendo el apoyo del PRI a Calderón para que éste proteja y dé impunidad a gobernadores como Mario Marín y Ulises Ruiz”.
Kikka Roja
viernes, 7 de diciembre de 2007
No habrá corrida de toros el domingo: autoridades
Informa la delegación Benito Juárez que la empresa de la Plaza de Toros México no pagó la multa para el retiro de sellos de clausura
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Ggilberto Molina El Universal Ciudad de México
El jefe de Unidad Departamental Taurino de la delegación Benito Juárez, Marco Becerril, confirmó que la empresa que administra la Plaza de Toros México no pagó la multa para el retiro de sellos de clausura, por lo que el próximo domingo no habrá corrida en el coso de Insurgentes. ''En la delegación no se recibió ningún amparo por parte de la empresa donde presentaran algún amparo o la boleta donde pagaran la multa, entonces la clausura continúa y no podrán dar la corrida del domingo'', advirtió en entrevista para Agencia EL UNIVERSAL. El funcionario delegacional señaló que el empresario Curro Leal, quien administra la Plaza México, tenía hasta las 18:00 horas de hoy viernes para presentar la boleta de pago correspondiente y no lo hizo. De igual forma, descartó que la presentación de un eventual amparo pudiera revertir la clausura y el retiro de los sellos. ''Nos tenemos que ajustar al procedimiento legal; tenían hasta hoy a las 18:00 horas para presentar (el talón del pago de multa) , después de que lo presenten, la delegación tiene 72 horas para determinar. Como no lo presentarán, será hasta la próxima semana'', expuso. La Plaza de Toros México fue clausurada la mañana de este viernes por violaciones a la ley de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, en un hecho sin precedentes en la historia del llamado coso de Insurgentes. El jefe delegación en Benito Juárez, Germán de la Garza, señaló que la medida se tomó con base en la corrida del pasado 2 de diciembre, que incluyó en su cartel a más toreros extranjeros que mexicanos, lo que atenta contra el principio de equidad presente en la legislación. ''Ellos registran una corrida en la cual el matador de a pie era uno nacional y uno extranjero y el rejoneador, solamente había uno extranjero'', precisó en entrevista con Agencia EL UNIVERSAL. De la Garza dijo que después de un primer apercibimiento hecho a la empresa, cambiaron al matador de a pie, ''pero el nacional por otro nacional'', por lo que después de varios plazos este viernes a las 09:00 horas se ordenó la colocación de los sellos de clausura. El delegado en Benito Juárez dijo que esta es la primera ocasión en su historia que es clausurada la Plaza México, debido a que la empresa que la administra al ignorar los llamados de la autoridad, se declaró en rebeldía. ''Yo no soy un lego en esta materia, lo comentaba el licenciado Jacobo Zabludovsky que aparentemente es la primera vez que se hace (clausura) '', sostuvo. El jefe delegacional precisó que la multa que deben pagar los empresarios por las violaciones al artículo 47 de la Ley de Espectáculos Públicos del Distrito Federal oscila ''más menos entre 10 mil y 20 mil pesos, además de suscribir una serie de convenios de buena voluntad''.
El jefe de Unidad Departamental Taurino de la delegación Benito Juárez, Marco Becerril, confirmó que la empresa que administra la Plaza de Toros México no pagó la multa para el retiro de sellos de clausura, por lo que el próximo domingo no habrá corrida en el coso de Insurgentes. ''En la delegación no se recibió ningún amparo por parte de la empresa donde presentaran algún amparo o la boleta donde pagaran la multa, entonces la clausura continúa y no podrán dar la corrida del domingo'', advirtió en entrevista para Agencia EL UNIVERSAL. El funcionario delegacional señaló que el empresario Curro Leal, quien administra la Plaza México, tenía hasta las 18:00 horas de hoy viernes para presentar la boleta de pago correspondiente y no lo hizo. De igual forma, descartó que la presentación de un eventual amparo pudiera revertir la clausura y el retiro de los sellos. ''Nos tenemos que ajustar al procedimiento legal; tenían hasta hoy a las 18:00 horas para presentar (el talón del pago de multa) , después de que lo presenten, la delegación tiene 72 horas para determinar. Como no lo presentarán, será hasta la próxima semana'', expuso. La Plaza de Toros México fue clausurada la mañana de este viernes por violaciones a la ley de Espectáculos Públicos del Distrito Federal, en un hecho sin precedentes en la historia del llamado coso de Insurgentes. El jefe delegación en Benito Juárez, Germán de la Garza, señaló que la medida se tomó con base en la corrida del pasado 2 de diciembre, que incluyó en su cartel a más toreros extranjeros que mexicanos, lo que atenta contra el principio de equidad presente en la legislación. ''Ellos registran una corrida en la cual el matador de a pie era uno nacional y uno extranjero y el rejoneador, solamente había uno extranjero'', precisó en entrevista con Agencia EL UNIVERSAL. De la Garza dijo que después de un primer apercibimiento hecho a la empresa, cambiaron al matador de a pie, ''pero el nacional por otro nacional'', por lo que después de varios plazos este viernes a las 09:00 horas se ordenó la colocación de los sellos de clausura. El delegado en Benito Juárez dijo que esta es la primera ocasión en su historia que es clausurada la Plaza México, debido a que la empresa que la administra al ignorar los llamados de la autoridad, se declaró en rebeldía. ''Yo no soy un lego en esta materia, lo comentaba el licenciado Jacobo Zabludovsky que aparentemente es la primera vez que se hace (clausura) '', sostuvo. El jefe delegacional precisó que la multa que deben pagar los empresarios por las violaciones al artículo 47 de la Ley de Espectáculos Públicos del Distrito Federal oscila ''más menos entre 10 mil y 20 mil pesos, además de suscribir una serie de convenios de buena voluntad''.
LOS TOROS ES UNA CRUELDAD QUE TIENE QUE DESAPARECER
OTRA PAYASADA PANISTA, BORRACHOS, ENFERMOS MENTALES, ASESINOS.
Kikka Roja
Demanda IDN remover a coordinadores perredistas
- Considera la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional que a Carlos Navarrete y Javier González Garza se les ve muy colaboracionistas con el gobierno de Felipe Calderón
- Demanda IDN remover a coordinadores perredistasDemanda IDN remover a coordinadores perredistas
Jorge Octavio Ochoa El Universal Ciudad de México
19:03 Izquierda Democrática Nacional (IDN), corriente del PRD comandada por Dolores Padierna, pidió la remoción de los actuales coordinadores parlamentarios de ese partido en el Senado y la Cámara de Diputados, por presunta actitud “colaboracionista” con el actual régimen.
Dijo que tanto Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, como Javier González Garza, coordinador de los diputados, se les ve “muy participativos, muy trabajadores, muy colaboracionistas, muy entregados allá”, en referencia al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo –añadió-, no se les ve “reflejando la voluntad del perredismo nacional”, por lo que es necesario hacer una reflexión a fondo de lo que se está haciendo al interior de las cámaras. “Lo que nosotros estamos observando desde afuera es todo un plan; digamos, muchas leyes, pero es todo un plan estructural para el reforzamiento de la derecha, para reestructurar el sistema político económico y social en México, que entró en una enorme crisis el año pasado”.
Los acusó a ambos –Navarrete y González Garza- de promover el tema de la fusión de partidos con la idea de desaparecer al “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador para favorecer a Calderón. “Si Carlos Navarrete y Javier González Garza proponen eso, ¿a quien están favoreciendo y a quien están ayudando? Eso sólo es hacerle el juego a Felipe Calderón Hinojosa”, sentenció. Igualmente, preguntó por qué no se consultó con el PT y Convergencia el tema de las coaliciones y sólo se acordó con el PAN y con el PRI. “Porque los interlocutores principales fueron los partidos neoliberales, porque sus interlocutores fueron los partidos de derecha y no nuestros principales aliados, que junto con ellos ganamos la Presidencia de la República. “¿A quién le interesa entonces desarticular al Frente Amplio Progresista? Sin duda alguna a Felipe Calderón Hinojosa y a la derecha que él representa”. Dijo que las reformas al Código Electoral, por más buenas que sean, por más avanzadas que se escriban, a la hora en que se pone en juego los intereses del modelo neoliberal no cuentan las leyes, ni cuentan las instituciones.
“Es el uso faccioso de las instituciones y las leyes prácticamente desaparecen”.
Dijo que tanto Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, como Javier González Garza, coordinador de los diputados, se les ve “muy participativos, muy trabajadores, muy colaboracionistas, muy entregados allá”, en referencia al gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo –añadió-, no se les ve “reflejando la voluntad del perredismo nacional”, por lo que es necesario hacer una reflexión a fondo de lo que se está haciendo al interior de las cámaras. “Lo que nosotros estamos observando desde afuera es todo un plan; digamos, muchas leyes, pero es todo un plan estructural para el reforzamiento de la derecha, para reestructurar el sistema político económico y social en México, que entró en una enorme crisis el año pasado”.
Los acusó a ambos –Navarrete y González Garza- de promover el tema de la fusión de partidos con la idea de desaparecer al “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador para favorecer a Calderón. “Si Carlos Navarrete y Javier González Garza proponen eso, ¿a quien están favoreciendo y a quien están ayudando? Eso sólo es hacerle el juego a Felipe Calderón Hinojosa”, sentenció. Igualmente, preguntó por qué no se consultó con el PT y Convergencia el tema de las coaliciones y sólo se acordó con el PAN y con el PRI. “Porque los interlocutores principales fueron los partidos neoliberales, porque sus interlocutores fueron los partidos de derecha y no nuestros principales aliados, que junto con ellos ganamos la Presidencia de la República. “¿A quién le interesa entonces desarticular al Frente Amplio Progresista? Sin duda alguna a Felipe Calderón Hinojosa y a la derecha que él representa”. Dijo que las reformas al Código Electoral, por más buenas que sean, por más avanzadas que se escriban, a la hora en que se pone en juego los intereses del modelo neoliberal no cuentan las leyes, ni cuentan las instituciones.
“Es el uso faccioso de las instituciones y las leyes prácticamente desaparecen”.
Kikka Roja
EL CINISMO DE LA SUPREMA CORTE SCJN : TRAICION A LA PATRIA
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- Pasará cuando veamos otro asunto importante, dicen otros
- Sin precedentes, desprestigio de la Corte, aceptan togados
La decisión de exonerar al gobernador de Puebla, Mario Marín, ha tenido gran impacto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por primera vez en mucho tiempo, ministros reconocen que el desprestigio y la falta de confianza en el máximo tribunal del país alcanzó un nivel sin precedentes. Ministros consultados al respecto aceptan que tardará mucho para que la SCJN recupere la credibilidad perdida por el dictamen de que no hubo concertación para violar “gravemente” las garantías de la periodista Lydia Cacho y por la decisión mayoritaria de los togados de no emitir siquiera un pronunciamiento respecto al grave problema de pederastia y redes de pornografía infantil en el país. Hay quienes consideran que el “vendaval” de críticas sobre la Corte pasará hasta que resuelva otro asunto de trascendencia social que tenga un impacto directo en la sociedad.
Para muchos, la oportunidad se presentará cuando analice las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Aunque cabe destacar que en este tema no se espera que los ministros convaliden la constitucionalidad de la legislación; se estima que la minoría consiga cuatro votos en contra del dictamen que presentará Sergio Salvador Aguirre Anguiano –el cual se da por descontado que será en contra de la normatividad aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, para que la legislación siga vigente.
La ley establece que se requieren ocho de 11 votos para invalidar una norma.
Aun cuando la percepción entre los integrantes del pleno tiene sus matices, los más preocupados por la situación reconocen que su decisión sobre el caso Lydia Cacho dejó una imagen de la Corte muy deteriorada ante la sociedad y ante los medios de comunicación.
En el caso del desafuero se señaló a Azuela
Aceptan que, incluso, cuando a mediados de 2005 se conoció que el entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela, acudió a Los Pinos con el presidente Vicente Fox para avalar el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno capitalino en ese momento, las críticas se centraron precisamente en la figura de Azuela. Pero aun en ese momento hubo quienes avalaron la actuación del ministro por considerar que estuvo apegada a derecho. Sin embargo, en esta ocasión la sociedad ha manifestado casi de manera unánime una condena al fallo de la Corte, que consideró que sí se le violaron las garantías de Lydia Cacho, pero la mayoría consideró que no era suficiente para tomar una decisión contra el gobernador poblano. Otro hecho que generó molestia entre algunos ministros fue la conferencia de prensa que ofrecieron el viernes pasado Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, donde la primera leyó un comunicado en el que retomó el tema de que la conversación entre Marín y Kamel Nacif –en ella hablan de la manera en que harían pagar a Lydia Cacho por presuntamente haber difamado al empresario– no podía ser tomada en cuenta, porque “es producto de una grabación ilícita”. El problema es que en lugar de cerrar filas entre los que votaron en favor y los que lo hicieron en contra del dictamen del ministro Juan N. Silva Meza (que responsabiliza a Marín de violar gravemente las garantías de la periodista), se tomó la decisión de fijar una postura en nombre de la Corte, cuando no todos los ministros fueron consultados al respecto.
Incluso, entre los secretarios de Estudio y Cuenta de las diversas ponencias, hay quienes critican a “sus ministros” por haber votado en favor de Marín y no se diga lo mismo con el personal de apoyo. Para otros ministros, el fallo estuvo apegado a derecho y las inconformidades públicas por su decisión son normales, y aseguran que se olvidarán en el momento en que el pleno conozca de otro asunto importante.
Para muchos, la oportunidad se presentará cuando analice las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Aunque cabe destacar que en este tema no se espera que los ministros convaliden la constitucionalidad de la legislación; se estima que la minoría consiga cuatro votos en contra del dictamen que presentará Sergio Salvador Aguirre Anguiano –el cual se da por descontado que será en contra de la normatividad aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, para que la legislación siga vigente.
La ley establece que se requieren ocho de 11 votos para invalidar una norma.
Aun cuando la percepción entre los integrantes del pleno tiene sus matices, los más preocupados por la situación reconocen que su decisión sobre el caso Lydia Cacho dejó una imagen de la Corte muy deteriorada ante la sociedad y ante los medios de comunicación.
En el caso del desafuero se señaló a Azuela
Aceptan que, incluso, cuando a mediados de 2005 se conoció que el entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela, acudió a Los Pinos con el presidente Vicente Fox para avalar el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno capitalino en ese momento, las críticas se centraron precisamente en la figura de Azuela. Pero aun en ese momento hubo quienes avalaron la actuación del ministro por considerar que estuvo apegada a derecho. Sin embargo, en esta ocasión la sociedad ha manifestado casi de manera unánime una condena al fallo de la Corte, que consideró que sí se le violaron las garantías de Lydia Cacho, pero la mayoría consideró que no era suficiente para tomar una decisión contra el gobernador poblano. Otro hecho que generó molestia entre algunos ministros fue la conferencia de prensa que ofrecieron el viernes pasado Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, donde la primera leyó un comunicado en el que retomó el tema de que la conversación entre Marín y Kamel Nacif –en ella hablan de la manera en que harían pagar a Lydia Cacho por presuntamente haber difamado al empresario– no podía ser tomada en cuenta, porque “es producto de una grabación ilícita”. El problema es que en lugar de cerrar filas entre los que votaron en favor y los que lo hicieron en contra del dictamen del ministro Juan N. Silva Meza (que responsabiliza a Marín de violar gravemente las garantías de la periodista), se tomó la decisión de fijar una postura en nombre de la Corte, cuando no todos los ministros fueron consultados al respecto.
Incluso, entre los secretarios de Estudio y Cuenta de las diversas ponencias, hay quienes critican a “sus ministros” por haber votado en favor de Marín y no se diga lo mismo con el personal de apoyo. Para otros ministros, el fallo estuvo apegado a derecho y las inconformidades públicas por su decisión son normales, y aseguran que se olvidarán en el momento en que el pleno conozca de otro asunto importante.
Se retrasará el acatamiento de la resolución del IFAI
Los Pinos deberá entregar en enero datos sobre el desafuero de AMLO
Elizabeth Velasco C.
La Presidencia de la República tendrá que informar, a finales de enero de 2008, qué tipo de información vinculada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador posee en sus archivos, sin importar la dependencia o entidad gubernamental en la cual se haya generado.De acuerdo con la resolución emitida por Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a esa entidad del Ejecutivo federal se le otorgaron diez días hábiles para proporcionar los documentos al solicitante.Sin embargo, “de acuerdo con la experiencia” obtenida en los procesos de notificación del IFAI a las dependencias gubernamentales –comentó Guerrero–, será hasta los primeros días de enero próximo cuando se notifique la resolución a la Presidencia de la República.
Kikka Roja
Los Pinos deberá entregar en enero datos sobre el desafuero de AMLO
Elizabeth Velasco C.
La Presidencia de la República tendrá que informar, a finales de enero de 2008, qué tipo de información vinculada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador posee en sus archivos, sin importar la dependencia o entidad gubernamental en la cual se haya generado.De acuerdo con la resolución emitida por Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a esa entidad del Ejecutivo federal se le otorgaron diez días hábiles para proporcionar los documentos al solicitante.Sin embargo, “de acuerdo con la experiencia” obtenida en los procesos de notificación del IFAI a las dependencias gubernamentales –comentó Guerrero–, será hasta los primeros días de enero próximo cuando se notifique la resolución a la Presidencia de la República.
AUDIO : Entrevista : AMLO : NO a la ley electoral
http://www.divshare.com/download/3037442-783
http://www.divshare.com/download/3034754-c0e
ES LA MISMA ESTRUCTURA RANCIA DEL PODER ANTIDEMOCRATA, LA DERECHA ESPURIA NO TOMA EN CUENTA A LA POBLACION CIVIL, MUCHO MENOS A LAS IZQUIERDAS
LAS TELEVISORAS GANAN BUEN DINERO HABLANDO DE AMLO, LE DEBEN UNA BUENA LANA AL MOVIMIENTO, ¡¡NO SE HAGAN GÜEYES!!
- Pedirá López Obrador derecho de réplica a medios
"Voy a pedirle a Televisa nos den posibilidad de replicar, porque llevan año y medio donde el tema somos nosotros y no se nos da la voz", argumentó. México, DF. Andrés Manuel López Obrador anunció que comenzará a pedir derecho de réplica “retroactivo” a los medios de comunicación, pues en los últimos meses los medios han usado su imagen para programas de análisis y además han dado espacio a los otros actores políticos. "Voy a pedirle a Televisa que nos den posibilidad de replicar porque llevan año y medio hablando de nosotros; tienen mesas redondas donde el tema somos nosotros y no se nos da la voz", argumentó. “Voy nada más a sacar la cuenta de cuánto me deben”, aseguró en entrevista para Hoy por Hoy. Además anunció que su programa semanal, La verdad sea dicha, ya no será transmitido a partir de la fecha en que entre en vigor la nueva ley electoral. “No queremos dar pretexto de que digan: pues cómo sí hay un programa del gobierno legítimo", explicó. Reiteró que la reforma al Cofipe está hecha para mantener la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), y sostuvo que es evidente que existe un acuerdo entre ambas organizaciones políticas. Al respecto, aseguró que "(Felipe) Calderón anda agarrado de la mano de la maestra Elba Esther y anda agarrado de la mano de Manlio Fabio Beltrones". Sobre los cambios que se efectuarán en el Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que no avala ningún nombramiento, ni siquiera el del magistrado Genaro Góngora Pimentel. En cuanto a las diferencias de opinión con su partido, dijo que en los movimientos populares hay siempre diferencias de estrategia, pero el fin común debe ser la defensa del patrimonio de la nación. Finalmente, pidió a la gente no dejar de protestar, pues enero "será un mes negro de carestía". Llamó a impedir el aumento de los impuestos a las gasolinas y a trabajadores asalariados, comerciantes y medianos empresarios.
Kikka Roja
Luis Javier Garrido | El objetivo
El objetivo
Luis Javier Garrido
Las mafias en el poder siguen dando marcha atrás en la “reforma electoral” y aparece ahora el verdadero objetivo que persiguen con ésta: lograr conservar el poder en 2012.
1. El segundo año del gobierno de facto se inicia con el planteamiento que se empieza a hacer desde diversos sectores para que Felipe Calderón sea removido del cargo que ocupa ilegalmente ante el desastre institucional y social al que está llevando al país, pero ante la crítica situación la respuesta oficial ha sido seguir implementando esta enésima “reforma electoral” a fin de buscar absurdamente que el régimen obtenga por esa vía la legitimidad de la que carece.
2. Una “reforma electoral” se debe entender por sus grandes objetivos y el de ésta está lejos de lo que muchos suponen: crear nuevos obstáculos “legales” para que una oposición democrática pueda triunfar en 2012, lo que se ha buscado encubrir con una enorme propaganda sobre diversas modificaciones secundarias que se han presentado como avances significativos.
3. La “reforma electoral de 2007”, que terminó por ser una contrarreforma, constituyó la respuesta de una “clase política” sometida a mafias del gran capital, ante el desafío que representa la creciente inconformidad social por las políticas antipopulares y antinacionales del gobierno de facto tras el fraude electoral de 2006. Lejos de abrir verdaderos cauces democráticos, propiciando la participación ciudadana en la toma de decisiones y creando un sistema electoral confiable, operó una serie de retrocesos (en materia de registro de partidos y de creación de coaliciones o dejando en plena impunidad a los poderes económicos que intervengan en el proceso), los que buscó encubrir con cambios de escasa trascendencia (como la reducción de los tiempos de campaña), de manera que en el nuevo código que debería reglamentar los cambios constitucionales se mantiene la posibilidad de que se reproduzcan en México en 2012 los hechos bochornosos del fraude de 2006.
4. Las mafias en el poder han dejado de actuar más que nada por miedo: por un miedo irracional a perder el poder en 2012, sobre todo al confirmar que a pesar de la campaña permanente de Los Pinos, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo y llenando las plazas públicas; al constatar la indignación de los ciudadanos al ver el filme Fraude: México 2006, de Luis Mandoki y, sobre todo, al darse cuenta del creciente descontento social que se expresa en todos los rincones del México profundo: de la frontera norte hasta Chiapas, desde La Parota hasta Oaxaca.
5. El objetivo central de la contrarreforma es, por lo mismo, muy evidente: crear las condiciones para que la mafia en el poder prevalezca en 2009 y, sobre todo, pueda imponerse en las presidenciales de 2012 sin los problemas de 2006, y para ello lo que busca es impedir que haya una alternativa electoral real, y que Andrés Manuel López Obrador pueda ser candidato a la Presidencia de la República.
6. El gobierno de facto de Calderón está haciendo por ello todo lo posible a fin de que a) el grupo llamado Nueva Izquierda o de los chuchos, encabezado por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete, que no oculta estar actuando en relación con Los Pinos –y que ya controla los bloques parlamentarios del PRD en las dos cámaras–, se apodere plenamente del PRD en marzo de 2008 al relevarse la dirigencia del partido, cerrándole el camino a AMLO; y, en el mismo sentido, para que b) los partidos pequeños –PT y Convergencia– desaparezcan, de tal manera que no pueda postularse en 2012 candidato presidencial alguno fuera del control oficial, sea éste López Obrador, Marcelo Ebrard o cualquier otro: para que la puerta se cierre a cualquier oposición legal que sea real.
7. Las mafias de grupos de ultraderecha que están disponiendo del país y que tienen a Calderón como su marioneta, lo que buscan es dar garantías al capital trasnacional de que el poder político no estará en disputa en 2012 y de que por consiguiente no habrá reforma social alguna. Al neoliberalismo lo han presentado como un proyecto definitivo: para la eternidad. Y es eso es lo que buscan para el sistema político actual: una “cláusula de vida eterna” (para usar sus propios términos), a fin de que las alternancias en el poder PRI-PAN –e incluso PRD– no impliquen riesgo alguno para los intereses económicos dominantes.
8. El proyecto salinista de los 80, urdido en los centros de poder de Estados Unidos, de instaurar en México un sistema bipartidista PRI-PAN funcional al neoliberalismo, y que se estropeó con el surgimiento del PRD en 1988-1989, cobraría nueva vigencia ahora con un PRD amaestrado, que sería una copia de los partidos socialdemócratas europeos: una dócil comparsa de los grandes intereses económicos y políticos trasnacionales.
9. La propuesta que hiciera hace dos días el senador Carlos Navarrete, del grupo de los chuchos, luego de tirar línea a los senadores perredistas para que desoyeran el llamado que Andrés Manuel López Obrador les hiciera en una carta para que votaran en conciencia y no aprobaran el nuevo Cofipe (4 de diciembre), sugiriendo que los tres partidos del Frente Amplio Progresista se fusionarán creando uno solo y desapareciera el FAP (6 de diciembre), no fue entendida, por lo mismo, más que como una burla, pues de cristalizar implicaría un paso adelante en la edificación de un tripartidismo oficial domesticado.
10. El retroceso que vive el país es, en efecto, sin parangón, pues a las mafias que se han apoderado del país se les olvida que si los espacios electorales se le cierran al pueblo le quedan otras vías de lucha.
2. Una “reforma electoral” se debe entender por sus grandes objetivos y el de ésta está lejos de lo que muchos suponen: crear nuevos obstáculos “legales” para que una oposición democrática pueda triunfar en 2012, lo que se ha buscado encubrir con una enorme propaganda sobre diversas modificaciones secundarias que se han presentado como avances significativos.
3. La “reforma electoral de 2007”, que terminó por ser una contrarreforma, constituyó la respuesta de una “clase política” sometida a mafias del gran capital, ante el desafío que representa la creciente inconformidad social por las políticas antipopulares y antinacionales del gobierno de facto tras el fraude electoral de 2006. Lejos de abrir verdaderos cauces democráticos, propiciando la participación ciudadana en la toma de decisiones y creando un sistema electoral confiable, operó una serie de retrocesos (en materia de registro de partidos y de creación de coaliciones o dejando en plena impunidad a los poderes económicos que intervengan en el proceso), los que buscó encubrir con cambios de escasa trascendencia (como la reducción de los tiempos de campaña), de manera que en el nuevo código que debería reglamentar los cambios constitucionales se mantiene la posibilidad de que se reproduzcan en México en 2012 los hechos bochornosos del fraude de 2006.
4. Las mafias en el poder han dejado de actuar más que nada por miedo: por un miedo irracional a perder el poder en 2012, sobre todo al confirmar que a pesar de la campaña permanente de Los Pinos, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo y llenando las plazas públicas; al constatar la indignación de los ciudadanos al ver el filme Fraude: México 2006, de Luis Mandoki y, sobre todo, al darse cuenta del creciente descontento social que se expresa en todos los rincones del México profundo: de la frontera norte hasta Chiapas, desde La Parota hasta Oaxaca.
5. El objetivo central de la contrarreforma es, por lo mismo, muy evidente: crear las condiciones para que la mafia en el poder prevalezca en 2009 y, sobre todo, pueda imponerse en las presidenciales de 2012 sin los problemas de 2006, y para ello lo que busca es impedir que haya una alternativa electoral real, y que Andrés Manuel López Obrador pueda ser candidato a la Presidencia de la República.
6. El gobierno de facto de Calderón está haciendo por ello todo lo posible a fin de que a) el grupo llamado Nueva Izquierda o de los chuchos, encabezado por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete, que no oculta estar actuando en relación con Los Pinos –y que ya controla los bloques parlamentarios del PRD en las dos cámaras–, se apodere plenamente del PRD en marzo de 2008 al relevarse la dirigencia del partido, cerrándole el camino a AMLO; y, en el mismo sentido, para que b) los partidos pequeños –PT y Convergencia– desaparezcan, de tal manera que no pueda postularse en 2012 candidato presidencial alguno fuera del control oficial, sea éste López Obrador, Marcelo Ebrard o cualquier otro: para que la puerta se cierre a cualquier oposición legal que sea real.
7. Las mafias de grupos de ultraderecha que están disponiendo del país y que tienen a Calderón como su marioneta, lo que buscan es dar garantías al capital trasnacional de que el poder político no estará en disputa en 2012 y de que por consiguiente no habrá reforma social alguna. Al neoliberalismo lo han presentado como un proyecto definitivo: para la eternidad. Y es eso es lo que buscan para el sistema político actual: una “cláusula de vida eterna” (para usar sus propios términos), a fin de que las alternancias en el poder PRI-PAN –e incluso PRD– no impliquen riesgo alguno para los intereses económicos dominantes.
8. El proyecto salinista de los 80, urdido en los centros de poder de Estados Unidos, de instaurar en México un sistema bipartidista PRI-PAN funcional al neoliberalismo, y que se estropeó con el surgimiento del PRD en 1988-1989, cobraría nueva vigencia ahora con un PRD amaestrado, que sería una copia de los partidos socialdemócratas europeos: una dócil comparsa de los grandes intereses económicos y políticos trasnacionales.
9. La propuesta que hiciera hace dos días el senador Carlos Navarrete, del grupo de los chuchos, luego de tirar línea a los senadores perredistas para que desoyeran el llamado que Andrés Manuel López Obrador les hiciera en una carta para que votaran en conciencia y no aprobaran el nuevo Cofipe (4 de diciembre), sugiriendo que los tres partidos del Frente Amplio Progresista se fusionarán creando uno solo y desapareciera el FAP (6 de diciembre), no fue entendida, por lo mismo, más que como una burla, pues de cristalizar implicaría un paso adelante en la edificación de un tripartidismo oficial domesticado.
10. El retroceso que vive el país es, en efecto, sin parangón, pues a las mafias que se han apoderado del país se les olvida que si los espacios electorales se le cierran al pueblo le quedan otras vías de lucha.
Kikka Roja
Los panistas IMPONEN a consejeros del IFE
- El candidato del PAN y del Presidente es Mauricio Merino, dice Larios a su bancada
- Acción Nacional veta a Góngora como aspirante a la titularidad del IFE
- Argumenta que su cercanía con López Obrador lo inhabilita para dirigir el instituto
- En mensaje con dedicatoria, el PRI expresa su simpatía por un académico, pero no del CIDE
Al perfilarse una lista de candidatos de relevancia pública para integrar el nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados vetó al ministro Genaro Góngora Pimentel como candidato a ocupar el cargo de consejero presidente, con el argumento de una supuesta cercanía con Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la noche del miércoles el “presidente legítimo” negó tener cualquier vínculo con el impugnado integrante del Poder Judicial. El cordinador parlamentario del PAN, Héctor Larios, planteó a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política que su partido no permitirá que Góngora Pimentel integre la terna para dirigir el IFE, e hizo saber a los legisladores de su bancada que Mauricio Merino es el candidato de Acción Nacional y del Presidente de la República para ocupar ese cargo.
En esa tesitura, la fracción del PRI, que se mantenía sin enfocar sus preferencias por alguno de los 106 aspirantes a los tres lugares en el Consejo General del órgano electoral, definió ayer que seguramente sus candidatos provendrán de la academia universitaria y politécnica, pero no del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), porque “desde esas posiciones arremeten contra el Congreso de la Unión como si ellos fueran puros”. Para los priístas en San Lázaro los tres nuevos integrantes al IFE se encontrarán en un “segundo piso” de la lista de aspirantes, porque aquellos que tienen imagen pública –y que se encuentran en lo que ha dado por llamar el primer piso– serán descartados al considerarse que en sus carreras se comprometieron políticamente con alguno de los tres partidos mayoritarios (PAN, PRD y el mismo PRI). Incluso la memoria histórica ahora sí opera entre los representantes del Revolucionario Institucional, porque recuerdan la participación de Mauricio Merino y Jaime Cárdenas en la multa de mil millones de pesos aplicada al PRI a raíz del escándalo del Pemexgate, y “obviamente ellos no serán nuestros candidatos”, se dijo a este diario.
En el caso de Merino, quien el miércoles amagó con no aceptar ser sólo un simple consejero, porque quiere ser presidente del Consejo General, los priístas se mofaron: “ya le pueden ir avisando que no será ni siquiera consejero”.
El dilema al que se enfrentan los diputados federales es la credibilidad en el proceso de selección de candidatos y, por añadidura, el nivel de confianza que la ciudadanía tendría en las nuevas autoridades del IFE si ocurre un arreglo subrepticio. El riesgo latente, no obstante, es la negociación entre PAN, PRD y PRI para imponer un acuerdo mayoritario por encima de una decisión por consenso, lo cual –de acuerdo con los propios priístas– alteraría la pulcritud con que se quiere definir la renovación del instituto. La mesa directiva, que encabeza Ruth Zavaleta, dio entrada en forma paralela al expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto –enviado por el Senado de la República– por que el se expiden las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Penales (Cofipe). El texto fue turnado a la Comisión de Gobernación, para que ésta a su vez lo dictamine. Se prevé que el domingo próximo, día en que sesionará ese órgano legislativo, se modifique el contenido de la minuta en lo concerniente a equidad y género. También se pretende adicionar un cambio a la convocatoria para elegir a los restantes consejeros electorales del IFE, con el propósito de que no se permita la participación de aquellos ciudadanos que hubiesen presidido un partido político en los últimos cinco años y no en cuatro, como aprobaron los senadores, y de esa forma cerrarle definitivamente el paso a Jorge Alcocer Villanueva. De ser así, la minuta regresaría a Xicoténcatl para que el pleno asumiera las modificaciones aplicadas en San Lázaro.
Por su parte, el diputado del PRD Carlos Altamirano denunció que la decisión de eliminar las prerrogativas económicas para las agrupaciones políticas nacionales (APN) “significa un retroceso para la pluralidad política del país y la participación de los ciudadanos, porque no contribuye al desarrollo democrático en materia de capacitación política e investigación. En conjunto, las 107 agrupaciones existentes en el país realizan sus tareas con sólo 2 por ciento de lo que reciben los partidos políticos de prerrogativas”. En la Comisión de Gobernación, la diputada perredista Valentina Batres Guadarrama envió al presidente de ese órgano, Diódoro Carrasco Altamirano, una misiva para solicitar por segundo día consecutivo la cancelación del registro de María Marván Laborde, quien “se encuentra impedida para continuar en el proceso de selección”.
La comisionada al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –con licencia– devenga un salario mensual equivalente al de un subsecretario de estado. Es “requisito fundamental no ser subsecretario de Estado, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación al día de su nombramiento”, según la convocatoria. Por otra parte, Guillermo Garduño Aguilar solicitó amparo contra la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por no permitirle participar en el proceso de selección del la terna al Consejo General del IFE: “La responsable (Cámara de Diputados) viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional, porque conculca la garantía de audiencia, ya que no respeta las formalidades esenciales del procedimiento, pues dicho procedimiento emana de un procedimiento (sic) viciado de origen”.
Al continuar el proceso de selección, ayer comparecieron Fernando Serrano Migallón, Fernando Agiss, Juan Francisco Valerio y Benito Nacif, entre otros. Para hoy se prevé una ronda de entrevistas en la cual se presentarán Carlos Sirvent, Genaro Góngora, María de los Ángeles Fromow y Lorenzo Córdova.
En esa tesitura, la fracción del PRI, que se mantenía sin enfocar sus preferencias por alguno de los 106 aspirantes a los tres lugares en el Consejo General del órgano electoral, definió ayer que seguramente sus candidatos provendrán de la academia universitaria y politécnica, pero no del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), porque “desde esas posiciones arremeten contra el Congreso de la Unión como si ellos fueran puros”. Para los priístas en San Lázaro los tres nuevos integrantes al IFE se encontrarán en un “segundo piso” de la lista de aspirantes, porque aquellos que tienen imagen pública –y que se encuentran en lo que ha dado por llamar el primer piso– serán descartados al considerarse que en sus carreras se comprometieron políticamente con alguno de los tres partidos mayoritarios (PAN, PRD y el mismo PRI). Incluso la memoria histórica ahora sí opera entre los representantes del Revolucionario Institucional, porque recuerdan la participación de Mauricio Merino y Jaime Cárdenas en la multa de mil millones de pesos aplicada al PRI a raíz del escándalo del Pemexgate, y “obviamente ellos no serán nuestros candidatos”, se dijo a este diario.
En el caso de Merino, quien el miércoles amagó con no aceptar ser sólo un simple consejero, porque quiere ser presidente del Consejo General, los priístas se mofaron: “ya le pueden ir avisando que no será ni siquiera consejero”.
El dilema al que se enfrentan los diputados federales es la credibilidad en el proceso de selección de candidatos y, por añadidura, el nivel de confianza que la ciudadanía tendría en las nuevas autoridades del IFE si ocurre un arreglo subrepticio. El riesgo latente, no obstante, es la negociación entre PAN, PRD y PRI para imponer un acuerdo mayoritario por encima de una decisión por consenso, lo cual –de acuerdo con los propios priístas– alteraría la pulcritud con que se quiere definir la renovación del instituto. La mesa directiva, que encabeza Ruth Zavaleta, dio entrada en forma paralela al expediente que contiene la minuta con proyecto de decreto –enviado por el Senado de la República– por que el se expiden las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimiento Penales (Cofipe). El texto fue turnado a la Comisión de Gobernación, para que ésta a su vez lo dictamine. Se prevé que el domingo próximo, día en que sesionará ese órgano legislativo, se modifique el contenido de la minuta en lo concerniente a equidad y género. También se pretende adicionar un cambio a la convocatoria para elegir a los restantes consejeros electorales del IFE, con el propósito de que no se permita la participación de aquellos ciudadanos que hubiesen presidido un partido político en los últimos cinco años y no en cuatro, como aprobaron los senadores, y de esa forma cerrarle definitivamente el paso a Jorge Alcocer Villanueva. De ser así, la minuta regresaría a Xicoténcatl para que el pleno asumiera las modificaciones aplicadas en San Lázaro.
Por su parte, el diputado del PRD Carlos Altamirano denunció que la decisión de eliminar las prerrogativas económicas para las agrupaciones políticas nacionales (APN) “significa un retroceso para la pluralidad política del país y la participación de los ciudadanos, porque no contribuye al desarrollo democrático en materia de capacitación política e investigación. En conjunto, las 107 agrupaciones existentes en el país realizan sus tareas con sólo 2 por ciento de lo que reciben los partidos políticos de prerrogativas”. En la Comisión de Gobernación, la diputada perredista Valentina Batres Guadarrama envió al presidente de ese órgano, Diódoro Carrasco Altamirano, una misiva para solicitar por segundo día consecutivo la cancelación del registro de María Marván Laborde, quien “se encuentra impedida para continuar en el proceso de selección”.
La comisionada al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –con licencia– devenga un salario mensual equivalente al de un subsecretario de estado. Es “requisito fundamental no ser subsecretario de Estado, a menos que se separe de su encargo con un año de anticipación al día de su nombramiento”, según la convocatoria. Por otra parte, Guillermo Garduño Aguilar solicitó amparo contra la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por no permitirle participar en el proceso de selección del la terna al Consejo General del IFE: “La responsable (Cámara de Diputados) viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional, porque conculca la garantía de audiencia, ya que no respeta las formalidades esenciales del procedimiento, pues dicho procedimiento emana de un procedimiento (sic) viciado de origen”.
Al continuar el proceso de selección, ayer comparecieron Fernando Serrano Migallón, Fernando Agiss, Juan Francisco Valerio y Benito Nacif, entre otros. Para hoy se prevé una ronda de entrevistas en la cual se presentarán Carlos Sirvent, Genaro Góngora, María de los Ángeles Fromow y Lorenzo Córdova.
LOS PANISTAS TAN GROSEROS Y LADRONES COMO EL PEOR DE LOS ARRABALES... ¿QUE RESPETO LES INSPIRA EL CIUDADANO COMÚN?.
EL PRESIDENTE DEL IFE DEBERIA SER UN CAMPESINO, TIENE MAS DIGNIDAD Y FUERZA MORAL, QUE ESTA BOLA DE POLITICOS DE PACOTILLA
Kikka Roja
JUICIO POLITICO A JUECES PROTECTORES DE PEDERASTAS
- Cedieron a presiones políticas en perjuicio de Cacho y en favor de Marín: general Gallardo
- Solicitará Ibarra juicio político contra ministros que fallaron “contra la niñez”
- El PAN negoció con el PRI a cambio de que apruebe la reforma energética, afirma El Fisgón
Protesta frente a la Corte por el fallo de seis ministros que liberó al góber precioso de culpa por violaciones graves a los derechos de la periodista Lydia Cacho Foto: María Meléndrez Parada
La senadora Rosario Ibarra de Piedra presentará un punto de acuerdo para pedir juicio político contra los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fallaron en favor del gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín, y contra la niñez mexicana, porque “se rindieron ante los poderes e intereses económicos y políticos de este país”. Al participar ayer en un foro en el Club de Periodistas, el general José Francisco Gallardo obtuvo el compromiso de la legisladora del PT y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que en breve sea presentada la solicitud de juicio político, ya que considera que “hubo negociaciones y presiones políticas” a las que cedieron los ministros, en perjuicio de la periodista Lydia Cacho. “Estamos de acuerdo (con el juicio político), y no sólo eso, ya estamos pensando en otras cosas”, le dijo la senadora.
De su lado, Rafael Barajas, El Fisgón, propuso que de ahora en adelante, el 29 de noviembre de 2007 –cuando el máximo tribunal del país determinó que no se violaron las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del Edén, que aborda prácticas de pederastia– sea declarado “Día de la Vergüenza Nacional”. El monero de este diario también coincidió con la hipótesis de Gallardo respecto a las supuestas presiones políticas que vivieron los seis ministros que “no sólo votaron contra la libertad de expresión, sino fundamentalmente en perjuicio de la niñez mexicana”. Según Barajas, “el PAN negoció con el PRI la exoneración en la Corte (del llamado góber precioso) a cambio de la reforma energética que vendrá”.
Durante su exposición, Francisco Gallardo recordó que cayó preso en noviembre de 1993, a raíz de la publicación –en la revista Forum– de un extracto de su tesis de maestría que se titulaba Las necesidades de un ombudsman militar en México. Por un delito de conciencia y opinión, pasó ocho años en la cárcel, dos más que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado de narcotráfico y responsable de cientos de desapariciones durante los años de la contrainsurgencia en Guerrero. Cuando terminó de contar su experiencia, el público presente lo ovacionó con aplausos, y el general disidente respondió de inmediato que la sociedad ya no puede aguantar un minuto más de represión, y es por ello que “el escenario que se avizora es complicado, difícil; está en puerta una guerra civil armada”. El también doctor en administración pública enfocó sus críticas hacia las instituciones mexicanas, y sustentó su dicho haciendo alusión al fallo de la Corte en el caso del góber precioso. “Quedó demostrado que políticos, militares, clérigos, y ahora hasta los jueces, son cínicos y corruptos”.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra presentará un punto de acuerdo para pedir juicio político contra los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fallaron en favor del gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín, y contra la niñez mexicana, porque “se rindieron ante los poderes e intereses económicos y políticos de este país”. Al participar ayer en un foro en el Club de Periodistas, el general José Francisco Gallardo obtuvo el compromiso de la legisladora del PT y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que en breve sea presentada la solicitud de juicio político, ya que considera que “hubo negociaciones y presiones políticas” a las que cedieron los ministros, en perjuicio de la periodista Lydia Cacho. “Estamos de acuerdo (con el juicio político), y no sólo eso, ya estamos pensando en otras cosas”, le dijo la senadora.
De su lado, Rafael Barajas, El Fisgón, propuso que de ahora en adelante, el 29 de noviembre de 2007 –cuando el máximo tribunal del país determinó que no se violaron las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del Edén, que aborda prácticas de pederastia– sea declarado “Día de la Vergüenza Nacional”. El monero de este diario también coincidió con la hipótesis de Gallardo respecto a las supuestas presiones políticas que vivieron los seis ministros que “no sólo votaron contra la libertad de expresión, sino fundamentalmente en perjuicio de la niñez mexicana”. Según Barajas, “el PAN negoció con el PRI la exoneración en la Corte (del llamado góber precioso) a cambio de la reforma energética que vendrá”.
Durante su exposición, Francisco Gallardo recordó que cayó preso en noviembre de 1993, a raíz de la publicación –en la revista Forum– de un extracto de su tesis de maestría que se titulaba Las necesidades de un ombudsman militar en México. Por un delito de conciencia y opinión, pasó ocho años en la cárcel, dos más que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado de narcotráfico y responsable de cientos de desapariciones durante los años de la contrainsurgencia en Guerrero. Cuando terminó de contar su experiencia, el público presente lo ovacionó con aplausos, y el general disidente respondió de inmediato que la sociedad ya no puede aguantar un minuto más de represión, y es por ello que “el escenario que se avizora es complicado, difícil; está en puerta una guerra civil armada”. El también doctor en administración pública enfocó sus críticas hacia las instituciones mexicanas, y sustentó su dicho haciendo alusión al fallo de la Corte en el caso del góber precioso. “Quedó demostrado que políticos, militares, clérigos, y ahora hasta los jueces, son cínicos y corruptos”.
Kikka Roja
“No dejaremos” que una corriente domine el PRD
- López Obrador afirma que permanecerá en ese partido
- “No dejaremos” que una corriente domine el PRD
- Tampoco construirá uno nuevo, sostiene
- Se opone a que el sol azteca derive en palero que avale elecciones fraudulentas
- El Cofipe fortalecerá la alianza PRI-PAN, dice
- Llama a mantener la unidad
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Hueypoxtla, Mex., 6 de diciembre. Ni dejo el PRD, ni voy a formar otro partido, enfatizó Andrés Manuel López Obrador después de señalar que costó mucho trabajo construir ese instituto político, “y no vamos a dejar que una corriente lo domine; tampoco vamos a permitir que el PRD se convierta en un partido palero que avale elecciones fraudulentas, porque nació como un instrumento de lucha al servicio del pueblo”. Al iniciar una gira de trabajo por el estado de México, López Obrador atajó así todas las versiones, algunas surgidas desde su propio partido, en las que se preveía su salida del PRD, y dio respuesta a la diferencia que surgió con los legisladores que aprobaron la reforma electoral. Acerca de su presunta salida, aseveró que tiene un compromiso como “presidente legítimo de México”, y que está formando la red de representantes del mismo, en las que hay militantes del PRD, del PT, de Convergencia, de organizaciones sociales y ciudadanos sin partido. “Lo subrayo para que no se vaya a malinterpretar, porque eso quisieran nuestros adversarios, que nosotros abandonáramos el PRD, pero no, nunca el PRD va a ser un partido palero”. Ante centenares de simpatizantes, dijo también que respeta la propuesta que hizo el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, de conformar un gran partido de oposición en el que se fundan el PRD, el PT y Convergencia, y que él lo encabece, pero aseveró que ése es un puesto que no debe tener por el compromiso que tiene como “presidente legítimo”, y porque aceptarlo “significaría reconocer a un gobierno ilegítimo como es el de (Felipe) Calderón. Lo que se debe hacer es mantener la unidad de las fuerzas progresistas para enfrentar al bloque de derecha, que conforman el PRI y el PAN, y que se manifiestan como uno solo cuando en el país se debaten temas relevantes”.
Se pronunció por mantener la alianza con otros partidos y fortalecer el Frente Amplio Progresista (FAP) para enfrentar a esa derecha “que integran el PRI y el PAN. ¿O son diferentes Elba Esther y Felipe Calderón?, ¿o son diferentes Calderón y Manlio Fabio Beltrones?”, subrayó el tabasqueño, e insistió en que de ninguna forma se puede permitir que en el PRD prevalezca una sola corriente. López Obrador reconoció que tiene divergencias con algunos de sus compañeros de partido, que fueron más evidentes durante la negociación y aprobación de la llamada ley electoral, la cual, afirmó, “es una simulación que va a fortalecer la alianza PRI-PAN”.
Sostuvo que a pesar de las diferencias con quienes apoyaron desde el partido del sol azteca esta reforma, “en el PRD somos libres y tenemos cada quien que expresar nuestro punto de vista; yo estoy acostumbrado a no quedarme callado cuando hay algo que no me gusta y por eso dije que no estaba de acuerdo con la reforma. Nosotros no nos estamos chupando el dedo, yo no voy a dar un aval a ciegas si está de por medio nuestro movimiento y queremos que haya una auténtica democracia. “¿Ustedes creen que Manlio Fabio Beltrones es un demócrata”?, interrogó a los centenares de seguidores que lo acompañaban y que contestaron con un rotundo “¡nooo!”. Igual respuesta obtuvo cuando preguntó si al panista Santiago Creel podría considerársele un demócrata. Insistió en que los cambios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) “son una simulación”, y aseveró que el problema no son las leyes, toda vez que éstas en general están bien, “no hay ninguna que diga que hay que robar, tampoco hay una que diga que hay que falsificar documentos o que hay que atropellar al prójimo, no, las leyes están bien, el problema es que no se cumplen y el que tiene la responsabilidad de aplicarlas no actúa con rectitud, ése es el verdadero problema”, apuntó.
“Cuando dije ‘al diablo con las instituciones’ hicieron un escándalo, se sintieron ofendidísimos. ¿Qué me pueden decir ahora después de la resolución de la Corte en el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín?, quien violó las garantías de la periodista Lydia Cacho. ¡Claro que al diablo con sus instituciones!” Sin embargo, llamó a “no cargarle la mano” a los magistrados, porque son, aseguró, “empleadillos del pelele Calderón, que es el actor intelectual de esa resolución. Hay que recordar que hay un acuerdo entre Calderón y la cúpula del PRI y por eso protege a Marín y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. No vivimos un estado de derecho, vivimos un estado de chueco en el que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia, y se protege a los secuestradores”.
Durante la gira enfatizó que los cambios que plantea el movimiento que encabeza deben darse de abajo hacia arriba. Puso como ejemplo sobre la posibilidad de esas transformaciones a partir del Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard, “que ha sido no sólo leal al movimiento, sino que no ha ido a hincarse frente al pelele de Calderón, no le ha ido a besar la mano, ha tenido una actitud muy digna y ha hecho un buen gobierno manteniendo todos los programas sociales, como el de adultos mayores, apoyo a madres solteras, a personas con discapacidad, seguro para el desempleo, becas para los alumnos de bachillerato y la construcción de viviendas para la gente pobre; el cambio es posible y no vamos a renunciar a él”.
Se pronunció por mantener la alianza con otros partidos y fortalecer el Frente Amplio Progresista (FAP) para enfrentar a esa derecha “que integran el PRI y el PAN. ¿O son diferentes Elba Esther y Felipe Calderón?, ¿o son diferentes Calderón y Manlio Fabio Beltrones?”, subrayó el tabasqueño, e insistió en que de ninguna forma se puede permitir que en el PRD prevalezca una sola corriente. López Obrador reconoció que tiene divergencias con algunos de sus compañeros de partido, que fueron más evidentes durante la negociación y aprobación de la llamada ley electoral, la cual, afirmó, “es una simulación que va a fortalecer la alianza PRI-PAN”.
Sostuvo que a pesar de las diferencias con quienes apoyaron desde el partido del sol azteca esta reforma, “en el PRD somos libres y tenemos cada quien que expresar nuestro punto de vista; yo estoy acostumbrado a no quedarme callado cuando hay algo que no me gusta y por eso dije que no estaba de acuerdo con la reforma. Nosotros no nos estamos chupando el dedo, yo no voy a dar un aval a ciegas si está de por medio nuestro movimiento y queremos que haya una auténtica democracia. “¿Ustedes creen que Manlio Fabio Beltrones es un demócrata”?, interrogó a los centenares de seguidores que lo acompañaban y que contestaron con un rotundo “¡nooo!”. Igual respuesta obtuvo cuando preguntó si al panista Santiago Creel podría considerársele un demócrata. Insistió en que los cambios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) “son una simulación”, y aseveró que el problema no son las leyes, toda vez que éstas en general están bien, “no hay ninguna que diga que hay que robar, tampoco hay una que diga que hay que falsificar documentos o que hay que atropellar al prójimo, no, las leyes están bien, el problema es que no se cumplen y el que tiene la responsabilidad de aplicarlas no actúa con rectitud, ése es el verdadero problema”, apuntó.
“Cuando dije ‘al diablo con las instituciones’ hicieron un escándalo, se sintieron ofendidísimos. ¿Qué me pueden decir ahora después de la resolución de la Corte en el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín?, quien violó las garantías de la periodista Lydia Cacho. ¡Claro que al diablo con sus instituciones!” Sin embargo, llamó a “no cargarle la mano” a los magistrados, porque son, aseguró, “empleadillos del pelele Calderón, que es el actor intelectual de esa resolución. Hay que recordar que hay un acuerdo entre Calderón y la cúpula del PRI y por eso protege a Marín y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. No vivimos un estado de derecho, vivimos un estado de chueco en el que sólo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia, y se protege a los secuestradores”.
Durante la gira enfatizó que los cambios que plantea el movimiento que encabeza deben darse de abajo hacia arriba. Puso como ejemplo sobre la posibilidad de esas transformaciones a partir del Gobierno del Distrito Federal que encabeza Marcelo Ebrard, “que ha sido no sólo leal al movimiento, sino que no ha ido a hincarse frente al pelele de Calderón, no le ha ido a besar la mano, ha tenido una actitud muy digna y ha hecho un buen gobierno manteniendo todos los programas sociales, como el de adultos mayores, apoyo a madres solteras, a personas con discapacidad, seguro para el desempleo, becas para los alumnos de bachillerato y la construcción de viviendas para la gente pobre; el cambio es posible y no vamos a renunciar a él”.
JESUS ORTEGA CON SUS CHUCHOS TRAIDORES, SON CRIADOS DEL ESPURIO.
Kikka Roja
jueves, 6 de diciembre de 2007
SE PERDIÓ EL DINERO : DESASTRE EN TABASCO Y CHIAPAS
- Pierden dinero dado a Tabasco
- SRE: 85% de la ayuda extranjera se fue a ONG
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Alberto Morales y Roberto Barboza El Universal
estados@eluniversal.com.mx VILLAHERMOSA, Tab.—
Las millonarias sumas que se obtuvieron de las donaciones nacionales e internacional aún no aparecen en la entidad, señaló el Consejo Ciudadano para la Reconstrucción de Tabasco (CCRT).En el mismo caso, agregó, se encuentran los 7 mil millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) prometidos para labores de reconstrucción, luego de la grave inundación que sufrió el estado a finales de octubre. Remedios Rodríguez Peña, presidenta del CCRT, dijo que existe confusión entre la ciudadanía por las elevadas cifras para damnificados que han dado a conocer en los medios de comunicación, y que aún no se aplican. “Las aportaciones aún están en vías de ser entregadas al estado”, aseguró. La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que lo recaudado en 15 bancos que abrieron cuentas especiales para los damnificados de Tabasco y Chiapas alcanzó 262 millones 866 mil pesos; de esta cantidad, más de 154 millones fueron depositados por el público. Acerca de los donativos del exterior, la Cancillería dijo que particulares y gobiernos extranjeros aportaron 6.7 millones de dólares, pero 85% de ellos se canalizaron a través de organizaciones no gubernamentales. El consultor fiscal y miembro del CCRT, Raúl López Deantes, mencionó que hasta ahora los donativos representan únicamente “dinero virtual”. Dijo que se necesita saber dónde están los recursos para ayudar a los miles de damnificados. Según el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, Hacienda ha entregado 376 millones de pesos como anticipo del Fonden.
NO SORPRENDE, EL GOBIERNO FECAL, LADRÓN Y TRAIDOR.
PERO ESO SÍ, QUIEREN EL VOTO POPULAR ... ¡¡QUIERO VER QUE SALGAN A PEDIR SUS PINCHES VOTOS!!
Kikka Roja
Lorenzo Meyer : La ‘Iniciativa Mérida’ ¿un pequeño Maclane-Ocampo?
La ‘Iniciativa Mérida’ ¿un pequeño Maclane-Ocampo?
Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
Articulos recientes del Dr. Lorenzo Meyer Cossio
Tenía Razón. Pese a toda la evidencia que se acumuló y al informe que se presentó, pese a la lógica y al sentido común, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que el gobernador de Puebla, Mario Marín, nunca conspiró con el empresario Kamel Nacif para violar los derechos de la periodista Lydia Cacho y, en todo caso, nunca se afectaron los derechos de la autora de Los demonios del edén de manera grave. Mucho se puede y se debe decir en torno a la posición asumida por la SCJN, pero una cosa ha quedado clara: Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando propuso mandar al diablo al tipo de instituciones que se comportan como la SCJN. Y es que se mantiene el carácter corrupto y autoritario que adquirieron las estructuras políticas, legales, económicas o educativas bajo el priismo. Y es eso lo que está dando la tónica del actual tiempo mexicano.
A Propósito de la Deficiencia Institucional. Según The Washington Post, (18, noviembre, 2007), al examinar la llamada “Iniciativa Mérida” (IM) el Gobierno de George W. Bush descubrió un mundo de posibilidades en México: encontró que el acuerdo que le ofrece Felipe Calderón para intercambiar ayuda por cooperación para la seguridad fronteriza, puede permitir a Estados Unidos intentar una operación de ingeniería jurídica y policiaca que le permita reconstruir (revamping) el sistema legal mexicano. De la respuesta que está dando el Departamento de Estado, el Congreso y los medios norteamericanos a la propuesta mexicana, se puede deducir que el vecino del norte pretende aprovechar la coyuntura –la violencia, el narcotráfico y el desprestigio del sistema de justicia mexicano- para intervenir en el rediseño de las instituciones mexicanas y reforzar su política de seguridad.
Un Buen Precio. Es cierto que en el pasado, por lo menos a fines de 1927 y con la aceptación del Gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, la Embajada norteamericana reescribió la iniciativa de Ley petrolera para adaptarla a sus intereses (Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, 1972, pp. 269-276). Pero fue un caso aislado y donde el daño se revirtió con la expropiación de 1938. Hasta el momento, México había insistido en mantener alejados a los Estados Unidos del diseño e intervención directa en sus procesos políticos o jurídicos. Y es que esa política es la condición mínima indispensable para lograr y mantener espacios de soberanía. Sin embargo ahora, por una ayuda de 500 millones de dólares –equivalente a sólo el 0.1 % de nuestro Producto Interno Bruto-, el Gobierno de Calderón aparece dispuesto no sólo a colaborar con Washington en asuntos de seguridad –lo que en sí mismo pudiera ser positivo- sino a permitir que el Gobierno norteamericano se introduzca legalmente en áreas estratégicas de los procesos de toma de decisiones en México. A la luz de la historia y de la lógica no es fácil explicar esta decisión, pero antes de avanzar, conviene hacer una breve síntesis de lo que se supone que es la IM.
El Paquete. En principio, los recursos que la Presidencia estadounidense a pedido a su Congreso deberán destinarse a “aumentar la capacidad de México para enfrentar amenazas internacionales, entre las que se cuentan bandas criminales y narcotraficantes que afectan la seguridad norteamericana, así como apoyar el reforzamiento de sus sistemas de justicia y programas de cumplimiento de la ley”. La IM descansa en tres “pilares estratégicos”: a) lucha contra el narcotráfico y por la seguridad fronteriza (306 millones), b) seguridad pública y aplicación de la ley (56 millones) y c) construcción institucional de la legalidad (101 millones). Las cifras anteriores no significan facilitar a México dinero contante y sonante sino equipo y entrenamiento para usar los escáner de rayos gama, dispositivos para medir densidades, aparatos para detectar contrabando de armas o personas, helicópteros, aviones ligeros, vehículos blindados o programas para mejorar el sistema de prisiones o los procesos legales. Finalmente, 37 millones los usará directamente el Gobierno norteamericano para administrar el programa y asegurarse de que todo se maneje “apropiadamente”, es decir, vigilar la forma como el Gobierno supuestamente soberano de México hace uso de los recursos que la potencia le facilitará.
La Visión Norteamericana. En Estados Unidos la IM se conoce como la “Mexico and Central America Security Cooperation Initiative”, y esta cooperación entre muy desiguales ofrecida espontáneamente por México, ha despertado entusiasmo en sus círculos gubernamentales –lo mismo entre republicanos y demócratas- así como entre sus estudiosos de la realidad mexicana. En Washington se afirma, no sin cierta sorpresa, que la IM “representa una oportunidad sin precedentes” para que Estados Unidos pueda intervenir en asuntos de seguridad al sur de su frontera como parte de la “guerra contra el terrorismo”. Para mejor resguardar su seguridad, Estados Unidos requiere que se imponga “el imperio de la ley” en México y Centroamérica y la IM puede ser un mecanismo para lograrlo.
¿Y Desde la Perspectiva Mexicana? Un dicho popular advierte contra las consecuencias de las acciones de los “idiotas con iniciativa”. Desde México, y si sólo se atiende a lo que se conoce, se podría concluir que la IM es una iniciativa inepta pues, por un plato de lentejas –500 millones de dólares apenas equivalen a un décimo de nuestro PIB-, el Gobierno está dispuesto a abrir la puerta para que legalmente Estados Unidos se introduzca en temas cuyo manejo ha sido y debería seguir siendo un asunto enteramente mexicano. Desde la perspectiva mexicana, la aparente insensatez de la IM –propuesta de la cual el público no conoce más que el cascarón- empieza a tener una explicación más lógica, aunque no mejor, si se supone que su objetivo no es sólo aumentar los recursos mexicanos para luchar contra un crimen cada vez más organizado y atrevido, sino otro más implícito, y no enteramente distinto del que llevó a Benito Juárez en los aciagos tiempos de 1859 a firmar el Tratado MacLane-Ocampo, o a Carlos Salinas proponer a Washington, ciento treinta años después, un tratado de libre comercio. En ambos casos no sólo se buscó conseguir recursos sino, sobre todo, asegurar el apoyo norteamericano para el régimen que suscribió los respectivos acuerdos.
Como se recordará, en virtud del tratado de 1859, México cedía aspectos importantes de su soberanía territorial a Estados Unidos –derecho de paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, entre otras cosas- pero en sus cláusulas políticas comprometían al Gobierno de Washington a ir en ayuda del Gobierno liberal si éste estaba en peligro. Y aunque finalmente el tratado no fue ratificado, su espíritu funcionó, pues los conservadores fallaron en su ataque a Veracruz en parte porque un buque de guerra norteamericano impidió que entraran en acción los barcos adquiridos por los conservadores en Cuba. Carlos Salinas, con una economía en crisis y una legitimidad destruida por el fraude electoral, terminó por ser presentado como “gobernante modelo” por los medios norteamericanos gracias, sobre todo, a su iniciativa para integrar a México a la economía norteamericana.
Hoy, un Felipe Calderón que llegó muy cuestionado al poder ha propuesto a Washington un camino para integrar más a México al sistema de seguridad norteamericano. En unos Estados Unidos donde la anterior gran propuesta mexicana, la de un acuerdo migratorio que beneficiara a millones de trabajadores sin documentos, fue rechazada de manera rotunda y humillante, la IM ha logrado despertar entusiasmo. Cuando la IM entre en acción se habrá dado un paso grande en la centroamericanización de México, pero es difícil que realmente logre lo que se propone: la reconstrucción del sistema legal y de seguridad mexicanos. La crisis de la SCJN es sólo la punta del iceberg de un sistema jurídico corrupto hasta la médula e irreformable en el corto plazo.
Sin embargo, lo que sí puede lograr de inmediato la IM es crear un gran capital de buena voluntad norteamericana para Calderón y su Gobierno, lo que no es poca cosa. Un mínimo de sensibilidad histórica muestra que la IM va a contrapelo de lo que ha sido el sentido de la relación entre nuestro país y el poderoso vecino del norte, es decir, un intento sistemático por mantener y ampliar la independencia relativa de México pues, a pesar de la gran asimetría de poder entre los vecinos, este afán resulta vital para nuestros intereses. De ahí que la IM no es resultado de la acción de idiotas con iniciativa sino la de maquiavélicos con mucha iniciativa y poco sentido de la soberanía.
A Propósito de la Deficiencia Institucional. Según The Washington Post, (18, noviembre, 2007), al examinar la llamada “Iniciativa Mérida” (IM) el Gobierno de George W. Bush descubrió un mundo de posibilidades en México: encontró que el acuerdo que le ofrece Felipe Calderón para intercambiar ayuda por cooperación para la seguridad fronteriza, puede permitir a Estados Unidos intentar una operación de ingeniería jurídica y policiaca que le permita reconstruir (revamping) el sistema legal mexicano. De la respuesta que está dando el Departamento de Estado, el Congreso y los medios norteamericanos a la propuesta mexicana, se puede deducir que el vecino del norte pretende aprovechar la coyuntura –la violencia, el narcotráfico y el desprestigio del sistema de justicia mexicano- para intervenir en el rediseño de las instituciones mexicanas y reforzar su política de seguridad.
Un Buen Precio. Es cierto que en el pasado, por lo menos a fines de 1927 y con la aceptación del Gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, la Embajada norteamericana reescribió la iniciativa de Ley petrolera para adaptarla a sus intereses (Meyer, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942, 1972, pp. 269-276). Pero fue un caso aislado y donde el daño se revirtió con la expropiación de 1938. Hasta el momento, México había insistido en mantener alejados a los Estados Unidos del diseño e intervención directa en sus procesos políticos o jurídicos. Y es que esa política es la condición mínima indispensable para lograr y mantener espacios de soberanía. Sin embargo ahora, por una ayuda de 500 millones de dólares –equivalente a sólo el 0.1 % de nuestro Producto Interno Bruto-, el Gobierno de Calderón aparece dispuesto no sólo a colaborar con Washington en asuntos de seguridad –lo que en sí mismo pudiera ser positivo- sino a permitir que el Gobierno norteamericano se introduzca legalmente en áreas estratégicas de los procesos de toma de decisiones en México. A la luz de la historia y de la lógica no es fácil explicar esta decisión, pero antes de avanzar, conviene hacer una breve síntesis de lo que se supone que es la IM.
El Paquete. En principio, los recursos que la Presidencia estadounidense a pedido a su Congreso deberán destinarse a “aumentar la capacidad de México para enfrentar amenazas internacionales, entre las que se cuentan bandas criminales y narcotraficantes que afectan la seguridad norteamericana, así como apoyar el reforzamiento de sus sistemas de justicia y programas de cumplimiento de la ley”. La IM descansa en tres “pilares estratégicos”: a) lucha contra el narcotráfico y por la seguridad fronteriza (306 millones), b) seguridad pública y aplicación de la ley (56 millones) y c) construcción institucional de la legalidad (101 millones). Las cifras anteriores no significan facilitar a México dinero contante y sonante sino equipo y entrenamiento para usar los escáner de rayos gama, dispositivos para medir densidades, aparatos para detectar contrabando de armas o personas, helicópteros, aviones ligeros, vehículos blindados o programas para mejorar el sistema de prisiones o los procesos legales. Finalmente, 37 millones los usará directamente el Gobierno norteamericano para administrar el programa y asegurarse de que todo se maneje “apropiadamente”, es decir, vigilar la forma como el Gobierno supuestamente soberano de México hace uso de los recursos que la potencia le facilitará.
La Visión Norteamericana. En Estados Unidos la IM se conoce como la “Mexico and Central America Security Cooperation Initiative”, y esta cooperación entre muy desiguales ofrecida espontáneamente por México, ha despertado entusiasmo en sus círculos gubernamentales –lo mismo entre republicanos y demócratas- así como entre sus estudiosos de la realidad mexicana. En Washington se afirma, no sin cierta sorpresa, que la IM “representa una oportunidad sin precedentes” para que Estados Unidos pueda intervenir en asuntos de seguridad al sur de su frontera como parte de la “guerra contra el terrorismo”. Para mejor resguardar su seguridad, Estados Unidos requiere que se imponga “el imperio de la ley” en México y Centroamérica y la IM puede ser un mecanismo para lograrlo.
¿Y Desde la Perspectiva Mexicana? Un dicho popular advierte contra las consecuencias de las acciones de los “idiotas con iniciativa”. Desde México, y si sólo se atiende a lo que se conoce, se podría concluir que la IM es una iniciativa inepta pues, por un plato de lentejas –500 millones de dólares apenas equivalen a un décimo de nuestro PIB-, el Gobierno está dispuesto a abrir la puerta para que legalmente Estados Unidos se introduzca en temas cuyo manejo ha sido y debería seguir siendo un asunto enteramente mexicano. Desde la perspectiva mexicana, la aparente insensatez de la IM –propuesta de la cual el público no conoce más que el cascarón- empieza a tener una explicación más lógica, aunque no mejor, si se supone que su objetivo no es sólo aumentar los recursos mexicanos para luchar contra un crimen cada vez más organizado y atrevido, sino otro más implícito, y no enteramente distinto del que llevó a Benito Juárez en los aciagos tiempos de 1859 a firmar el Tratado MacLane-Ocampo, o a Carlos Salinas proponer a Washington, ciento treinta años después, un tratado de libre comercio. En ambos casos no sólo se buscó conseguir recursos sino, sobre todo, asegurar el apoyo norteamericano para el régimen que suscribió los respectivos acuerdos.
Como se recordará, en virtud del tratado de 1859, México cedía aspectos importantes de su soberanía territorial a Estados Unidos –derecho de paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, entre otras cosas- pero en sus cláusulas políticas comprometían al Gobierno de Washington a ir en ayuda del Gobierno liberal si éste estaba en peligro. Y aunque finalmente el tratado no fue ratificado, su espíritu funcionó, pues los conservadores fallaron en su ataque a Veracruz en parte porque un buque de guerra norteamericano impidió que entraran en acción los barcos adquiridos por los conservadores en Cuba. Carlos Salinas, con una economía en crisis y una legitimidad destruida por el fraude electoral, terminó por ser presentado como “gobernante modelo” por los medios norteamericanos gracias, sobre todo, a su iniciativa para integrar a México a la economía norteamericana.
Hoy, un Felipe Calderón que llegó muy cuestionado al poder ha propuesto a Washington un camino para integrar más a México al sistema de seguridad norteamericano. En unos Estados Unidos donde la anterior gran propuesta mexicana, la de un acuerdo migratorio que beneficiara a millones de trabajadores sin documentos, fue rechazada de manera rotunda y humillante, la IM ha logrado despertar entusiasmo. Cuando la IM entre en acción se habrá dado un paso grande en la centroamericanización de México, pero es difícil que realmente logre lo que se propone: la reconstrucción del sistema legal y de seguridad mexicanos. La crisis de la SCJN es sólo la punta del iceberg de un sistema jurídico corrupto hasta la médula e irreformable en el corto plazo.
Sin embargo, lo que sí puede lograr de inmediato la IM es crear un gran capital de buena voluntad norteamericana para Calderón y su Gobierno, lo que no es poca cosa. Un mínimo de sensibilidad histórica muestra que la IM va a contrapelo de lo que ha sido el sentido de la relación entre nuestro país y el poderoso vecino del norte, es decir, un intento sistemático por mantener y ampliar la independencia relativa de México pues, a pesar de la gran asimetría de poder entre los vecinos, este afán resulta vital para nuestros intereses. De ahí que la IM no es resultado de la acción de idiotas con iniciativa sino la de maquiavélicos con mucha iniciativa y poco sentido de la soberanía.
Kikka Roja
EL TELETON | ENGAÑO FRAUDE ESTAFA BURLA TRANSA
NO PARTICIPES EN EL TELETÓN.
LOS MILLONARIOS DE SIEMPRE SE RIEN EN TU CARA, QUITÁNDOTE TU DINERO LAS VECES QUE LES DA LA GANA Y NO AYUDAN A NADIE. QUE ESTE AÑO Y LOS QUE SIGUEN, PAGUEN ELLOS, SUS MENTIRAS.
Monero Jans
Kikka Roja
Marcela Gómez Zalce | El silencio de Cárdenas | A puerta cerrada
La fusión... pero de intereses
Kikka Roja
La IP CCE se burla del ciudadano : Amparo espurio
“Una vacilada” el amparo del CCE: Creel
Santiago Creel, coordinador del PAN en el Senado. Notimex
El senador panista considera que la Constitución es la que fundamenta el amparo “por lo que es una contradicción en los términos” el proceso que lleva a cabo la iniciativa privada.
México, D.F.- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Santiago Creel Miranda calificó como “una vacilada” el amparo interpuesto ayer por el Consejo Coordinador Empresarial a la reciente reforma electoral. En entrevista con Carmen Aristegui para W Radio, el panista dijo que el proceso jurídico de la iniciativa privada es “una vacilada” y explicó que “la Constitución es la que fundamenta el amparo, es una contradicción en los términos, allá ellos”. Destacó en la reforma electoral la transparencia que deberán tener los partidos políticos en diferentes ámbitos, y resaltó que en materia económica, “tendrán que informar sobre todo lo que gastan, y cual es el salario de los funcionarios”, entre otras disposiciones. Santiago Creel aclaró que los partidos políticos ya no tendrán ningún secreto que esconder porque la autoridad electoral podrá romper el secreto bancario, así como esclarecer que tipo de aportaciones recibe, así como de que o quienes provienen. Para el senador panista, existe “un cambio sutantivo” en la reforma electoral y citó como ejemplos que no existirá más contaminación visual por campañas proselitistas en las calles; los servidores públicos ya no podrán adelantarse en las campañas políticas. Aclaró que en materia de coaliciones de partidos, persistirá el principio de fusión entre los mismos.
CCE: dinero contra democracia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral. El presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, aseguró que la reforma electoral “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. En tanto, el abogado titular del organismo empresarial, Adolfo Arrioja, afirmó que las enmiendas referidas violan los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y señaló, al mismo tiempo, que la derogación del tercer párrafo del artículo 97 –que facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar de oficio las presuntas violaciones al voto público y que, a decir del ministro Mariano Azuela, “está escrito con los pies”– “representa una ruptura en el equilibrio de los poderes de la Unión”.
Las declaraciones del presidente y del abogado del CCE expresan claramente una confusión entre la libertad de expresión –que, en efecto, es una garantía ciudadana irrenunciable– y la libertad de negocios; es pertinente recordarles a las cúpulas empresariales que, en el marco jurídico actual, la libertad de expresión está garantizada –con o sin reforma electoral– para todo ciudadano u organización que desee hacer uso de ella. En cambio, lo que resulta inadmisible y debe evitarse es que un grupo de particulares empeñen su poder económico a fin de distorsionar el sentir ciudadano e influir en las preferencias electorales, justamente lo que el CCE hizo durante la campaña presidencial de 2006, con la contratación millonaria de publicidad –inmoral e ilegítima– en favor del aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, el apoyo que los dueños del dinero dieron a la candidatura del hoy titular del Ejecutivo federal es uno de los elementos que más abonó al áspero conflicto poselectoral del año pasado y al déficit de legitimidad que la presente administración carga desde su origen. Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular. Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública. Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.
Kikka Roja
México, D.F.- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Santiago Creel Miranda calificó como “una vacilada” el amparo interpuesto ayer por el Consejo Coordinador Empresarial a la reciente reforma electoral. En entrevista con Carmen Aristegui para W Radio, el panista dijo que el proceso jurídico de la iniciativa privada es “una vacilada” y explicó que “la Constitución es la que fundamenta el amparo, es una contradicción en los términos, allá ellos”. Destacó en la reforma electoral la transparencia que deberán tener los partidos políticos en diferentes ámbitos, y resaltó que en materia económica, “tendrán que informar sobre todo lo que gastan, y cual es el salario de los funcionarios”, entre otras disposiciones. Santiago Creel aclaró que los partidos políticos ya no tendrán ningún secreto que esconder porque la autoridad electoral podrá romper el secreto bancario, así como esclarecer que tipo de aportaciones recibe, así como de que o quienes provienen. Para el senador panista, existe “un cambio sutantivo” en la reforma electoral y citó como ejemplos que no existirá más contaminación visual por campañas proselitistas en las calles; los servidores públicos ya no podrán adelantarse en las campañas políticas. Aclaró que en materia de coaliciones de partidos, persistirá el principio de fusión entre los mismos.
RIDICULOS!! LOS RICACHONES PELEAN SU LEGITIMO DERECHO DE CHINGAR A LOS POBRES, CON SU PROPAGANDA NEGRA
CCE: dinero contra democracia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpuso ayer un juicio de amparo contra la reforma electoral publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se estipula, entre otras cosas, la reducción de las campañas electorales, en costos y duración, y la prohibición, tanto a partidos políticos como a particulares, de contratar espacios en los medios de comunicación para difundir propaganda electoral. El presidente del CCE, Armando Paredes Arroyo, aseguró que la reforma electoral “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación” y “da lugar a consecuencias negativas y graves para el progreso de una sociedad libre y participativa”. En tanto, el abogado titular del organismo empresarial, Adolfo Arrioja, afirmó que las enmiendas referidas violan los artículos 1, 6, 8, 9, 14 y 16 de la Constitución, y señaló, al mismo tiempo, que la derogación del tercer párrafo del artículo 97 –que facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar de oficio las presuntas violaciones al voto público y que, a decir del ministro Mariano Azuela, “está escrito con los pies”– “representa una ruptura en el equilibrio de los poderes de la Unión”.
Las declaraciones del presidente y del abogado del CCE expresan claramente una confusión entre la libertad de expresión –que, en efecto, es una garantía ciudadana irrenunciable– y la libertad de negocios; es pertinente recordarles a las cúpulas empresariales que, en el marco jurídico actual, la libertad de expresión está garantizada –con o sin reforma electoral– para todo ciudadano u organización que desee hacer uso de ella. En cambio, lo que resulta inadmisible y debe evitarse es que un grupo de particulares empeñen su poder económico a fin de distorsionar el sentir ciudadano e influir en las preferencias electorales, justamente lo que el CCE hizo durante la campaña presidencial de 2006, con la contratación millonaria de publicidad –inmoral e ilegítima– en favor del aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.
De hecho, el apoyo que los dueños del dinero dieron a la candidatura del hoy titular del Ejecutivo federal es uno de los elementos que más abonó al áspero conflicto poselectoral del año pasado y al déficit de legitimidad que la presente administración carga desde su origen. Una de las razones de fondo de la reciente reforma electoral es que el país no podría tolerar una nueva intromisión turbia e ilegal de las cúpulas empresariales en la vida política. A título personal, los empresarios pueden votar y expresarse en el sentido que deseen, pero, en tanto que grupo, no les corresponde participar abiertamente en los procesos electorales; en todo caso, si así lo deseara, el CCE tendría que solicitar su registro como partido político y postular o apoyar abiertamente candidaturas a puestos de elección popular. Por lo demás, resulta inverosímil la pretendida defensa del organismo empresarial en favor de la libertad de expresión, habida cuenta de que las principales cortapisas en ese sentido provienen precisamente de los grandes empresarios, en su vertiente de dueños de medios de comunicación: han sido ellos quienes coartan la libertad de periodistas e informadores profesionales, y quienes, valiéndose de sus derechos de propiedad, imponen el silencio, distorsionan la realidad, tergiversan los hechos, desinforman y manipulan a la opinión pública. Ciertamente, la reforma electoral afecta al CCE, pero no porque limite o cancele su libertad de expresión, sino porque busca evitar que incida, de manera ilegítima y antidemocrática, en procesos políticos y electorales que debieran ser una expresión transparente de la voluntad ciudadana, y porque busca moderar las desmedidas ganancias que han obtenido algunos de sus integrantes, propietarios de medios electrónicos, mediante la venta de espacios publicitarios a los partidos, en lo que ha representado transferencias astronómicas, dispendiosas e innecesarias de dineros públicos a bolsillos particulares.
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