Toronto. La cifra de mexicanos que solicitan asilo en Canadá –cerca de 5 mil 500 en 2007– supera hoy en día a los fugitivos de Colombia y Afganistán, que son países en guerra, y China. “¿Por qué?”, se pregunta el abogado Donald Summers, especializado en casos de inmigración y refugio. “¿Qué realidad están evidenciando estos números? ¿Qué está pasando en México?” Reflejo de un país donde las instituciones son incapaces de garantizar la seguridad de ciudadanos en riesgo, las historias individuales de estos solicitantes de asilo responden a la pregunta de Summers con más fidelidad y detalle que los informes oficiales sobre México que utilizan las autoridades migratorias canadienses como contexto para juzgar y rechazar la mayor parte de sus solicitudes. El asilo provocado por persecución política hace tiempo que dejó de estar entre las primeras causas de quienes llegan a territorio canadiense en busca de un lugar seguro. Hoy son otros los motivos que empujan esta migración forzada. Hay, por ejemplo, un arquitecto que alguna vez recibió un inusual encargo: construir una casa sin ventanas. El cliente resultó ser un narcotraficante. Concluida la obra, el profesionista se convirtió en testigo involuntario de una organización criminal que había que eliminar. También está el caso de un policía que recibió una jugosa oferta de un cártel del narcotráfico. O la aceptaba o sería ejecutado. No había opción. O el de un trabajador gay despedido de su empleo por discriminación sexual. Está la historia de una familia –él, abogado; ella, empleada de una delegación estatal de la Secretaría de la Función Pública– que descubrió la desviación de fondos de un alto funcionario del gobierno de Arturo Montiel, en el estado de México. Lo que siguió fueron presiones laborales y después amenazas de muerte. O la de una mujer golpeada y violada por su marido. Intentó demandar al agresor, pero desde el momento en que se sentó ante el Ministerio Público el hombre la llamaba al celular para amenazarla. Desde la oficina responsable de protegerla la habían delatado. Al salir de la delegación fue brutalmente golpeada por policías amigos del esposo. O el caso de una joven que, después de sufrir la experiencia límite de un secuestro, se decidió levantar un acta. Dos semanas después recibió una sentencia de muerte de sus secuestradores, puntualmente informados por la propia policía a la que acudió. De todos los mexicanos solicitantes de asilo entrevistados en Toronto, sólo dos –Luz Gutiérrez Gasca y Anayelli Aguilar– se atreven a dar su nombre y acceden a que sus historias sean publicadas. Para la mayoría, el miedo es parte inseparable de su equipaje. “Por favor, no diga que me vio. No publique nada”, suplica un hombre que figuró en un sonado caso de corrupción gubernamental del sexenio foxista. Pugna por controlar un sollozo. Como regla no escrita, en los colectivos que trabajan con solicitantes de asilo nadie pregunta nombres, lugares de origen o motivos de su presencia en Canadá. Mexicanos, los más rechazados En 2005, la División de Protección al Refugiado de la Junta de Inmigración y Refugio de Canadá, especie de tribunal especializado, recibió 3 mil 500 peticiones de asilo de mexicanos; el número había “brincado” respecto de las 2 mil 500 solicitudes presentadas un año antes, 2004. Pero fue en 2006 cuando el flujo realmente se disparó: casi cinco mil mexicanos pidieron asilo. Aunque estos mexicanos alegan “temor fundado de persecución” al pedir asilo –como ordena la Convención de Ginebra–, las autoridades canadienses han cerrado las puertas. Las negativas y las consecuentes deportaciones son abrumadoras. En 2007 sólo fueron recibidos nueve de cada 100 solicitantes. México es el segundo país en cuanto al índice de rechazo de refugiados –12 por ciento–, solamente después de Estados Unidos, de donde sólo se aceptan 3 por ciento de las solicitudes. Le sigue la India, con 13 por ciento. En el extremo opuesto están Burundi, Sri Lanka, Etiopía, de donde se aceptan más de 80 por ciento de las peticiones. Los jueces de la Junta de Inmigración y Refugio (JIR) alegan que el gobierno de México ha hecho “esfuerzos” y “progresos” por “hacer más confiables” los cuerpos policiacos. Señalan que los solicitantes de asilo no “aprovechan plenamente” el sistema de procuración de justicia y la “notable infraestructura” de protección a los derechos humanos. Sectores progresistas y defensores de derechos humanos critican frontalmente estos criterios. Jim Hodgson, coordinador de un programa que trabaja con estos grupos en la iglesia Unión de Iglesias de Canadá, asegura que su gobierno niega la “clara evidencia” de que las estructuras policiacas, de justicia y de derechos humanos del Estado “están fallando en su capacidad de proteger a los ciudadanos” mexicanos. La creciente cerrazón del gobierno canadiense preocupa a los colectivos que trabajan con los solicitantes de asilo. A finales de enero el centro de estudios latinoamericanos de la Universidad de Toronto y la Universidad Ryerson realizaron en esta ciudad dos seminarios bajo el título: ¿Por qué refugiados de México?, convocados por la Iglesia Anglicana, la Unión de Iglesias de Canadá, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados, y la Casa Romero. La preocupación de los activistas y los propios asilados y solicitantes gira en torno a la definición del gobierno conservador de Stephen Harper hacia México, quien, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad privilegia la relación comercial y económica, abandonando lo que, en opinión de estas organizaciones, es también responsabilidad de su gobierno: el enfoque humanitario y el apego a la tradición canadiense como tierra de asilo y refugio. Se trata, según asentó Judith Teichman, de “un problema ideológico” que entiende la democratización de México en el contexto de la cadena de “más comercio, más prosperidad y, por tanto, solución a los problemas”, sin considerar que México, dados los problemas de corrupción institucional y penetración del narcotráfico, se acerca más al modelo “de las democracias mínimas, al Estado fallido”. Juega también la presión xenófoba de sectores de derecha, que perciben el creciente número de solicitantes de asilo como un tsunami que amenaza con invadirlos; aseguran que los mexicanos “abusan” como socios del TLCAN que no requieren visas y se “aprovechan” del sistema de bienestar social y refugio de su país. En opinión del articulista Jeffrey Simpson, en un artículo de The Globe and Mail, el solo hecho de que Canadá considere dar asilo a un mexicano es “una bofetada a nuestro amigo y socio comercial”. A esto, Kevin Sylvester, popular comentarista de la Radio y Televisión Canadiense (CBC por sus siglas en inglés), responde: “En ocasiones hay que darle una bofetada al amigo para hacerlo enfrentar la realidad”. Y en este caso la realidad, agregó, es hacer ver “que nuestro gobierno está faltando a su responsabilidad al restringir el asilo a mexicanos que son víctimas de las fallas de su propio sistema”. Abogados que asesoran a los solicitantes de asilo, representantes de albergues y defensores de derechos humanos destacaron que la JIR y la Corte Federal canadienses traicionan los principios del asilo al negar protección a víctimas de persecución en México bajo la “premisa errada” de que tienen la alternativa de acogerse al sistema de derechos humanos que ofrecen las instituciones mexicanas y a la opinión del “vuelo interno”, es decir, cambio de ciudad y de entidad federativa para eludir a sus victimarios. |
Kikka Roja
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