En los periodos en que Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa Ivancar, de la cual es accionista, recibió de Pemex adjudicaciones directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el actual secretario de Gobernación
Ana Lilia Pérez
En entrevistas de televisión y prensa escrita, lo mismo en México que en Europa, Juan Camilo Mouriño Terrazo ha insistido que cuando decidió dedicarse al servicio público se deslindó por completo de los negocios familiares –la mayoría de ellos, ligados al sector energético–; sin embargo, contratos asignados por Pemex Refinación a la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA), propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo que supone conflicto de intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación. En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido sometido a licitación pública.
La empresa
Ante la notaría pública 60, de Tizapán, Distrito Federal, el 2 de agosto de 1985 ocho accionistas crearon la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV, con domicilio fiscal en Campeche, y cuyo objeto social va desde la transportación y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y sus derivados, hasta la distribución de refacciones o la operación de loncherías, la operación de títulos de crédito o la construcción de fábricas. De acuerdo con su acta constitutiva (número 46850), TEISA se creó con un capital social de 5 millones de viejos pesos, divididas las acciones de la siguientes manera: Juan Carlos Merelles Díaz, 50 acciones; María del Carmen Vázquez Aguirre, 100; Santiago Espósito Semerena, 200; Esther Janeiro Barros de Merelles, 50; María de los Ángeles Terrazo Blanco, 250 acciones; Manuel Carlos Mouriño Atanes, originario de Vigo, Pontevedra, mexicano por naturalización y padre de Juan Camilo Mouriño, 200 acciones.
Además: Juan Carlos Lorenzo Relloso, nacido en Corcores Orense, mexicano por naturalización, con 25 acciones, y Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz, originario de Miera, Santander, mexicano por naturalización, 125 acciones. Espósito Semerena aportó tres camiones marca Dina modelos 1975, 1981 y 1982, respectivamente, con los cuales comenzó a operar la compañía. Se designó a Mouriño Atanes como administrador único. Seis años atrás, el padre del actual secretario de Gobernación había llegado a México, junto con su esposa María de los Ángeles Terrazo Blanco, y sus tres hijos: Carlos, Juan Camilo y María de los Ángeles, todos nacidos en Madrid. Afectado por una fuerte crisis económica, el hoy propietario del equipo de futbol Real Club Celta de Vigo arribó al Distrito Federal para trabajar en los negocios de hoteles y panaderías de sus suegros.
Con una participación inicial del 45 por ciento de las acciones, en menos de seis años los Mouriño Terrazo se convirtieron en dueños de TEISA. El 13 de junio de 1986, según acta protocolizada ante Jorge Luis Pérez Cámara, notario 18 de la ciudad de México, María del Carmen Vázquez Aguirre cedió sus acciones a Evaristo Vásquez Cendón. El 10 de abril de 1987, Evaristo Vásquez, Juan Carlos Lorenzo y Juan Carlos Merelles transfirieron sus acciones a Mouriño Atanes y Miguel Maza Vázquez. En noviembre de ese año, Esther Janeiro Barros cedió sus acciones a Mouriño Atanes, así que, junto con el otro 25 por ciento que poseía su esposa, tenían ya el 80 por ciento de la compañía. El 13 de agosto de 1991, integraron como accionistas a sus hijos Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles, con 100, 60 y 60 acciones, respectivamente. En la misma operación, salieron de la empresa Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz y Miguel Maza Vázquez. El total de las acciones quedó en manos de los cinco integrantes de la familia Mouriño.
El 8 de noviembre de 1994, cambiaron el acta constitutiva argumentando nuevos requerimientos de Pemex Refinación para obtener franquicias de gasolineras. Juan Camilo fue designado secretario del Consejo de Administración. El 24 de mayo de 1995, Mouriño Atanes, a la sazón administrador general, designó apoderados legales a sus hijos Juan Camilo y Carlos. El 31 de octubre se les ratificó en el cargo, ampliando sus facultades “de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como a hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos”. Se modificó también el objeto social de Ivancar para quedar de la siguiente manera: “El objeto principal de la sociedad será la comercialización de gasolinas y diesel, suministrado por Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”.
El 25 de febrero de 1997 crearon Grupo Energético del Sureste (GES), cuyo objeto social, según el acta constitutiva, es “operar como empresa controladora de todo tipo de sociedades” –que poco después absorbería a Ivancar–. El 27 de mayo de 1999 trasladaron el 99 por ciento de las acciones de Ivancar a GES (María de los Ángeles Terrazo, 380 acciones; Juan Camilo, 100 acciones; y Carlos 100 acciones). Sólo una quedó a nombre de Manuel Carlos Mouriño. Como apoderado legal de GES se designó a Juan Camilo. Paulatinamente, GES recibió 37 franquicias para operar gasolineras en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Desde entonces se convirtió en un negocio redondo: los camiones de Ivancar transportan los hidrocarburos con los que Pemex abastece a las gasolineras del corporativo. Como negocio adicional, Ivancar transporta el combustible a otras estaciones de servicio en fletes contratados por la paraestatal.
Política como negocio
El mismo año en que los Mouriño constituyeron el GES, a sus 26 años de edad, Juan Camilo se convirtió en diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por el quinto distrito en Campeche. Mientras se desempeñó como legislador en el Congreso del estado dirigía el corporativo. Hasta 1999, cuando se le promovía como uno de los favoritos a la lista del partido en las diputaciones federales vía plurinominal –para las elecciones de julio de 2000–, de forma temporal el GES designó apoderado legal a Pedro Uc Dzul, según escritura pública número 6 del 17 de febrero. Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo de ese año cuando Juan Camilo Mouriño, según acta de asamblea (certificada ante el notario público 46 de Campeche, el 29 de junio) trasladó su potestad como apoderado de las compañías a su padre y hermano. En el documento, en el cual Lucila del Carmen Gamboa, notaria 46, asienta que a Mouriño Terrazo “se le previno previamente acerca de las penas en que incurre quien declara falsamente ante notario público, en términos de lo que establece el artículo 218, fracción IV, del Código Penal del Estado en vigor”, Juan Camilo declaró ser mexicano por nacimiento.
Tres años atrás, en agosto de 1996, según nota del diario El Sur de Campeche, había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, lo que le valió que se impugnara el que ocupara puestos de elección popular que por mandato constitucional están reservados para los mexicanos. Previo a la justa electoral en la que “el gobierno del cambio” llegó a Los Pinos, decenas de prestadores de servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) instalados principalmente en Ciudad del Carmen y Campeche viraron el tradicional apoyo económico y moral que por años dieron a políticos del tricolor, convencidos por Carlos Medina Plascencia y los operadores de la asociación Amigos de Fox de que el Partido Revolucionario Institucional perdería las elecciones. La familia Mouriño fue uno de estos apostadores, tradicionalmente priistas. Tanto Carlos Mouriño Atanes como su hijo Juan Camilo coordinaron la campaña de Fox en la región peninsular: Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
El proselitismo tenía un interés claro: en una hábil estrategia, los empresarios condicionaron su apoyo económico y moral a que se les incluyera en los cargos de elección popular. Así, personajes como Jorge Rubén Nordhausen González y Juan Camilo Mouriño Terrazo, contratistas de Pemex, llegaron al Congreso federal, acaparando las comisiones de Energía –neurálgicas para los contratistas de la petrolera– tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
El historial en Pemex
A los 29 años de edad y a menos de 40 meses de su incipiente ingreso en la política, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo se convirtió en el diputado federal más joven del PAN en San Lázaro. Cuando ya presidía la Comisión de Energía, el 6 de noviembre de 2000, la familia citó a asamblea general extraordinaria a sus accionistas. En la reunión se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de GES e Ivancar, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas”, para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta. El documento se certificó al día siguiente ante el notario público 18 de Campeche, Tirso René Rodríguez de la Gala. Un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.
El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.
El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex. Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño. El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación. Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Los beneficios de Juan Bueno
Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003: mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron.
En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de fijar las tarifas.
El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito, Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio. Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar. Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien las bases para fijarlos.
En abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche, denunciaron ante su dirigencia sindical el supuesto fraude contra Pemex en el que desde hacía meses incurría el GES, al desviar a sus gasolineras ubicadas en Campeche, Escárcega y Champotón la gasolina que Ivancar debía entregar a las gasolineras ubicadas en las zonas fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi un 40 por ciento del costo. Contrario a que se investigara el supuesto ilícito, Refinación adjudicó a Ivancar contratos para cubrir “las nuevas rutas” en las terminales de almacenamiento (conocidas como TAD) en Irapuato, Rosarito, Madero y Gómez Palacio. Incluso, el 1 de septiembre se le otorgó un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el contrato GTT-00142-01/2003, por el mismo periodo estipulado originalmente. El incremento fue acordado por Villarreal Gallegos con Juan Camilo Mouriño, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre Mouriño recibió el contrato GTT-00142-01/2004, por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004. El 28 de abril de 2004, Carlos Mouriño Terrazo designó apoderado legal de Ivancar ante Pemex Refinación a Luis Fernando Coyoc Ramírez, según la escritura pública 168, expedida por la notaria Nelia del Pilar Pérez; sus atribuciones para firmar contratos, convenios y suscribir títulos de crédito eran exclusivamente ante la paraestatal. El 1 de octubre de 2004, Villarreal Gallegos autorizó al nuevo apoderado de Ivancar un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-01/2004, según el documento GTT-00142-01-M/2004, firmado por Luis Fernando Coyoc y Villarreal Gallegos. El 29 de diciembre –cuando Juan Camilo se desempeñaba como subsecretario de Electricidad en la Sener– Refinación otorgó a Ivancar el contrato GTT-00142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. El acuerdo se hizo pasando por alto los señalamientos que durante todo ese año hizo la SCHP, en oficios dirigidos también a Villarreal Gallegos, de que los precios aplicados a los transportistas no habían sido autorizados por la dependencia.
Contratos a modo
Bueno Torio impuso que Refinación otorgara por primera vez contratos multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunas transportistas, entre ellas Ivancar. Oficios internos de Pemex indican que el acuerdo se hizo entre los altos funcionarios de Refinación y la Canacar, antes de que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la contratación. En el oficio DG 69/2005 remitido por Leo Flores González, entonces presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, se otorga el listado de transportistas a las cuales se les entregarían contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de diciembre de 2008 por adjudicación directa, cuyo monto ascendió a 10 mil 114 millones de pesos. Pero el servicio lo solicitó Comité de Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según documento de Pemex clasificado por la subsidiaria como “reservado”.
Lo anterior significaría que primero los directivos de Pemex acordaron el servicio con los transportistas y luego se tramitó su requerimiento, lo cual es contrario a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector público, y no cumple con los lineamientos para una adjudicación directa. El 1 de junio de 2005 a Ivancar se le entregó un contrato por 39 millones 646 mil 477.27 pesos, con vigencia del 1 de junio de 2005 al 31 de diciembre de 2008, formalizado por Oswaldo Machado Martínez, subgerente de Operación. Según fuentes internas de Pemex, a mediados de diciembre de 2008 el contrato se prorrogará por un periodo igual, es decir, hacia 2012, aunque el monto aún no está definido. Desde julio de 2006, la SFP y la Procuraduría General de la República (PGR) investigan el “abuso de autoridad, coalición de los servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias”, en el que supuestamente habrían incurrido los funcionarios de Refinación al autorizar las contrataciones multianuales para el transporte de hidrocarburos; ello, por la denuncia que presentaran los entonces diputados Sofía Castro Ríos, Martha Palafox Gutiérrez y Jesús González Schmal.
En la PGR, el expediente está integrado en la averiguación previa 95/UEIDCSPCAJ/SP/2006 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. En la SFP, el señalamiento contra los funcionarios es de supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y contra las transportistas que se beneficiaron con los contratos, de posible daño patrimonial por el monto que se les adjudicó. Según la línea de investigación de la SFP, en el caso de Ivancar, el quebranto ascendería a casi 40 millones de pesos. En entrevista concedida a CNN Expansión, difundida el 15 de julio de 2007, el mayor de los Mouriño Terrazo habló acerca de los negocios familiares y la carrera política de su hermano. Aseguró: “Hablamos con él (con Juan Camilo) y le garantizamos que no tiene de qué preocuparse. Jamás haremos cosas buenas que parezcan malas con el gobierno federal”. Agrego: “Sabemos que los detractores tratarán de magnificar las cosas; por eso tenemos la casa muy limpia y las puertas muy abiertas para que no haya suspicacias. Trataremos de vivir con eso”.
Sin embargo, Contralínea solicitó una entrevista con el actual presidente de GES para hablar sobre los contratos de Pemex que recibió su hermano Juan Camilo, y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Juan Camilo Mouriño acusó recibo de la solicitud de entrevista hecha por esta revista, a través de Dora González, subdirectora de Eventos de la Secretaría de Gobernación. No obstante, se negó a hablar acerca de los contratos que aún mantiene en Pemex Refinación. Asimismo, se requirió a la paraestatal que explicara las condiciones en las que se contrató a Ivancar y el monto involucrado. La administración de Jesús Reyes Heroles tampoco respondió.
Pese a promoverse como un grupo de gasolineras “con instalaciones que cumplen con altos estándares de calidad comprobados por Petróleos Mexicanos” y publicitarse como un corporativo con responsabilidad social, los establecimientos de los Mouriño son señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor con el “semáforo ámbar”, que identifica a las gasolineras con irregularidades. Las gasolineras de GES en esta situación, en Campeche, son: Gasolinera Lerma, SA de CV; Tres Brazos, SA de CV; Servicio Xpujil, SA de CV; Servicio Novia del Mar, SA de CV; Servicio San José, SA de CV. En Tabasco: Servicio Nueva Frontera, SA de CV. En Quintana Roo: Servicio Sac-Xan, SA de CV; Ejido Subteniente López; Servicio Héroes, SA de CV. En Veracruz: Gasolinera del Sureste, SA de CV. Durante las visitas de verificación de Profeco se detectó llenado menor al reportado al consumidor, superior a lo establecido en la Norma Oficial correspondiente (NOM-05-SCFI-2005). Se encontraron bombas despachadoras que no cuentan con los hologramas y/o precintos que acredite que fueron calibradas. (ALP)
Todos los correos electrónicos de la cuenta asignada a Juan Camilo Mouriño Terrazo, nuevo titular de Gobernación, durante su gestión como jefe de la Oficina de la Presidencia son información pública. Por órdenes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Presidencia de la República entregará copia de las comunicaciones a un peticionario, pese a que las había negado. En su respuesta, la Presidencia argumentó que “la solicitud no contiene una descripción clara y precisa de los documentos que solicita; es decir, la solicitud de acceso a la información no se refiere a uno o varios documentos específicos que pudieran estar en los archivos –aunque fuera de manera electrónica– en posesión de este sujeto obligado”. Agrega que “la solicitud tampoco cuenta con datos que propicien su localización con objeto de facilitar su búsqueda, como lo sería, el tema, asunto, actividad o función ejercida, o cualquier otro elemento de identificación”.
No obstante, el pasado 30 de enero, el pleno del IFAI reviró lo dicho por la dependencia y le ordenó entregar todos los correos electrónicos, tanto enviados como recibidos, de la cuenta institucional de Mouriño, cerrándole la posibilidad de que declare la inexistencia del material cibernético por segunda ocasión. Los documentos tienen que incluir el destinatario, remitente y el contenido del correo, sólo en caso de que aparezca el domicilio particular y teléfono del receptor, se realizaran versiones públicas de éstos, con el fin de proteger los datos personales. Además, de testar información confidencial o reservada que pudiera aparecer, por el carácter del puesto, en los documentos entregados.
La propuesta de resolución que presentó el comisionado Alonso Gómez Robledo ante el pleno del instituto dejaba abierta la posibilidad para que la Presidencia declarara la inexistencia de la información; sin embargo, la comisionada Jacqueline Peschard pidió que se cancelara dicha posibilidad, por lo que en un plazo no mayor de 10 días el contenido de los correos electrónicos del ahora secretario de Gobernación serán de carácter público. (Yenise Tinoco)
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