VIDEO: Debate Dirigencia PRD: Miguel León López, Alfonso Ramírez Cuéllar, Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela, Dina Navarro, Jesus Ortega

Pide Ramírez Cuéllar a Encinas ofrecer una disculpa pública Intercambian nuevamente graves acusaciones por los vicios y deformaciones que tiene el partido, en el segundo y último debate entre candidatos a la dirigencia nacional del PRD Jorge Octavio Ochoa y Adriana Floreán Chávez/corresponsal El Universal Morelia, Michoacán Miércoles 05 de marzo de 2008 15:19 Los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD intercambiaron hoy nuevamente graves acusaciones por los vicios y deformaciones que tiene este partido. Alfonso Ramírez Cuéllar pidió a Alejandro Encinas ofrecer una disculpa pública por haber distribuido, dijo, 6 millones de copias en todo el país de la carta en la que Andrés Manuel López Obrador pide el voto a los militantes en favor de Encinas. A su vez, Jesús Ortega tronó contra sus detractores y dijo que no lo pueden acusar de “tibio”, y aclaró que durante el conflicto pos electoral 2006, él participó en acciones radicales como fue la toma de la Bolsa Mexicana de Valores. Por su parte, atacó nuevamente al bloque de Nueva Izquierda que impulsó la reciente reforma electoral, la que catalogó como una “regresión grave”. Con esta reforma, insistió, se anuló entre, otras cosas, la efectividad del sufragio efectivo y se debilitó aún más al sistema político mexicano. Por su parte, Camilo Valenzuela insistió en su exigencia de posponer para junio próximo las elecciones internas del PRD, para subsanar los errores que han persistido en el proceso. A su vez, Gina Navarro ungió a su partido a tomar acciones en torno al tratado del libre comercio en el rubro del maíz y el frijol, ya que millones de mexicanos resultaron afectados. En este segundo y último debate el candidato mexiquense, Miguel León, declinó su candidatura en favor de Alejandro Encinas. P.D. NO SE LE ACUSA DE TIBIO, SE LE PREGUNTA RESPETUOSAMENTE A CERCA DEL PADRON INFLADO Acata Encinas detener distribución de cartas de apoyo Cumple la orden de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, de exhortar a sus simpatizantes a detener la distribución de la carta de apoyo de López Obrador a su candidatura Pide Ramírez Cuéllar a Encinas ofrecer una disculpa pública 15:19 Declina León López en favor de Alejandro Encinas 14:53 Es necesario cambiar la imagen del PRD: Ortega 13:11 La izquierda debe tener visión estratégica: Encinas 12:40 Jorge Octavio Ochoa El Universal Morelia, Mich. Miércoles 05 de marzo de 2008 17:01 Bajo protesta, Alejandro Encinas Rodríguez cumplió la orden de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia de su partido, de exhortar a sus simpatizantes para detener la distribución de la carta de apoyo de Andrés Manuel López Obrador a su candidatura. Sin embargo, advirtió que se reserva el derecho de “recurrir” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los términos del veredicto porque, dijo, se le negaron sus derechos de audiencia y de defensa para presentar documentos de descargo. Aseguró no haber sido informado oficialmente del fallo de dicha Comisión y que se enteró a través de los medios de comunicación, porque “aunque no es tarea que le corresponda”, el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, lo difundió al filo de las 22:30 horas del martes a algunos cuantos. Catalogó de “unilateral” el resolutivo de la comisión porque, “afecta, agravia y vulnera” sus derechos políticos y las garantías que la norma interna del PRD y la propia legislación del país le otorgan. Ello, porque nunca fue notificado de la existencia de un recurso en su contra. También se violan sus derechos, añadió, porque en ningún momento se le requirió ningún tipo de información o de opinión, o declaración, respecto a este asunto. Además, dijo, “se vulneró mi derecho y mi garantía de audiencia”, que solicitó vía telefónica al comisionado Renato Sales y éste se la negó. Desigualdad, padrón inflado y propaganda ilegal, algunos defectos Reconocen aspirantes a dirigir el PRD anomalías en el proceso ■ Ramírez Cuéllar imputa irregularidades a los dos principales candidatos Alma E. Muñoz y Ernesto Martínez Elorriaga Enviada y corresponsal Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela, Miguel León López, Jesús Ortega, Dina Rocío Navarro y Alfonso Ramírez Cuéllar, candidatos a la presidencia del PRD, al término del debate que sostuvieron ayer en la ciudad de Morelia Michoacán Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela, Miguel León López, Jesús Ortega, Dina Rocío Navarro y Alfonso Ramírez Cuéllar, candidatos a la presidencia del PRD, al término del debate que sostuvieron ayer en la ciudad de Morelia Michoacán Foto: Notimex Morelia, Mich., 5 de marzo. En la recta final de la lucha por la presidencia nacional del PRD, los cinco aspirantes al cargo admitieron que la contienda interna se desarrolla bajo un esquema de irregularidades en el que privan inequidad, anomalías en el padrón y distribución ilegal de propaganda. Alfonso Ramírez Cuéllar acusó a Jesús Ortega y Alejandro Encinas, los dos candidatos favoritos para ganar, de ser los principales responsables de tal situación. Al primero lo cuestionó por haberse aliado con fuerzas políticas externas para obtener una votación mayoritaria en los comicios del próximo 16 de marzo. Al segundo –en favor de quien ayer declinó Miguel León López, otro de los aspirantes–, por la distribución de la carta de apoyo de Andrés Manuel López Obrador, al margen de lo señalado por el Comité Técnico Electoral. Ortega no tuvo respuestas contundentes a los cuestionamientos de que fue objeto por las anomalías en el listado nominal perredista y sus supuestos vínculos con gobiernos priístas y panistas. En cambió, resaltó que le molestan las acusaciones sin fundamento, “y más me molesta que venga esa acusación insidiosa de compañeros muy radicales en el discurso, pero muy sumisos en la práctica”. Recordó que participó, después de los comicios presidenciales de 2006, en todas las fases de la resistencia civil contra el fraude: “Yo tomé la Bolsa Mexicana de Valores, tomé la Secretaría de Hacienda y aquí, compañeros, hay testigos. Yo estuve en la primera trinchera, en la lucha más intensa y más difícil de nuestro partido. A mí no me van a acusar de tibieza. En todo caso, reflexionemos sobre la verdadera situación del partido, pero con una actitud sensata e inteligente para resolver los problemas”. Pero Ramírez Cuéllar no lo soltó: “Me parece que la política inteligente no es la del sometimiento a gobiernos del PRI y el PAN en estados de la República. No es inteligente perder el carácter opositor para tener complicidades con gobiernos locales”. Y hasta cuestionó que Ortega hablara de “principios éticos”. Ante las imputaciones, este último equiparó a su principal detractor en este debate, realizado en el bastión del perredismo, con un francotirador, porque “le tira a todo lo que se mueva en razón de impotencia”. Encinas también abonó en las acusaciones contra Jesús Ortega, al referirse al crecimiento del padrón por encima de los votos obtenidos en la pasada elección presidencial, y al tomar como ejemplo sobre la conducta de integrantes de Nueva Izquierda –de la cual es líder su oponente– el pronunciamiento de Ruth Zavaleta, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que los ministros de culto voten y sean votados. También mencionó la “sugerencia” de uno de los candidatos de ese grupo perredista en Guanajuato, Miguel Alonso Raya, de establecer alianzas con el PAN y con El Yunque. Como respuesta, Ortega resaltó –tres veces– que está en desacuerdo con Zavaleta y hasta dijo que “enfrentaría” modificaciones legales en ese sentido, porque está por el Estado laico. También se expresó en contra de establecer pactos con El Yunque, “como tampoco comparto la tesis que en alguna ocasión manejó la gobernadora de Zacatecas (Amalia García), de que se podían hacer alianzas hasta con el diablo”, le reviró a Encinas, quien es apoyado por la mandataria. “Cuidado –expresó–: hay que tener claridad en esa política”. Anticipó que, de ganar las elecciones, pedirá licencia para separarse de su corriente y demostrar sus verdaderas intenciones de dirigir a todos los perredistas. Alejandro Encinas también recibió lo suyo, cuando Ramírez Cuéllar, al inicio del debate, lo cuestionó porque se imprimieron 6 millones de copias de la carta firmada por López Obrador llamando a votar por el ex jefe de Gobierno capitalino, y con ello violó el acuerdo de la distribución de propaganda y el tope de campaña impuesto, además de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD al respecto. El ex funcionario capitalino se defendió y dijo que no hubo ningún acuerdo de la dirigencia partidista. Aseguró conocer el papel que está jugando el representante de Movimiento por la Democracia en este proceso interno, aunque no abundó sobre ello. Ramírez Cuéllar preguntó: “¿Por qué Alejandro Encinas violó el estatuto y mandó publicar y distribuir esta carta (la de López Obrador), cuando nuestra legalidad interna lo prohíbe? ¿Por qué superó el tope de campaña? “La congruencia empieza por lo más elemental; es lo mismo que estamos pidiendo. A mí nadie me ha encomendado ser presidente del partido, pero sí quiero someter al PRD a grandes reformas”, planteó como despedida. En el debate quedó rezagada Dina Rocío Navarro, otra de las aspirantes a la presidencia nacional del sol azteca, quien exigió respeto a la igualdad de género y unidad partidaria. Sobre esto mismo se pronunció Miguel León López antes de declinar en favor de Alejandro Encinas. Camilo Valenzuela, otro de los candidatos, insistió en su propuesta de postergar las elecciones internas hasta junio –aunque esta demanda ya fue rechazada por la mayoría del CEN y por el resto de los aspirantes–, con el argumento de la desigualdad y las irregularidades que han permeado el proceso. Durante sus participaciones en el debate, moderado por el académico del Instituto Tecnológico de Monterrey José Fernández Santillán, se pronunció porque el PRD asuma la movilización de masas como único camino para rescatar a México.

Ponemos a su disposición el video con el debate.

Debate parte I

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www.radioamlo.tv

Del debate podemos rescatar que Miguel León López declinó a su aspiración en favor de Alejandro Encinas.

Voz e imagen de la resistencia civil pacifica

Kikka Roja

Astillero: Gasolineras Mouriño, un (mal) ejemplo

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Gasolineras Mouriño, un (mal) ejemplo

■ Convenios cierran paso a extranjeros

■ Pero españoles operan franquicias

■ Pemex debería rescindir 31 licencias

Pemex debería revisar su relación contractual con las empresas distribuidoras de gasolina de la familia Mouriño en el sureste del país y, consecuentemente, rescindirla, pues en el modelo de convenio que la paraestatal realiza con particulares en materia de franquicias establece con claridad y sin excepciones que esos negocios están reservados para sociedades integradas por mexicanos, con absoluta exclusión de extranjeros en cualquier modalidad. Tal estipulación ha sido larga y ostentosamente violada cuando menos por el ciudadano español Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo, y probablemente por el hijo del primero y hermano del segundo, Carlos Mouriño Terrazo, quien ha desempeñado funciones directivas en las surtidoras de combustible a pesar de que siempre se ha asumido como español y nunca como mexicano (a menos que también le hayan fabricado un expediente patito de conversión ciudadana del que hasta ahora no ha informado a nadie).

El “Contrato de franquicia para estación de servicio” que deben celebrar Pemex Refinación y los interesados en esos negocios estipula en el apartado 2.4 de la sección “Declaraciones” de ambas partes y, más delante, con la misma redacción, en el numeral 6.2 de la cláusula sexta, referida a las “obligaciones de las partes”, el compromiso del aspirante a franquiciatario de que la suya “es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus estatutos sociales con cláusulas de exclusión de extranjeros, de conformidad con los artículos segundo y sexto de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa ni indirectamente, ni tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades con cláusulas de admisión de extranjeros. La inversión extranjera no podrá participar en la sociedad directamente ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de piramidación, inversión neutra o cualquier acto, por virtud del cual se le otorgue control o participación alguna”. En la siguiente “Declaración”, la 2.5 de esos contratos, se determina que el buscador de franquicias “no ha celebrado u otorgado antes de la fecha de firma de este contrato o durante la vigencia de la misma, ningún mandato o poder a favor de extranjero(s), mediante el cual se comprometa el patrimonio, los derechos y obligaciones relacionados con el presente Contrato de Franquicia Pemex”.

Pues bien, dado que de manera pública y notoria se sabe, por declaraciones de ellos mismos, que la fuente original del enriquecimiento del español Carlos Mouriño Atanes y de sus hijos hispanos han sido las mencionadas franquicias (actualmente tienen 31 estaciones de gasolina en el sureste del país), procedería aplicar lo establecido en “Causales de rescisión”, cláusula decimasexta, numeral 10, donde se menciona que “sin necesidad de declaración judicial” alguna ni “previa aplicación de penas convencionales”, los convenios pueden ser cancelados si el franquiciatario permite “directa o indirectamente la participación accionaria y/o social extranjera o incumpla de cualquier forma la obligación pactada en el numeral 6.2 de la cláusula sexta del presente contrato”.

La indagación sobre la manera en que los españoles Mouriño se hicieron de concesiones o franquicias para gasolineras es importante porque, hasta hace años, esos beneficios se obtenían mediante procesos frecuentemente relacionados con la corrupción política. Luego, cuando se abrió la posibilidad de que cualquier interesado pudiese instalar una estación de combustibles mediante franquicias, se establecieron reglas que, como se ve, fueron expresa y constantemente violadas. Añádase el hecho conocidísimo de que las gasolineras del Grupo Energético del Sureste suelen dar litros de a 900 mililitros (merma mayor al 0.56 por ciento) y se tendrá una visión empresarial muy distante a la idílica e infantil que difundió en días pasados el entrampado secretario de Gobernación. Otro punto de necesario esclarecimiento es el relacionado con la muy difundida función del español Mouriño Atanes como recaudador y aportador de fondos para la campaña de Vicente Fox y, antes, de candidatos presidenciales priístas, incluido el históricamente derrotado Francisco Labastida Ochoa; recuérdese que, según las disposiciones vigentes, está prohibido a los extranjeros participar en actividades políticas mexicanas.

Y, ya que de probanzas legales se trata, la Federación Campechana de Jóvenes sin Acciones de Empresas Familiares por Abandonar (para Sacrificarse por la Patria) pregunta al Niño Héroe de Madrid, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en dónde hizo su servicio militar nacional o dónde hay constancia de que no le hubiera tocado cumplir con esa obligación cívica ciertamente más enfadosa (y por tanto más meritorio su cumplimiento) que dejar a la familia en Campeche (para deambular en el DF por antros y fiestas varias), renunciar a acciones de empresas familiares (que siempre encontrarán manera de retribuir sesgadamente a aquel de sus miembros que ofrendaron a la patria como servidor público) y la monserga de vivir entre chilangos cuando la comodidad pleonásticamente campechana es más sabrosa.

Mientras tanto, Juan Camilo, el apoderado legal de la empresa de transportaciones políticas Ivancar-Bucareli, huía ayer hacia delante a toda velocidad. Pronunció discurso en circunstancias propicias para el esclarecimiento, la puntualización o el deslinde y prefirió la evasión, consolidando la percepción de que no sabe cómo salir del atolladero de conflictos de intereses en que ha sido (feli)pillado. Por su parte, los panistas, divididos, aprobaban en el Senado y reculaban en San Lázaro respecto a una comisión legislativa propuesta para investigar los negocios del ¿todavía? favorito de Los Pinos. Y, con Germánico Martínez equiparando a Mouriño con René Bejarano en un artículo periodístico, ¡hasta mañana, mientras Javier Lozano ha entregado, gulp, las primeras propuestas de reforma en materia laboral!

Kikka Roja

El montaje de Uribe : El gobierno colombiano absolutamente ilegal

El montaje de Uribe
Editorial LA JORNADA

Con el telón de fondo del conflicto desatado a raíz de la matanza perpetrada por militares colombianos en territorio ecuatoriano, durante la cual fue asesinado el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y que ha derivado en el rompimiento de relaciones diplomáticas de Ecuador y Venezuela con Colombia, el presidente de este último país, Álvaro Uribe, se ha encargado de enrarecer el panorama al lanzar acusaciones tan severas como poco verosímiles contra sus homólogos Rafael Correa y Hugo Chávez.

Con base en documentos supuestamente hallados en unas inciertas computadoras portátiles del insurgente muerto, el gobierno colombiano ha señalado la existencia de “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”. El propio Uribe afirmó ayer que denunciará al mandatario venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya por “patrocinio y financiación a genocidas”, lo que fue calificado por Caracas de “risible amenaza”.

De su lado, Rafael Correa convocó ayer a la comunidad internacional a “cerrar filas alrededor del principio, la ética y el derecho que deben guardar las relaciones internacionales”; condenó nuevamente el bombardeo del ejército colombiano en el norte de Ecuador, en la medida en que fue un atentado contra la soberanía de ese país y porque, además, la agresión frustró las negociaciones que su gobierno sostenía con las FARC para liberar a una docena de rehenes, entre los cuales se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.

Las acusaciones del gobierno colombiano se inscriben en una cadena de inconsistencias con respecto a los acontecimientos del sábado pasado. Ha de recordarse que en un principio, las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; incluso Uribe agradeció públicamente al presidente Correa, a quien dijo haber mantenido al tanto de los hechos. Más tarde se aseguró que las milicias colombianas sí habían entrado a territorio ecuatoriano, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.

Resulta poco verosímil, además, que los equipos de cómputo de supuesta propiedad de Reyes hubiesen sobrevivido a las explosiones y, en todo caso, no parecería lógico que el líder guerrillero portara la información a la que ha hecho referencia Uribe. Los señalamientos y las supuestas pruebas que vinculan a Correa con la guerrilla tienen toda la apariencia de un montaje del presidente colombiano y constituyen un agravio no sólo para el pueblo ecuatoriano, sino para el conjunto de la opinión pública internacional y hasta para la inteligencia humana.

Lo que queda claro, en cambio, es que por medio de estas maquinaciones se pretende llevar a escala regional un conflicto local, añejo y exacerbado, para el cual el gobierno de Uribe no ha podido ofrecer una solución; en cambio, ha torpedeado en forma sistemática todos los intentos surgidos dentro y fuera de Colombia por solucionarlo.

La versión de Correa, en cambio, no presenta inconsistencias ni constituye una suma de improbabilidades, y ha sido confirmada por el gobierno de Francia, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Betancourt y Bogotá estaba al tanto de lo anterior, lo que pone en evidencia la traición del gobierno de Colombia, al romper el hilo fundamental de una gestión humanitaria que habría contribuido a acabar con el sufrimiento de un nuevo grupo de prisioneros de la guerrilla y de sus familias.

La agresión contra el territorio ecuatoriano confirma, pues, el afán del gobierno de Uribe por impedir toda posibilidad de un canje humanitario con la guerrilla. Su embestida contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador denota, por un lado, la hostilidad que provocan en el Palacio de Nariño las posiciones dialogantes y favorables a un arreglo pacífico, como las que han sostenido Quito y Caracas y, por el otro, la mano, no tan invisible, de Washington.

Y es que una perspectiva de paz en Colombia no sólo reforzaría el fracaso de la política militarista de Uribe, sino que haría perder sentido al Plan Colombia, instrumento central del injerencismo estadunidense en Sudamérica, y cuyo objetivo último no es el narcotráfico –con el que Uribe ha estado vinculado, según medios de prensa estadunidenses y colombianos– y tal vez ni siquiera las FARC, sino los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano.

La incursión militar ordenada o tolerada por Uribe contra el territorio de un país vecino es una inequívoca violación de la legalidad internacional. Para colmo, el presidente colombiano, en vez de reconocer su falta, ha urdido una historia insostenible para presentar a la víctima como agresora y para derivar el conflicto interno que no puede o no quiere resolver hacia una escalda regional muy conveniente para los designios intervencionistas de la administración de George W. Bush. El ataque y las mentiras subsiguientes merecen una enérgica condena de la comunidad internacional, y en particular en el seno de la Organización de Estados Americanos.

Kikka Roja

Comision para investigar a Mouriño: Panistas al rescate del delincuente

■ En el Senado fue fundamental la decisión de Manlio Fabio Beltrones de sumarse a la propuesta
Crearán ambas cámaras comisión para investigar el caso Mouriño

■ La postura de los priístas en Xicoténcatl tomó por sorpresa a los legisladores del blanquiazul

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

En el Senado de la República se acordó ayer integrar una comisión que investigue el presunto tráfico de influencias y otros delitos en los que habría incurrido el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, en el sexenio pasado, al obtener diversos contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para sus empresas familiares cuando ya desempeñaba cargos públicos. La decisión del coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, de sumarse a la propuesta de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, fue fundamental para integrar la comisión, ya que se requiere que 50 por ciento de los senadores lo solicite. Hasta ayer había ya 64 firmas, por lo que el martes próximo se integrará esa comisión especial que investigará todo lo referente a la forma en que, entre 2002 y 2007, Pemex asignó sin licitación de por medio contratos a empresas en las que Mouriño Terrazo aparece como apoderado legal.

La decisión de los priístas tomó por sorpresa a los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes salieron de inmediato en defensa de Mouriño. El coordinador del blanquiazul, Santiago Creel Miranda, declaró que el Senado no puede convertirse en una mesa del Ministerio Público, y aunque sostuvo que están “en total apertura” para que se investiguen las acusaciones, advirtió que no aceptarán “juicios sumarios”, cuando debe prevalecer la presunción de inocencia. Por la mañana, durante una entrevista televisiva, Beltrones dijo que el secretario de Gobernación debe renunciar si se prueban las acusaciones que se han formulado en su contra, ya que hasta el momento sólo se ha dedicado a negar que existen las pruebas. Dijo que Felipe Calderón debe explicar públicamente las presuntas irregularidades en las que incurrió su secretario de Gobernación.

Más tarde a través del vocero de su bancada, Carlos Jiménez Macías, corroboró el aval priísta para conformar la comisión especial, “sin asumir de antemano culpabilidades”. Al presentar ante el pleno la propuesta del Frente Amplio Progresista (FAP), el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, aclaró que “no se trata de vendetas o de escándalos mediáticos”, sino de esclarecer un asunto delicado que tiene que ver con la tendencia que se ha dado sexenio tras sexenio, “de confundir la función pública con los negocios privados”. El Congreso de la Unión, recalcó, no puede ignorar ni ver como incidente la forma en que la empresa Transportes Especializados Ivancar SA, por medio de su apoderado, Juan Camilo Mouriño, signó contratos con Pemex para la prestación de servicios a pesar de estar imposibilitado para ello, ya que era asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y luego subsecretario de la dependencia.

Los senadores del PAN seguían con el ceño fruncido la intervención del perredista, pero casi saltaron de su escaño cuando dio a conocer que el PRI respaldaba la propuesta, que contaba ya con el voto de 64 legisladores. De inmediato, todos voltearon hacia el lugar de Beltrones, quien conversaba con María de los Angeles Moreno y Jesús Murillo Karam. Por la mañana, Santiago Creel puso a debate el tema al interior de su bancada –para esas horas sabía ya que el PRI iba con el FAP– y de inmediato el grupo de senadores más afines a Mouriño, entre ellos Guillermo Anaya y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, advirtieron que se debía defender a ultranza al secretario de Gobernación. Hubo consenso en arroparlo, aunque varios senadores blanquiazules expresaron que no se debía obstaculizar las investigaciones.

El coordinador de los senadores del Verde Ecologista, Francisco Agundis, se apresuró a salir en defensa del funcionario federal, al que calificó de “hombre recto, con probidad”, aunque dijo que si la comisión se integra sin duda participarán. La comisión se conformará el martes próximo, en que está citada la Junta de Coordinación Política del Senado. Ahí se decidirá quién la preside y el número de integrantes.

Ante industriales, Mouriño prefiere hablar de logros del gobierno en vez de legalidad
Alonso Urrutia
Lo convocaron para que hablara acerca de la “cultura de la legalidad” y cerrara así los trabajos de la asamblea de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). En respuesta, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, apenas dedicó una línea al tema y optó por llamar a los partidos a continuar en la búsqueda de consensos, destacando que los acuerdos que han alcanzado el Ejecutivo y el Congreso se han traducido en reformas estructurales que durante años no fue posible concretar.

“Inexistentes”, contratos con Ivancar, dice Pemex
Elizabeth Velasco C.

El tema Mouriño, prueba de fuego para Felipe Calderón, advierte Leonel Cota
Alma E. Muñoz y Georgina Saldierna

Leonel Cota Montaño, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró ayer que el caso de Juan Camilo Mouriño es la prueba de fuego para Felipe Calderón Hinojosa. “Con esto habremos de ver hasta dónde llega la complicidad del michoacano”, subrayó.

El titular de Gobernación no votará en las elecciones españolas: embajada
(Georgina Saldierna)

Kikka Roja

QUE RUTH ZAVALETA YA NO TIENE FACULTADES NI MENTALES: MEDALLA PELELE

No fue avalado por diputados de la Comisión de Gobernación Aprueba PRIAN inexistente dictamen para que el Presidente reciba presea Enrique Méndez y Roberto Garduño En un inédito debate que se dio desde las curules y no en tribuna, la mayoría de PRI y PAN aprobó un inexistente dictamen para autorizar al presidente Felipe Calderón aceptar y utilizar la medalla de la Orden Nacional Doctor José Matías Delgado, en grado de Gran Cruz Placa de Oro, que le concedió el gobierno de El Salvador. El documento votado consta de dos párrafos, no contiene exposición de motivos y fue dado en “la sala de comisiones” de la Cámara, que no existe, y no se aprobó en la Comisión de Gobernación, sino que sólo se recabaron las firmas de 15 integrantes de esa instancia, incluida la del perredista Francisco Santos Arreola, quien ayer confesó haber suscrito el texto sin saber de qué se trataba. A lo largo de una agitada discusión, el presidente de la comisión, Diódoro Carrasco Altamirano, admitió que el supuesto dictamen sí contenía vicios de origen, y para avalar el trámite parlamentario la presidenta de la mesa directiva, Ruth Zavaleta, afirmó: “todas las corcholatas se han votado de esta manera”. Sin embargo, tras su yerro declarativo, pidió desde su lugar que el pleno votara solicitar a la Dirección de Crónica Parlamentaria que se eliminara la expresión corcholata, como se denomina en la jerga legislativa a los permisos para utilizar medallas, condecoraciones y autorización a ciudadanos para trabajar para gobiernos extranjeros. El desliz de Zavaleta fue corregido, desde sus curules, por sus compañeros Javier González Garza, coordinador de la bancada del PRD, y Alfonso Suárez del Real. “No estamos discutiendo corcholatas”, señaló González Garza. “pero el fondo es que si tenemos algo que va en contra de la reglamentación, el pleno no lo puede subsanar”. Ante la preocupación de los panistas porque el tiempo transcurría y Calderón ya viajaba hacia El Salvador, Suárez del Real sugirió a la presidenta de la mesa directiva referirse con respeto a las condecoraciones de gobiernos extranjeros. “No los denigremos, pero esta legislatura está a punto de abonar a un procedimiento fast track que lastima esa decisión de gobiernos de otros países”, expresó. Así que en las intervenciones de Zavaleta, Crónica Parlamentaria sustituyó la palabra “corcholata” por “condecoración”, pero la dejó en la intervención de González Garza y así se pretendió corregir el dislate. El debate consumió casi la mitad de la sesión ordinaria, después de que el jueves pasado, ante la imposibilidad de que se aprobara el “dictamen”, el presidente en turno de la mesa directiva, el panista Cristian Castaño, “canceló” la sesión de ese día. Diódoro Carrasco arguyó que como las condecoraciones no son más que “trámites protocolarios” y, por tanto, no se requiere que la Comisión de Gobernación vote un dictamen, la perredista Valentina Batres solicitó a Ruth Zavaleta no admitir a trámite el documento y que se devolviera, a partir de una moción suspensiva que presentó el jueves. “Yo no tengo facultades para regresar el dictamen, puesto que hablamos de un vicio de procedimiento”, atajó Zavaleta. En respuesta, desde su curul, el perredista Cuauhtémoc Sandoval resaltó que el pleno no podía “aceptar darle trámite a un vicio de origen”, y agregó: “Es inaceptable que el diputado Diódoro, nada más por sus pistolas, no convocara a la comisión, y entonces hay un vicio que usted no puede avalar”. Molesta, Zavaleta reviró: “Para eso está el pleno, para subsanar los vicios de procedimiento”. Al otro lado del salón, el panista Juan José Rodríguez Prats afirmó que negar a Calderón el permiso para aceptar y usar la medalla rompería con el protocolo y el ritual del gobierno de El Salvador, que concede la Orden Nacional a los mandatarios que visitan por primera vez ese país. “Sería una gran ofensa, una gran lástima, ¡una gran herida!”, exclamó. A pesar de todos los argumentos, la mayoría priísta y panista aprobó el “dictamen” por 285 votos en favor, nueve en contra y cinco abstenciones. Los diputados del Frente Amplio Progresista optaron por no votar.

FECAL NO MERECE MÁS QUE EL REPUDIO DE LA NACIÓN POR LADRON
A RUTH ZAVALETA ¡NO LE SUBE EL AGUA AL TINACO!

Kikka Roja

¿Daño moral? Onesimo Cepeda la gente está harta de la iglesia

El PRD deberá pagarle sólo cien mil pesos como indemnización Revés para Onésimo Cepeda en demanda de reparación moral ■ El obispo de Ecatepec había pedido originalmente $750 millones Alfredo Méndez En una imagen de marzo de 2004, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien demandó al presidente nacional del PRD, Leonel Cota, por "daño moral" En una imagen de marzo de 2004, el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien demandó al presidente nacional del PRD, Leonel Cota, por “daño moral” Foto: Marco Peláez El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, recibió esta semana un revés judicial que implica un ahorro millonario para el PRD: la décima sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determinó reducir la indemnización de 2 millones de pesos a cien mil por concepto de reparación de daño moral causado al prelado por el líder del sol azteca, Leonel Cota, quien en 2006 criticó públicamente al sacerdote. Además, el tribunal eliminó la obligación del PRD de publicar un extracto del fallo en dos periódicos nacionales y en el espacio noticioso que en la televisión dirige Joaquín López Dóriga, y ahora sólo deberá hacerlo en la página de Internet del partido. El órgano jurisdiccional confirmó en su fallo parte de la resolución emitida en agosto pasado por Sandra Luz Díaz Ortiz, titular del juzgado 35 en materia civil, respecto de que quien debe indemnizar a Cepeda Silva es el instituto político y no su dirigente nacional. Cota Montaño dijo hace dos años, en el noticiario estelar de Televisa, que el obispo de Ecatepec es “reaccionario” y “mercader de la religión y la política”. En respuesta, el prelado presentó una demanda civil en contra del partido y de Cota Montaño por las críticas públicas que le hizo éste. En la sentencia de segunda instancia el tribunal concluyó que el PRD fue condenado al pago de la reparación del daño moral porque se demostró que tenía la intención “dolosa” de denostar públicamente a Cepeda Silva. Sin embargo, consideró que era desmedido el monto de la indemnización de 2 millones de pesos fijado por la juez Díaz Ortiz. Onésimo Cepeda cuenta con 15 días hábiles para inconformarse con la resolución mediante una demanda de amparo directo que se tramitaría en el ámbito de la justicia federal. Los ataques verbales entre el obispo de Ecatepec y Cota Montaño empezaron el 28 de noviembre de 2006, cuando Cepeda Silva calificó de “estupidez” las críticas que hizo el ex candidato presidencial del PRD Andrés Manuel López Obrador al Instituto Federal Electoral. En aquella ocasión, el prelado envió un mensaje a López Obrador: “La estás regando. No la riegues, porque te vas a quemar”. Y se refirió a los abanderados de otros partidos como “candidatos de altura”. Cota Montaño contestó ante los medios de comunicación las declaraciones del obispo, a quien acusó de cínico por sus posiciones reaccionarias. El perredista Gerardo Fernández Noroña también entró a la guerra de declaraciones y denunció que alguien le estaría pagando al obispo Cepeda Silva para hablar en contra del PRD. En su demanda inicial el jerarca y la diócesis de Ecatepec demandaron por la vía civil a Cota Montaño y al PRD por presunto daño moral, y pidieron una indemnización de 750 millones de pesos.

CUAL DAÑO MORAL, YA SE SABE QUE LOS CURITAS VIVEN COMO REYES A COSTILLAS DE LOS POBRES, ¿Y LA GENTE VIOLADA? ¿Y LOS CURAS TEPOROCHOS? ¿Y LOS CURAS QUE MANDAN MATAR A SUS HIJOS?

750 MILLONES QUE SALDRÍAN DEL ERARIO, Y TODAVIA QUIEREN SER VOTADOS, EL ROBO COMPLETO. PERO NUNCA JUSTICIA PARA LA VICTIMAS DE LA IGLESIA.

¿SABRÁ LEER RUTH ZAVALETA? NO, LA IGLESIA LA TIENE AMENAZADA CON EXCOMULGARLA SI NO METE LEGALMENTE A LOS CURITAS EN LA POLITICA
¡QUE ASCO DE VIEJA!

Kikka Roja

PROCESO : Permiso para catear

Permiso para catear jorge carrasco araizaga México, D.F., (apro).- La decisión de la Cámara de Diputados, de eliminar de la reforma judicial el párrafo que permitía elevar a rango constitucional el cateo sin orden judicial, en nada afecta el propósito del gobierno de Felipe Calderón de disponer de mayores herramientas policiales aun cuando atenten contra las garantías individuales. Fue incluso una ganancia política para el Ejecutivo y el Congreso, pues la eliminación del párrafo contó con el respaldo de todos los partidos que, de esa manera, respondieron a las críticas de las organizaciones de derechos humanos. Los defensores de los derechos fundamentales en el país criticaban no sólo la pretensión de hacer constitucional los allanamientos sin orden judicial, sino también el arraigo para los casos de delincuencia organizada o “cuando exista el riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”. Aunque sólo el arraigo se introdujo en el ordenamiento fundamental del país, el gobierno de Calderón logró su propósito con la reforma judicial a pesar de las quejas manipuladoras del subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, José Luis Santiago Vasconcelos, y del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. El día que los diputados eliminaron el párrafo, ambos se lamentaron de que el arraigo no haya quedado incluido en la Constitución. Santiago Vasconcelos recurrió incluso al más maniqueo de los ejemplos: “Si una señora ve que están violando a su hija y un agente policial está a su lado, éste no va a poder intervenir porque va a carecer de la orden del juez. Si bien le va, la tendría en dos horas, cuando el delito ya se habría cometido”, dijo en una entrevista en la radio con Joaquín López Dóriga. Santiago Vasconcelos, el abogado con más trayectoria dentro de la PGR, donde ha ocupado importantes posiciones desde el sexenio de Ernesto Zedillo, sabe perfectamente que para esos casos, y en general para cualquier delito en flagrancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido obsequiosa con la labor policial. Apenas en agosto del año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió la jurisprudencia 21/2007 que avala no sólo los allanamientos sin orden judicial, sino las pruebas que de ellos se obtengan. La tesis es por demás elocuente desde el título: “Intromisión de la autoridad en un domicilio sin orden judicial. Eficacia de las actuaciones realizadas de las pruebas obtenidas, cuando es motivada por la comisión de un delito en flagrancia”. Dice esa tesis que si bien el artículo 16 de la Constitución establece que el cateo requiere de una investigación ministerial, en el caso de flagrancia de un delito, “debido a la demora puede hacer ilusoria la investigación… la autoridad policial no requiere necesariamente orden de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito”. El propio artículo 16, continúa, permite una excepción para que en el caso de flagrancia actúe cualquier particular, “además que el Estado –como garante de los bienes de la sociedad– debe actuar de inmediato en esos casos”. En esas condiciones, “los medios de prueba obtenidos como consecuencia de la intromisión de la autoridad a un domicilio sin contar con orden de cateo… tienen eficacia probatoria”. A lo más, esa tesis le pide a la autoridad que debe contar “con datos ciertos o válidos” que motiven la intromisión, los cuales deberán aportarse en caso de que haya consignación para darle elementos de convicción al juez. Esa tesis, que fue propuesta por la ministra Olga Sánchez Cordero y apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Sergio Valls Hernández, fue rechazada por los ministros José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ese tipo de allanamientos han sido reiterados en México, pero son cada vez más frecuentes desde que Calderón emprendió los operativos contra el narcotráfico. Y los practican no sólo las policías, sino los militares. En Michoacán hace algunas semanas una treintena de soldados allanaron sin orden judicial 14 departamentos de un condominio en Morelia, bajo el argumento de que iban a detener a unos secuestradores que se aprestaban a cobrar el rescate de un secuestro. No hace falta que estén en la Constitución, los cateos ocurren y el permiso es lo de menos. (29 de febrero de 2008) Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

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Serpientes y Escaleras: Juan Camilo, ¿de joven maravilla a chico malo?

Juan Camilo, ¿de joven maravilla a chico malo? Se invirtió el propósito para el que llegó a la Secretaría de Gobernación; en vez de que el responsable de la política interna sea quien defienda y ayude al Presidente, es su jefe quien tiene que ir a su rescate Las encuestas internas en la casa presidencial, esas que todo lo miden y en las que se basa parte de las decisiones del actual gobierno, debieron arrojar el fin de semana datos alarmantes y preocupantes. Porque ayer comenzó, con toda la fuerza de Los Pinos, la operación “Defiendan a Juan Camilo”. Ante la torpe y pésima autodefensa que se hizo Mouriño Terrazo cuando se lamentó en público de “las comodidades” y “las acciones de 80 empresas que tuve que dejar” por trabajar como funcionario público, en la Presidencia de la República decidieron entrar al rescate de quien hasta hace una semana era el secretario estrella del gabinete del presidente Felipe Calderón. Se invirtió así el propósito para el que llegó Juan Camilo Mouriño a la Secretaría de Gobernación; en vez de que el responsable de la política interna sea quien defienda y ayude al Presidente, es ahora su jefe quien tiene que ir al rescate del joven maravilla. Las denuncias y documentos que involucran a Mouriño en un escandaloso tráfico de influencias, porque al mismo tiempo que era diputado y funcionario de la Secretaría de Energía también firmaba contratos millonarios con Pemex, como apoderado legal de las empresas de su padre, no sólo pegaron directo en la imagen del secretario de Gobernación, también golpearon, colateralmente, a la reforma energética que intenta el presidente Calderón y que fue utilizada como el contexto en el que Andrés Manuel López Obrador reveló los documentos en los que aparece estampada la firma del funcionario calderonista, aprovechando los cargos públicos que ocupó entre 2002 y 2003, para hacer negocios para sus empresas familiares. En los documentos que entregó López Obrador al FAP, de la cuales apenas se publicó un extracto en EL UNIVERSAL, suman más de 100 millones de pesos los contratos otorgados por Pemex a las empresas Ivancar y Grupo Energético del Sureste en el sexenio pasado; de éstos, en los que aparece la firma de Juan Camilo como apoderado legal suman 26 millones. Tal vez por eso en la casa presidencial se decidieron a actuar y empezaron desde ayer a mover resortes políticos y mediáticos para tratar de controlar los daños del escándalo que envuelve al hombre de mayor confianza del Presidente. En esa lógica, no es aventurado afirmar que bastó mes y medio para que Juan Camilo Mouriño pasara de ser uno de los activos más fuertes del gabinete calderonista a convertirse en un elemento problema y si no hay una respuesta rápida y suficientemente clara del funcionario, no tardará mucho para que el titular de Gobernación se vuelva un pasivo que le reste al Presidente. Parece muy poco tiempo para que a Calderón se le haya desinflado uno de sus hombres-emblema, y habría que esperar a ver si, más allá de la impericia y torpeza que mostró en sus primeras declaraciones, Mouriño Terrazo tiene algo más para defenderse y limpiar su imagen que ya fue tocada. Ni siquiera en el caso de Esteban Moctezuma Barragán, al que algunos comparaban con Juan Camilo, fue tan rápido el desgaste. Al secretario de Gobernación y delfín de Ernesto Zedillo le llevó siete meses convertirse en un problema para el presidente que lo impulsó. Porque, además de los documentos que hizo públicos López Obrador, ha empezado a surgir una serie de datos y evidencias que apuntan a que el dejar las comodidades de su vida en provincia y las muchas acciones de sus empresas no fue tan mal negocio para Juan Camilo. Al menos no para su familia política, porque en información obtenida a través de Compranet se ubica a la constructora Escalante, propiedad de su suegro, Eduardo Escalante, como una empresa que creció de manera impresionante y obtuvo, tan sólo en 2008, contratos de obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 501 millones de pesos. Pueden ser casualidades u otras rarezas que pasan, pero entre 2002 y 2004, la constructora Escalante obtenía contratos carreteros por apenas 85 millones; pero para 2006 su suerte cambió y se volvió una contratista mediana de la SCT, que obtuvo ese año contratos por 180 millones de pesos. La suerte fue mejorando para la constructora del suegro de Mouriño, que casi duplicó en 2007 sus contratos con el gobierno (350 millones) y para 2008 simplemente los triplicó. En tan sólo tres años, esa empresa facturó casi mil millones de pesos en contratos de obras carreteras con el gobierno federal. Eso hizo que allá en Campeche, de donde es originaria la familia política del secretario de Gobernación, a la compañía Escalante ya se le conozca como “la Facopsa de este sexenio”, en alusión a la polémica constructora de Cosme Mares, el constructor favorito del ex presidente Vicente Fox. Al tema del suegro incómodo le siguen otros casi anecdóticos, como el de su rancho Villa Gely de cinco hectáreas en Campeche, adonde ha invitado a varios políticos, o algo tan glamouroso como el lujoso yate en el que suele navegar en las aguas del golfo de México y por el que también han desfilado varios personajes políticos del PRI, el PAN y el PRD, que han ido de pesca con el titular de Gobernación desde que éste era jefe de la Oficina de la Presidencia. Ahí, dicen, Mouriño practicaba política en aguas profundas. En fin, ya se verá si la estrategia de control de daños iniciada para arropar y defender al titular de Gobernación da resultados y se logra frenar el deterioro en la imagen de un funcionario que llegó como estrella al gabinete y hoy más bien apunta para estrellado. NOTAS INDISCRETAS… Después del desaguisado del video que circuló por internet, donde se daban argumentos a favor de la apertura al capital privado en áreas de Pemex, el gobierno calderonista arrancará hoy su estrategia de difusión y propaganda a favor de la reforma energética. Algún empleado de la agencia de publicidad contratada por Los Pinos para diseñar la campaña mediática filtró la versión sin terminar de ese video promocional que contenía partes de un guión que después fue revisado y cambiado por los funcionarios de la Presidencia. El caso es que ya arranca la verdadera campaña gubernamental, y lo hace con encuestas que dicen que van ganando terreno el discurso lopezobradorista que llama “privatización” a la iniciativa energética del gobierno… Los dados empiezan semana con escalera. Buen augurio. sgarciasoto@hotmail.com salvador.garcia@eluniversal.com.mx

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Doña Rosario Ibarra: ¡Zimapán!

¡Zimapán!
Rosario Ibarra

Tempranito en la mañana del domingo salimos rumbo a Zimapán. Dos grupos del comité ¡Eureka! nos habíamos comprometido —como parte que somos del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)— a ir al acto en contra del “basurero tóxico” que una empresa española se ha empeñado en instalar allí, con la anuencia del gobierno... ¡por supuesto! El pueblo indignado por tal pretensión, ni tardo ni perezoso desde el inicio del atropello a su salud y a sus derechos inició su defensa con firmeza, misma que sin condiciones tanto ¡Eureka! como el FNCR apoyamos desde el primer día. La mañana del domingo era muy fría, y abrigos, chamarras y jorongos empalmados no bastaban para evitarlo; sólo después de un sabrosísimo café, cargado y caliente, como salido de los hornos del averno, nos sentimos bien y de prisa enfilamos hacia Pachuca, La bella airosa, como suelen llamarla. Allí encontraríamos al segundo grupo de nuestro incansable comité de familiares de presos y desaparecidos políticos. Un sol radiante nos recibió más tarde a nuestro paso por Actopan y a mediodía, ya en Zimapán, abrigos, chamarras y jorongos se apilaron en los asientos de la camioneta, mientras subíamos por los sinuosos y polvorientos caminos de aquellas montañas, hacia las minas, hacia los “bancos de mármol”, situados en terrenos ejidales de Puerto del Efé (del hñahñu), que han sido el medio de subsistencia de cientos de familias de la zona desde hace muchos años y que ahora se ven amenazados por la toxicidad del ambiente, si se diera el uso que pretenden a la gran extensión de tierra destinada para el malhadado “basurero tóxico”, que empresa española y gobierno federal quisieron disfrazar de “planta recicladora de basura” para engañar al pueblo de Zimapán. Desde aquella altura y cubiertos del polvo blanquecino de los bancos de mármol, contemplamos la planicie en donde quieren lanzar la basura tóxica, y con los bríos que brotan de la indignación ante los atropellos bajamos de prisa para iniciar el acto programado en el centro de la ciudad. En nutrido grupo de compañeros de Zimapán y de los solidarios del FNCR, que arribaron justo a tiempo, iniciamos la marcha hacia el lugar escogido y llegamos al bello jardín, frente a la centenaria iglesia, en donde el arte de Churriguera y el barroco se hablan de tú y se dan la mano. ¡Qué hermoso acto! Cuánta gente, qué brío el de los oradores; cuánta resolución, qué enorme pujanza y, sobre todo, qué clara y brillante solidaridad hacia otras causas nobles como la de ellos. Para los presentes, era aquel acto para todos los que tuvieran reclamos contra el enemigo común, y orgullosos y agradecidos rindieron homenaje de admiración y cariño a sus muertos, a los asesinados por los malos gobiernos y sus corifeos: Armando Zea y su amigo Pablo, Misael Núñez Acosta y cada uno de los que en otros lugares han caído luchando en todos los rincones del país. Muchos pensamos en los compañeros caídos en Madera, Chihuahua. En 1965, en los del 68 y en los del Jueves de Corpus; en muchos otros, como el joven ferrocarrilero Román Guerra Montemayor, asesinado en Monterrey con saña inaudita; en los 500 triquis, nuestros entrañables amigos, en los 600 perredistas que fueron asesinados durante el salinato y, claro, en los que cayeron en San Salvador Atenco y en Oaxaca. Hubo estruendosos gritos para exigir la libertad de desaparecidos y presos políticos. También a coro decían ¡No! a la ley Gestapo ni a la pretendida privatización del petróleo, y aquí agrego: además de los crímenes... ¿qué quieren hacer con nuestro suelo? ¿Qué pretende el mal gobierno al envenenar Zimapán, Guadalcázar, Madera y San Luis Potosí? Y La Parota, ¿qué beneficios aporta a los pobres que por algo se niegan a aceptar su construcción? Y para donde volvamos la vista podemos encontrar la malignidad de un gobierno de intereses mezquinos que sólo busca su enriquecimiento, sin importarle la miseria ni el dolor de todo el pueblo. ¿Qué pretende hacer en Huatulco? ¿Por qué hacer campos de golf y fraccionamientos “exclusivos” en la bellísima Huasteca en Monterrey? ¿Quiénes van a disfrutar de la hermosa vista de sus rocas milenarias? A sus fraccionamientos “exclusivos” sólo los ricos tendrán acceso, y los pobres que solían ir a sentarse bajo el cobijo de aquella belleza quedarán, como siempre, alejados de lo que a todos nos pertenece. Por eso, luchamos juntos, unidos por defender lo nuestro... por eso fuimos a Zimapán. Dirigente del comité ¡Eureka!

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Pretende SME fortalecer a Luz y Fuerza del Centro

México, 4 Mar (Notimex).- En la revisión contractual y salarial entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y Luz y Fuerza del Centro se pretende fortalecer a la empresa paraestatal y al mismo tiempo que tenga un carácter social, señaló Fernando Amezcua.

El secretario del Exterior del SME mencionó que la negociación entre ambas partes va caminando y se dejará hasta el final la discusión de incremento salarial. En entrevista, Amezcua Castillo expuso que una de las principales demandas de los trabajadores electricistas es la recuperación del poder adquisitivo del salario y alcanzar los niveles que se tenían en 1984. A pesar de que la negociación contractual va avanzando, "no se puede descartar el estallamiento de huelga por parte de los cuatro mil 500 trabajadores, como está prevista para el 16 de marzo a las 12:00 horas.

"Estamos firmes en esta postura y cualquier propuesta económica que presenten las autoridades de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) será analizada profundamente por la asamblea general del SME", aseguró.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado el paquete económico para su discusión y análisis; sin embargo, el tiempo se les empieza a agotar, abundó. Una de las propuestas que ha presentado el sindicato, dijo, es establecer una "tarifa social" en el servicio doméstico, con la finalidad de apoyar a la población de menores recursos económicos. También hizo notar que se pretende aprovechar la infraestructura de LyFC para ofrecer los servicios de voz, datos y video, pero todo depende del fortalecimiento de la empresa. El dirigente sindical recordó que a lo largo de 93 años de existencia, el SME ha mantenido una postura firme y clara en torno a la defensa de los sectores eléctrico y petrolero; por ello, dijo que los trabajadores rechazan las reformas laboral y energética.

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AGENDA SEMANAL DE LOS CÍRCULOS DE ESTUDIO: 5, 6 y 7 marzo 2008

AGENDA SEMANAL DE LOS CÍRCULOS DE ESTUDIO


* Miércoles 5 de Marzo:

Círculo de Estudios del José Martí
Presentación del Dr. José Valenzuela, con el taller de "Organización para el cambio".
La cita es a las 19 hrs. en el Teatro del Centro Cultural "José Martí" (Dr. Mora #1, Col. Centro, saliendo del Metro Hidalgo).

Círculo de Estudios "La restauración de la República"
Conferencia "La reforma judicial, un retroceso en Derechos Humanos", con la participación del Lic. Eduardo Miranda Ezquivel, presidente de la Unión de Juristas de México y defensor de Flavio Sosa.
La cita a las 19 hrs. en el Campo Xóchitl (ex módulo de RTP, sobre la calle de Corregidora esquina con calle Campo Xochitl, Colonia Miguel Hidalgo frente a Plaza Cuicuilco, Delegación Tlalpan, a solo tres calles de la tienda Elecktra (Estación de Metrobús Corregidora).
Correo: circulo.restauracion@yahoo.com.mx

* Jueves, 6 de Marzo:
Círculo de Estudios Central
Conferencia de Carmen Aristegui
La cita es a las 19 hrs. en el Club de Periodistas (Filomeno Mata # 8, Col. Centro, cerca del Metro Allende)

Círculo de Estudios Coapa
Conferencia "El Engaño de la Reforma Judicial" que impartirá el Mtro. Bernardo Bátiz.
La Cita es a las 19:00 hrs. en el Auditorio "José Ma. Morelos y Pavón", canal de Miramontes y Prolongación de División del Norte. Subdelegación de Tlalpan, Villa Coapa (Resistro Civil) junto a la Glorieta de Vaqueritos. Correo:circulocoapa@gmail.com

* Viernes, 7 de Marzo:
Círculo de Estudios de la UNAM
Dialogos Universitarios en Defensa del Petróleo con el Ing. Francisco Garaicochea, Premio Nacional de Ingeniería Petrolera, Coordinador del grupo PEMEX-Constitución del 17.
La cita es a las 12:00 hrs. en La Muela, frente al mural de la Facultad de Medicina, en CU.

Círculo de Estudios Centro Histórico
Programa doble, de las 7 a las 8 de la noche, la primera sesión del Taller "Los orígenes del PAN" que presentará el Doctor Pablo Moctezuma Barragán, y a las 8 de la noche Andrea Fernández (locutora de Radio Educación) continuará con el Taller de Expresión, lectura, escritura.
La cita es en Tacuba 53 a media cuadra del metro Allende, a las 19:00 horas.
Escribe a: brujularte@yahoo.com.mx

El domingo 9 de Marzo se llevará a cabo un acto de resistencia civil pacífica en La fuente de Petroleos, la cita es a las 11 hrs.

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ACTO DE RESISTENCIA EN DEBATE EN LA UPAEP : CCCP

ESTIMAD@S AMIG@S DE LA RESISTENCIA CIVIL Y LA DEFENSA DEL PETROLEO: Les enviamos información del acto contra el panista Moreno Valle en el debate de la Upaep cuna de mochos y yunquistas donde el modosito, delicado y raro senador pensó que no le llegarían las protestas y mentadas por los intentos privatizadores que esta mafia de prianistas encabezados por el títere fecal pretenden imponer. Ayuden a difundir la información y a participar en todos los eventos para que cada vez seamos más los ciudadanos libres y concientes que participamos en esta digna lucha. ATTE. ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR!! C.C.C.P. lunes 3 de marzo de 2008 OTRA REFERENCIA PERIODISTICA DE LA CHINGA ACOMODADA A LA PANTERA ROSA PANISTA POR PARTE DE VALIENTES CIUDADANAS DE LA RESISTENCIA: Tunden a Moreno Valle en la UPAEP Una ciudadana acusó al senador panista de traidor y mentiroso por defender la reforma energética Olivia López Pescador Un grupo de ciudadanos inconformes con la reforma energética vapuleó al senador panista Rafael Moreno Valle, quien asistió a la UPAEP para hablar del tema. Ahí, una de las manifestantes mostró una pancarta que rezaba “Rafael cínico y mentiroso te pareces al precioso”. El panel denominado ‘La Reforma Energética’ se llevó a cabo en medio de momentos de tensión y de molestia de algunos de los asistentes –simpatizantes del PRD y de las redes ciudadanas– quienes abuchearon al senador por defender la eventual privatización de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). Durante su participación, Rafael Moreno Valle aseguró que la paraestatal no se pondrá a la venta con la reforma energética, proyectada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa: “El tema de la venta de la empresa no está discusión”. “Es diferente privatizar o vender la empresa que pedir prestado”, insistió el senador del albiazul, en respuesta a Armando Echeverry especialista en materia petrolera, quien aseveraba que la reforma es la vía para la privatización de PEMEX. LA RESISTENCIA EN LA CONFERENCIA SOBRE EL PETROLEO EN LA UPAEP. LAS MENTADAS DE MADRE NO SE HICIERON ESPERAR Y LA PANTERA ROSA PANISTA NO SUPO QUE CONTESTAR. Cuestionan a Moreno Valle por su postura en la reforma energética Martín Hernández Alcántara Puebla, Pue. 13:40 El senador panista, Rafael Moreno Valle, fue severamente cuestionado por varios de los asistentes a una mesa redonda sobre la reforma energética que se llevó acabo en la UPAEP por convocatoria de esta casa de estudios, La Jornada de Oriente y Ultra Sistema de Noticias. El público conformado por activistas, luchadores sociales y expertos en Ingeniería encabezados por Armando Etcheverry, reclamaron al legislador albiazul que su partido pretenda consumar la privatización de Pemex, que en los hechos está puesta en marcha mediante la adjudicación de contratos a empresas particulares. Las alocuciones de Moreno Valle, también fueron celebradas por estudiantes y maestros de la institución católica. En la mesa también participaron el diputado priísta, Alberto Amador Leal y el perredista Neftalí Garzón, quienes expresaron su oposición a la entrega de la paraestatal al capital extranjero.

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chilangelina.blogspot.com : Periodismo Mexico Americano

http://chilangelina.blogspot.com/

OPINIÓN Y PERIODISMO DESDE LOS ÁNGELES, COBERTURA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

(AUTORA DEL TÉRMINO CHILANGELINO)

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Astillero: Hipócrita o Inepta Ruth Zavaleta ¡achicharrada!

VIDEO: EL ACELERADO DESGASTE DE MOURIÑO www.astillero.tv

http://www.youtube.com/watch?v=NIkhLP0Waco

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Versiones y conversiones

■ Mordaza Azuleta

■ Actas de abuelos de Iván

■ Becas al joven Gurría

La bravía Ruth Zavaleta se vuelve mansa cuando del tocador Mouriño se trata. Siempre dispuesta a opinar de temas polémicos, sobre todo si le permiten confrontar a sus presuntos compañeros de causa y dar parque mediático a quienes aparentemente son sus adversarios, la directiva de la mesa Presidente de la Cámara de Diputados ha preferido la graciosa huida sobre la apasionada entrega (adaptación para asuntos políticos de la definición del toreo que décadas atrás hizo el famoso cronista Pepe Alameda). “No juzgo”, dijo la creadora de fábulas de cantina, promotora de la participación abierta de religiosos en la política y anfitriona en San Lázaro de un sabidamente contaminante Juan Camilo Pemexiño que a principios de enero fue a ver a la señora Zavaleta para tocarle políticamente la pierna al proceso legislativo de reformas constitucionales privatizadoras de energéticos. La diputada otrora muy declarativa explicó que no es agente del Ministerio Público y que no le preocupa que la consideren “más azul que amarilla” (¿Ruth Azuleta?).

Francisco Thomas hace una pregunta fundamental: “Vamos a suponer que la mamá del secretario de Gobernación haya nacido en el Distrito Federal, de padres españoles, como dicen. En la fecha de su nacimiento nuestra Constitución señalaba que, al llegar a los 18 años, tenía que optar por una nacionalidad y renunciar a la otra. ¿Por cuál nacionalidad optó la mamá de Mouriño al llegar a la mayoría de edad?” Aprovecha esta columna la oportunidad para dar a conocer en www.astillero.tv las actas relacionadas con los abuelos maternos de Juan Camilo Mouriño Terrazo, padres de María de los Ángeles Terrazo. El 8 de octubre de 1942, Camilo Terrazo Vales solicitó naturalizarse mexicano, para lo cual, según documento firmado por Jaime Torres Bodet, subsecretario de Relaciones Exteriores, hizo “formal renuncia de su propia nacionalidad como español” y protestó “adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de la República” mexicana. Por su parte, María Blanco Durán de Terrazos obtuvo el certificado de nacionalidad mexicana 1397, el 18 de septiembre de 1953, al informar a Relaciones Exteriores que tenía su residencia en la República Mexicana y había contraído matrimonio el 14 de octubre de 1946 con Camilo Terrazos (sic) Vales, “de nacionalidad mexicana por naturalización”, por lo que ella habría adquirido la misma nacionalidad al momento de su enlace conyugal. La madre de Juan Camilo Mouriño, hija del matrimonio Terrazo Blanco, oficialmente nacida en el Distrito Federal, ¿podría aportar actas y documentos similares a los de sus padres, para demostrar que en tiempo y forma renunció a la nacionalidad española o, como en el caso de su controvertido hijo, mantiene esa doble condición? En ese contexto de fundamentadas sospechas crecientes, Jesús Zambrano, candidato a presidir el PRD en el Distrito Federal, aseguró tener “información confirmada de que le enviaron al domicilio de Mouriño las 36 boletas electorales para votar por legisladores de ese país. Si no fuera ciudadano español, no gozaría de ese derecho elemental; que no pretenda burlarse de los mexicanos”, dijo el perredista.

Otra conversión extraña es visible en la persona del licenciado Felipe Calderón. El país en vías de incendio le parece combustible adecuado para alimentar un farol de la calle y proponerse como mediador internacional en escenarios prebélicos. Llegado al precario poder gracias (entre otros factores) a una campaña agresivamente negativa sustentada en la descalificación y la difamación de Hugo Chávez, transferida arbitrariamente a Andrés Manuel López Obrador, el michoacano se cree en condiciones de negociar con aquel a quien golpeó por motivos electorales. La mexicana oscuridad de la casa también olvida que en el escenario latinoamericano, cargado a la izquierda, en términos generales se le considera manejable por Washington, así que su participación en pláticas pacificadoras se daría en función de los intereses del país que representaría, es decir, Estados Unidos. Calladito se vería más bonito, sería la recomendación que una buena institutriz política daría al jefe del jardín de niños Los Pinos, que tiene al país en desorden y sin visos de arreglo.

En noviembre del año pasado, los estudiantes mexicanos necesitados de recursos para estudiar en el extranjero se enteraron de que en sus maltrechas filas formaba un hijo de Roberto Madrazo Pintado que, ¡oh, sorpresa!, acabó ganando una beca de la SEP. Ahora, José Ángel Gurría Cárdenas ganó una beca de la Organización de Estados Americanos “para estudios de posgrado y/o investigación relacionada”. Es posible que el afortunado ganador solamente sea homónimo del actual director de la OCDE y que no tenga relación familiar alguna con él. Por lo pronto, el joven Gurría declinó la beca sin causa conocida. Por cierto, la misma persona está consignada en el Fonca, del CNCA, en el “Programa de Apoyo para Estudios en el Extranjero, 2007, música, estudios de jazz, énfasis batería y percusión”.

Y, dado que el tecleador viajero estará este miércoles a las 17 horas en el edificio de humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca para platicar sobre Mujer, democratización de los medios y soberanía, en un acto organizado por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, integrante de la APPO, y que en la mesa de diálogo, organizada con motivo del Día de la Mujer, también participarán Patricia Jiménez, Nancy Mota y Verónica Villalvazo… ¡hasta mañana, con Rodríguez Zapatero adelantando a Rajoy en España, con lo cual la izquierda avanz…, no, la derecha disfrazada… no, nada más son siglas, apellidos, grupos y matices, pero en varias cosas acaban siendo casi lo mismo!

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Repsol: Calderón al rescate

Luis Hernández Navarro

Repsol: Calderón al rescate

El buque insignia del capital trasnacional español tendrá en Manzanillo, Colima, una cabeza de playa para desembarcar en su nueva reconquista. El gobierno mexicano le construirá allí, sin costo alguno para Repsol, un puerto para traer gas desde Perú que abastecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante 15 años.

No es el primer gran negocio de la petrolera española en México. Sus actividades en suelo mexicano tienen historia. Durante el gobierno de Vicente Fox se vio beneficiada con jugosos contratos. Siendo Felipe Calderón secretario de Energía, ¡vaya casualidad!, Pemex y Repsol firmaron en 2003 un contrato por 2 mil 400 millones de dólares, el primero en su tipo, para conceder a la empresa hispana la explotación de 16 campos de gas en el bloque Reynosa-Laredo, al noreste de la república. La concesión convirtió a Repsol en la mayor empresa petrolera extranjera en explotar hidrocarburos en México en más de tres décadas.

Repsol YPF es una de las 10 petroleras privadas más poderosas del mundo. Tiene operaciones en 28 países. Es la mayor empresa privada energética en términos de activos. En el negocio del gas licuado es la tercera compañía del planeta en tamaño. Se trata de un moderno gigante petrolero nacido en un país prácticamente sin petróleo: de los 68 millones de barriles de petróleo equivalente obtenidos en 1997 por la empresa, sólo un millón fue extraído dentro del Estado español. Lo mismo sucedió con el gas. De los 13 millones de producción total, sólo 800 mil barriles se sacaron de allí.

Repsol nació en 1996 como resultado de una iniciativa para integrar los dominios petroleros de España en un solo grupo empresarial. Creció en un mercado sin competencia. Entre 1989 y 1997 se privatizó. En 1999 adquirió la compañía argentina YPF por 15 mil millones de dólares. A partir de entonces se convirtió en “la mayor compañía española en cuanto a ingresos, la mayor compañía privada del sector energético en Latinoamérica en términos activos”. Sus beneficios alcanzan 845 millones de euros al año.

La Caixa (junto con Repinvés) es dueña de casi 13 por ciento de las acciones, y el Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), de 6.30 por ciento. A pesar de la preminencia de inversionistas españolas, casi 16 por ciento de sus participaciones pertenecen a dos entidades financieras estadunidenses: JP Morgan Chase Bank y State Street Banks and Trust.

Repsol adquirió la empresa argentina YPF de manera irregular, aprovechando las graves dificultades económicas y la enorme deuda externa de ese país. La empresa fue forzada a endeudarse en el exterior, aunque tenía suficientes recursos para financiar su desarrollo. Previamente a la privatización, sus reservas fueron devaluadas. La compra se hizo en Nueva York un día antes de que apareciera en el Boletín Oficial del Estado. Las acciones que habían comprado los trabajadores fueron vendidas ilegalmente.

Repsol se adueñó de manera gratuita de la compañía boliviana de capital estatal Andina SA. Tiene varias causas judiciales pendientes por delitos contra el medio ambiente y agresiones a los pueblos indígenas. Parte de sus trabajos de exploración se realizan en áreas naturales protegidas y en territorios indígenas.

En su informe sobre Colombia de 2004, Amnistía Internacional acusó a la petrolera de no respetar los derechos humanos y dar apoyo financiero a unidades del Ejército con vínculos probados con los grupos paramilitares de ese país (14 preguntas/14 respuestas sobre Repsol-YPF).

Antes de ser nacionalizada en Bolivia, infló en 25 por ciento las reservas de crudo. De paso había registrado en la Bolsa de Nueva York las reservas de gas de ese país como si fueran suyas. Ha sido procesada penalmente en Estados Unidos por contrabando de crudo y falsificación de documentos.

Según el investigador Marc Gavaldá, autor del libro Viaje a Repsolandia: pozo a pozo, por la Patagonia y Bolivia, no es que Repsol compre sus filiales aprovechando las crisis; más bien genera crisis. Por ejemplo, en Bolivia se aprovechó de un Estado totalmente desmantelado.

Casi en todos los países donde actúa se suscitan gran cantidad de protestas sociales y demandas judiciales en su contra. Bloqueos de campos petroleros, huelgas de hambre y pleitos legales se suceden uno tras otro. Parte de éstos fueron expuestos durante la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Repsol, en Colombia y en el mundo, efectuado en Madrid el año pasado.

En la declaración final de la audiencia preliminar del tribunal se concluyó que la petrolera española era culpable de realizar actividades que contribuyen al cambio climático global y a la destrucción ambiental del planeta; de incrementar el desplazamiento de las poblaciones indígenas; de continuar el saqueo de recursos de los países del sur; de operar en países donde se producen graves violaciones a los derechos humanos; de poner en peligro la posibilidad de las generaciones presentes y futuras de continuar viviendo de forma digna.

Los problemas de Repsol no se circunscriben a sus difíciles relaciones con pueblos indios y grupos ambientalistas. Gobiernos nacionalistas y distintas calificadoras la han sometido a duras pruebas. En Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner presionó a Repsol para que se desprendiera de 20 por ciento de las acciones de YPF. Una amputación muy dura. Cuarenta por ciento del negocio de la petrolera proviene de esa nación.

España, según el informe del think tank estadunidense Stratfor, “utiliza a Repsol para financiar el desarrollo de aquellos gobiernos que desea mantener en el círculo de amistades. Sin embargo, para desgracia de Madrid, está resultando muy costosa”.

Afortunadamente para la empresa, no todo son descalabros. El gobierno de Felipe Calderón ha entrado al rescate de la trasnacional ibérica: nuestro país importará gas de Perú para generar energía eléctrica. El proyecto de 16 mil millones de dólares beneficiará a Repsol. ¡Vaya novedad!

Kikka Roja

PROCESO: La rapacidad de siempre : Alvaro Delgado : panistas orgullosos de su politiqueria

Germán Martínez, quien como secretario de la Función Pública impartió la línea de Felipe Calderón para absolver a Vicente Fox de corrupción -"meto las manos al fuego" por él-, quien se fascina con las campañas sucias -"es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría"- y quien ha reconocido que "el panismo se equivocó" desde su fundación al condenar la subordinación del priismo al presidente de la República en turno -y que por eso imita tal comportamiento, cuya mejor muestra es él mismo- ha emitido una nueva sentencia.

Se trata de otro fallo absolutorio a un miembro del mismo clan de la derecha, Juan Camilo Mouriño, el empresario español convertido a la política para seguir haciendo negocios y que ha sido exhibido, con documentos, en una inequívoca conducta delincuencial, conforme a lo que establece el Código Penal, algo que el propio Martínez Cázares, en tanto abogado, debería saber.

Martínez, quien integró el gabinete de Calderón Hinojosa durante una anodina gestión de nueve meses -apenas superado por priistas como Jaime Serra Puche, Fausto Alzati y Esteban Moctezuma-, hizo una encendida defensa de Mouriño, que concluyó en absolución, en el diario El Universal de ayer.

"Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!", exclamó Martínez sobre Mouriño, a quien identificó como "orgullo" del PAN.

Pero Martínez, quien había estado oculto entre los muros del edificio del PAN y había dejado la defensa de Calderón a sus amanuenses, apareció públicamente no sólo para defender a Mouriño -con quien comparte la ambición de ser presidente de México- ni para mentir a sabiendas sobre el "profesionalismo" y la "decencia" de la "nueva clase política", sino sobre todo para anticipar el desenlace sobre este caso de tráfico de influencias y uso indebido de facultades y atribuciones: la impunidad.

Porque exactamente eso ocurrirá: Mouriño mismo lo adelantó cuando el jueves 28, forzado por la difusión de los documentos en ese mismo diario -que ya habían sido publicados por la revista Contralínea-, dijo que entregaría a las "autoridades competentes" toda la información que se le requiera para que sean éstas las que emitan "una opinión en el plano legal", que en palabras ajenas a leguleyos significa carpetazo.

Ya se sabe que la Secretaría de la Función Pública (SFP) actúa como tapadera institucional y quien ahí despacha, el ex priista michoacano Salvador Vega, procede en la misma dirección que sus antecesores, Eduardo Romero y sobre todo Francisco Barrio, "un hombre llamado fracaso", habilitado ahora justamente como asesor de Martínez en el PAN.

Tampoco puede esperarse siquiera trámite en la Procuraduría General de la República (PGR) que, por mandato legal, debería investigar violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en el caso de Mouriño se actualizan, y al Código Penal, que en su Artículo 221 establece que incurre en tráfico de influencias "el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión".

El propio Código Penal, en el artículo 220, tipifica también el uso indebido de funciones:

"I. El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte;

"II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción."

Los panistas saben -porque así lo reconocen en corto- que se trata de un golpe rotundo a Mouriño, mayor a su nacionalidad a conveniencia, porque si en ésta eludió la legalidad -que es lo fundamental- y se refugió en un discurso xenofóbico para el encubrimiento, en el caso de Ivancar SA y Petróleos Mexicanos (Pemex) no hay posibilidad de equívocos.

Los documentos que acreditan que usó la influencia de sus cargos como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y luego como funcionario de la Secretaría de Energía para obtener contratos, por la vía de la adjudicación directa, han dejado sin argumentos inclusive a los jilgueros del grupo de interés que encabeza Calderón, cuyo proyecto de privatización del petróleo le ha aumentado los costos políticos.

Por eso tiene que ser Martínez el que, en acatamiento a la instrucción de su jefe, salga en defensa de Mouriño, en una frase que es ejemplo de la demagogia de la derecha: “Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo!”

Sí, y así lo escribimos la semana pasada, Mouriño es representante de una nueva clase política, pero idéntico en las mañas como Carlos Hank González, por lo visto también su profesor.

Por eso la pretensión de legisladores y dirigentes perredistas de exigir la renuncia de Mouriño es de risa: que ahí siga en su cargo de Secretario de Gobernación, exhibiendo la rapacidad de siempre.

Apuntes

Claro que, desde el poder, se ha procurado ocultar la ilegal e inmoral conducta de Mouriño y el plan privatizador que sólo Cuauhtémoc Cárdenas y los que ahora le aplauden ignoran ladinamente, y parte de ese plan es el video propagandístico de Pemex, cuya autoría es del propio gobierno, que no tiene ni la gallardía para desmentirlo con un comunicado o con un funcionario con nombre y apellidos… Ahora que Calderón se ha propuesto como mediador entre Colombia y Ecuador, en cuyo territorio tropas colombianas reventaron cualquier posibilidad de paz con la insurgencia, a nadie debe extrañar que se ofrezca como mediador para unificar a las dos Coreas. Sí, como Fox. Al fin ramas del mismo tronco.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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Kikka Roja

Mouriño Está absolutamente metido en irregularidades y delitos al firmar contratos con Pemex

■ Luego de reunirse con AMLO informa que presentará sendas demandas ante PGR y SFP
Anuncia el FAP estrategia común para lograr la renuncia de Mouriño

■ Tráfico de influencias y colusión de servidores públicos, cargos

■ Está absolutamente metido en irregularidades y delitos al firmar contratos con Pemex, señala Javier González Garza

Alma E, Muñoz, Ciro Pérez y Enrique Méndez

Tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, los coordinadores parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, que conforman al Frente Amplio Progresista (FAP), acordaron impulsar una estrategia común para obligar a la renuncia de Juan Camilo Mouriño a la Secretaría de Gobernación y presentar una denuncia en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP) por los delitos de tráfico de influencias y colusión de servidores públicos, entre otros.

Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas, informó anoche, al término del encuentro sostenido en las oficinas centrales del ex candidato presidencial, que “el señor Mouriño está absolutamente metido” en irregularidades y delitos, al firmar contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y asesor de Felipe Calderón, como secretario de Energía, durante el gobierno de Vicente Fox. Anticipó que harán investigaciones “más profundas sobre el enriquecimiento” de la familia Mouriño al amparo del servicio público, y descartó cualquier posibilidad de convocarlo a la Cámara de Diputados para que aclare este asunto.

“No, no, no. Mouriño se tiene que ir. Es absolutamente absurdo suponer que con las demostraciones (hechas por López Obrador) y la declaración que el mismo funcionario hizo tenga algún sentido platicar con él. Hay un asunto que tienen que investigar las autoridades, no nosotros. Nos interesa mucho hacer una investigación mucho más profunda sobre el enriquecimiento que tienen otro tipo de empresas y otro tipo de gente, pero Mouriño ya”, apuntó. Los coordinadores parlamentarios de los tres partidos del FAP, sostuvo, “ya vimos los documentos y puedo asegurar que hay contratos firmados por Mouriño siendo funcionario público, y creo que hay muchas cosas más. Así que presentaremos denuncias en la PGR y en otros lugares porque, insisto, no sólo es una irregularidad, sino hay delitos que perseguir”.

Dijo que definirán con abogados el proceso a seguir en contra del secretario de Gobernación y en esto, apuntó, “vamos todo el FAP junto”. Manifestó que para ellos éste es un asunto de mucha importancia “que vamos a seguir el tiempo que sea necesario”. González Garza cuestionó las declaraciones de apoyo del dirigente panista, Germán Martínez, hacia Mouriño. “Ahora resulta que después de todo es un ejemplo a seguir, cuando es un delincuente”, señaló. Por su parte, Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas, apuntó que tras evaluar los documentos en la reunión con López Obrador, “hemos tenido plena coincidencia en una estrategia común”, y anticipó que hoy, en las cámaras de Diputados y de Senadores, “habrá información importante” al respecto.

“Vamos bien, hemos cerrado filas, hemos colocado un tema de la mayor importancia para el país en el FAP y los seis coordinadores nos reuniremos para tratar esto”. Anoche continuaban reunidos para ello. Descartó que hubieran recibido línea. “Los diputados y senadores sabemos muy bien qué hacer, cómo y cuándo hacerlo.” Antes, el diputado Pablo Trejo y el senador Ricardo Monreal habían anunciado, en entrevistas por separado, que los grupos parlamentarios del PRD presentarán sendas demandas ante la PGR y la SFP en contra de Mouriño por firmar contratos para transporte de combustibles como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar y como funcionario público al mismo tiempo.

Monreal declaró que las bancadas de PRD, PT y Convergencia seguirán insistiendo en el Senado por que se deslinden responsabilidades y coincidió con el diputado Trejo en que por sí mismo Mouriño debería renunciar a Gobernación, en tanto se investiga si se aprovechó de sus cargos públicos para beneficiarse con contratos millonarios con Pemex. Remarcó que “cada día crecen las pruebas y evidencias del conflicto de intereses en el que se encuentra el secretario de Gobernación, no sólo frente a una eventual negociación de una reforma energética, sino como servidor público del gobierno federal de facto. No sólo es la intervención en la obtención de contratos sin licitar a favor de las empresas de su familia directa, sino también se están dando a conocer los negocios de la familia indirecta, específicamente de su suegro. Lo indebido no es que sean empresarios, sino el conflicto de intereses y el tráfico de influencias para obtener ventajas económicas al amparo de los cargos públicos”, enfatizó.

Equiparó la defensa que hizo el PAN de un funcionario público emanado de sus filas con las que en su momento hacía el PRI, antes de perder la Presidencia de la República. “Así salía el tricolor en los años 70 a defender a los corruptos, a todos sus personeros que hacían negocios al amparo del poder. Así sale hoy el otro partido aliado de Acción Nacional y del gobierno, el Panal, a defender a todos sus dirigentes que hacen negocios en la Lotería”, advirtió. Finalmente, en La Paz, tras informar que este martes el PRD presentará a la opinión pública los elementos técnicos que prueban la nacionalidad española y el tráfico de influencias de Mouriño, el dirigente nacional del sol azteca, Leonel Cota, señaló que este funcionario debería ser separado del cargo inmediatamente.

Con información de Raymundo León, corresponsal


Kikka Roja