Fernando Siqueira: presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina

Entrevista a Fernando Siqueira, Director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras Brasil busca recuperar el control de su petróleo Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. “Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma Roberto González Amador e Israel Rodríguez Ampliar la imagen Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, acompañado de Murilo Marcato, delegado de la misma organización, en entrevista con La Jornada Foto: Carlos Ramos Mamahua Ampliar la imagen El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en una visita a la planta de gas de Cabiunas-Vitoria en Serra, en el estado de Espíritu Santo Foto: Ap Ampliar la imagen La decisión del gobierno brasileño de privatizar la industria petrolera en 1997 tuvo como componente fundamental “convencer” a la población, a través de los vehículos de comunicación de masas, que Brasil no podía solo, explicó Fernando Siqueira Foto: Carlos Ramos Mamahua Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”. También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura. Debilitamiento premeditado A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”. Los modos de Halliburton Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira. Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa. El gran consumidor Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”. Estrategia mediática La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice. Recuperar el control En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.

Kikka Roja

Mouriño y el control de daños

Mouriño y el control de daños
editorial

Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño, puso a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las juntas de coordinación política de las dos cámaras legislativas y de “la opinión pública” un expediente con los siete contratos que firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en calidad de apoderado legal de la empresa Ivancar, propiedad de su familia, en tiempos en que desempeñaba los cargos de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del secretario de Energía y subsecretario de Electricidad. En conferencia de prensa, Mouriño emitió de nueva cuenta descalificaciones contra sus detractores y aseguró que convenios como los firmados por él son habitualmente otorgados en adjudicación directa por la paraestatal a diversos transportistas. Pocas horas después, la PGR, tras ser requerida por el propio Mouriño, anunció que, “a efecto de dar trámite al documento que presentó el citado licenciado”, iniciaba una averiguación previa “para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.

Por parte del coordinador del gabinete calderonista fue un nuevo paso en falso que, lejos de despejar las sospechas por su actuación, las robustece y extiende, mucho más allá del Palacio de Covián, al conjunto de la administración pública. Cabe preguntarse por qué el secretario de Gobernación esperó a que Andrés Manuel López Obrador y la bancada de Convergencia divulgaran otros cuatro nuevos contratos entre Pemex y las empresas de la familia Mouriño –adicionales a los que dio a conocer el dirigente opositor el pasado 24 de febrero– para convocar a la conferencia de prensa en la que ofreció tales documentos a la opinión pública, siendo que ésta ya los conocía; por qué tardó tanto tiempo en “cumplir con un deber como funcionario público y como ciudadano” y por qué eludió el punto principal del señalamiento, que no se refiere sólo a los beneficios que obtuvo con los contratos mencionados sino a su doble carácter de funcionario del sector energético y empresario del ramo petrolero. Lo dicho por el secretario de Gobernación ayer no es, pues, sino una repetición de gestos mediáticos ya efectuados anteriormente, que no van a atenuar la crisis política en la que ha sumido al gobierno federal.

Más allá de lo que Mouriño haga o deje de hacer para defender su posición, que no puede ser mucho, la reacción de la PGR da cabal cuenta de lo que se configura, desde ahora, en tono y en contenido, como un mero trámite de exculpación a petición del interesado, es decir, como un acto de simulación. Independientemente del servilismo hacia el investigado en el tono del boletín de prensa emitido por la dependencia, ésta debió investigar de oficio los presuntos delitos cometidos por Mouriño, cuyos indicios fueron divulgados hace más de dos semanas. Otro tanto puede achacarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Difícilmente ambas dependencias podrían apartarse de lo dicho por el sujeto a investigación –que es postura oficial del gobierno–, según la cual la divulgación de los contratos Ivancar-Pemex fue un acto “mezquino”, “inmoral” y “doloso” y una maniobra para “que a México le vaya mal”. Además de que el emisor de ese discurso sea el superior jerárquico de los titulares de la PGR y de la SFP, estas dependencias acusan un severo desprestigio por el faccionalismo y la parcialidad con que han sido usadas por el Ejecutivo en la presente administración y en el sexenio anterior: empleada, la primera, para golpear a las oposiciones políticas y sociales, para exculpar a funcionarios y allegados del foxismo sospechosos de desviar fondos y de enriquecerse a costa del erario, y para fabricar culpables a fin de dar la impresión de que se hacía algo significativo en el combate al crimen organizado; rebajada, la segunda, a defensoría de panistas y a sepulturera de investigaciones contra sospechosos de daño al patrimonio público. Al respecto, destacan el desfalco a Pemex en el que presuntamente se encuentran involucrados los hijos de Marta Sahagún o el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) operado por Carmen Segura Rangel, actual diputada local por Acción Nacional.

La única forma de dar credibilidad y transparencia a las pesquisas gubernamentales en torno a los negocios de Mouriño es que éste se retire del cargo, por lo menos durante el tiempo que tomen las investigaciones, a fin de no contaminarlas con la sospecha o la certeza de parcialidad. Esa sería la mejor contribución que podría hacer a sus correligionarios, a su jefe inmediato, a la transparencia en la administración pública, a una sociedad justificadamente escéptica y a las posibilidades –si es que aún quedan– de rescatar su carrera política.

Por su parte, el calderonismo no puede seguir actuando en este caso como si se tratara de un problema mediático y de relaciones públicas, cuando en realidad es una severa crisis política. Tendría que empezar, pues, por desmentir al propio Mouriño, quien la describió como un mero empeño de los que “no quieren que México sea exitoso”, y por admitir que tal crisis existe.

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CHISTE SABIDURIA DE LOS NIÑOS
Mamá mamá: había una vez un señor con las orejas tan grandes pero tan grandes, que un día hizo ZUUUM y salió volando

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ASTILLERO : Gamboa defiende a su socio político

Astillero Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx ■ Más negocios Mouriño ■ Gamboa defiende a su socio político ■ Tierras ejidales y electricidad eólica ■ Parientes siguen ganando contratos 1. Emilio Gamboa Patrón defiende a Juan Camilo Mouriño Terrazo (obstruyendo la posibilidad de abrir una comisión legislativa que investigue los evidentes actos de tráfico de influencias y de conflicto de intereses del madrileño-gallego-mexicano) porque ambos son socios en Yucatán. La gubernatura de la entidad fue entregada a la priísta Ivonne Ortega, en arreglo con Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones, mediante maniobras de la Oficina de la Presidencia (formal) de la República que en su momento fueron denunciadas por el presidente del comité nacional panista, Manuel Espino, quien aseguró que de Los Pinos fueron enviados a la entidad peninsular operadores electorales que no tenían los mismos propósitos que el partido blanquiazul. La cesión de Yucatán fue operada por el analfabeto político Patricio Patrón Laviada, quien cerró el paso a la candidata natural a conservar al PAN en el poder, Ana Rosa Payán, y causó una división en el panismo que ayudó al PRI; el mandatario conocido como el Alto Vacío, Patrón Laviada, a pesar de estar metido en procesos judiciales por negocios con tierras ejidales en los que asoma el apellido Mouriño, fue premiado con la procuraduría para la defensa del medio ambiente (obviamente no sabe absolutamente nada del tema), desde donde podrá ayudar a los inversionistas españoles y mexicanos interesados en devastar la ecología para instalar desarrollos turísticos. 2. Un proyecto en el que convergen los intereses asociados de Gamboa y Mouriño es el del corredor Mérida-Progreso, donde, con el expediente ya clásico de arrebatar tierras a ejidatarios, se han construido fraccionamientos de lujo y además se planeaba utilizar el puerto de Progreso para operaciones relacionadas con el negocio petrolero concesionado a empresas españolas y a grupos mexicanos, entre los que asoma la mano del banquero Roberto Hernández. El investigador y escritor José Luis Sierra ha publicado en http://mexicodesdeyucatan.blogspot.com que el gobierno encabezado por Patrón Laviada compró 400 hectáreas de origen ejidal a unos kilómetros de la costa de Progreso, para construir allí instalaciones dedicadas al manejo y almacenaje de carga que necesitaría una compañía española que administraría la Plataforma Logística de ese puerto yucateco. El negocio se frustró pero, asegura Sierra, de las 400 hectáreas expropiadas “se consideró una extensión de 20 hectáreas, localizadas en el ‘corazón’ de los patios y almacenes de esa plataforma para establecer allí el ‘recinto fiscal’. Esas 20 hectáreas (…) sí fueron vendidas y escrituradas, y es en ese terreno donde se construye ahora la empresa que fabricará los grandes ventiladores que se utilizan para producir electricidad por medio de corrientes de aire. Esa empresa también pertenece a la familia Mouriño (en coinversión con la firma española que aporta la tecnología; los Mouriño se encargarán de venderle los ‘molinos de viento’ a la CFE) y se instala en los terrenos de Paraíso (…) Los Mouriño son dueños de esas hectáreas porque ellos se habían asegurado la concesión del ‘recinto fiscal’ de la Plataforma Logística, gracias a sus buenas relaciones en el SAT. Estamos hablando de un negocito asegurado casi dos años antes de la realización física del proyecto. Así de grueso están las relaciones de los Mouriño en el ‘alto mando’ nacional… y eso que Juan Camilo no entraba todavía a Los Pinos ni era el secretario de Gobernación… ¡Que Dios nos coja confesados!” 3. Llegan correos de Campeche, con nombres, apellidos y datos personales que, sin embargo, este tecleador mantendrá en reserva: “el suegro de Juan Camilo, Eduardo Escalante, sigue ganando concursos a nombre de las tres empresas que maneja: Constructora Escalante, Construcciones y Materiales Peninsulares y Grupo Constructor Patterson (ésta, de otro yerno; todas, SA de CV). El hijo del ingeniero y suegro llamado Carlos Escalante utiliza para hacer sus pillerías el nombre del hermano de Juan Camilo, que también se llama Carlos; ya los funcionarios de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones hablan burlonamente del negocio Carlos&Charly”. Otro lector informa: “Número de licitación federal 00009017-077-07, de fecha 25 de enero de 2008. Se concursa un tramo carretero y se dio la obra a un grupo que formaron cuatro constructoras: dos del suegro de Mouriño, Eduardo Escalante, y otra de su familiar político, Patterson, casado con Ana Escalante, quien maneja las finanzas del Congreso de Campeche. El grupo de la familia de Mouriño hizo una propuesta para la obra por 143 millones 543 mil pesos, y otros grupos, que perdieron, realizaron una oferta mucho menor. Cucsa, por ejemplo, propuso 136 millones, y Constructora Arjona, 134 millones 602 mil pesos”. Otro lector reporta sobre una licitación hecha por el gobierno estatal, la SEOPC/107/07, cuyo fallo se difundió el 30 de noviembre de 2007. Ganó una empresa del suegro de Mouriño. En el acta se dice que para asignar la obra no sólo se consideraron las mejores propuestas, sino “todas y cada una de las circunstancias” y el hecho de que la empresa seleccionada garantice “la ejecución de la obra”. Así, con esos discrecionales matices, la Constructora Escalante se quedó con el contrato por 60 millones 857 mil 709 pesos con 18 centavos para modificar el trazo de la carretera Ciudad del Carmen-Sabancuy, del kilómetro 227 más 745 al 83 más 233. Y, para cerrar el tema, desde Mexicali: “El cinismo proyectado a través de la televisión por Juan Camilo Mouriño la noche del pasado 6 es y será el principal argumento de justificación del comportamiento de los funcionarios que se dicen defensores del estado de derecho. En el noroeste del país suceden cosas parecidas, con el jugoso negocio de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, donde se agigantan las ganancias del capital extranjero y de sus promotores, todo a costa de la soberanía y de la depredación del medio ambiente. Acá, el Mouriño que justifica los negocios se llama Ernesto Ruffo, quien fue gobernador de la entidad y hoy es senador suplente”. ¡Hasta mañana, con el drenaje profundo (de la política nacional) a revisión!

Kikka Roja

Crisis de gobierno CALDERONISTA

Crisis de gobierno
editorial

En su calidad de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, como coordinador de asesores del secretario de Energía, y en tanto que subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex, como reconoció recientemente él mismo. El que pueda hallarse, o no, una rendija legal para exonerar al actual secretario de Gobernación de los posibles delitos en que pudo incurrir (artículos 47 y 88 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y artículos 214 y 221 del Código Penal, entre otros), dependerá, en primer lugar, de la voluntad del gobierno del que forma parte, y de las bancadas priístas en las cámaras de Diputados y de Senadores, para esclarecer ésas y otras transacciones. En caso de que las pesquisas tengan lugar, y en tanto no culminen en el hallazgo de responsabilidades específicas, el funcionario estará protegido, en lo jurídico, por el principio de presunción de inocencia.

En el ámbito de la opinión pública, en cambio, las reacciones defensivas del secretario de Gobernación y de sus entornos institucionales, partidistas, parlamentarios y mediáticos, no han hecho más que alimentar una presunción de culpabilidad y de inmoralidad que se incrementa conforme se multiplican los intentos por blindarlo ante procesos administrativos, políticos y penales. Las sospechas se han expandido mucho más allá del movimiento lopezobradorista y han desembocado en una crisis de gobierno que se hará más profunda mientras más tiempo tarde en reconocerla el grupo en el poder.

El propio Mouriño ha fallado en el fondo y en la forma de sus respuestas. Una vez divulgados los contratos que firmó en su doble calidad de funcionario público del sector energético y de apoderado de sus propias empresas del ramo de hidrocarburos, el secretario de Gobernación se limitó a ensayar, sin pruebas, una descalificación de su impugnador, y posteriormente, en vez de comparecer ante el conjunto de la opinión pública, se limitó a presentarse en algunos medios electrónicos –afectados, a su vez, en la percepción pública por su tendencia a favorecer al discurso oficial–, desde los que tampoco desvirtuó con documentos los señalamientos en su contra. En cambio, se exoneró a sí mismo y pidió a la sociedad creer que la divulgación de los contratos sospechosos es parte de “una apuesta por el fracaso de nuestro país”. Así, de paso, las réplicas del funcionario han sembrado dudas sobre su capacidad para ejercer en forma adecuada el cargo que ostenta y para manejar crisis que vayan más allá de las impugnaciones a su persona.

De manera inexorable, la circunstancia por la que atraviesa el secretario de Gobernación genera severos impactos en el conjunto del Ejecutivo federal. La contundencia de los cuestionamientos a su paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía coloca a Mouriño ante el dilema de defenderse, en la forma que sea, o dedicarse a procurar una gobernabilidad que, paradójicamente, tiene uno de sus principales desafíos inmediatos en la situación del propio funcionario impugnado. Por añadidura, el estrecho colaborador del titular del Ejecutivo viene a ser, en su calidad de coordinador del gabinete presidencial (el que “tramita lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los secretarios de Estado” e “interviene en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, destituciones renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan expresamente por ley a otras dependencias del Ejecutivo”), el superior jerárquico de quienes tendrían que analizar sus posibles responsabilidades administrativas y penales: el procurador federal y el secretario de la Función Pública.

Así, a menos de dos meses de su llegada al Palacio de Cobián, Juan Camilo Mouriño ha dejado de ser un activo y se ha convertido en un pesado lastre para el gobierno federal, cuyo titular tendría que evaluar la conveniencia de mantenerlo en un cargo para el que perdió buena parte de su margen de maniobra –particularmente como operador de la privatización petrolera eufemísticamente llamada “reforma energética”–, no sólo porque la Presidencia tendría que operar por sí misma, sin mediaciones ni parapetos políticos, en la resolución de difíciles conflictos, sino también porque las sospechas ciudadanas sobre la moralidad y la legalidad de los contratos de Mouriño se convertirían en percepciones de inmoralidad, opacidad e ilegalidad del Ejecutivo federal en su conjunto, y con ello se incrementaría gravemente el déficit de legitimidad que padece de origen la actual administración.

Kikka Roja

Eufrosina Cruz: Los caciques me quitaron el triunfo en la alcaldía de Quiegolani

■ La zapoteca Eufrosina Cruz denuncia que por su sexo le impiden ser candidata a alcaldesa Frenar discriminación a mujeres entre indígenas, piden a Calderón ■ La igualdad de género “duerme como niño en el rebozo de su madre”, asevera la quejosa ■ El mandatario presenta el programa Proigualdad; exige que usos y costumbres respeten derechos Claudia Herrera Beltrán (Enviada) Ampliar la imagen El presidente Felipe Calderón encabezó en Emiliano Zapata, Morelos, la celebración del Día Internacional de la Mujer. Lo acompañaron la cónyuge del gobernador de la entidad, Mayela Alemán (a su derecha), y su esposa, Margarita Zavala (a su izquierda) Foto: Notimex Emiliano Zapata, Mor., 10 de marzo. La zapoteca Eufrosina Cruz Mendoza, a quien por ser mujer impidieron ser alcaldesa de Santa María Quiegolani, Oaxaca, demandó al presidente Felipe Calderón que las indígenas puedan votar y ser votadas, aunque advirtió que su causa no es la de los partidos políticos.“De hecho, siento un profundo temor cuando escucho a las legisladoras, a los líderes de partidos políticos, cuando afirman que hay que hacer algo para que se calle esta pobre mujer”, explicó la indígena ante el jefe del Ejecutivo.Invitada al templete por Calderón, la indígena se convirtió así en símbolo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que sirvió de contexto para anunciar el programa Proigualdad y la publicación del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde hace un año.Tras escuchar el testimonio de Cruz Mendoza, el michoacano anunció que hizo una adición de última hora a dicho reglamento, para que se hagan valer usos y costumbres en concordancia con el respeto a los derechos humanos. El panista estuvo acompañado por su esposa, Margarita Zavala, y por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien apenas hace una semana había criticado fuertemente la aprobación de la reforma judicial, impulsada por el Ejecutivo.Con un “gusto, felicidades, que estén bien”, Calderón saludó en principio a su esposa y a la del gobernador Marco Antonio Adame, Mayela Alemán, y luego presentó a la indígena como ejemplo de coraje y gallardía por enfrentase a un mundo “terriblemente machista, injusto, misógino”. Embestida caciquil Parada al lado de Calderón, Eufrosina leyó una carta donde relató que el 4 de noviembre compitió para ser presidenta municipal de Quiegolani bajo el régimen de usos y costumbres, pero los “caciques, el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido”.Al relatar su historia, aseguró que ser mujer y profesionista (es contadora) en Quiegolani “más que privilegio es delito y es casi un pecado”, lo que se extendió a autoridades electorales y al Congreso de Oaxaca, donde “ni los hombres ni las mujeres” creyeron que obtuvo la mayoría de votos pero le fueron anulados debido a su género.Tras remarcar que la CNDH acogió su reclamo, aseguró que la dignidad de la mujer y la equidad de género en las comunidades indígenas “duermen como un niño en el rebozo de su madre. Por favor, señor Presidente, ayúdenos a que ese niño despierte y viva en un mundo mejor, diferente al mío: que no vivan la pesadilla que nuestras abuelitas de Quiegolani han vivido”.Luego, sosteniendo unos alcaltraces, flores obsequiadas por la ex candidata a alcaldesa y que han sido el emblema de su lucha, Calderón ofreció hacer suya la causa de esta mujer y se hizo eco de la frase “¡no estás sola!”, que gritó un grupo de mujeres presentes en la ceremonia.Reconoció que no es fácil vivir dentro de una cultura que se aferra a valores, a costumbres, a prácticas machistas.Para luchar contra este problema, anunció que el nuevo Programa Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres se propone que todos los servicios y apoyos del gobierno federal beneficien a ambos sexos por igual.De las metas propuestas, destacó que para 2012 la legislación de todos los estados se actualice y recoja los mandatos de la citada ley, así como las convenciones internacionales suscritas por México.Otro proyecto es reducir por lo menos en 50 por ciento la discriminación de ingresos que padece el sexo femenino, así como en 30 por ciento los hogares encabezados por mujeres que viven en extrema pobreza y en al menos 70 por ciento el hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo.

Kikka Roja

Al diablo con SUS instituciones ( SFP ): PRD el caso Mouriño a proceso alternativo

Presentará el PRD contratos Pemex-IP al margen de la Constitución
rosalía vergara

* González Garza: entre los involucrados, César Nava

México, D.F., 10 de marzo (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que este martes presentará ante el Congreso de la Unión, documentos que demuestran que Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió contratos al margen de la Constitución con empresas privadas, allegadas al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dio a conocer que entre los presuntos implicados en la red de complicidades están el titular del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, Karim Elías Bobadilla; el secretario particular del presidente, César Nava, quien fue director jurídico de Pemex y asesor jurídico de la Secretaría de Energía cuando fue encabezada por el mismo Calderón.

Entrevistado antes de la reunión semanal que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) sostienen con el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el diputado González Garza comentó que seguirán exigiendo que se realice una auditoría a Pemex y al sector energético, porque descubrieron que el titular del Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción, Karim Elías Bobadilla, era el auditor o administrador de las empresas de Mouriño. Por su parte, el senador Ricardo Monreal afirmó que las pruebas que presentarán mañana martes, demuestran que funcionarios de Pemex y Mouriño incurrieron en delitos, además del tráfico de influencias, peculado y otros. “La estrategia del caso Mouriño va a continuar, quienes crean que ahí terminó se equivocan. Hay otros documentos que se están analizando para integrar las comisiones, vamos a insistir en eso, aún cuando el PRI se ha rajado prácticamente en conformar las comisiones”, advirtió el exgobernador de Zacatecas.

“Todos los días surgen elementos de conducta ilegales, por lo cual pedimos se conformen las comisiones para que se deslinden responsabilidades y que el señor Mouriño renuncie o pida licencia. Son más contratos, más negocios y muy recientes”, dijo. Descartó presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República. Resaltó que estas conductas involucran a Mouriño no sólo como funcionario público sino como empresario “que es ilegal, inmoral y anti ético”. Comentó que reclamarán al PRI que se haya echado hacia atrás en investigar a Mouriño. “Tanto en la Junta de Coordinación Política y en el pleno solicitaremos que se concrete la comisión”, insistió.

En ese tenor se pronunció Navarrete, quien sostuvo que la discusión se ha desviado de su petición para formar la comisión: “Nunca plantee investigar a una persona o a una empresa, plantee una investigación sobre Pemex y mañana sabré si la propuesta cuenta con más de 64 votos, con 4 partidos; o 34 votos, con tres partidos.”

“Vamos a ver que más sale mañana… Hay una discusión fuerte sobre eso. Los expedientes voluminosos de Navarrete es una recopilación de cómo va el asunto, por supuesto que hay nuevas pruebas. Es una cosa eso… Una cosa absolutamente complicada porque en un asunto que en mi opinión tiene que ver con una preparación de este grupo para recibir lo que iba a ser la privatización de Pemex”, terció González Garza. Así mismo, Monreal destacó que se están armando la estrategia para el 18 de marzo y “todo queda subordinado a ese día”.

■ En el mismo caso está el secretario particular del Presidente, señala
SFP puede indagar de oficio al funcionario

Georgina Saldierna

El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, señaló ayer que esta dependencia puede investigar de oficio al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al actual secretario particular del presidente, César Nava, por los señalamientos de tráfico de influencias que existen en su contra.Mientras, el dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, volvió a defender a los dos funcionarios y resaltó que el blanquiazul confía en la honorabilidad de ambos. De hecho puntualizó que el PAN tiene confianza en la honestidad de los miembros del equipo presidencial. Luego de participar en una reunión de líderes locales panistas, el secretario de la Función Pública refirió que existe la posibilidad de que la dependencia a su cargo investigue por oficio a Mouriño y Nava, pero “sería importante” que los legisladores presentara su denuncia, mencionó. “Estamos esperando que lo hagan para proceder. Si vemos que no va a ocurrir así, entonces tomaremos una decisión al respecto”, subrayó.

Salvador Vega dijo no saber cuánto tiempo esperará la queja de los diputados, pues “tenemos que ir viendo cómo se desenvuelve” el tema. Agregó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no está cerrada a ninguna investigación y, por el contrario, su actitud es permanecer abierta, especialmente en los señalamientos que hagan los legisladores en éste y otros casos para proceder.Germán Martínez insistió a su vez en la reforma energética y en que es necesario aprovechar la riqueza petrolera que hay en el fondo del mar.Sobre el cuestionado espot para promover cambios legislativos en la industria del crudo, manifestó que el anuncio es de Petróleos Mexicanos (Pemex) y todo lo relacionado con el promocional es asunto de los medios de comunicación.
Presentará el PRD dos amparos si no se crea la comisión Mouriño

Enrique Méndez
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados aseguró que si Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) se oponen a constituir una comisión especial que investigue al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se presentarán dos amparos: uno, de los 136 diputados que firmaron la solicitud, y otro de los coordinadores del Frente Amplio Progresista (FAP) que la entregaron en tribuna.

“Mouriño no tiene para dónde hacerse. Él reconoció que firmó los contratos y la cámara debe investigar su legalidad”, dijo en entrevista Juan Guerra.

La única manera de que el titular de Gobernación pudiera eludir su responsabilidad en el tráfico de influencias, dijo, es que, como prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, su jefe inmediato haya estado enterado de que firmó los contratos para el transporte de combustibles con Petróleos Mexicanos (Pemex) como apoderado de la empresa Transportes Especializados Ivancar. Sin embargo, refirió, Mouriño ha acotado que su jefe inmediato en la Secretaría de Energía, el actual presidente Felipe Calderón Hinojosa, no se enteró de las transacciones y entonces, aseguró, el secretario de Gobernación sí está involucrado en tráfico de influencias. Guerra señaló además que los contratos debieron tener el aval de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo entonces del ex diputado Francisco Barrio Terrazas, y por lo tanto el gobierno de Vicente Fox estaba enterado de que Mouriño Terrazo era beneficiado por Petróleos Mexicanos con contratos para la empresa familiar. El inciso XX del artículo 8 de la citada ley, abundó, establece que todo servidor público debe “abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte”.

Respecto de la comisión especial, solicitada el martes pasado por 136 diputados que firmaron en favor, afirmó que los coordinadores del PAN, Héctor Larios Córdova, y del PRI, Emilio Gamboa Patrón, no sólo pretenden proteger a Mouriño, sino conculcar el derecho que tienen las minorías parlamentarias consagrado en el tercer párrafo del artículo 93 constitucional. Dicho artículo señala que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal”. El legislador perredista resaltó que tanto Larios Córdova como Gamboa Patrón pretenden pasar por encima del ordenamiento constitucional, por lo que de persistir en su negativa de constituir la comisión se interpondrán los mencionados amparos.

CESAR NAVA Y BUENO TORIO SON OTROS EMPRESARIOS LADRONES EN "LA TABLITA",
QUE TAMBIEÉN PARTICIPARON EN EL FRAUDE ELECTORAL DEL 2006 CONTRA AMLO

Kikka Roja

Que siempre SI, comisión FOX y caso Mouriño: PRI doble TRINQUETE

• Modifica el PRI su postura: el caso Mouriño, “impostergable”

jesusa cervantes * En manos de la JCP de la Cámara baja, el futuro político del secretario de Gobernación * Comisión Fox viaja a El Tamarindillo México, D.F., 10 de marzo (apro).- En un vuelco de 180 grados, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados reconsideró su postura y ahora estimó “impostergable” la creación de una comisión especial que investigue la actuación del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en relación con los contratos que firmó con Pemex, siendo servidor público. Con base en los documentos difundidos por Andrés Manuel López Obrador, los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) propusieron la semana pasada la creación de una comisión legislativa que investigue si Mouriño incurrió en posible tráfico de influencias al firmar los contratos. Sin embargo, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se mofó de la propuesta impulsada por el PRD, el PT y Convergencia. Argumentó que dicha propuesta “carecía de sustento legal” y que el PRI no era Ministerio Público. Sin embargo, este lunes su posición fue otra. En entrevista, declaró que su partido “no es tapadera” del secretario de Gobernación y confió en que este martes se avance en la creación de la nueva instancia. El vuelco de postura del PRI coincidió con la publicación de los resultados de una encuesta realizada por María de las Heras –esposa de César Augusto Santiago--, sobre el caso Mouriño. Según dicha encuesta, 85% de la población rechazó la actuación de Juan Camilo Mouriño. En la entrevista, Gamboa Patrón comentó que la Junta de Coordinación Política tomará una decisión este martes porque “este asunto ya es impostergable”. “No quiero hacer una defensa ni decir si esta bien o esta mal, quien debe ver esto son los abogados, y quien debe decir si se crea la comisión es la Junta de Coordinación Política (no Emilio Gamboa Patrón). “Les vuelvo a refrendar lo que dije, el PRI no será tapadera de nadie. Creemos y confiamos en la transparencia, en la rendición de cuentas”, subrayó. El coordinador del PRI insistió: “Reitero que no voy a ir con el Punto de Acuerdo inicial, con la comisión investigadora que pidió el Frente Amplio la semana pasada. Se los dije muy claramente. Estamos viendo ahorita la posibilidad de integrar una comisión, pero no sabemos cómo va a ir mañana. Mañana se va a ver en la Junta de Coordinación Política, estoy enterado que aproximadamente a la una o una y media, serán convocados los ocho grupos parlamentarios a la Junta de Coordinación y ahí veremos el tema. “No voy a ser “tapadera” de nadie, ni mi grupo parlamentario. Ustedes saben que socializo todo esto. Mañana tendré una plenaria con ellos, les voy a platicar en qué momento nos encontramos, qué se está discutiendo, qué se puede discutir, qué escenarios se pueden discutir en la Junta de Coordinación Política, y ellos también tienen que tomar una decisión. “La decisión no es del Coordinador del Grupo Parlamentario. Lo que nosotros queremos es transparencia y rendición de cuentas El priista evitó en todo momento emitir una opinión sobre los contratos que dio a conocer la revista Contralínea que dirige el periodista Miguel Badillo y que a la postre fueron reconocidos como reales por el propio Juan Camilo Mouriño. Se limitó a decir que por el momento eso no es lo importante, sino la creación de la nueva comisión investigadora. “No soy abogado pero he consultado a abogados y hay interpretaciones. Pero no estamos en eso. Estamos en si se crea o no una comisión, en eso estamos y mañana se va a ver en la Junta de Coordinación Política”, reiteró. Adelantó que el PRI se encuentra redactando una propuesta para delimitar la nueva comisión y que será la noche del lunes cuando la tengan lista para este martes presentarla al resto de los partidos. --Las presiones aumentan, ¿usted cree que si funcione?, le preguntó un reportero. Gamboa Patrón respondió: “Si esto sirve para esclareces cosas, creo que es importante. Vamos a ver qué dice la Junta de Coordinación. La Junta no depende del PRI, son ocho coordinadores, como ustedes lo saben, y tienen voto”. El priista repitió en varias ocasiones que él y su partido están en favor de que se esclarezca el asunto de Juan Camilo Mouriño: “a favor de esclarecer todo lo que tenga duda las sociedad mexicana, ahorita hay duda del comportamiento de un funcionario que es el secretario de Gobernación Lo que queremos nosotros en el PRI es la transparencia, que se esclarezca. Si eso da para que se configure una comisión, lo trataremos mañana, y verán que el PRI, como se los dije, va a impulsar que haya claridad y transparencia”, subrayó. Aseguro que será la Junta la que defina la creación de la comisión indagatoria y desechó que su partido esté ayudando al PRD. --¿Ni a Mouriño?, se le pregunto. --Desde luego que no, menos, atajó. --¿El PRI va a ser el salvador de Mouriño?-- --“Desde luego que no. Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos diputados federales”. En tanto, el coordinador el PRD, Javier González Garza, confió en que este martes se conforme la nueva comisión y anticipó que ésta podría incluso tener un alcance mayor para supervisar los contratos que se firmaron en 2000 con otras paraestatales, como la CFE y la Compañía de Luz y Fuerza. Comisión Fox viaja a El Tamarindillo, en Michoacán Por otro lado, la comisión especial que indaga el presunto enriquecimiento del expresidente Vicente Fox viajará el próximo miércoles a la bahía de El Tamarindillo, en la costa michoacana, para hablar con ejidatarios sobre el presunto despojo de que fueron objeto por parte del expresidente. En tanto, la Comisión especial que indaga el presunto enriquecimiento de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagun decidirá mañana la fecha en que citarán a comparecer al procurador General de la República, para que explique las razones por las cuales se sobreseyó la indagatoria que existía en esa instancia en contra de los hijos de Marta Sahagún de Fox.

LOS PRIISTAS NADA MÁS SE ESTAN HACIENDO PENDEJOS, EL SABOTAJE ES LA VERDADERA INTENCIÓN.
FALSARIOS HIPÓCRITAS, NADIE OLVIDA EL DESAFUERO.

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PROCESO : Calderón: El autismo del cómplice

Calderón: El autismo del cómplice Álvaro delgado México, D.F., 10 de marzo (apro).- Durante dos semanas, exactamente quince días a partir del 24 de febrero y hasta este martes 10, Felipe Calderón ha guardo silencio sobre las conductas confesas y constitutivas de delitos derivadas de la entrega de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el futuro exsecretario de Gobernación. El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser un traficante de influencias y adelantó que presentaría documentos para probarlo, el domingo 24 de febrero, Calderón se hallaba en Iguala, Guerrero, en una ceremonia con motivo del Día de la Bandera, resguardado por un impresionante aparato de seguridad, muy mayor al que se vio, más tarde, cuando fue recibido como uno de los suyos en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Pero desde ese día, el autismo de Calderón sobre el escándalo del empresario Mouriño --que ha desesperado hasta a los habituales amanuenses del poder-- ha sido manifiesto. El martes fue a San Luis Potosí y se reunió con empresarios de México y Estados Unidos. El miércoles apenas salió de Los Pinos, donde encabezó dos actos públicos, y por la noche inauguró una exposición en el Museo de Antropología. El jueves estuvo en Querétaro, y fue durante esa gira que Mouriño se refirió, por primera vez, a los contratos de Pemex que firmó como apoderado legal de Ivancar, S.A., siendo ya diputado federal y funcionarios de la Secretaría de Energía, ambos tendiendo como jefe a… Felipe Calderón. Pero éste siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente. El silencio de Calderón se mantuvo toda la semana, cuando ya era escándalo nacional, y aun el viernes 29, cuando se reunió con los gobernadores de la Conago en Campeche, justamente donde Mouriño y su clan instalaron el Grupo Energético del Sureste (GES), del que Ivancar, S.A. de C.V., es sólo una de las 80 empresas que lo integran y que se llamó así en honor al apelativo con el que los amigos y cómplices se refieren al funcionario: Iván. El sábado 1 y el domingo 2 de marzo Calderón descansó --¡nomás eso faltaba!-- y aguantó pronunciarse sobre el escándalo de Mouriño otro día y medio: El lunes, por la mañana, se congració con la iniciativa privada dándole los subsidios a los que es tan afecto --eso no es populismo-- y por la tarde dio el arranque de la colecta de la Cruz Roja. Antes de irse a una gira de toda la semana, primero a Centroamérica y luego a Dominicana, se reunió con empresarios de Canacintra y puso en marcha el operativo de Semana Santa. Y regresó a México, el fin de semana, para seguir en el limbo. El mutismo de Calderón es, sin embargo, muy elocuente. Tantas oportunidades para emitir una posición sobre un asunto tan delicado, que en cualquier democracia habría ya implicado una recomposición del gobierno, sólo obedece a un ánimo de encubrimiento. En efecto, Calderón colocó a Mouriño como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y por tanto es cómplice de las conductas ilegales y antiéticas que cometió para favorecer a las empresas de su propiedad, de las que se separó --según él mismo reconoció-- sólo hasta que ingresó a la Secretaría de Energía, en octubre del 2003. Calderón fue jefe de Mouriño en esa secretaría cuando se asignaron otros contratos de Pemex, cuyo abogado general era César Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, quien precisamente era… presidente del Consejo de Administración de la paraestatal. Hay un dato exquisito: El funcionario que en representación de César Nava Vázquez hizo la revisión jurídica para el contrato de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., y cuya firma aparece al lado de Mouriño, es José Antonio Prado Carranza, amigo y compañero de la Universidad Panamericana de… César Nava. (Dicho sea de paso, ahora Prado Carranza es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo sindicato ha emplazado a huelga. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al que, apenas este sábado, Mouriño identificó como un gremio con grandes “privilegios laborales” y que sostiene un “falso sentido nacionalista”. Sí, ya se sabe que murió Marx y se vino abajo el Muro del Berlín, pero los sindicatos, antes y después de esos acontecimientos, tenían y tienen un objetivo, si es que no se niegan a sí mismos: Luchar por mejores condiciones salariales y de vida de sus agremiados. Y lo del falso sentido nacionalista, queda mejor en el caso de Mouriño, confusa su auténtica nacionalidad.) El silencio de Calderón es, entonces, un recurso para ganar tiempo y liquidar el escándalo: Ha comenzado ya, y se hará más evidente en unos días, la estrategia de desaparecer de los medios el tema –particularmente de la radio y la televisión-- y sustituirlo por cualquier cosa, sobre todo la urgencia de “sacar el tesoro de aguas profundas”. En ése, como en cualquier otro asunto que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, el PAN cuenta con un socio: El priismo en cualquiera de sus expresiones. Beatriz Paredes, Mario Marín, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. Da lo mismo, porque cobran igual. Por eso el sonsonete de Germán Martínez de discutir los grandes temas, como la reforma energética y evadir el tráfico de influencias… en el sector energético. Como si fueran cosas separadas. Apuntes El Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede constituirse en un gran apoyo para Calderón y Mouriño, así como para toda la derecha: Dar, el próximo domingo, el espectáculo esperado de trinquetes que ahogue, además, las acciones contra la privatización de Pemex el próximo 18 de marzo, cuando se conmemorará otro aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, cuyo hijo no ve intentos de privatización por ningún lado. Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Kikka Roja

PROCESO: LOS DELITOS Y LA CONFESIÓN MOURIÑO: Jesusa Cervantes

Los delitos y la confesión jesusa cervantes México, D.F., 10 de marzo (apro).- Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener). Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia. Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”. Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”. Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”. En una analogía, ejemplifica, se trataría de un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le desaforó por el caso de El Encino. El fundador de Casa Lías Abogados, fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún. En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político. Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”. Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”. Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”. De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”. Y en este caso está Mouriño, dice Casas. Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”: “Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...” Servidor público y contratista El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004. El domingo 24 Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores que forman parte del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”. El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar. De 1997 a 2000, Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche; de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia. Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública. El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”. Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público. Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener. En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998: Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp. el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna. Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez. Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”. También violentó las fracciones I, XIII, XIV XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”. La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”. Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”. Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener. Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”. Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar a tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación. Justificación amañada En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas: Fracción 1: “Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”. Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo. La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda. En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”. El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”. Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional”. La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado. Complicidad Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón. Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”. En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría. Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”. Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.

Kikka Roja

Elliot Spitzer se fue de putas y qué...

“El cliente número nueve”

“He actuado de una manera que viola mi obligación con mi familia. Pido disculpas, primero y sobre todo a mi familia, y me disculpo ante el público, al cual le prometí algo mejor”, expresó en conferencia el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, quien no externó si va a renunciar ante el escándalo que lo liga a servicios de prostitutas Foto Ap

* Se tambalea el gobernador de NY por escándalo sexual; neoconservadores celebran

David Brooks Corresponsal

Al principio nadie lo podía creer y algunos suponían que era una broma: el luchador contra las violaciones éticas del mundo empresarial y político que se ganó el apodo de Mr. Clean, el superfiscal contra el crimen organizado y los abusos de Wall Street, cuya carrera política se construyó sobre su “integridad”, primero como procurador general del estado de Nueva York y ahora como gobernador, está inmerso en un escándalo que amenaza con hacerlo caer desde lo alto, y todo por ser el “cliente número nueve”.

Se tambalea el gobernador de NY por escándalo sexual; neoconservadores celebran

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 10 de marzo. Al principio nadie lo podía creer y algunos suponían que era una broma: el luchador contra las violaciones éticas del mundo empresarial y político que se ganó el apodo de Mr. Clean, el superfiscal contra el crimen organizado y los abusos de Wall Street, cuya carrera política se construyó sobre su “integridad”, primero como procurador general del estado de Nueva York y ahora como gobernador, está inmerso en un escándalo que amenaza con hacerlo caer desde lo alto, y todo por ser el “cliente número nueve”.

El gobernador Eliot Spitzer, quien ganó fama nacional por perseguir a quienes cometen violaciones éticas, sobre todo en el mundo empresarial, cuando era procurador general del estado de Nueva York, está enredado en una investigación federal contra un servicio de prostitución.

Según fuentes con conocimiento de la investigación federal citadas por el New York Times, Spitzer es el “cliente 9” que estuvo con una prostituta en un hotel en Washington el mes pasado, lo cual fue detectado por una intervención telefónica que realizaban los investigadores de la Oficina Federal de Investigación (FBI) para proceder contra ese servicio ilícito.

Aunque por ahora el gobernador Spitzer no ha sido acusado de ningún delito y no forma parte de la investigación federal –ya que el objetivo eran cuatro jefes del servicio de prostitución– muchos consideraron este asunto un “sismo político” que podría obligar al político de perfil nacional a renunciar. Hoy Spitzer apareció brevemente ante los medios acompañado de su esposa para ofrecer una disculpa a su familia y al público, pero no comentó sobre el caso ni indicó qué haría, aunque intentó separar la conducta individual de la política e insistió en que éste era un asunto “personal”.

“He actuado de una manera que viola mi obligación con mi familia y mi sentido del bien y el mal. Pido disculpas, primero y sobre todo, a mi familia, y me disculpo ante el público al cual le prometí algo mejor”, declaró hoy. No respondió a preguntas sobre si pensaba renunciar.

Sptizer se enteró de que estaba en medio de un escándalo el viernes, al ser contactado por un oficial federal. Informó a su equipo del asunto entre el domingo y esta mañana, y canceló todas sus actividades públicas.

Según el documento que detalla las pruebas y los resultados de la investigación federal contra este negocio de prostitución, presentado ante un tribunal federal por la FBI y divulgado públicamente este lunes, Spitzer fue identificado por esa empresa como “cliente número 9” y grabado cuando negociaba una cita con la prostituta identificada como Kristen. El documento registra las conversaciones con el “cliente 9” al hacer los arreglos para que ella viajara de Nueva York a Washington por tren para llegar al cuarto 871 de lo que se ha identificado como el hotel Mayflower, el 13 de febrero a las 10 de la noche.

Spitzer, según el Times, pernoctó en el Mayflower esa noche, pero la habitación estaba registrada a nombre de un amigo y contribuyente político del gobernador, George Fox.

Kristen, en conversaciones telefónicas con una de las administradoras del servicio en Nueva York, dijo haber recibido 4 mil 300 dólares del cliente (al parecer, parte pago y parte depósito para servicios a futuro), y que la “cita” resultó muy bien. Añadió: “no creo que él sea tan difícil”, al parecer en referencia a quejas de algunas colegas sobre este cliente.

La administradora le indicó que otras habían dicho que “él pedía que hicieran cosas que, ya sabes, uno pensaría que no eran seguras, o sea… cosas muy básicas”, y Kristen respondió: “yo tengo mi manera de manejar eso”. Todo fue grabado en intervenciones telefónicas del servicio y ahora forman parte de la documentación federal en el caso contra esta organización ilícita.

El servicio de prostitución Emperor’s Club VI ofrecía unas 50 prostitutas en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Miami, Londres y París por tarifas que van entre mil y hasta 5 mil 500 dólares la hora, de acuerdo con los fiscales. Las trabajadoras sexuales estaban calificadas de uno a siete “diamantes”, con lo cual se establecía parte del precio para una cita, además de costos de transporte a varios puntos del país, entre otros gastos.

Irónicamente, Sptizer, cuando fue procurador, fiscalizó al menos dos casos contra organizaciones de prostitución de lujo.

Este escándalo no es sólo un golpe a nivel personal, también afecta al Partido Demócrata que con Spitzer arrebató la gubernatura a los republicanos. También opaca la trayectoria de una figura que para muchos fue casi heroica, ya que se enfrentó contra algunas de las firmas más poderosas de Wall Street, empresarios y políticos de gran influencia, y también defendió los derechos laborales de los más desprotegidos. Fue Sptizer quien encabezó la lucha contra patrones que habían explotado y defraudado a miles de trabajadores inmigrantes mexicanos, centroamericanos y chinos logrando el pago de salarios caídos y multas por abusos.

Sus enemigos apenas lograban ocultar el regocijo de que Mr. Clean, quien se presentaba con un aire superior –y que los había derrotado en muchas batallas– ahora había manchado, tal vez mortalmente, su carrera política.

LA SOCIEDAD GRINGA DE RICACHONES NO TENÍA OTRA FORMA DE DESQUITASE.

ALGUNAS PROSTITUTAS ARREGLAN MATRIMONIOS ABURRIDOS O EN PROBLEMAS, DE QUÉ SE ASUSTAN LOS DERECHOSOS, HAY ENFERMOS SEXUALES COMO LOS SACERDOTES, ESOS, SI SON UN VERDADERO ASCO.

Kikka Roja

ALVARO URIBE bombardeo y mató a estudiantes mexicanos

■ El gobierno mexicano debe exigir justicia, señala asamblea de la Facultad de Filosofía
Reconocen sus padres a un estudiante muerto en campamento de las FARC

Afp

Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras marchan hacia la rectoría de la UNAM, durante el homenaje que se rindió a los estudiantes muertos en la incursión de militares colombianos en el campamento de las FARC en Ecuador Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras marchan hacia la rectoría de la UNAM, durante el homenaje que se rindió a los estudiantes muertos en la incursión de militares colombianos en el campamento de las FARC en Ecuador Foto: Marco Peláez

Quito, 10 de marzo. El cadáver del estudiante de filosofía Juan González del Castillo, uno de los cinco mexicanos que estaban en la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bombardeada por Colombia en territorio ecuatoriano, fue reconocido el lunes por sus padres, que entre las evidencias identificaron su ropa. “Este dolor que siento por la pérdida de mi único hijo lo voy a convertir en una esperanza de justicia”, expresó Rita del Castillo, madre del alumno de 29 años, que cursaba estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Que no piensen los gobiernos, tanto de Colombia como el mío propio, que me voy a quedar callada o que ahí va a terminar”, agregó Del Castillo, quien junto a su esposo llegó a Quito para reconocer a su hijo entre los 23 cuerpos recuperados por Ecuador de la zona selvática bombardeada.

Entretanto, Álvaro González dijo que su hijo había “trabajado antes (sobre grupos insurgentes de la región); su carrera era de estudios latinoamericanos y había hecho reportes sobre esta guerrilla. “Cuando en México se dio el movimiento zapatista él estuvo también en un campamento, allá en Chiapas, o sea, él siempre fue muy inquieto en ese sentido”, afirmó. Ecuador “ha comunicado oficialmente al gobierno de México que en semanas recientes otorgó visas de turista” a cinco mexicanos, incluida Lucía Morett, quien resultó herida en la incursión y está hospitalizada en Quito. Los cinco mexicanos participaron previamente en un congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), que agrupa a políticos y organizaciones de izquierda.

Protestas en CU

En México, integrantes de la asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM demandaron al rector, José Narro Robles, que asuma una postura clara en torno al ataque militar colombiano a un campamento de las FARC en Ecuador, donde se presume que fallecieron cuatro mexicanos, y exigieron al gobierno federal que pida a su homólogo de Colombia la reparación de los daños para los familiares de las víctimas.

Por su lado, el director de esa facultad, Ambrosio Francisco Javier Velasco, dijo coincidir con la petición de los estudiantes e incluso destacó que se respaldará a Lucía Andrea Morett Álvarez, además de seguir de cerca el proceso sobre su integridad y seguridad. Ofreció también esclarecer cuanto sea necesario, en alusión a la muerte de los estudiantes Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles y Juan González del Castillo, quienes junto con Morett Álvarez se encontraban en el campamento de las FARC. Los universitarios anunciaron que realizarán una protesta el próximo miércoles al mediodía frente a las instalaciones de la embajada de Colombia en México para exigir justicia.

(Con información de Elizabeth Velasco C.)

LOS GOBIERNOS DE DERECHA CRIMINALIZAN A LAS CLASES POPULARES, A LOS JOVENES Y A TODO AQUELLO QUE DESCUBRA SUS RATERIAS
LA POBREZA LA GENERA LA DERECHA EXTREMA, POR ESO CALDERÓN NO PIDE JUSTICIA AL GOBIERNO COLOMBIANO.

LOS PANISTAS USURPADORES SE PUEDEN ROBAR TODO LO QUE QUIERAN, EL CIUDADANO DE A PIE NO TIENE DERECHO A NADA.

Kikka Roja

Mouriño y pandilla de panistas saquean Pemex, el PRI los encubre

■Mouriño colocó gente de su empresa en Pemex: Navarrete
■ El gerente de Ivancar es hoy contralor general de la paraestatal
■ El perredista entregará hoy a Beltrones expediente con “nuevas pruebas’’

Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, aseveró que este martes entregará al priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores priístas, un expediente completo “con las nuevas pruebas” sobre el presunto tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Por otra parte, en entrevista con una cadena de televisión, Navarrete dio a conocer que Mouriño “colocó gente de su empresa en Petróleos Mexicanos. Es el caso del gerente de Ivancar, quien ahora es contralor general de la paraestatal. Como vemos, hay una apropiación de Pemex para hacer negocios y cuidar la privatización que pretenden. Quieren colocar su negocio en la primera lista de los beneficiarios de la posible apertura al capital privado”, dijo.

A su vez, el también senador perredista Ricardo Monreal, en conferencia de prensa dijo que “nos han llegado más documentos que resultan comprometedore y que podrían representar el inicio de una cloaca de intereses muy claros para perjudicar a Pemex y al país, y muestran cómo existía una delincuencia organizada al interior de la Secretaría de Energía y de la propia paraestatal”.

Monreal dijo que el PRD no acudirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP), “porque ésta ha servido de tapadera y ya debía haber actuado al tener conocimiento público de las graves irregularidades”.

El perredista sostuvo que hay total impunidad, que esto es vergonzoso y un caso más de inexplicable protección de presuntos delincuentes del gobierno federal. Insistió en que “los legisladores del FAP exigimos espot por espot, promocional por promocional, el mismo trato para difundir nuestra versión; qué bueno que el gobierno salga del clóset para promover su proyecto privatizador, así habremos de exigir el mismo espacio y el mismo tiempo, porque necesitamos informar a la ciudadanía que es falso que Pemex no tenga recursos para modernizarse”.

Mientras, también en conferencia de prensa por separado, el senador Graco Ramírez manifestó que por lo menos seis subdirectores de la paraestatal deben ser citados por la Comisión de Energía del Senado para que revelen el número de contratos que firmó Juan Camilo Mouriño, y expliquen cómo en corto plazo pasó de ser concesionario de 28 gasolineras a 38. Los funcionarios que deben ser citados son José Antonio Ceballos Soberanes, del área de Refinación, así como los subdirectores de Almacenamiento y Reparto, Isaías Nicolás Navarro; el gerente del mismo rubro para la región norte, Rafael Serna Sánchez; Héctor Javier López Rodríguez, subdirector de la zona centro; Arnulfo Treviño Ramos, gerente de la zona Pacífico, y Gustavo Ateneas Romero.

■ En Bucareli dicen que el encuentro fue para dar seguimiento a los compromisos con la Conago
■ Mouriño se reúne con gobernadores y líderes del PRI para tratar temas diversos
Alonso Urrutia

En medio del incremento de las denuncias perredistas en su contra por tráfico de influencias, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, privilegió en su agenda de este lunes reuniones con priístas y banqueros.La dirigente del PRI, Beatriz Paredes, y cuatro gobernadores de extracción tricolor acudieron a sus oficinas de Bucareli para dar seguimiento a los compromisos presidenciales asumidos en la más reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero también para tratar “temas diversos de la agenda política nacional”. La dependencia informó de manera escueta sobre el encuentro del priísmo con Mouriño, con lo cual el funcionario ya se ha reunido con los más connotados miembros de la tercera fuerza de oposición. La visita se da casi en forma paralela de las nuevas denuncias públicas sobre las irregularidades cometidas por el funcionario presuntamente para beneficio familiar.

Posteriormente el secretario de Gobernación se reunió en privado con los integrantes de la Asociación de Bancos de México, en una comida privada. Al encuentro asistieron varios presidentes de las instituciones bancarias y financieras que operan en México, entre ellos Carlos Hank González, como director general del Grupo Financiero Interacciones, así como quienes encabezan Banamex, Bancomer, Inbursa, Santander, Axe y Banorte. Por la mañana, a la oficina acudieron Paredes y el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, como parte del Comité Ejecutivo Nacional, y los gobernadores de Campeche, Jorge Carlos Hurtado; de Colima, Silverio Cavazos Ceballos; de Nuevo León, Natividad González Parás, y de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.De acuerdo con la versión oficial, el tema principal del encuentro en Gobernación fue el seguimiento a las demandas priístas planteadas en la reunión de la Conago celebrada en Campeche el 28 y 29 de febrero pasado.En aquella ocasión, durante una encerrona de gobernadores priístas con su dirigente nacional, cuestionaron seriamente lo que denominaron “reversión a la tendencia federalista” que había predominado durante los años recientes.

En la postura priísta, las modificaciones realizadas a las reglas de operación para la entrega de apoyos en programas dirigidos al sector rural pretenden centralizar las decisiones en la Secretaría de Agricultura. Al respecto, Mouriño les habría planteado en la reunión de ayer que el presidente Felipe Calderón “tiene un gran respeto por las entidades federativas” y por las diversas fuerzas políticas, por lo que les ratificó la disposición a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados en la reunión de la Conago. En el encuentro estuvo el gobernador de Campeche, quien en la pasada reunión de la Conago reprochó a Calderón la “tentación centralista” del gobierno federal.

Kikka Roja