REFERENDUM: Se opone el PAN a preguntarle al ciudadano ¿PRIVATIZAR PEMEX SI O NO?

• Se opone el PAN a un referéndum sobre la reforma energética

de la redacción

* Para el partido es suficiente con que el Congreso decida, advierte Germán Martínez

México, D.F., 19 de mayo (apro).- El líder nacional panista, Germán Martínez, se opuso a la propuesta perredista de llevar a referéndum la reforma energética en los estados de la República. Martínez Cázares dijo que para el PAN la “verdadera consulta” está en el debate que actualmente se lleva a cabo en el Senado. Advirtió que para su partido es suficiente con que el Congreso decida sobre la reforma petrolera, “para eso elegimos a los representante”. Sostuvo que la decisión del Congreso en la materia será legítima para tomar decisiones en materia de petróleo. Cabe destacar que la bancada del PRD en la Cámara de Diputados envió esta tarde cartas a los gobernadores para solicitarles organizar un referéndum, consulta en que la ciudadanía manifestaría su opinión sobre la reforma de Pemex.

Kikka Roja

EL CHUCHINERO EN LA EXPO FRAUDE Y LENGUAJE SOEZ ¿Y EL YUNQUE EN EL PRD?

JESUS ORTEGA ES POPÓ, PIPÍ, CACA, YUNQUE Y PANISTA DE MIÉRRRCOLES
y los chuchos tambén

Reprueba Ortega lenguaje “soez e insolente” de Encinas rosalía vergara * Izquierda Unida impugna ante el TEPJF nombramiento de Acosta Naranjo México, D.F., 19 de mayo (apro).- El candidato a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega Martínez, reprobó los “insultos, injurias, ofensas y acusaciones” que le lanzó su oponente Alejandro Encinas, quien aseguró que el líder de Nueva Izquierda es parte de “una mafia”. Por medio de una carta, Ortega Martínez respondió a las críticas que la víspera lanzó Encinas durante un acto que encabezó en el monumento a la Revolución, y le recriminó que en lugar de contestar con propuestas, sugerencias o correcciones para encontrar una salida a la crisis en la que se encuentra sumido el PRD, el exjefe de Gobierno haya respondido con un lenguaje “soez e insolente”. El candidato de Nueva Izquierda recordó la carta que le envió a su oponente en la cual le expuso “con respeto” a su persona, algunas consideraciones y propuestas sobre los problemas del PRD y las posibles fórmulas para solucionarlos Señaló que el objetivo de dicha misiva era promover cambios en el PRD para que se mantenga la unidad sin menoscabo de la diversidad. Reveló que antes de enviar la carta se comunicó personalmente con Encinas para informarle que se abstendría de responder públicamente a las críticas de Encinas para evitar “las descalificaciones entre los perredistas y que son tan bien aprovechadas por la derecha”. Jesús Ortega reconoció, sin embargo, que al enviar su propuesta al exjefe de Gobierno del Distrito Federal, albergaba pocas expectativas de que la respuesta fuera “igualmente respetuosa y responsable”. Confiaba en que "ya hubieras comprendido, a pesar de tanta insensatez e incongruencia, de la gravedad de la crisis que padecemos y de la necesidad de aportar, con cambios profundos, a la reconstrucción y fortalecimiento del PRD", agregó. Sin embargo, admitió que “se han diluido” las “pocas expectativas” acerca de una actitud madura y responsable. Destacó que al igual que Encinas pudo haber contestado y utilizar el mismo lenguaje "soez e insolente” para llenar de “insultos y descalificaciones” al abanderado de Izquierda Unida. “No lo haré así, porque con eso contribuiría, precisamente, a lo que combato”, precisó. Lamentó que en la asamblea informativa del domingo en el Monumento a la Revolución se diluyera la expectativa sobre una actitud madura, luego de que Encinas pidiera que se limpiara “el chuchinero” de la elección del 16 de marzo. “A la propuesta que envié, Alejandro, podrías haber hecho sugerencias o correcciones, podrías haber contestado con otra contrapropuesta o de plano podrías haberla rechazado completamente, pero todo ello con respeto a mi persona y sobre todo con ánimo constructivo y responsabilidad hacia el partido. En lugar de ello lo de siempre: insultos, injurias, ofensas y acusaciones”, insistió. En su respuesta, Ortega recordó al escritor israelí Amos Oz, cuando calificó a Encinas de “fanático y traidor”: "Traidor es quien cambia a ojos de aquellos que no pueden cambiar, de aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio. En otras palabras, traidor es a ojos del fanático, cualquiera que cambia… muy a menudo el fanático sólo puede contar hasta uno, dos es un número demasiado grande para él." Izquierda Unida va al TEPJF Por otra parte, Dolores Padierna Luna, secretaria de Plantación del CEN del PRD, confirmó que Izquierda Unida interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revocar la ratificación de Guadalupe Acosta Naranjo y Marta Dalia Gastelum como presidente y secretaria general “sustitutos” decidida por la Comisión Nacional de Garantías el jueves pasado. En entrevista, Padierna explicó que dicho recurso se presentó el sábado ante la Comisión Nacional de Garantías para que ésta lo remitiera al TEPJF, como lo señala el artículo 9 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Sin embargo, lamentó que hasta el momento la CNGV no ha enviado el documento al Tribunal ni lo ha publicado en estrados, por lo que este lunes lo entregarían directamente al TEPJF. Insistió que existen pruebas suficientes de que el Consejo Nacional en el que se designó a Acosta Naranjo fue ilegal porque no contó con el quórum necesario. Pidió al Instituto Federal Electoral esperar al fallo que emita el Tribunal Electoral sobre la legalidad del nombramiento de Acosta Naranjo para que haga la toma de nota correspondiente. Por otro lado, informó que las corrientes que apoyan a Alejandro Encinas acudirán bajo protesta a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional perredista de este martes porque no reconocen “a la dirigencia sustituta". Anunció además que propondrán a Jesús Martín de Campo para que ocupe la Secretaría de Finanzas, porque esa cartera le corresponde al bloque de corrientes al que pertenece. Por su lado, Rafael Hernández Estrada, representante electoral de Ortega criticó la decisión de Izquierda Unida; y consideró que no procederá la impugnación ante el Tribunal Electoral porque la decisión adquirió “definitividad” (sic) con la resolución que tomó la Comisión Nacional de Garantías. “El IFE tiene que actuar en base en el principio de legalidad, cuando hay un acto se convierte en un acto legal así lo ha resuelto inclusive ya la Comisión Nacional de Garantías, que es el órgano interno al que recurrieron los compañeros que impugnaron este acuerdo”, señaló. Encinas inaugura “Expo Fraude” Por la mañana, afuera de la sede de la Comisión Nacional de Garantías, Izquierda Unida montó la “Expo Fraude”, que fue inaugurada por Alejandro Encinas. Se colocaron mamparas con copias de las actas de cuatro estados donde se presentaron irregularidades en la elección: Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Estado de México. El acto sólo duró un par de horas. Mediante ese acto, el equipo del exjefe de Gobierno del Distrito Federal pretende dar a conocer la manera en la que considera que Nueva Izquierda operó un fraude electoral en cuatro entidades del país. La "Expo Fraude" será presentada en distintos puntos de la capital, así como en el TEPJF; está compuesta por fotografías, videos y actas que exhiben el presunto fraude que orquestó Nueva Izquierda.

Kikka Roja

PROCESO : Calderón: Mentiras oficiales

Calderón: Mentiras oficiales alvaro delgado México, D.F., 19 de mayo (apro).- La corrupción y la pobreza son las enfermedades nacionales más graves de México, pero están acompañadas por la simulación, la mentira y la impunidad, que degradan sobre todo si, como es el caso, son alentadas desde el poder público. No hace mucho, a final de su sexenio y en el marco del proceso electoral sucesorio, Vicente Fox proclamaba la eficacia de su gobierno en todos los ámbitos, entre ellos la generación de empleos y el combate al narcotráfico. Para amplios sectores de la sociedad, los que jamás creyeron la demagogia del ranchero ladino y ladrón, eran mentiras que pronto encontraron confirmación nada menos que en sus propios compañeros de partido: Fue Felipe Calderón, y la facción que lo impuso en el gobierno, los que exhibieron que el desempleo y el crimen organizado florecieron con Fox, a quien sin embargo se ha solapado por un pacto de mafia. Como cuando se impuso Carlos Salinas en el gobierno, también mediante el fraude electoral que pretende hacer olvidar con su más reciente mamotreto, con Fox los capos del narcotráfico se solazaron en el negocio, tal como lo presagió desde el inicio del sexenio la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo transexenal que, en el mejor de los casos, será capturado cuando deje de ser funcional y su exhibición o muerte sirva sólo para espectáculo con réditos de popularidad y cuando –claro-- ya esté afianzado su sucesor con toda la protección desde el poder. Por eso, histriónica y demagógicamente, Calderón repudia en sus discursos la “cobardía” de sus antecesores, proclama los “ya basta” a la delincuencia y llama a pactos de unidad nacional --de suyo imposibles por su nula autoridad moral y política--, porque sabe que desde ahora está condenado a la derrota y quiere hacer de ella una victoria, ante su ineptitud para afrontar el otro grave problema nacional: El empleo, su principal oferta de campaña. Y es en este renglón que Calderón entrega, en año y medio de gestión, tan malas cuentas como su antecesor: Resulta que las cifras de las que se ha ufanado son, simplemente, falsas, puras mentiras. Se trata, además, de un engaño que comparte con Fox y el priista Ernesto Zedillo, que todos los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) idolatran no sólo por haberles cedido el poder, sino por los “10 años de estabilidad” que ofrecieron en la campaña de 2006. La información al respecto la dio a conocer el diario Reforma y sus réplicas de Mural de Guadalajara, Jalisco, y El Norte, de Monterrey, Nuevo León, en sus ediciones correspondientes al miércoles 14 de mayo: Resulta que, durante 11 años, el gobierno federal difundió cifras de empleo que eran inexistentes. Por ejemplo, detalló Reforma, los números oficiales mostraban que, entre 2005 y 2007, se habían creado 2.21 millones de empleos formales. Pero, en realidad, en ese lapso sólo fueron 1.55 millones las nuevas plazas, según la corrección. Es decir, se registraron 660 mil empleos inexistentes. La información, dada a conocer en vísperas del Día del Maestro (que, dicho sea de paso, ratificó la alianza que Calderón y el PAN mantienen con Elba Esther Gordillo no en favor de la educación --esa es una tontería--, sino para las elecciones de 2009), establece que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que hay errores en la metodología para medir el empleo. En 2006, por ejemplo, Fox dijo que ese año se generaron 903 mil empleos y que seguramente, al concluir ese lapso, se superarían el millón, pero no fueron ni una ni otra cifra, sino apenas 616 mil. Con Calderón el engaño es el mismo: El 14 de febrero de este año, en su visita a Estados Unidos, aseguró que, en 2007, se crearon en México alrededor de 800 mil nuevos empleos. Pero el nuevo dato oficial para ese periodo es de 529 mil nuevos empleos. La razón, según el IMSS, es que se trata de errores metodológicos. El principal de ellos es que muchos trabajadores reportados como nuevos no lo eran, pues simplemente migraron del empleo eventual al permanente. Así de grave es la manipulación de cifras y no es, desde luego, una acción fortuita, sino claramente deliberada para fortalecer percepciones falsas, en este caso sobre el empleo, uno de los principales problemas del país y que Calderón ofreció combatir, ahora vemos que sólo con maquillaje. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) aporta, también, otro dato escalofriante: En los tres meses de este año desaparecieron 685 mil empleos en los sectores formales e informales. Calderón ofreció, también, otros asuntos que ya puede afirmarse que son mentiras, mentiras oficiales: en el ámbito de los impuestos, sino que bajarían y, además, que las fórmulas para que los ciudadanos lo hicieran serían sencillas. Inclusive, hacía el chiste de que la complejidad para presentar la declaración hacía que, hasta el secretario de Hacienda, tenía necesidad de contratar a un contador. La realidad: No solo aumentaron impuestos, sino que aparecieron nuevos, como los aplicados a gasolinas y el IETU, que además introdujo complejidades que vuelven loco a quienes somos causantes cautivos. Pero hay más datos sobre las mentiras de Calderón, que se encargan de ocultar muy bien los jilgueros y amanuenses oficiales en el grueso de los medios de comunicación --que han resultado más panistas que el PAN--, como la protección que presta a los sátrapas priistas Mario Marín y Ulises Ruiz, así como el panista Emilio González Márquez. En 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados envió un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, conforme a sus atribuciones, emitiera un dictamen sobre si González Márquez violó la Constitución y la ley al comprometer un donativo de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros, al margen inclusive de la insolencia con la que se dirige a sus críticos. Pero, en vez de abocarse a lo que establece el artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe a las autoridades mostrar preferencia por alguna religión en particular, la encargada de esa responsabilidad, Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, extendió licencia de impunidad a su cofrade de Jalisco. Justo el día del maestro, el jueves 15, Aranda --vecina de nacimiento de González Márquez: ella es de León y él de Lagos de Moreno, distantes apenas 37 kilómetros-- declaró, tramposamente, que en la “macrolimosna” de 90 millones de pesos a la Iglesia católica no se usaron fondos federales. Y ya. Pero lo que la Cámara de Diputado planteó no fue si Emilio dispuso de los 90 millones de pesos de recursos federales, que obviamente eso no le corresponde a la Secretaría de Gobernación, sino si vulneró el principio de laicidad, como es evidente y, como también lo es, se encubre. Y luego dicen que Calderón está peleado con el Yunque, de cuya organización ultraderechista Aranda y Emilio son dos de sus ejemplares. En realidad, Calderón y El Yunque son lo mismo. Apuntes A propósito de Emilio González: La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco enviará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el expediente de las más de 6 mil quejas contra él y que, si actúa conforme a la ley José Luis Soberanes, derivará en una recomendación. Por supuesto, vale anticipar que a Emilio también le valdrá “madres”, como a los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que las recibieron por atentar contra la libertad de expresión en sus respetivos estados… Germán Martínez, el confeso empleado de Calderón en el PAN, ya va agarrando color en el cargo: Lo suyo no es el debate, sino el pleito de arrabal, junto con los gandallitas Javier Lozano Alarcón y José Luis Luege. ¿Ideas? ¡Qué tontería! Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Kikka Roja

La iglesia del Vaticano dice no al aborto y no al tratamiento de la esterilidad

Javier Flores*
“Defensa de la vida”: algunas contradicciones

1. El mundo dividido. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal no es un asunto de interés exclusivo para México. La existencia de posturas irreconciliables en nuestro país refleja la polarización que existe a escala mundial y que tiene como centro el estatus del embrión humano.

Un antecedente es el debate que se dio entre 2001 y 2004 en el seno de la Organización de Naciones Unidas sobre la clonación. A diferencia de lo que ocurre hoy en México, ahí se manifestaron abiertamente dos posturas. Una de naturaleza religiosa, representada por el Vaticano y respaldada por Estados Unidos, encabezando a un grupo numeroso de naciones pobres de África y América Latina, cuyo argumento central fue la defensa de la vida y la dignidad humanas desde la concepción, como lo predica el dogma de la Iglesia católica. Por otro lado, un conjunto también numeroso de naciones con elevados niveles educativos y científico-técnicos, que apoyaron el empleo de células embrionarias para la investigación con fines terapéuticos. Al final, si bien se acordó condenar todo tipo de clonación, al no tratarse de una resolución de carácter vinculante, cada nación quedó en libertad de decidir sobre este tema.

El debate sobre la despenalización del aborto en México, al tener también como núcleo el estatus del embrión, ocurre dentro de este contexto mundial. La respuesta que den los magistrados de la SCJN será una definición de cómo quedará ubicado nuestro país ante este dilema a escala mundial, si al lado de un bloque neoscurantista, en el que el Vaticano define la orientación de las políticas públicas a partir de dogmas, o bien con base en criterios científicos, es decir, racionales. Cabe recordar que el aborto es un grave problema de salud pública.

2. El significado legal de la concepción. La Iglesia católica ha modificado a lo largo de la historia su postura respecto del origen de la vida y la persona humanas. Desde el punto de vista de esta religión, la concepción es el momento en el que Dios infunde el alma a los “hombres”. A partir del siglo XIX se decidió correlacionar este evento metafísico con un hecho biológico: la unión el óvulo con el espermatozoide. Así, se considera a la concepción y la fecundación como equivalentes. Pero, si bien esta analogía ha penetrado en algunos resquicios de nuestra legislación, no está definido con nitidez en las leyes qué se entiende por concepción. ¿Se trata acaso de la infusión del alma, como lo entiende la Iglesia católica? ¿Es la unión de las células sexuales? ¿Es cuando un técnico introduce un espermatozoide o el núcleo de una célula al óvulo? No soy abogado, pero aquí hay un problema serio. Para defender la vida primero debe estar claro que se entiende por concepción, para evitar caer en contradicciones.

3. Algunas contradicciones. Si el embrión en las etapas de cigoto, mórula o blastocisto es un ser humano y una persona –de acuerdo con los argumentos de la Iglesia católica y sus seguidores–, entonces, independientemente de su origen, todo cigoto, mórula o blastocisto en nuestra especie, debido a que presentan las características anatómicas y funcionales del embrión, sería una persona. Desde este punto de vista, los embriones humanos producto de la clonación reproductiva deberían contar con protección legal. A menos que se introduzca un elemento condicionante sobre su origen –lo que representaría un hecho discriminatorio–, si la SCJN decidiera en favor de la argumentación del Vaticano y sus seguidores estaría extendiendo involuntariamente un aval a los productos de la clonación reproductiva. Lo anterior muestra que la defensa de la vida y la dignidad del embrión tienen un límite para la Iglesia. Es válida en unas condiciones y en otras no. Lo mismo ocurriría en el caso de los embriones resultantes de las diferentes modalidades de las tecnologías de reproducción asistida (TRA).

4. La falacia de la defensa de la vida. Para la Iglesia católica, no toda vida humana debe ser defendida. La esterilidad es un problema serio de nuestro tiempo. Es un tema médico. Las tecnologías de reproducción asistida (TRA) son una solución a la infertilidad. Puede decirse que están orientadas a la vida. Millones de personas que no pueden tener hijos encuentran una esperanza en estas técnicas. Pero prácticamente todas las modalidades de las TRA son condenadas por el Vaticano. ¿Por qué? Porque para la Iglesia y sus seguidores hay valores superiores a la defensa de la vida. Por ejemplo: la inseminación artificial es aceptada si el donador es el esposo (autóloga), pero es condenada si se trata de un donador anónimo (heteróloga). Quiere decir que hay un valor superior al de la vida, en este caso el sacramento del matrimonio.

Así, la defensa de la vida se convierte en un eslogan que funciona en unos casos sí y en otros no, según convenga.

* Una versión de este texto fue presentada el pasado 14 de mayo en la reunión Voces desde la

academia sobre la despenalización del aborto, organizada por el Grupo Mujeres y Ciencia y el Colegio de Académicas Universitarias de la UNAM.

SACERDOTES HIPOCRITAS, RACISTAS Y LADRONES

Kikka Roja

Blanche Petrich: Un nuevo fracaso diplomático entre Marruecos y el Sahara

ESPECIAL
Blanche Petrich
Un nuevo fracaso diplomático entre Marruecos y el Sahara

El valor de la diplomacia como vía para la solución pacífica de los conflictos en el mundo indudablemente va a la baja. El Sahara Occidental, que espera desde hace décadas el reconocimiento a su derecho a la autodeterminación, ha topado dolorosamente, una vez más, con esta realidad. Después de un impasse de más de 10 años y del fracaso de dos iniciativas propiciadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para resolver el diferendo entre el reino de Marruecos y la República Árabe Democrática Saharahui –los planes Baker I y II– las dos partes se reunieron, a mediados del año pasado, en Manhasset, Long Island, en Estados Unidos. La decisión del Frente Polisario de reabrir un proceso de diálogo constituyó una concesión mayor. La negociación supuestamente había concluido hace 17 años con el compromiso, avalado por la ONU, de realizar un referendo en el que los saharauis de los campamentos de refugiados y de las ciudades bajo control marroquí pudieran optar por su estatus como nación o como parte del reino de Rabat. Pero Marruecos nunca cumplió el acuerdo.

En los diálogos de Manhasset las posiciones de las dos partes volvieron a chocar. La postura del Polisario es el derecho a la autodeterminación, por lo que trata de acordar las modalidades del referendo aplazado desde 1991. Para Rabat, que parte de la consigna de que “el Sahara es marroquí”, su postura refleja un plan unilateral de facultades autonómicas para el Sahara, que descarta el derecho a la autodeterminación y la eventual independencia. Después de algunos encuentros de las dos delegaciones, el nuevo diálogo se estancó.

El pasado primero de mayo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una resolución que da abiertamente un espaldarazo a las tesis marroquíes, al sostener que el conflicto desencadenado en 1975, con la invasión de la colonia española, sólo tiene una “solución realista”. ¿Cuál es el realismo en este caso? En la balanza de Marruecos pesan las alianzas del rey Mohamed V con George W. Bush y Nicolás Sarkozy, quien ambiciona controlar un Magreb francófono. En la balanza saharahui se ha descontado recientemente el papel de España, que prefiere nadar de muertito para no confrontar a las potencias. Por lo que sólo quedan las fichas de los países del Tercer Mundo, que se mantienen firmes en favor de cerrar éste, que sería el último capítulo de la descolonización africana. El Departamento de Estado en Washington reaccionó de inmediato a la resolución del Consejo de Seguridad, afirmando que “un Estado saharaui independiente no es una opción realista”. El mensaje es inequívoco.

La pregunta es: después de esta declaración, ¿hay condiciones para continuar la negociación política por la vía diplomática?

Kikka Roja

Itacate: Miel de maguey

Marco Buenrostro y Cristina Barros
marcri44@yahoo.com.mx

■ Miel de maguey

En la época prehispánica no había mejor postre que las variadas y sabrosas frutas provenientes de los muy diversos ecosistemas de nuestro territorio. Sin embargo, también había distintas preparaciones elaboradas con miel de caña de maíz o miel de maguey.

En el mercado de Tlatelolco podían encontrarse “las mazorcas tostadas y las tortillas de masa mezclada con miel, y los granos de maíz tostados, envueltos con miel, y las tortillas de masa mezclada con miel... y masa cocida y mezclada con miel; harina de maíz tostado también mezclada con miel; y las pepitas de calabazas hervidas con miel, y las semillas llamadas chíen [chía] hervidas con miel...” Estas últimas son el antecedente de los que hoy llamamos alegrías.

Francisco Hernández registra en su Historia natural de Nueva España, escrita hacia mediados del siglo XVI, que los antiguos mexicanos elaboraban con el aguamiel no sólo miel, sino también azúcares y vinagre. En la misma obra da la receta del nequatolli (atole con miel).

Primero se elabora el nixtamal y luego se pone a cocer la masa en una olla de barro hasta que comience a espesarse, “se le agrega en tal momento una décima parte de miel de métl,... y se deja por fin hervir el tiempo necesario para que tome consistencia de los puches o de la polenta española.” Esta sabrosa preparación era utilizada por los médicos prehispánicos como tónico, pues en palabras de Hernández, “suaviza el pecho, nutre muchísimo, fortalece y engorda a los extenuados y restituye las fuerzas perdidas...”

Actualmente se revaloran las calidades nutritivas de la miel de maguey. Para elaborarla pueden utilizarse los agaves mezcaleros y los pulqueros. En Jalisco se utiliza el agave azul o tequilero para hacer una miel de maguey clara y de buen sabor.

Cerca de Saltillo, Coahuila, en la población General Cepeda, se hace miel de maguey pulquero. Lo mismo ocurre en Hidalgo, donde existe una próspera cooperativa en San Andrés Daboxtha, población ñañú ubicada en Valle de Cardonal. También hay producción de esta miel en Tlaxcala y en Cadereyta, Querétaro.

La miel de maguey contribuye a la producción de bacterias benéficas para la digestión y contiene vitamina C, calcio y potasio. Como los magueyes prosperan aun en tierras semiáridas, la producción de esta miel es buena opción para generar trabajo en comunidades con pocas alternativas; además la mayor parte de la producción de miel de maguey es orgánica y varias organizaciones han logrado la certificación correspondiente. Este puede ser un camino que permita extender el cultivo del maguey, planta de gran importancia cultural y económica.

Kikka Roja

ASTILLERO: a Ulises Ruiz y los panistas el Gordillismo los vencerá

Astillero Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx ■ Política a plazos ■ Negocios de viento ■ M.F. Alcocer al IFE Ampliar la imagen Brindis en Palacio Nacional. La canciller alemana Angela Merkel; el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa Margarita Zavala, durante la comida oficial en Palacio Nacional, en la ciudad de México. Calderón Hinojosa se pronunció por una economía social de mercado que permita un desarrollo humano sustentable y pleno BRINDIS EN PALACIO NACIONAL. Foto: Cristina Rodríguez Setenta y un días de debate: el paso del tiempo daña el proyecto mouriñista-calderonista de apropiación del petróleo, pues las tales confrontaciones senatoriales han sido ganadas con amplitud por las razones presentadas por los adversarios de la privatización. Por lo anterior es que la empresa MuCal pretendía hacer que se aprobaran los planes reformistas al contado, en abril, y no en entregas. Al desmoronamiento de las posiciones oficialistas en los mencionados debates se suma la aparición de más evidencias ventajosas de la familia Mouriño como las que el coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, presentó en días pasados, en relación con negocios en materia de energía eólica desarrollados por el padre del actual secretario de Gobernación en condiciones que muestran el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias. Tan dañino es el transcurrir del tiempo para las ambiciones felicamilescas que la denuncia de corruptelas alcanzó ayer una sesión con legisladores alemanes y provocó la reacción de conocida histeria del videopanista Federico Döring. Veintiún días durará el plantón que los maestros de la sección 22 del SNTE instalaron ayer en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Los profesores exigen que Elba Esther Gordillo deje de jugar a sus conveniencias al no emitir en tiempo adecuado la convocatoria para elegir al nuevo mando seccional (con lo que la reina del Panal podría maniobrar para desconocer a la actual directiva e imponer sin comicios a directivos que le sean afines) y demandan liberar a los presos políticos que están sujetos a procesos federales y estatales. Si el 3 de junio próximo no se ha cumplido esta exigencia de libertad, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha anunciado que reanudará movilizaciones masivas. Aun cuando no se han podido restablecer las condiciones de unidad y confianza entre los principales integrantes de la mencionada APPO, y en el ambiente oaxaqueño flota el fantasma especulativo de los movimientos partidistas rumbo a las elecciones gubernamentales del año próximo, la reinstalación pública de profesores en la principal plaza de Oaxaca abre el camino a un nuevo episodio de confrontación entre un movimiento social golpeado y dividido, pero aún vigente y con posibilidades de restablecimiento, y un gobierno, el de Ulises Ruiz, cada vez más sumido en los pantanos de la represión y la corrupción. (Así fuera en términos visuales, Oaxaca vivió ayer nuevamente escenas de confrontación de los pobladores con las autoridades: bloqueos de carreteras, reto de la sección 22 a que el “tirano” Ulises los desaloje del zócalo e incluso que miembros de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños hubiesen obligado al procurador de justicia del estado a bajarse de su vehículo y caminar entre manifestantes para llegar a una “mesa de negociación” con ellos. Por cierto, AMLO estará hoy en la capital oaxaqueña para reunirse con brigadas defensoras del petróleo.) ¿Cuántos días habrá de esperar el EPR a que le sea informado dónde están sus dos dirigentes desaparecidos? Tal es el punto planteado ayer en un comunicado por los guerrilleros que comenzarán a dialogar con el gobierno a través de mediadores pero no desean que tales contactos indirectos se conviertan en un proceso sin fechas ni términos, sobre todo si se toma en cuenta que el planteamiento de los insurrectos se refiere específicamente a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes este domingo venidero cumplirán un año de haber sido secuestrados. Hoy vence el término (aunque puede ampliarse para allegar más elementos de juicio a las autoridades) para que el tribunal electoral federal defina si “toma nota” de que Guadalupe Acosta Naranjo es el presidente sustituto del PRD o considera que hubo irregularidades en el proceso de su designación. En el sol azteca se vive, mientras tanto, una situación epistolar. Jesús Ortega se ha sorprendido por la respuesta que con lenguaje “soez” e “insolente” dio Alejandro Encinas a la carta enviada por el jefe de los chuchos para plantear posibilidades de negociación. Ortega se niega a responder en el mismo tono porque, explica, “con eso contribuiría, precisamente, a lo que combato”. El dirigente de Nueva Izquierda incluso aportó al debate una cita de Amos Oz, en su texto Contra el fanatismo: “Traidor es quien cambia a los ojos de aquellos que no pueden cambiar, de aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio (…) “En otras palabras, traidor es a ojos del fanático cualquiera que cambia. Muy a menudo el fanático sólo puede contar hasta uno; dos es un número demasiado grande para él.” Encinas ha revirado con la mención del daño que a su partido han causado el encono y la falta de cultura del debate, y aseguró que las broncas electorales recientes han descubierto “no sólo las debilidades y limitaciones de nuestra vida orgánica, sino además las diferentes visiones que sobre el partido y su línea política tenemos”. Jorge Alcocer se presentó a unas horas de que cerrara el plazo para que se inscribieran en la Cámara de Diputados los ciudadanos que aspiran a ocupar el cargo de consejeros electorales del IFE. Alcocer es uno de los autores de las reformas electorales que ahora le permitirán “ganar” en un concurso demostradamente amañado con el que los líderes de los grupos legislativos hacen como que analizan expedientes ciudadanos para acabar designando a quienes les conviene y, como en el caso del ex presidente del Partido Fuerza Ciudadana, constituyen ya una especie de capricho de poder. Alcocer es el hombre de Manlio Fabio Beltrones que buscará, en cuanto le sea posible, desplazar a L.V. Zurita. Y, mientras el gobierno de Fidel Herrera Beltrán ha aprehendido cerca de Jalapa a José Jacobo Femat y Rafael Jacobo García, dirigentes de la Cen-tral de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) que iban con sus seguidores a una reunión concertada con el mandatario estatal, ¡hasta mañana, en esta columna sin aplazamientos!

Kikka Roja

CONDICIONADO PLAN MERIDA: LOS SENADORES NO SABEN O SE HACEN PENDEJOS

• Washington pretende convertir el país en su policía, sin sueldo, dice Juan Guerra
• Legisladores de PRD, PRI y PAN consideran inaceptable que EU condicione el Plan Mérida
• Ni sojuzgamiento ni intromisión de ese gobierno en las decisiones de México, afirman

Angélica Enciso L.

Las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD en el Senado de la República consideraron inaceptables los condicionamientos que el Congreso de Estados Unidos pretende poner a México por medio del Plan Mérida. “Ni sojuzgamiento ni intromisión de ese gobierno en las decisiones que México decida y ponga en marcha”, coincidieron en entrevistas por separado los senadores Alejandro González Alcocer, del PAN; Pablo Gómez, del PRD, y Carlos Jiménez, del PRI. Por su lado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González, confió en que la postura de Washington “sea sólo un efecto de publicidad”, ante las elecciones presidenciales que se avecinan. El senador perredista Pablo Gómez opinó que el gobierno estadunidense no da el Plan Mérida a cambio de nada, y “en lo que se refiere a derechos humanos, es incuestionable que México debe respetarlos, al igual que Estados Unidos”, además “de cumplir los acuerdos internacionales”.

En la Cámara de Diputados también se rechazó la postura de ese país. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el panista Jorge Justiniano González Betancourt, dijo que aun cuando esa iniciativa representa para México una ayuda de carácter económico, “sería mejor que Estados Unidos colabore físicamente en la persecución de la delincuencia dentro de su país”, donde hay narcotraficantes que reciben y distribuyen la droga. A su vez, el diputado del PRD, Juan Guerra, advirtió que con el Plan Mérida, además de “perder nuestra neutralidad (en conflictos internacionales), los estadunidenses nos van a meter a su esfera de seguridad internacional y hemisférica”, con lo cual “nos convertirían en sus policías, sin sueldo”.

Recordó que la intervención de Estados Unidos en Colombia no ha sido fructífera y que ha respondido más a los intereses del primer país.

(PABLO GOMEZ dixit) Qué manera de darle en la madre a la constitución
EL PLAN MERIDA NO COMBATE AL NARCO, EL PLAN MÉRIDA ES PARA QUE ESTADOS UNIDOS SEA EL DUEÑO DEL TERRITORIO MEXICANO.

¡¡Ya los ensartaron por el fundillo!! y no les pagaron.
Los putos panistas, esos, si están felices

¡¡QUE VENGAN LOS GRINGOS, PA DIVERTIRNOS CON ELLOS UN RATO!! NO NOS AGUANTAN juar! juar!

Kikka Roja

Incalcaterra ultima conferencia: el ejercito mexicano, derechos humanos

• Última conferencia del representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos
• Faltan capacitación y controles para que el Ejército combata al narco: Incalcaterra

Patricia Muñoz Ríos

El representante para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, señaló ayer que el país está viviendo una situación “fuera de lo común”, que preocupa y alarma, por el auge que está tomando la criminalidad organizada, pero apuntó que en la lucha contra el narcotráfico al Ejército Mexicano se le tiene que dar capacitación y poner “ciertos controles”, para evitar casos de violaciones a los derechos humanos.

¿Salida obligada?

Incalcaterra ofreció ayer su última conferencia de prensa al frente de esta representación, ya que dejará el cargo el próximo viernes, lo cual provocó especulaciones respecto de que habría sido el propio gobierno mexicano el que pidió su remoción debido a cuestionamientos del funcionario sobre la situación de los derechos humanos en el país. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que sólo la Organización de Naciones Unidas (ONU) puede determinar la movilidad de Incalcaterra. El diplomático fue invitado ayer a la cancillería a ofrecer una conferencia de prensa conjunta con el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la dependencia, embajador Juan José Gómez Robledo. Ahí, Incalcaterra planteó que México todavía tiene retos muy importantes en materia de derechos humanos; habló de que la situación de violencia en el país merece toda la comprensión de la comunidad internacional y se debe combatir con toda la fuerza de la institucionalidad, pero sin violaciones al marco jurídico y a los derechos humanos.

“Jamás hemos dicho que las fuerzas armadas, que el Ejército, tiene que dejar las calles”; lo que se ha advertido es que en esta problemática tan fuerte, que está ocasionando la pérdida de vidas humanas, incluso de inocentes, se requiere “establecer ciertos controles, cierta capacitación” a las fuerzas armadas para evitar peligros de violaciones a los derechos humanos, señaló.

En el mismo tono planteó que el Ejército Mexicano tiene una estructura de seguridad nacional, está preparado para otras funciones y si va a trabajar en la lucha contra el crimen organizado se le tienen que establecer ciertas regulaciones; incluso si se dan casos de violaciones a las garantías por parte de alguno de sus miembros, tendrían que ser jueces ordinarios los que investiguen esto. Incalcaterra fue interrogado por los medios informativos sobre versiones de que su salida la pidió el gobierno mexicano, a lo que contestó que las relaciones entre México y esta representación de la ONU siempre fueron tratadas de “manera institucional y no personal”. Dijo, sin embargo, que el que se vaya no significa que queden inconclusas las investigaciones de casos como Atenco o Oaxaca, entre otros, ya que esa labor la realizará quien venga en su lugar.

Planteó que cuando se tratan temas de derechos humanos se ha visto, no sólo en México sino en varias partes del mundo, que son normales los malentendidos o fricciones, pero eso siempre se supera, como ya se hizo aquí. Puntualizó que “más allá de las dificultades reales, que son normales, lo importante es la apertura que existe para abordar la problemática de los derechos humanos”, y que esto sea ya un tema importante en este país. Al preguntarle cuál es el diagnóstico de los derechos humanos en México, respondió que hasta el momento se puede decir que “ninguna nación se ha graduado” en la materia y este país lo que necesita es transformar en hechos concretos los compromisos que ha tomado a nivel internacional para pasar del papel a la realidad.

A su vez, el subsecretario Gómez Robledo planteó que el año pasado México adoptó un mecanismo de prevención de la tortura para prevenir y sancionar este delito mediante un sistema ágil y facultativo que permitirá “visitas sorpresa” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los centros de detención.

NO SE QUE TAN CULTO SEA EL EJERCITO MEXICANO, TODO SE VA A LA BASURA CUANDO "LA ORDEN" DEL ESPURIO CALDERÓN ES REPRIMIR Y DESAPARECER.
el ejercito siempre ha sido obligado por "el narco" a trabajar para ellos
Con la población civil, muy "machitos" y cabrones
Con los delincuentes, muy chillones y gallinas

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PROCESO: Responsabilidad militar: Jorge Carrasco Araizaga

Responsabilidad militar jorge carrasco araizaga México, D.F. (apro).- En el Ejército mexicano han empezado también las justificaciones. Así como su comandante en jefe, Felipe Calderón, dice que la violencia sin límites desatada por el narcotráfico en diferentes partes del país es resultado de las acciones policíaco-militares de su gobierno, el Ejército ha soltado la especie de que en el último año del gobierno de Vicente Fox se dejó libre el camino a los narcotraficantes. La razón, dice esa versión difundida por algunos militares de alto rango, es que Fox desmovilizó al Ejército en la persecución de narcotraficantes y lo mantuvo concentrado ante la eventualidad de desórdenes políticos en caso de que se le diera el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. El señalamiento es grave por donde se le vea. Si en efecto Fox hizo tal movimiento habría una doble responsabilidad: La primera, la de haber renunciado a su obligación de enfrentar una de las principales amenazas a la seguridad nacional, despejando el camino a los cárteles de la droga. Para ello, ningún pretexto habría sido necesario. Basta recordar la libertad con la que se movió Joaquín El Chapo Guzmán desde que se escapó de una cárcel de “alta seguridad” al principio del sexenio foxista. La segunda responsabilidad de la que se estaría hablando es la de utilizar al Ejército para un propósito meramente político: el de reprimir protestas sociales. Pero aquí hay una agravante más, la de desconocer por la fuerza los resultados de una elección presidencial. Como si el Ejército no hubiera aprendido la lección de los efectos perniciosos que tuvo en su interior y en la sociedad el papel de represor de los movimientos sociales que protagonizó en la segunda mitad del siglo pasado, el entonces comandante en jefe habría dispuesto de él para sus propósitos políticos, tal y como ocurrió en el régimen del PRI. No se llegó a tal extremo porque para imponer a su candidato, Felipe Calderón, Fox se valió de cuantos recursos, oficiales y oficiosos, tuvo a su alcance. La versión militar sorprende no por falta de verosimilitud, sino porque el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, públicamente se negó a la utilización del Ejército para propósitos políticos personales. De distintas maneras y en distintos momentos se lo dijo a Fox. La última vez, durante el conflicto en Oaxaca en el 2006, justamente en el periodo al que se refiere la especie. De no ser cierta, la versión militar no deja de revelar un grave problema. Si lo que se busca es echar culpas a los otros, tal y como lo hizo Calderón en su contraproducente –por autoritario– discurso del “ya basta”, el Ejército caería en una evidente incongruencia. Involucrado de manera creciente desde hace décadas en el combate al narcotráfico, el Ejército ha desarrollado y concentrado tal cantidad de información que difícilmente podría estar completamente ajeno al seguimiento y persecución de los cárteles de la droga por más que recibiera una orden de su comandante en jefe. Si hay una institución que conoce cómo se ha desarrollado el narcotráfico y quiénes han facilitado su señorío en México es el Ejército. Más aún, muy lamentablemente, algunos de sus elementos –desde generales hasta soldados– han contribuido a ello. El Ejército mexicano no puede ni debe llamarse a engaño. Sabe, como muchos de quienes conviven directamente con la realidad del narcotráfico, que la violencia no es producto del “éxito” de este gobierno en esta batalla, sino de verdaderas purgas al interior de las organizaciones delictivas para el control de un negocio imposible de desaparecer. De otra manera no se explican las ejecuciones, “levantones” y atentados contra estaciones policiales en las narices de los militares, si es que se sigue la lógica mediática de los operativos federales y reuniones itinerantes del Consejo de Seguridad Nacional. Colocarse en la sintonía de Calderón de que son otros los que han fallado en nada beneficia al Ejército. En algunos años, Calderón saldrá de Los Pinos, pero el Ejército permanecerá más allá del talante autoritario de su actual comandante en jefe. A pesar de haber sido erigidos por Calderón como su principal aliado, los militares –menos que nadie– están para repartir culpas.(16 de mayo de 2008) jcarrasco@proceso.com.mx

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PROCESO : Caso Mouriño, exoneración sospechosa: jesusa cervantes

Caso Mouriño, exoneración sospechosa jesusa cervantes México, D.F., 12 de mayo (apro).- Aun cuando la comisión especial de la Cámara de Diputados exoneró al secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y consideró legales los convenios “multianuales” que firmó a nombre de la empresa familiar, Transportes Especializados Ivancar con Pemex-Refinación, de 1997 a la fecha, denuncias que obran en el propio Órgano Interno de Control de la paraestatal cuestionan la legalidad de dichos documentos. Xavier López Adame, presidente de la “Comisión de investigación para conocer de la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha”, informó el pasado 8 de mayo --cinco días antes de que venciera el plazo fijado para entregar su informe final, este martes 13--, que “hasta ahorita no hay ninguna posibilidad de que (Mouriño) haya podido traficar con influencias”. Sin embargo, en entrevista con Proceso, el pasado 29 de abril, López Adame aceptó que un convenio --como fue el caso del objeto de investigación de los diputados--, “definitivamente no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales”; pero más adelante dijo que se pueden exceptuar los casos y recurrir a la adjudicación directa, si ello implica un ahorro al gobierno. “Puede ser el caso de transporte de combustible, bajo esta modalidad los convenios multianuales pueden ser legales, ya que no son directamente con el autotransportista, sino que son convenios regulatorios que no le da un beneficio a una empresa particular; porque no estás contratando anualmente y garantizando alguna parte del presupuesto público”, declaró a Proceso. El pasado 16 de febrero, la revista Contralínea reveló la existencia de 8 convenios entre Pemex-Refinación e Ivancar, sin mediar licitación alguna y donde Juan Camilo Mouriño firma en su calidad de representante legal de la empresa familiar. Inmediatamente, diputados del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), demandaron la creación de una comisión especial que indagara el posible tráfico de influencias en que habría incurrido el actual secretario de Gobernación, pues durante ese tiempo ocupó los cargos de diputado federal y la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. El FAP exigió la revisión de contratos entregados por Pemex, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero la Cámara de Diputados aprobó su creación a cambio de limitar sólo “la legalidad” de 16 contratos de Pemex-Refinación, y en particular los 8 firmados por Juan Camilo Mouriño. Sin embargo, se negó a participar cuando el PRI y PAN negociaron los términos de la comisión. “El frente no acepta limitantes en términos de qué contratos sí y qué contratos no. Aquí se aprobó un asunto que tiene que ver con una de las empresas de Pemex y además no se toca a la CFE. ¿Por qué nos interesa tanto la CFE y otras empresas?, pues porque Mouriño fue subsecretario de Energía. Decidimos no entrar en una participación subordinada en una comisión que ya sabemos hacia dónde va: la exoneración de Mouriño”, dijo Javier González Garza el 13 de marzo, fecha en que se aprobó la creación de la comisión investigadora. “Es una comisión tapadera”, afirmó. En la entrevista con Proceso López Adame, integrante de la fracción del PVEM, dijo que “las afectaciones” que pudieran tener por investigar al secretario de Gobernación “no orientarán el juicio de la comisión”. Es decir, que harían su trabajo de investigación a fondo. Sin embargo, las indagaciones del presidente de la comisión, de los panistas Obdulio Ávila y Antonio Valladolid; del priista Raul Cervantes; del diputado de Convergencia, Armando García Méndez; y el del Partido Nueva Alianza, Miguel Angel Jiménez Godínez, se limitaron a llamar a comparecer a dos funcionarios: el director de Pemex-Refinación, José Antonio Ceballos Soberanes, y el secretario de la Función Pública, Savador Vega Casillas, así como el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Tirso Martínez. Además, acudieron al Registro Público de la Propiedad de Campeche para solicitar la certificación de las actas constitutivas de Ivancar y Grupo Energético del Sureste, las cuales, por cierto, hacía meses que eran públicas e incluso se habían detallado en diversos medios de información. Durante la entrevista, López Adame repitió los argumentos que tanto Pemex como la SFP expusieron durante sus comparecencias y con los que eludían de toda responsabilidad a Juan Camilo Mouriño. Por ejemplo, al cuestionarlo sobre la legalidad de los convenios --objeto de estudio de la comisión-- y sobre si un convenio puede estar por encima de la ley, respondió: “En 1993 la Secodam (la extinta Secretaría de la Contraloría) dijo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones vigente porque sería retroactiva… Y lo que quiere establecer esta comisión es qué es más barato para Pemex, licitar o la adjudicación directa.” --Esa fue la opinión de la Secodam, pero desde su punto de vista, ¿un convenio puede estar por encima de la ley? Porque lo que ustedes investigan es la “legalidad” del contrato, no lo que es más barato para Pemex. --No. Definitivamente un convenio no puede estar por encima de la ley… siempre y cuando se cumpla con todos los principios constitucionales y la retroactividad es un principio constitucional. López Adame se refería a la Ley de Adquisiciones --modificada en 1996--, la cual establece que todos los contratos de obra deben licitarse, a excepción de los casos en que puedan existir pérdidas o costos adicionales para el Estado; y como el convenio marco sobre el cual se basan los contratos entregados a Juan Camilo Mouriño se firmó en 1993, la Secodam determinó que la ley no se puede aplicar retroactivamente. Sin embargo, aunque la Secodam estableció que no se podía obligar a Pemex-Refinación licitar la obra o servicio que contrata, el artículo 134 de la Constitución --que está por encima de la Ley de Adquisiciones y de todo convenio--, en su párrafo segundo establece que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, “se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. El 27 de julio de 2006, motivados por la celebración de convenios iguales que Pemex-Refinación entregó a otras empresas, los entonces diputados federales Sofía Castro, del PRI, y Jesús González Schmall, de Convergencia, denunciaron la ilegalidad de dichos contratos; incluso le remitieron copia al entonces titular del órgano de control interno de Pemex, Gregorio Guerrero Pozas, recién nombrado contralor del Instituto Federal Electoral por los diputados que hoy investigan a Juan Camilo Mouriño. En su argumentación, los exlegisladores presentaron el acuerdo del 3 de marzo de 2003 del consejo de Administración de Pemex, donde se pide dar por terminado el convenio de 1993 que Pemex-Refinación signó con la Canacar y la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex y Empresas Transportistas A.C. Curiosamente presenta como argumento la opinión de la Secodam. Pero ambas asociaciones se ampararon y un juez les dio la razón. Esto dio lugar a que Pemex-Refinación tratara de negociar con ellas; solo lo aceptó la Canacar --agrupación a la que pertenece la empresa familiar de Juan Camilo Mouriño y donde participan 143 empresas, la otra agrupación aglutina sólo a nueve--, a cambio, Pemex-Refinación le ofreció a Canacar el 5 de octubre de 2004 un nuevo convenio que entró en vigor hasta el 26 de enero de 2005, con una vigencia “hasta de cuatro años”, pero sólo si se desistía de las acciones legales emprendidas por los transportistas. Entre los beneficios estaría nuevamente la adjudicación directa y que los contratos o convenios fueran “multianuales”, incluso Ivancar, de Juan Camilo Mouriño, cuenta con un contrato de este tipo firmado el 1 de junio de 2005 con una vigencia al 31 de diciembre de 2008, por la cantidad de 39 millones 646 mil 477.27 pesos, formalizado por Oswaldo Machado, subgerente de Operaciones. La Asociación no aceptó y aún mantiene un litigio con Pemex; pero la paraestatal no justificó las razones de la adjudicación directa, sino hasta el 2 de marzo de 2005. La Ley de Adquisiciones, en su artículo 41, párrafo III, permite la adjudicación directa sólo cuando “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes debidamente justificados”. Sin embargo Pemex, en su reunión del Consejo de Administración del 10 de diciembre de 2004 se comprometió a “elaborar un análisis del costo-beneficio con la participación del Órgano Interno de Control de Pemex-Refinación pero de la documentación con que se cuenta (dicen los demandantes), no se desprende la existencia de ese análisis”. Pero no sólo eso, Pemex puso como justificación para recurrir a la adjudicación directa para Canacar que el servicio que ellos prestan tiene un costo asociado de 200 millones de dólares al año para el Sistema Nacional de Refinación “debido a que 21 terminales de almacenamiento y distribución, la red aeroportuaria y refinerías del sistema únicamente pueden recibir sus productos por medio terrestre, con un costo social derivado del desabastecimiento y probables bloqueos a instalaciones de Pemex, lo que conllevaría a un riesgo económico, político y social”, se lee en el “Dictamen de justificación de las razones para ejercer la opción de excepción a la licitación pública”, de la Gerencia de Transporte Terrestre de Pemex-Refinación, fechado el 2 de marzo de 2005. En su demanda, los exlegisladores señalan que la “adjudicación directa la fundamenta (Pemex) en el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones y no se acreditan a ciencia cierta los supuestos para inferir pérdidas o costos debidamente justificados y la Gerencia de Transporte Terrestre dictamina sólo con base en especulaciones”. Otro dato que llama la atención es que el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Pemex-Refinación, autorizó el 9 de marzo de 2005, la celebración de convenios mediante adjudicación directa a Canacar, cuando esto se había realizado desde el 26 de enero, “por lo que, al parecer, el Comité únicamente regularizó la adjudicación ya realizada… aunado a que no se rindió en tiempo el informe justificado por parte del Jurídico de Pemex, situación que resulta necesario analizar para conocer qué tanta influencia tuvo esa omisión en la concesión de la suspensión definitiva decretada a favor de la Canacar, con independencia de que se desistieron del juicio de garantías”. Todas estas aseveraciones que los exdiputados realizaron en su denuncia y que soportan con documentos, al parecer no fueron analizado por la comisión Mouriño encargada de investigar “la legalidad” de los contratos. Estos movimientos que realizó Pemex-Refinación y que beneficiaron no sólo a Ivancar, la empresa familiar del secretario de Gobernación, fueron ordenados por el entonces director de esta subsidiaria, Juan Bueno Torio, quien también benefició a empresas de sus familiares con este tipo de contratos. Bueno Torio, hoy senador de la República, fue quien dio la orden para que el citado “convenio marco” se negociara con la Canacar a cambio de que se desistiera del proceso judicial que abrió en contra de Pemex. La comisión Mouriño tiene de plazo el 13 de mayo para entregar su informe final a la Junta de Coordinación Política; los miembros del FAP no participaron en ella por considerarla una “comisión tapadera”.

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EL MIEDO: USURPADOR FELIPE CALDERON: IFAI CAMIONETAS BLINDADAS

• Bajo reserva, especificaciones de los automotores, para evitar poner en riesgo su seguridad
• Presidencia deberá dar a conocer el costo del blindaje de los vehículos que usa Calderón
• El IFAI da un plazo de 10 días a Los Pinos para que entregue la información solicitada

Claudia Herrera Beltrán

La Presidencia de la República debe informar el costo del servicio de blindaje de los 21 vehículos al servicio del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, porque hacer públicos esos datos no pone en riesgo su integridad ni la de las personas que lo rodean, concluyó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Instruyó además a Los Pinos a que entregue a este diario copias de las facturas o de cualquier otro documento en el que consten las condiciones por la prestación del servicio de blindaje o bien si éste es de fábrica, donde indique el costo de los vehículos, de forma que no sea posible obtener el pago por unidad blindada. En los dos casos, dio un plazo de 10 días para cumplir con la resolución.

A la par, el IFAI determinó confirmar la reserva por 12 años de información relacionada con las características de dichas unidades y de su blindaje, porque según la Presidencia su publicidad pondría en riesgo la seguridad e integridad del presidente ante posibles atentados o cualquier agresión de la “delincuencia organizada”. Al revocar la reserva de parte de la información solicitada, el IFAI argumentó que inclusive hizo una búsqueda en Internet sobre empresas blindadoras y encontró que, si bien publican información referente a los niveles de blindaje, no ofrecen el costo de los mismos. Por lo anterior, “es posible afirmar que la divulgación del costo del servicio del blindaje de los 21 vehículos al servicio del Presidente no pone en riesgo su integridad ni la de las personas que lo rodean, en virtud de que el monto no hace identificable el nivel o tipo de blindaje de los automotores; de ser el caso contrario, procedería la conformación de la clasificación con fundamentos en las causales analizadas”, consignó el comisionado Alfonso Gómez-Robledo, ponente del caso.

También ordenó a la oficina presidencial que dé acceso a las facturas por el servicio del blindaje, al tratarse de documentación mediante la cual se transparenta la gestión pública y se favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos. Pero en caso de que en estos papeles se encuentren datos correspondientes a las especificaciones técnicas de los niveles de seguridad del blindaje de los vehículos o aquella que permita identificar a los mismos, la Presidencia de la República deberá elaborar una versión pública de la documentación solicitada en la cual omita dicha información. Por otra parte, coincidió con Los Pinos en que causaría daño la información acerca de la identificación plena de vehículos, porque permitiría conocer las capacidades de seguridad y ubicación (patrones de rutas) de los automores que tienen por objeto salvaguardar la integridad física del Presidente, y provocaría que se vieran “neutralizadas” las acciones implementadas o planeadas por el Estado Mayor Presidencial.

De esta resolución se desprende que tampoco es conveniente identificar a las personas morales que llevaron a cabo el blindaje de los vehículos utilizados por el titular del Ejecutivo federal, ya que éstos pudieran ser sujetos de presión con objeto de que revelaran las especificaciones técnicas de automotores.

Reconocen riesgo de atentado

Originalmente la Presidencia clasificó los documentos referidos por 12 años y luego alegó ante el IFAI (en un documento recibido el 26 de febrero de 2008) que dar a conocer cuáles vehículos están blindados, su tipo de blindaje, qué empresas lo hicieron, las condiciones del contrato y proporcionar las facturas puede ocasionar que “se dificulten las estrategias para prevenir y combatir cualquier tipo de acción delictiva gestada para amenazar, afectar o dañar la integridad” de Calderón. Acerca de los montos pagados por el blindaje, fue más allá cuando señaló que su conocimiento “podría traer consigo que grupos de delincuencia organizada descubrieran al momento de saber el costo del equipo, el tipo de blindaje utilizado y existiera la posibilidad de que dichos grupos contrarrestaran con equipos de mayor o igual tecnología los grados de seguridad de cada uno de los vehículos a cargo del equipo de seguridad y logística del presidente, y así tuvieran la posibilidad de atentar contra la vida del titular del Ejecutivo, su familia, así como de los recursos humanos que trabajan en las oficinas del Ejecutivo”.

Esto, porque “normalmente se utilizan vehículos similares haciéndolos identificables”; además “estos datos pueden dar una idea precisa del nivel de fuerza que se requiere para llevar a cabo un atentado, el cual sin lugar a dudas puede efectuarse cuando se utilicen dichos vehículos al circular o encontrarse estacionados en la vía pública, incluso atendiendo la señal de alto en los semáforos”. Dicha circunstancia, añadió, “invariablemente afectaría también la tranquilidad e integridad de la ciudadanía, alterándose como consecuencia la seguridad pública y ocasionando esta situación un evidente riesgo a la seguridad nacional, ya que se estaría revelando información técnica o datos que son susceptibles de potenciar o actualizar amenazas, de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad en la materia”.

Kikka Roja

UOM: el IETU Empobreció a trabajadores asalariados

• A partir de este año perciben entre 100 y 500 pesos menos al mes, por impuestos
• Empobreció a trabajadores asalariados la reforma hacendaria, señala la UOM

Patricia Muñoz Ríos

La reforma hacendaria que entró en vigor en enero de 2008 ha resultado altamente regresiva para los trabajadores del país, ya que afecta a los trabajadores de nómina, incluyendo a los llamados asalariados de la clase media, y ha significado un mayor empobrecimiento para todos porque aumentó el pago que realizan por concepto de impuestos. Una investigación de la Universidad Obrera de México (UOM) revela lo anterior y plantea que, independientemente del nivel salarial en que se encuentren los trabajadores, a partir de este año perciben entre 100 y 500 pesos menos al mes, por el aumento de impuestos.

En cambio, los ejecutivos con salarios superiores a 150 mil pesos sólo pagarán 729 pesos más de gravámenes.

“La inequidad de este sistema tributario tiene su causa en las modificaciones introducidas por la nueva reforma hacendaria para calcular el impuesto sobre la renta (ISR) de las personas físicas”, porque el subsidio al empleo se integró en una sola tarifa y se sustituyó el crédito al salario, explica el análisis titulado La acumulación del capital y el presupuesto público, financiados por el fondo de vida de los trabajadores. El afán simplificador del cálculo del ISR de la actual reforma resultó ser contraproducente para los trabajadores, pues se les retiene mayor impuesto y eso redunda en menor ingreso, en un contexto en que han tenido que padecer, por más de dos décadas y media, topes salariales y la precarización de sus condiciones generales de trabajo, añade la investigación elaborada por Laura Juárez de la UOM.

Beneficios a corporativos

Hace ver que los trabajadores de México son causantes cautivos que por conducto del ISR y el impuesto al valor agregado (IVA), contribuyen con la mayoría de los ingresos fiscales, mientras los grupos empresariales nacionales y extranjeros seguirán pagando los impuestos más bajos del mundo, e incluso no pagarán, “como en el caso de la venta de Banamex al grupo financiero estadunidense Citigroup”, y también continuarán evadiendo al fisco, diferirán sus pagos y hasta les regresarán impuestos. El camino de la devolución de impuestos y el beneficio de créditos fiscales es muy conocido en la historia del país: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que en el sexenio de Vicente Fox el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) benefició con créditos fiscales a los empresarios con 495 mil 807 millones de pesos. Esto significó que en cinco años de foxismo la SHCP benefició a la iniciativa privada con más de un billón 175 mil 498 millones de pesos, según planteó. Entre 2001 y 2005, sólo la devolución de IVA e ISR ascendió a 604 mil 366 millones de pesos, superando en 216 por ciento a la inversión privada en ese periodo, cuyo monto fue de 279 mil 832 millones de pesos.

Trabajadores pobres financian a empresas ricas

Por otra parte, la información detalla que en cuanto a los fondos de retiro, los recursos acumulados en las Afores sumaron en marzo más de 874 mil millones de pesos, equivalentes a 8.9 por ciento del PIB, y se destinaron a financiar 25 por ciento de la deuda privada, particularmente para otorgar préstamos y financiamiento a centros comerciales, empresas cementeras, industrias automotrices, industrias alimenticias y compañías de transporte. El informe añade que, por el contrario, los mismos banqueros reconocen que la gestión privada de las pensiones no garantiza un ingreso mínimo para vivir dignamente a las personas que se retiran laboralmente, pues las “proyecciones más optimistas indican que, con el sistema actual, un trabajador obtendrá una pensión equivalente a entre 20 y 30 por ciento del salario que tenía en el momento del retiro”.

Kikka Roja

Por la verdad histórica en el caso de Digna Ochoa

correo ilustrado

El 15 de mayo pasado, Digna Ochoa hubiese cumplido 44 años. El ignominioso dictamen de “suicidio simulado” y el no ejercicio de acción penal sobre este caso son una vergüenza para el sistema de justicia mexicano.

La familia Ochoa y Plácido ha librado una heroica batalla contra ese sistema y logró fueran autorizados peritajes que demuestran lo siguiente: Digna fue terriblemente torturada antes de su muerte; no pudo disparar con la mano izquierda y presentar la trayectoria e impacto de bala en donde fue recibido; su cuerpo no pudo girar y quedar en la posición en que fue encontrado y, contrario a lo que se argumentó inicialmente, el arma sí macula.

Digna sufrió años de amenazas, secuestro, intento de asesinato, tortura sicológica y física, y finalmente fue asesinada. Para justificar su muerte también se trató de desprestigiar su imagen.

Nunca se agotaron las líneas de investigación, ahora, en los recientes operativos en Petatlán, Gro., se vuelve a mencionar el nombre de Digna. Y las preguntas ratifican las respuestas, hay testigos y conocimiento en la PGJDF y en autoridades de Guerrero, que permiten vincular a Rogaciano Alva con el asesinato de la abogada.

Exigimos se investigue, enjuicie y castigue a los actores intelectuales y físicos.

Initiative Mexico (INIMEX), FoodFirst Information and Action Network (FIAN) y (KIOS), Hamburgo, Alemania; Centro Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de Barcelona; Colectivo ContraImpunidad Andrea Caraballo (Uruguay); Centro Nacional de Comunicación Social, AC. (CENCOS); Comité Cerezo México; Red de Defensor@s 19 de octubre; Gral. José Francisco Gallardo y 92 firmas más

Kikka Roja

AMLO: Ante miles de brigadistas: Gobierno espurio y empresarios quieren privatizar

• Ante miles de brigadistas mexiquenses llama a la unidad para defender el petróleo
• “Gobierno espurio y empresarios quieren privatizar, pero se van a fregar”: AMLO
• Abrir las puertas de Pemex a los extranjeros nos regresaría a la época del porfiriato, sostiene

Ciro Pérez Silva (Enviado)
MONERO NARANJO

Tlalmanalco, estado de México, 18 de mayo. El cerco informativo con el que se pretende acallar al movimiento por la defensa del petróleo es una de las formas que tienen el “gobierno espurio” y la clase empresarial para defender intereses particulares y de grupo. “La razón, como la justicia, tardan en llegar, pero llegan y siempre la gente termina por tener conciencia; ellos creen que van a privatizar, pero se van a fregar”, afirmó Andrés Manuel López Obrador al reunirse con brigadistas de la zona oriente del estado de México.

Ante miles de simpatizantes que se dieron cita en los seis puntos de esta región, el tabasqueño condenó la actitud de los medios de comunicación, “especialmente de Televisa”, que ha dedicado mucho tiempo a publicitar el conflicto interno del PRD: “Ahí han estado duro y duro, pero cuando pasó el fraude electoral no dijeron ni pío, se quedaron callados porque no les convenía, eso no existió para ellos; igual sucede con los debates (sobre la reforma a Pemex); al primero le dedicaron tres minutos y al segundo nada”.

A toda esta manipulación que se ha dado por el conflicto en el PRD, los medios de comunicación se suman a “los comentarios voraces de la derecha, que quisiera que peleáramos para dejarles el camino libre, pero eso no lo vamos a permitir”, aseveró, para luego hacer un llamado a la unidad a las diferentes corrientes y expresiones del partido del sol azteca.

“Hay diferencias en el PRD, como en cualquiera de los otros partidos, pero no podemos elevarlas a rangos supremos, porque por encima de las diferencias está el interés de la patria; no debemos perder el tiempo peleando cuando tenemos que estar unidos por esta causa”, dijo a los brigadistas reunidos en Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Tlalmanalco, y también los convocó a llevar, casa por casa, el mensaje de la defensa del petróleo.

“¿Ustedes creen que aguantaríamos todos los ataques si no tuviéramos la convicción de que tenemos que sacar adelante al país, de que tenemos la razón? No hay espacio para el desánimo, es posible que nos cierren algunas puertas, pero no debe menguar el esfuerzo, nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos; ellos, el gobierno usurpador y los empresarios voraces, el PRI y el PAN, son los que deben avergonzarse, nosotros vamos a ir hacia adelante, con la frente en alto, lo vamos a hacer unidos”, apuntó.

Reunidos por miles, los brigadistas escucharon al tabasqueño explicarles “la gravedad que significa para el país la privatización del petróleo”. Especialmente con esto se abren las puertas a los empresarios extranjeros, como pretenden las iniciativas de reforma a Pemex, sostuvo.

“Sería muy grave que dejáramos pasar este agravio”, les dijo. “Abrir las puertas de Petróleos Mexicanos a extranjeros sería regresar el país al porfiriato; no necesitaríamos ya de un presidente, bastaría con un administrador, un empleado de los inversionistas extranjeros que, como entonces, volverían a tener el control económico y político de la riqueza nacional y del país entero; de ese tamaño es el problema al que nos enfrentamos”, aseveró.

López Obrador destacó que en esta lucha enfrentan no sólo al PAN, sino también al PRI, “que son la misma cosa, son propiedad ambos partidos, al igual que los medios de comunicación, bajo honrosas excepciones, de los potentados, que en el caso de los partidos compraron las franquicias. ¿Cómo votaron el PRI y el PAN el Fobaproa? Votaron igual ¿Cómo votaron las reformas al ISSSTE, con las que perjudicaron a dos millones y medio de trabajadores? Igual, no hay diferencia entre el PRI y el PAN. En el caso de la reforma a Pemex ya tenían incluso decidido el día en que la iban a aprobar, era el 24 de abril, por eso fue muy bueno lo que hicieron nuestros legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas de ambas cámaras y frenar de esa forma el albazo”.

En medio de gritos de condena de los brigadistas al PRI y al PAN, el tabasqueño insistió: “A los potentados no les preocupan esos partidos, les preocupa más este movimiento, porque está planteando verdaderos cambios y por eso no podemos bajar la guardia, porque es mucha el hambre de dinero, mucha la ambición de ese grupo que busca sólo el beneficio de unos cuantos”, subrayó.

Kikka Roja

HOY: FELIZ CUMPLEAÑOS 76 A ELENA PONIATOWSKA

La periodista, escritora y fundadora de La Jornada nació en París en 1932 y se nacionalizó mexicana en 1969
Elena Poniatowska celebra hoy 76 años de vida
Es autora de La noche de Tlatelolco, uno de los libros emblemáticos del movimiento estudiantil de 1968

De la Redacción

Plena de energía y de espíritu crítico, la escritora Elena Poniatowska cumplirá este lunes 76 años de edad en medio de una actividad incesante entre presentaciones de libros, conferencias y actos conmemorativos por los 40 años del Movimiento del 68. Multigalardonada periodista, narradora, defensora de causas sociales y una de las intelectuales más activas del país, Elena Poniatowska se ocupa no sólo de los aspectos políticos, sociales y económicos de esta sociedad, sino que comparte tiempo con las nuevas generaciones. Nacida en París el 19 de mayo de 1932 y naturalizada mexicana desde 1969, Poniatowska Amor presentó recientemente su quinto libro para niños: La boda en Chimalistac, donde recrimina la constante violencia que los infantes observan diariamente en los medios de comunicación. La autora, quien es abuela de 10 nietos, afirma que la lectura “nos marca desde la niñez, pero es terrible que ahora nos marque la televisión donde hay tanta violencia. Es importante que la literatura enseñe a resolver nuestros problemas”.

Heléne Elizabeth Louise Amelie Paula Dolores Poniatowska Amor, su nombre completo, es hija de la mexicana Paula Amor y del príncipe Jean E. Poniatowski, descendiente del último rey de Polonia. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45), su familia se exilió en México, país que desde entonces consideró su patria. Poniatowska comenzó su carrera literaria con colaboraciones para Excélsior, en 1953. A partir de entonces ha colaborado en la Revista Mexicana de Literatura, Estaciones, Ábside, Artes de México, en la de la Universidad de México, La palabra y el hombre, Punto, Equis y Proceso.

Es fundadora y colaboradora habitual de La Jornada y las revistas Fem y Debate feminista. También ha escrito en los periódicos Excélsior, Novedades, El Día, El Financiero, The News, Tabasco Hoy, Unomasuno y El Nacional. En 1955 dio a conocer su primer libro de cuentos, Lilus Kikus, al que siguieron De noche vienes (1979), así como la novela Hasta no verte Jesús mío (1961), que destaca particularmente en el subgénero narrativo testimonial. También es autora de un libro clásico: La noche de Tlatelolco (1971), texto con testimonios de la lucha estudiantil de 1968. En Querido Diego, te abraza Quiela (1978), Poniatowska recreó la historia amorosa entre Diego Rivera y Angelina Beloff, en forma epistolar, mientras que La flor de Lis (1988) es una novela autobiográfica, y Tinísima (1992) es una vasta investigación novelada sobre la fotógrafa italiana Tina Modotti.

Otros géneros abordados por la escritora son la entrevista y la crónica; muestra de ello son Palabras cruzadas (1961), Fuerte es el silencio (1980), Nada, nadie. Las voces del temblor (1988) y La luna y sus lunitas (1955). También ha sido conferencista en las universidades de Oxford, Cambridge, Munich, Francfort, Heidelberg, Colonia, París y Lyon, y profesora invitada en la Universidad de Texas, en Austin; Harvard, Princeton, Yale, Cornell, Berkeley y Stanford, entre otras. La fundadora de la Cineteca Nacional y de la Editorial Siglo XXI ha sido descrita como la escritora de aquellos sobre los que nadie escribe, la voz de los postergados, de las mujeres humildes, así como de grandes personajes como la pintora Angelina Beloff, Tina Modotti o Frida Kahlo. Entre los galardones que ha recibido destaca el premio literario Xavier Villaurrutia, en 1971; premio internacional Proartes, en Colombia, en 1997; el Gabriela Mistral, en Chile, y el de novela Alfaguara 2001, por su obra La piel del cielo.

En 2004 recibió la Medalla al Mérito Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en reconocimiento a su trayectoria como periodista y escritora; también fue condecorada con la Legión de Honor del gobierno de Francia y el año pasado recibió el premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entre otras distinciones. Poniatowska ha abarcado casi todos los géneros: novela, cuento, poesía, ensayo, crónica y entrevista. Ha escrito libros para niños, adaptaciones teatrales de sus obras y numerosos prólogos y presentaciones en libros de fotografía. Su obra ha sido traducida a idiomas como inglés, francés, italiano, alemán, polaco, danés y holandés, y su nombre figura en importantes antologías.

Kikka Roja

John M. Ackerman: ¿Otra simulación?

John M. Ackerman

El peor enemigo de la democracia es la apatía ciudadana. Cuando los ciudadanos ya no encuentran sentido en acudir a las urnas o responder a las convocatorias del gobierno, la brecha entre la clase política y la sociedad se abre y el sistema pierde vitalidad. Este distanciamiento es sumamente peligroso, pues ceder el espacio público a los políticos profesionales genera mayor indiferencia entre la población y engendra un círculo vicioso que pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

La respuesta a la convocatoria actual para ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye una clara señal de alarma. En noviembre acudieron 491 personas al llamado de la Cámara de Diputados. Hoy, al terminar el último día para recibir las solicitudes de los candidatos, el número probablemente no llegará ni a la cuarta parte de los interesados durante el proceso anterior. Una auténtica emoción ciudadana ante una inédita apertura del Congreso ha sido remplazada por el escepticismo y el desánimo de siempre.

Algunos seguramente atribuirán la reducción del interés ciudadano al incómodo proceso de interrogación a que fueron sometidos los candidatos el año pasado. En aquel momento sobraron voces que lamentaron la “falta de respeto” y las “descalificaciones” que marcaron las entrevistas a algunos participantes. Efectivamente, puede ser que estos ríspidos intercambios hayan espantado a un par de personas preocupadas por los esqueletos que guarden en el clóset.

Pero la causa principal de la falta de interés ciudadano no es el comportamiento de los diputados durante el proceso público de auscultación, sino la total opacidad de las negociaciones de la Junta de Coordinación Política, muy a pesar de los mejores esfuerzos de Javier González Garza por abrir las discusiones. En particular, la encerrona en San Lázaro la noche previa al nombramiento de los consejeros constituyó un ejemplo nítido de la permanencia de las más oscuras formas de negociación política.

Hasta la fecha, los ciudadanos no contamos con ninguna información confiable sobre el proceso de deliberación de los diputados. No sabemos quién propuso a quién, cuáles fueron los criterios de evaluación de los candidatos finalistas, cuáles fueron las diferentes opciones posibles en la mesa de negociación y bajo qué argumentos se vetó a algunos candidatos. El cotilleo y los reportes periodísticos son nuestras únicas fuentes.

En consecuencia, nos quedamos con la impresión de que la convocatoria pública fue una mera simulación. Pareciera que hubo dos caminos paralelos sin relación alguna entre sí: un proceso público diseñado para prestar legitimidad al resultado final y otra vía secreta en que los coordinadores parlamentarios pactaron para repartir el botín del Consejo General. ¿Para qué concursar ahora, si la única función de la convocatoria es legitimar una decisión previamente acordada a espaldas de la ciudadanía?

Sin embargo, tal reacción es contraproducente, pues deja libre el camino a los políticos tradicionales. Por ejemplo, ante el reducido número de candidatas, Diódoro Carrasco ya ha anunciado su intención de romper con el acuerdo formal plasmado en la convocatoria de elegir tres mujeres en esta ronda. Hoy, en lugar de replegarnos y escondernos en un caparazón de apatía e indiferencia, habría que redoblar los esfuerzos por transparentar el proceso de selección.

Además, es incorrecto que la convocatoria no hubiera influido en el proceso de selección anterior. La auscultación pública movió el tablero de la negociación de manera importante. Cayeron algunos de los candidatos más fuertes y surgieron otros que no habían sido tomados en cuenta. En esta ocasión los ciudadanos deben pugnar por tener mayor influencia que el año pasado.

Tal como propusimos durante el proceso anterior, debemos exigir que las discusiones en el seno de la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. Habría que ver hasta qué punto los legisladores realmente toman en cuenta las trayectorias y el conocimiento de los candidatos o simplemente se guían por filias y fobias. De otra forma se fortalecerá el escepticismo y llevará a graves repercusiones en la participación ciudadana tanto para la siguiente selección de consejeros como en las próximas elecciones federales. Este esparcimiento de la apatía podría poner en riesgo la vigencia del mismo sistema democrático que tanto nos ha costado construir.

P.D. Hoy a las 18 horas en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se inaugura un importante seminario internacional, que continuará hasta el miércoles, organizado por el laboratorio anticorrupción del IIS-UNAM y FUNDAR, que será fundamental para la comprensión del futuro de la transparencia en el país. Asimismo, el próximo martes 27 y miércoles 28 de mayo tendrá lugar el seminario El futuro del derecho electoral: los retos de la reforma, organizado por un servidor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Kikka Roja

Plan Mérida, renuncia a la soberanía

editorial

El Comité de Gastos del Senado estadunidense impuso una serie de condicionamientos para la aprobación de los fondos del acuerdo de combate al narcotráfico y la inseguridad llamado Iniciativa Mérida o Plan México. Entre los requisitos están la certificación, por parte del Departamento de Estado del país vecino, del inicio, en el nuestro, de “reformas legales y judiciales”; el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”.

Asimismo, la instancia legislativa exige que la oficina que encabeza Condoleezza Rice certifique que “México está haciendo cumplir las prohibiciones contra el uso judicial de testimonios obtenidos por medio de tortura”. Por añadidura, se pretende que agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos operen en México para “rastrear armas usadas por traficantes de drogas”.

Para nadie es un secreto el alto grado de participación de las corporaciones policiales y castrenses en violaciones graves a los derechos humanos, y no escapa que en las primeras las organizaciones delictivas han logrado infiltrarse hasta grados alarmantes y escandalosos. No es un hecho desconocido, tampoco, la persistencia de la tortura en nuestro país.

En este sentido, las demandas del Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos podrían resultar moralmente plausibles, de no ser por su descarado injerencismo y por su rotunda hipocresía.

Por un lado, se pide que una instancia del gobierno de Washington apruebe o desapruebe el desempeño de un Estado soberano en ámbitos particulares –el de los derechos humanos y el de la probidad–, en lo que constituye un intento por volver a los infames procesos de “certificación” vigentes hasta hace unos años, por medio de los cuales el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, no en función de su compromiso con las garantías individuales o contra la criminalidad, sino a partir de afinidades y desencuentros políticos e ideológicos, o bien como forma de ejercer presiones intervencionistas.

El gobierno mexicano mantuvo siempre, en forma correcta, un rechazo inequívoco a la pretensión de las autoridades del país vecino de arrogarse el derecho de calificar a otros países. Hoy en día, sería lisa y llanamente inaceptable que la administración calderonista aceptara someterse, en la materia que fuera, al escrutinio y la certificación de Washington. Para una presidencia ya señalada como entreguista por diversos sectores –especialmente por su afán de trasladar segmentos enteros de la industria petrolera al control de intereses trasnacionales– y afectada por un déficit de legitimidad de origen, tal claudicación tendría severos costos políticos internos, y cabe esperar que imperen la sensatez y el sentido de nación.

Permitir a una potencia extranjera, sea cual fuere, que conforme una base de datos para realizar un “escrutinio” de las fuerzas armadas mexicanas sería una escandalosa abdicación a las obligaciones básicas en materia de seguridad nacional, difícilmente imaginable en cualquier país. Al margen de otros aspectos impugnables de la Iniciativa Mérida, la sola exigencia formulada por el comité sería motivo suficiente para renunciar a la aplicación de ese acuerdo.

Por otra parte, la exigencia estadunidense de verificar el respeto a los derechos humanos en otras naciones constituye una pretensión grotesca y disparatada, habida cuenta de que, a escala planetaria, la superpotencia es la principal violadora de tales derechos. Abu Ghraib, Guantánamo, los vuelos secretos de la CIA, el severo recorte legal a las libertades ciudadanas y a las garantías individuales, así como los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Afganistán e Irak son referentes ineludibles de un gobierno que ha convertido el asesinato, el secuestro, el bombardeo de civiles y el terrorismo en general en política de Estado.

Por añadidura, la administración de George W. Bush ha dictaminado que la tortura es legal, a condición de que no se le llame así. Con esos antecedentes, Washington carece de la menor autoridad moral para acusar o absolver a terceros países. En el nuestro, y ante la persistente y masiva impunidad de que disfrutan servidores públicos que atropellan a los ciudadanos, la lucha por la vigencia de los derechos humanos dista mucho de haber concluido. Pero Estados Unidos no es, en absoluto, un referente de respeto y de legalidad en este terreno.

Kikka Roja