Luis Javier Garrido: La consulta

Luis Javier Garrido
La consulta

La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada, está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre el futuro de México

1. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex –de aprobarse la llamada “reforma energética” (que no es “reforma” ni es en materia “energética”)–, y crear una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate nacional está tomando otro sesgo.

2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.

3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los posibles reformadores.

4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna (Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006).

5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.

6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional, ya sea “a retazos”, como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe por una contrarreforma constitucional.

7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del petróleo.

8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.

9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.

10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada “clase política”, en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que, con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos.

Kikka Roja

Día 4 debate nacional petrolero: inconstitucional anticonstitucional: Calderón viola la constitución

Polarización irreductible de posturas en el debate sobre Pemex El Senado se vuelve Babel jurídica por la reforma Ningún consenso en torno a la constitucionalidad o no de las iniciativas Arturo Cano Torpe y malvada la oposición: quiere hundir a Petróleos Mexicanos, se envuelve en la bandera para impedir su salvación en nombre de la Soberanía, de la Historia y la Patria. Pero he aquí que los debates del Senado revelan sus verdaderas intenciones: la oposición no quiere que Pemex compre lápices. Para conseguir tan avieso objetivo, la oposición se envuelve en la bandera del general Lázaro Cárdenas y se empeña en convertir el debate sobre teoría constitucional en el carnaval de las ideologías. El regreso de los lápices corre a cargo de Miguel Carbonell, investigador de la UNAM, quien para apuntalar el absurdo de que la oposición rechace todos los contratos cita de memoria al ya ahora clásico senador del PRI Pedro Joaquín Coldwell: “Serían los legisladores más estúpidos del mundo”. Así se achican los argumentos opositores, para quedar del tamaño de un lápiz. Con otra técnica achica Sergio García Ramírez, ex abogado de la nación, las iniciativas presidenciales: “El texto vigente de la Constitución no es una escritura infranqueable. Pero no podemos revisar las decisiones constitucionales en otros peldaños del orden normativo. Los grandes cambios deben llamar a la puerta grande de la reforma constitucional y proclamar su auténtica naturaleza, su origen y su designio. Hecho esto, la nación dirá”. Pero no se hizo. Y por eso, he aquí a los legisladores, entre abogados y tratando de dilucidar, para decirlo en términos no jurídicos, si es factible que un hombre talla 42 se meta en un pantalón con cintura 30. Berenjenal jurídico O como dicen los juristas: si las iniciativas son inconstitucionales, anticonstitucionales o constitucionales. O si la palabra explotación significa lo que dice el diccionario o lo que “esta soberanía” determine en su momento, sobre todo para ahorrarse el paso de un juicio en el “tribunal supremo”. O también si las “áreas estratégicas”, definidas así en el 27 de la Carta Magna, pueden pasar a ser tácticas mediante el voto de un frente PRI-PAN en el Congreso. Hay quienes entran con soltura sosegada al berenjenal de los terminajos y las interpretaciones infinitas. García Ramírez, por ejemplo, pregunta: “¿Hay áreas estratégicas dentro de las áreas estratégicas, en forma que aquellas absorban todo el compromiso del Estado y éste decline en otros aspectos de la actividad del área, que perdería su condición estratégica y, por tanto, de estrictamente pública?” Se pregunta, y se responde, un partidario de las reformas, Sergio López Ayllón, investigador del CIDE: “¿Por qué considero que es constitucional? Porque lo que está proponiendo la iniciativa es sacar del área estratégica algunas actividades, en concreto, por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, la distribución, de los productos derivados del gas, de la refinación y de la petroquímica básica”. En el turno de los legisladores, el perredista Pablo Gómez le remite a la lectura del artículo 28 constitucional: “No, doctor, el Congreso puede agregar, no quitar. Propongo que un secretario nos haga el favor de leer a los señores expertos lo que dice la Constitución”. Faltan 19 debates. La semana venidera acuden los gobernadores. Que alguien les recomiende memorizar el texto constitucional. Mientras, García Ramírez recurre a la historia reciente, a 1990, cuando la banca dejó de ser “área estratégica”. Cita en extenso una porción de la exposición de motivos de entonces: “Debemos ser claros: la banca no pierde su arraigo ni su compromiso con el país, al contrario, se abre a la sociedad para que comparta plenamente su destino. Necesitamos ampliar el concurso del mayor número de mexicanos en el capital de los bancos…” No lo dice el ex procurador, pero hoy la banca está mayoritariamente en manos extranjeras y obtiene aquí las ganancias más altas del mundo. La Constitución y el reglamento de tránsito No hay puerta grande sino rendijas. “No se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”, dice García Ramírez. No hace falta, al menos para el jurista Raúl Carrancá: “El autor de la iniciativa (Felipe Calderón) viola la Constitución”. En la misma ruta va Luis Javier Garrido, sólo que con más adjetivos y dardos más duros, cuando dice que el Ejecutivo, simple y llanamente, le está pidiendo al Legislativo que viole la Constitución: “Y eso, en otras palabras, perdónenme la franqueza, señores legisladores, se llama traición a la patria. Y quien está haciendo esto podría y debería ser enjuiciado por ese gravísimo delito”. Carbonell y otros se dan por aludidos: “Imagínese qué habría pasado con los autores de todas las leyes y decretos y reglamentos que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. ¿Les tendríamos que abrir proceso penal por el tipo de traición a la patria?” Al gruñido contra Garrido se suma Jesús Murillo Karam, en nombre de alguna fracción del PRI. Eso sí, para regocijo de los opositores, adelanta que en las iniciativas “hay algunos visos de inconstitucionalidad”. Y es que el debate camina a ratos por senderos que a los defensores de la reforma no les placen, sobre todo, dicen desde el primero, porque éste es un asunto de leyes que los opositores quieren convertir en una batalla ideológica y en una disputa por la historia. Este día, los debatientes que están con la reforma insisten. A nosotros nos llamaron como técnicos. Las otras discusiones son del Congreso, de los políticos. “Los juicios globales contundentes y omnicomprensivos sobre el apego a la Carta Magna de las iniciativas son propios de ideólogos o de posturas políticas, como tales respetables. Pero a los que nos dedicamos al estudio de la Constitución se nos llamó para exponer un criterio técnico-jurídico y no nuestro posicionamiento ideológico”, frasea Carbonell, quien aceptó la invitación senatorial para evitar que las “guerrillas ideológicas se apoderen del escenario nuevamente”, si nos atenemos a un reciente artículo suyo. García Ramírez responde a un argumento similar de López Ayllón: “Me temo que cuando alguien dice incluso que es una Constitución democrática o propia de una sociedad democrática, ya está incorporando valoraciones políticas. Esto me pasa siempre con la Constitución, debe ser un achaque; no me pasa nunca con el reglamento de tránsito del Distrito Federal, en el que jamás involucro cuestiones de carácter político”. Los que impugnan deben probar Las intervenciones de los legisladores son botica. El panista Juan José Rodríguez Prats busca exhibir sus conocimientos históricos y jurídicos. Los del Frente Amplio Progresista insisten en la consulta popular. Alejandro González Alcocer dedica parte de su intervención a un reproche para “aquellos que se envuelven en la bandera del cardenismo” (quizá debería comenzar con el presidente de su partido, Germán Martínez, quien hasta regala citas del general). Y los del FAP insisten en la consulta. Fauzi Hamdan, ex legislador y ahora expositor, prefiere uno de los argumentos centrales del gobierno: “No podemos dejar de sacar a este país de las condiciones en las que está”. Como legislador, recuerda alguien, fue pieza clave en el Fobaproa, asunto que por supuesto nada tiene que ver con las condiciones del país. Por argumentos así la opinión dominante en la prensa es que los defensores de la reforma tienen escasas baterías. Sin conceder, Carbonell tira la pelota: “Quienes impugnan la constitucionalidad son los que deben probarla y no al revés”. Suena como chivo en cristalería, después de los desencuentros, la frase del coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, empeñado en citar a Juan Ramón de la Fuente: “Discrepar es un privilegio de la razón, coincidir es un privilegio de la inteligencia”. De otro modo remata su primera intervención García Ramírez: “Un ilustre mexicano advirtió –en una hora infinitamente más oscura que ésta– que no se debía tomar ninguna decisión que privara a las generaciones futuras de la posibilidad de reivindicar su derecho. Si erramos al abrir una puerta –la puerta que no abrió el Constituyente en 1959–, quizás no podremos cerrarla mañana”. Pues mañana pondrán al ex procurador en el costal de los que se envuelven en presidentes muertos, porque el mexicano de su cita es Benito Juárez. Se busca dar la vuelta a la Carta Magna con modificaciones a leyes secundarias, advierten García Ramírez, Carrancá y Garrido: la reforma a Pemex, inconstitucional Se “traslucen” cambios a la ley suprema que “no confiesan su identidad”, dice el primero de ellos Andrea Becerril y Víctor Ballinas Los juristas Sergio García Ramírez, Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido advirtieron ayer que la reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por Felipe Calderón es inconstitucional, toda vez que pretende modificar un precepto fundamental de la Carta Magna y privatizar la industria petrolera mediante simples cambios a leyes secundarias. García Ramírez advirtió sobre la intención de ir más allá: “Hoy no se plantea una reforma constitucional, pero se trasluce. Es el convidado que no confiesa su identidad. Se sienta a la mesa y aguarda”. El jurista, ex funcionario público y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó también a los legisladores: “Si erramos en abrir una puerta, la puerta que no abrió el Constituyente de 1959, quizá no podamos cerrarla mañana”. Durante el cuarto foro de discusión sobre las iniciativas en torno a la apertura de Pemex al capital privado, dedicado al igual que la sesión anterior a su análisis constitucional, Carrancá y Rivas recalcó también que las iniciativas del Ejecutivo se oponen flagrantemente a la Constitución, a la que pretenden rebasar con leyes secundarias. ¿Caballo de Troya o iniciativa? Consideró un auténtico “caballo de Troya” dentro del cuerpo normativo de la Carta Magna la propuesta de modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, toda vez que se intenta dejar en manos de empresas privadas la refinación de petróleo y su transporte, además de posibilitar que Pemex celebre contratos de obra con personas físicas y morales. Carranca y Rivas sostuvo que Calderón puede ser sujeto a juicio político por presentar este paquete de reformas. El jurista, profesor universitario y abogado, como él mismo se presentó ayer en ese foro, realizado en el patio central del Senado, añadió: “No es lógico que carezca de responsabilidad el presidente si incurre –y en mi opinión ha incurrido– en un flagrante violación constitucional”. En ese mismo tenor, el jurista, profesor universitario y politólogo Luis Javier Garrido pidió a los legisladores “mandar al basurero de la historia” las iniciativas de Calderón –al que se refirió siempre como “espurio” y “presidente de facto”– porque en su afán de privatizar el petróleo violan “el principio inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, en particular los hidrocarburos”. Se transgrede, detalló, el principio de la supremacía constitucional, se viola el principio de exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa de otorgar concesiones y contratos a particulares, y el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como áreas estratégicas. Los tres juristas coincidieron en el riesgo que representa cambiar preceptos constitucionales con modificaciones a leyes secundarias. García Ramírez advirtió que si la legislación reglamentaria corrige a la ley suprema quedaría en riesgo todo el orden constitucional. Bastaría con tener el control de la oportunidad, dijo, para que “una simple mayoría” de legisladores pudiera “dispersar la obra acumulada por sucesivos cuerpos constituyentes”. García Ramírez explicó que el Constituyente de 1916-17, en el dictamen sobre el artículo 27, reservó para la nación la explotación “del petróleo o cualquier otro carburo de hidrógeno sólido, líquido y gaseso”, y una vez hecha la expropiación petrolera el presidente Lazaro Cárdenas sugirió al Congreso una reforma que precaviera frente a “problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, con el propósito de que sea el Estado el que tenga control absoluto de la explotación petrolífera”. Resaltó que bajo el concepto de industria petrolera, el artículo tercero de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo señala una suma de actividades estatales exclusivas y excluyentes: “Su texto traduce la voluntad constitucional y mantiene el rumbo dispuesto por ella. Reafirma el carácter público no sólo de Pemex, sino de la industria en la amplia acepción que le asigna el propio artículo tres. Todo ello conforma –dice el artículo cuarto del mismo ordenamiento– las áreas estratégicas a las que se refiere el artículo 28 constitucional”. Por su parte, Carrancá y Rivas advirtió que las leyes reglamentarias son para reglamentar y no pueden estar por encima del texto supremo. A su vez, Luis Javier Garrido calificó de “tentativa de fraude a la Constitución” que se violen principios centrales de la misma por medio de una legislación secundaria y con el fin de “desmantelar a la nación en beneficio de los grandes consorcios”. LOS PANISTAS VENDE PATRIAS TUERCEN LAS PALABRAS Defensores de la reforma calderonista a Pemex buscan sin lograrlo dar solidez a la propuesta Palabras como “explotación”, “uso” y “aprovechamiento” enrarecen el debate Retorcida discusión sobre si la apertura a la iniciativa privada implica violar la Constitución Andrea Becerril y Víctor Ballinas La discusión que ayer libraron ocho juristas sobre la inconstitucionalidad o no del paquete de iniciativas de Felipe Calderón en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex) evidenció, según expuso crudamente Luis Javier Garrido, cómo se pretende “retorcer” conceptos para hacer prevalecer una interpretación de la Carta Magna que permita la inversión privada, nacional y extranjera, en la paraestatal.Cinco juristas, entre ellos el ex senador del PAN Fauzi Hamdan, llegaron ayer al debate a tratar de borrar la idea que está grabada ya en la opinión pública de que son “endebles” los argumentos de quienes respaldan la propuesta de Calderón.Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Miguel Carbonell advirtió que quienes sostienen la inconstitucionalidad de la reforma son los que “tienen la carga de la prueba, y no al revés”.Y eso fue justo lo que sucedió, ya que tanto Sergio García Ramírez como Raúl Carrancá y Rivas y Luis Javier Garrido, expertos constitucionalistas, rebatieron cada uno de los planteamientos del bloque de juristas defensores de la reforma presidencial.Estos últimos llevaron una argumentación común, centrada en aconsejar a los legisladores que interpreten la Constitución y, con base en ello, hagan los cambios necesarios en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional para dar cabida a la propuesta de que Pemex firme contratos de exploración y explotación de crudo y ceda a empresas privadas la refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos. Visiones divergentes Carbonell incluso citó una frase que pronunció en el foro anterior el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell de que serían “los legisladores más estúpidos del mundo” en caso de que no interpreten la Carta Magna.“No tengan duda de que les corresponde a ustedes interpretar la Constitución. Nosotros les hemos dado elementos razonables, más o menos objetivos, para que ustedes interpreten que explotación no es refinación, no lo puede ser, no lo dice la Constitución.”Y agregó: “No pongamos fantasmas, no pongamos palabras grandilocuentes, pero finalmente retóricas, como privatización o neoliberalismo. Tomemos en serio las palabras de la Constitución; son palabras a las que tenemos que darles contenido”.El doctor Carrancá y Rivas, respondió de inmediato: “Señores senadores, no tengan ustedes la menor duda de que no pueden interpretar la Constitución”.Explicó que los legisladores pueden interpretar leyes y decretos, pero no la Constitución, ya que ello le corresponde a la Suprema Corte.Sobre la afirmación de que el artículo 27 constitucional se refiere sólo a la explotación del petróleo y no a la refinación y otros procesos industriales, inquirió: “¿Cómo explotar el petróleo, me pregunto, sin refinerías sin oleoductos y sin medio de transporte?”Antes, García Ramírez expuso que la frase “explotación del petróleo”, de acuerdo con el diccionario y la historia constitucional, significa “aprovechamiento integral de la industria”.El ex subprocurador de Justicia José Elías Romero Apis, urgió a los legisladores a que interpreten la Constitución para que en la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se defina “lo que es explotación y lo que no lo es”. Les sugirió, “para dar mayor seguridad, instalar una relación o listado de lo que no está incluido en la explotación del petróleo” y, para no dejar “ni las rendijas”, colocar “por alusión directa una declaración normativa muy concreta y específica”. Dijo no tener temor alguno en el éxito de esa “recomendación”.Garrido llamó a eso “retorcer los conceptos para hacer prevalecer una argumentación que, a fin de cuentas, no va a convencer a nadie”. Se intenta “superponer a nuestro régimen jurídico otro régimen supuestamente de derecho que cambia por completo la naturaleza de la ley suprema”.García Ramírez replicó que la palabra explotación puede ser, efectivamente, extracción, renta petrolera, industria petrolera, pero serán los legisladores los que decidan el significado exacto, “mirando el desarrollo constitucional y la conveniencia de la República”.Al cuestionamiento de Carbonell, por haber hablado de privatización de Pemex, García Ramírez aclaró que usó la palabra en el sentido más llano y simple: hacer privado lo público, como se plantea en las iniciativas debatidas.Antes había expresado que si bien no se venden los activos de Pemex, “se privatiza una porción del área estratégica mencionada en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional”.Para sorpresa y enojo de los juristas que no querían que se hablara de privatización, dos legisladores del PRI lo hicieron: uno de ellos fue el senador Jesús Murillo Karam, secretario general de ese partido, quien intervino en el debate para expresar que, a su juicio, las iniciativas “sí presentan visos de inconstitucionalidad” por lo menos en tres partes.“Creo que no sólo es la palabra explotación, sino también el uso y aprovechamiento”, donde no puede haber contratos. Sostuvo que el PRI, partido que impulsó esos planteamientos históricos, tiene que defenderlos.La intervención de Luis Javier Garrido, en la que se refirió infinidad de ocasiones “al gobierno de facto” de Calderón, al que llamó también espurio, indignó a los panistas, quienes en voz de Fauzi Hamdan y del senador Alejandro González Alcocer le reclamaron.Garrido reviró a este último: “No escuchó mis argumentos, como tampoco escuchó los del doctor Carrancá y Rivas, porque estaba usted platicando. Hasta acá oía el ruido de su conversación”, y le repitió algunas de las ideas que ya había expuesto y de paso le respondió también a Carbonell.En un intercambio con Carrancá, Garrido expresó que se puede acusar a Calderón de traición a la patria y algunos legisladores se sintieron aludidos.Al final García Ramírez, quien mencionó los efectos de la privatización de la banca 20 años después, preguntó: “Qué ha sido del patrimonio de la nación”, y advirtió que en dos décadas alguien se hará la misma pregunta, pero ahora en relación con el petróleo.

HASTA LOS PANISTAS VENDEPATRIAS DICEN:
Como está, la Corte podría echarla para atrás, advierten juristas
Recomiendan limpiar la iniciativa
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• En los hechos, el gobierno “deja morir” al IMP, señala el líder del sindicato del organismo
• El plan energético de Calderón agravará dependencia de trasnacionales, vaticinan
• Trabajadores demandan al Senado que les permita participar en los debates sobre el sector

Patricia Muñoz Ríos

La reforma energética que propone el gobierno de Felipe Calderón condenará a México a dependender en materia tecnológica de lo que las trasnacionales petroleras quieran venderle, advirtió ayer el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo, Felipe Navarrete, y denunció que aun cuando oficialmente ese organismo no será privatizado, en los hechos “lo están dejando morir”. Resulta extraño, abundó, que en vez de fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el desarrollo científico y tecnológico nacional, “los privatizadores pretendan, mediante esa reforma, fomentar aún más los indebidos, inmorales y onerosos contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) sucribe con trasnacionales en materia de investigación”.

Aseveró que de 2001 a 2006 la empresa paraestatal contrató servicios tecnológicos por 13 mil 360 millones de pesos, de los cuales 11 mil 621 se pagaron a firmas privadas. Es decir, 82 por ciento de los contratos de servicios tecnológicos que pagó Pemex en cinco años fueron en su mayoría para las trasnacionales, y sólo 18 por ciento correspondieron al IMP. Incluso, añadió Felipe Navarrete en conferencia de prensa, “los recursos destinados por Pemex al instituto decrecieron a una tasa anual de 25.3 por ciento en promedio, al pasar de 997 millones de pesos a 232 millones en dicho periodo”. Sostuvo: “queda claro que la verdadera intención de los pontífices de la privatización es entregar nuestro petróleo basándose en la imposición de una perpetua dependencia de nuestro país respecto a otras naciones en materia de conocimiento científico y tecnológico”.

Explicó además que el IMP identificó desde 2003 y 2004 las áreas que requieren el desarrollo de tecnología de aguas profundas y elaboró al respecto diversas propuestas, faltando sólo la aprobación de Pemex. En cambio, a la trasnacional Schlumberger “sí se le dio la oportunidad de experimentar sus innovaciones tecnológicas en el pozo Coapechaca 439 de Chicontepec, y se le entregaron 7 millones de dólares para hacerlo; sin embargo, el proyecto fue fallido, a tal grado que la inversión no se ha recuperado a pesar de los altos precios del petróleo”. Navarrete Plascencia resaltó que se imponen al IMP exigencias que no corresponden a su naturaleza de empresa pública creadora de conocimiento.

Añadió que también se priva al instituto de los recursos necesarios para la investigación científica, se le reduce el nivel de contratación de servicios, se le impide que genere sus propios fondos y se le condena a seguir sujeto a un marco institucional que favorece la nula transparencia. Por si fuera poco, “se le obliga a responder a la inmediatez y la voluntad de un Pemex fragmentado en feudos y exprimido en sus finanzas”. En resumen, acusó, se impide al IMP que cumpla con el objetivo que da razón a su existencia: lograr la independencia científica y tecnológica de Pemex. Por ello, aseguró, los trabajadores exigen al Senado que se les tome en cuenta en los foros de debate sobre reforma energética y demandan al gobierno impulsar cambios legales para terminar con “la perversa e indebida sujeción” del instituto a Pemex. Proponen participar firmemente en el impulso de una política científica y tecnológica “que en materia de energía nos permita avanzar hacia la independencia y situarnos incluso en condiciones de exportar talento y conocimiento, en lugar de barriles de crudo”.


Nadie ha probado que sólo quede petróleo en aguas profundas, apunta; “sólo inventan”
“Miente” el gobierno sobre Pemex ante la falta de argumentos sólidos, acusa AMLO
Ciro Pérez Silva (Enviado)
Monclova, Coah., 22 de mayo. Con “mentiras”, por falta de argumentos sólidos, el gobierno federal pretende hacer creer a los mexicanos que la empresa más rentable del país, que genera excedentes por 20 mil millones de dólares al año y contribuye con 40 por ciento del presupuesto nacional, no cuenta con recursos propios para su fortalecimiento y debe entregarse irremediablemente al capital extranjero para su rescate, pero “en realidad realidad se trata a todas luces de un atraco, y de montar en el negocio del petróleo a un pequeño grupo de inversionistas extranjeros”, enfatizó aquí Andrés Manuel López Obrador. Al reunirse con comités en defensa del petróleo de este municipio, el tabasqueño retomó la pregunta que en el debate de ayer en el Senado hizo Sergio García Ramírez: “¿qué beneficios le han traído al pueblo de México las privatizaciones?” Y si en aquel espacio no hubo una respuesta a esta interrogante, en Monclova y en Saltillo la respuesta fue una: “¡ninguno, ninguno! ”En la plaza central de Monclova, con un calor cercano a los 40 grados, López Obrador explicó que además de ser un recurso estratégico para el desarrollo mundial, el petróleo mexicano, cuyo precio por barril deja hoy una utilidad de unos 108 dólares, casi 60 más de lo presupuestado por el Congreso para este año, es fundamental para asegurar el desarrollo del país y el futuro de las generaciones venideras.

Los excedentes petroleros, destacó, alcanzan para construir las refinerías, impulsar la industria petroquímica e instalar los ductos que el “gobierno espurio” pretende entregar al capital extranjero.“En una política orientada a sacar provecho para unos cuantos a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y en contra de la nación, lo hacen hoy de manera descarada, con mucho cinismo y con el apoyo de los grandes capitales, y plantean la disyuntiva de mantener a México como un país o convertirlo en una colonia.”En Saltillo, donde la participación ciudadana en el movimiento rebasó la organización partidista, López Obrador insistió en señalar “las mentiras del gobierno espurio, apoyado con medios de comunicación como Televisa, para convencer a la sociedad de la urgencia de privatizar y dejar a México como abastecedor de materia prima”.Condenó también el argumento de que sólo hay petróleo en aguas profundas: “eso nadie lo ha probado, sólo inventan eso (...) para que las empresas extranjeras vengan a apropiarse del mejor negocio del mundo, a extraer un barril de petróleo por 4 dólares y venderlo a 112, cuando a pesar de lo mal administrado que está Pemex y de la gran corrupción que hay en la paraestatal es posible y necesario convertirla en palanca del desarrollo nacional, con recursos propios”. El tabasqueño reconoció el papel que asumió el gobernador de la entidad, Humberto Moreira, al oponerse, junto con el Congreso local, “a esta reforma privatizadora y entreguista”, y convocó a otros gobernadores del tricolor a “decidirse por el respeto a la Constitución y la preservación de los bienes nacionales y no caer en la tentación de la privatización”.

Hizo un recuento de los cuatro debates que han tenido lugar en el Senado, gracias a la “decisión de los legisladores del Frente Amplio Progresista de tomar las tribunas, para evitar el albazo que pretendía el ‘gobierno espurio’ y aprobar a espaldas del pueblo una reforma anticonstitucional”. Hizo entonces un comparativo de la confrontación de ideas en torno del petróleo entre los analistas, investigadores y especialistas enviados por el gobierno federal y los que aún habiendo pertenecido a administraciones priístas se oponen a la privatización. “Vamos cuatro cero. Les hemos ganado los cuatro debates; ellos (quienes apoyan las reformas de Felipe Calderón) están como el equipo de beisbol de los Yankees de Nueva York, con una nómina de peloteros muy cara, pero en el último lugar de la tabla. Les ganamos los primeros cuatro debates y les vamos a ganar todos los que faltan, porque nos asiste la razón”, sostuvo. López Obrador arribó por la noche a Monterrey, Nuevo León, donde fue entrevistado por una cadena de televisión local. Hoy continuará en esa ciudad las reuniones con los grupos de brigadistas en defensa del petróleo.

Varios ciudadanos que observaron la discusión sobre la reforma petrolera en una pantalla gigante de televisión colocada en la Plaza de la Constitución abuchearon a defensores de la iniciativa del presidente Felipe Calderón, entre ellos el panista Fauzi Hamdan Foto José Carlo González

Kikka Roja

226 millones gasta Calderon en imagen y seguridad

• Incluyen la compra de dos helicópteros, vehículos, materiales y equipo diverso
• Costó $226 millones reforzar la seguridad e imagen de Calderón
• En este rubro la Presidencia excedió en 12.5% sus erogaciones autorizadas para el año pasado

Enrique Méndez

El reforzamiento de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón –que incluyó la compra de vehículos y equipo para el Estado Mayor Presidencial (EMP)–, así como la contratación de servicios de imagen y encuestas, entre otros servicios, le costó a la Presidencia poco más de 226 millones de pesos, que por esas presiones y un aumento en el gasto corriente incrementó sus erogaciones 12.5 por ciento a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Además, se tiene considerado para finales de 2008 concluir la compra de dos helicópteros con valor de 572 millones de pesos cada uno, que se asignarán al EMP para sustituir dos de los Superpuma con que cuenta, que le permitan cumplir con el transporte presidencial “con alto grado de seguridad”.

Así, a pesar de la política de austeridad proclamada por Calderón, los rubros de materiales y suministros, servicios generales y de capital se incrementaron 43.9, 28.6 y 61.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información de la Cuenta Pública 2007. El informe señala que Hacienda debió autorizar diversas transferencias para garantizar la seguridad de Calderón, la compra de materiales y útiles, vestuario militar, combustible, alimentación del personal castrense, actividades de logística y capacitación.

Se explica que en el rubro de materiales y suministros el gasto pasó de 141 millones 638 mil 275 a 203 millones 767 mil 529 pesos, es decir, 62 millones 129 mil 254 pesos más. Hacienda autorizó “recursos complementarios”, a través del ramo 23, provisiones salariales y económicas para “garantizar la seguridad del Presidente y su entorno, básicamente en la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos farmacéuticos, vestuario para el centro hospitalario del EMP, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad”.

También, compra de combustible para la flota aérea presidencial, “derivado del incremento de operación de los vuelos, a fin de atender con oportunidad el programa de giras”. Además, para “alimentación del personal militar, derivado del ritmo de operación de las actividades del Presidente”. Hacienda realizó otras transferencias, no especificadas, del capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, compra de “material de seguridad pública, necesaria en el cumplimiento oportuno de las actividades sustantivas” de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, con objeto de reforzar la seguridad en instalaciones. En servicios generales, el gasto pasó de 528 millones 9676 mil 358 a 680 millones 282 mil 919 pesos, 151 millones 315 mil 561 pesos más para “la mayor demanda” de servicios y operaciones de vuelos, seguridad y logística, ya que “las actividades y giras, nacionales e internacionales, presentaron un incremento sustancial”.

También se destinaron recursos al programa anual de mantenimiento de la flota aérea presidencial, por “el uso constante” de las naves. Asimismo, al pago de viáticos “del personal militar para supervisar dichos mantenimientos”. Dentro de esas partidas se incluyó el pago por estudios de opinión, encuestas en vivienda, estudios de benchmark (comparativos) y cualitativos de opinión pública sobre Calderón, así como la contratación del servicio de síntesis informativa, e inclusive la acreditación para las reuniones de jefes de Estado, “publicación de mensajes” del mandatario, así como de servicios profesionales de monitoreo y agenda mediática presidencial. En el rubro de gasto de capital, éste pasó de 20 millones 675 mil 600 pesos, aprobado por los legisladores, a 33 millones 361 mil 410, es decir, 12 millones 685 mil 810 pesos más, incremento que “se debe principalmente a la adquisición de equipo de seguridad nacional” para el EMP, así como para la compra de “vehículos para traslado de personas, materiales y equipo requerido en eventos oficiales para brindar la debida seguridad y logística al Presidente”.

Kikka Roja

Luis Javier Garrido: Desechar la iniciativa de Calderón

Por "notoriamente improcedente", debe desecharse la iniciativa de Calderón: Garrido

El Senado debe “enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, dijo Luis Javier Garrido, catedrático de la UNAM.

La Jornada On Line Publicado: 22/05/2008 12:45

México, DF. El investigador de la máxima casa de estudios Luis Javier Garrido sostuvo que el Senado debe desechar por "notoriamente improcedente" la iniciativa de reforma presentada por el presidente Felipe Calderón “y enviarla a donde debe estar: en el basurero de la historia”, además de que se pronunció a favor de una consulta al pueblo de México. Al participar en el segundo tema del debate sobre la reforma en materia petrolera, “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”, Garrido sostuvo que el paquete de siete iniciativas del Ejecutivo son “a todas luces anticonstitucionales y contrarias a los intereses de México”.

Dijo que las iniciativas deben desecharse porque el Congreso no tiene atribuciones “para establecer normas que transgredan el orden constitucional”, por lo que al Senado no le queda más que desecharlas “por notoriamente improcedentes”.

Advirtió que México se encuentra ante una situación “de excepcional gravedad”, pues se está abriendo un escenario en el que los poderes Ejecutivo y Legislativo “pueden concertarse para violar con una serie de leyes la Constitución” y llevar al país “a un acuerdo de ilegalidad, y todo para servir a los grandes consorcios petroleros”. El profesor de la Facultad de Derecho y de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseveró que “el principio fundamental de todo estado de Derecho es el de la supremacía constitucional”. Calderón exige al Congreso que viole este principio “al aprobar una serie de leyes secundarias que entrañan decenas de normas abiertamente anticonstitucionales, pues contradicen mandatos fundamentales de la Constitución de 1917”, remató.

Se busca también, dijo, “hacer de México un posible objetivo militar de Washington”, y acusó que éste tiene ya “una importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México”.

Dijo que la iniciativa calderonista “no se apega ni a la letra ni al espíritu de la Constitución” y que viola el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los recursos naturales del subsuelo y en particular de los hidrocarburos, la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares, el principio que considera los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país. Además, violan los principios de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico de excepción, y “como consecuencia de todo ello, violan el principio de que el Estado debe garantizar el desarrollo nacional fortaleciendo la soberanía de la nación”.

Kikka Roja

MONEROS | Si votaste por el PAN ya te traicionaron: Rechazan panistas una consulta popular

• AUDIO JUVENTINO CASTRO Y CASTRO DEMOCRACIA REPRESENTATIVA ¿Y A TI EL PAN TE REPRESENTA?

El debate en el Senado es suficiente, afirma la diputada Carbajal
Rechazan panistas una consulta popular sobre la reforma de Pemex

Fabiola Martínez

El debate que se realiza en la Cámara de Senadores es suficiente para discutir la propuesta de reforma energética, aseveró la diputada panista Liliana Carbajal Méndez, vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. “Con el debate que se está realizando es suficiente; los legisladores, como representantes de la ciudadanía, nos convertimos en portavoces de las inquietudes, de las propuestas, de ese reclamo de actualizar el marco jurídico de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, señaló al referirse a quienes opinan que debe realizarse una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la pretendida enmienda. Los legisladores panistas que participan en la Comisión Permanente acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación para comer con el titular de la dependencia, Juan Camilo Mouriño, quien les habló de los principales problemas que enfrenta el país, fundamentalmente en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, así como de las prioridades del gobierno federal en materia de agenda legislativa. Asimismo, Humberto Aguilar Coronado, vicecoordinador de los senadores del PAN, manifestó que los legisladores tienen “un tiempo perfectamente claro” para sacar adelante las reformas antes del inicio del proceso electoral de 2009, el cual arranca en octubre próximo. El método legislativo, agregó, está perfectamente definido, (figuras como el referendo) no están en la Constitución. La vicepresidenta de la Comisión Permanente, también integrante de las comisiones de Justicia y Presupuesto, señaló que ya no puede prolongarse más la reforma de Pemex. “Son suficientes estos foros (de debate sobre la reforma petrolera); es más, creo que le estamos robando tiempo a esta espera, ya de décadas, para que Pemex tenga más resultados”, dijo. Después del encuentro “de cortesía” con Mouriño, la diputada panista indicó que no hay mejor fuerza que la de los legisladores, quienes cuentan con propuestas técnicas, de pleno conocimiento, para tomar todos estos elementos y materializarlos. “Esta reforma ya ha esperado demasiado tiempo, creo que es la mejor forma. La máxima tribuna de la nación representa a todos los mexicanos y es la vía realizable para materializar ya esta reforma”, sostuvo Carbajal Méndez.

• ‘Acusan’ a Calderón de traición a la patria

exonline
Raúl Carrancá y Rivas señala que el Presidente viola la Constitución con su proyecto de reforma energética
El jurista Raúl Carrancá y Rivas señaló que el presidente Felipe Calderón Hinojosa sólo puede ser acusado de traición a la patria y de violar la Constitución al enviar a la cámara alta un proyecto de reforma energética que infrinje la Carta Magna.En cuarto foro “Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética II” al que convocó el Senado, el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que el artículo sexto de la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional viola fragantemente la Constitución por proponer la celebración de contratos de obras y prestaciones de servicios en Pemex.En su intervención, Carrancá y Rivas dijo que Calderón violó la Constitución porque las iniciativas del Ejecutivo federal son un acto de autoridad, independiente de su aprobación en el Congreso.En el debate también participan los constitucionalistas Diego Valadés, Javier Aguinaga, José Elías Romero, José Roldán, Álvaro Arceo, Javier Garrido y Germán Fernández.

Kikka Roja

El espejismo de la inversión extranjera: con CALDERÓN: se desplomó el 36%

Cayó la inversión extranjera directa 36% en enero-marzo
Susana González

Durante el primer trimestre de 2008 la inversión extranjera directa (IED) cayó 36 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado, ya que pasó de 6.5 a 4.1 mil millones de dólares, informó Carlos Arce Macías, subsecretario de Normatividad e Inversión Extranjera de la Secretaría de

• El espejismo de la inversión extranjera

editorial

De acuerdo con información proporcionada ayer por la Secretaría de Economía (SE), la inversión extranjera directa (IED) en nuestro país se desplomó 36 por ciento en los primeros tres meses de 2008. El fenómeno, que es atribuido por las autoridades económicas nacionales al proceso de desaceleración que vive la economía de Estados Unidos, principal fuente de IED, con 69 por ciento del total, no deja de resultar preocupante, tanto por el monto del desplome –equivalente a más de un tercio con relación al mismo periodo de 2007–, como porque constituye un indicador claro del fracaso de la política económica que ha seguido nuestro país en las últimas dos décadas.

En efecto, la caída de la IED en México contradice una de las premisas fundamentales del argumento que, en materia económica, han esgrimido las sucesivas administraciones a partir de la de Carlos Salinas: la necesidad de convertir a México en un país atractivo para los capitales extranjeros. Para lograr ese fin, los gobiernos federales han realizado concesiones prácticamente ilimitadas a los grandes capitales extranjeros: han desmantelado el sector público mediante la privatización voraz de sus empresas y limitado severamente la capacidad reguladora del Estado; han incentivado la apertura indiscriminada de los mercados nacionales y permitido a los dueños de las grandes fortunas diferir e incluso exentar el pago de impuestos, y han adoptado medidas que perjudican a la clase trabajadora y contribuyen a la destrucción del tejido social, como la contención salarial injusta, la destrucción de los sindicatos, la derogación de conquistas laborales, sociales y agrarias, y la clausura de organismos de bienestar social.

Con el desplome de la IED en el primer trimestre de este año, sin embargo, se confirma una tendencia observada desde el sexenio pasado, cuando una porción de las inversiones foráneas, particularmente la integrada por la industria maquiladora, emigró a países como China o India con la expectativa de obtener más amplios márgenes de ganancia, dado el bajo costo de la mano de obra en esos lugares. Estos elementos dan cuenta de un modelo económico que ha fallado en sus premisas fundamentales y ponen de manifiesto la necesidad de abandonarlo.

Por lo demás, el dato referido cobra relevancia a la luz de la discusión que se sigue actualmente en torno a la industria petrolera nacional, que es, junto con las remesas enviadas por los connacionales que trabajan en Estados Unidos, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Al día de hoy, y a pesar de los diagnósticos gubernamentales alarmistas y sesgados, Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue siendo una de las compañías más rentables del mundo, como confirma el ingreso excedente de 3 mil 833.5 millones de dólares que la paraestatal obtuvo por la venta de crudo tan sólo en los primeros tres meses del año. Así, la iniciativa de reforma enviada por Felipe Calderón al Senado a principios de abril –que plantea la privatización de segmentos de la industria petrolera nacional–, lejos de buscar el “fortalecimiento de Pemex” –para lo cual tal vez bastaría con frenar el saqueo fiscal de la empresa y erradicar la corrupción en la paraestatal y en la administración pública–, parece más un nuevo intento por avanzar en el “adelgazamiento” del Estado, vía la privatización, y por alentar la participación de inversionistas extranjeros, ahora en la industria nacional de los hidrocarburos, aunque ello contravenga los principios constitucionales y la soberanía nacional.

Es tiempo de que los gobernantes caigan en la cuenta de que muchas de las premisas de su estrategia económica son, hoy en día, meros espejismos, y que emprendan un viraje para reorientar las finanzas nacionales para ponerlas al servicio ya no de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, sino del bienestar de los mexicanos.

CALDERON SOLO GOBIERNA PARA LOS OLIGARCAS, MEGA MILLONARIOS (extranjeros) Y LLEVA AL PAIS AL DESASTRE

• Sólo crea jóvenes sin universidad y campesinos pobres, afirma
• El neoliberalismo, responsable de la descomposición social: López Obrador

Saúl Maldonado (Corresponsal)

Durango, Dgo., 21 de mayo. La violencia que se ha desatado en el país y la descomposición social son provocados por la política económica que no han modificado los gobiernos neoliberales, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Agregó que mientras no exista un cambio de fondo habrá más inseguridad y crecerá la violencia. A su llegada a la capital de Durango para reunirse con brigadistas y autoridades del comité estatal en defensa del petróleo, el "presidente legítimo" habló sobre la inseguridad pública, un día después de que ocurrió una balacera en la entidad que dejó como saldo ocho muertos. Señaló que "sólo se está atendiendo el problema por encima y no se va al fondo del mismo". Explicó que la raíz del problema es el modelo económico del país, el cual no genera más empleo para los jóvenes ni otorga bienestar a sus familias; pero también se requiere, agregó, abrir más la educación profesional, las universidades –deben recibir a todos los estudiantes y no rechazarlos–; además de ampliar el sistema de becas, "todo es resultado de excluir a los jóvenes en el modelo económico".

Reunido con perredistas y petistas, López Obrador manifestó que cada vez hay más estudiantes rechazados por las universidades y no encuentran empleo; "creo que deben de ir pensándolo, porque si siguen con el mismo modelo habrá mas inseguridad y más violencia". En la región de Los Llanos, municipio de Guadalupe Victoria, que era el granero de la zona, se reunió con varios miles de campesinos empobrecidos y sin recursos para cultivar la tierra. Ahí manifestó que esto es "resultado de una política neoliberal y entreguista que ha descuidado al campo, que no genera empleos y bloquea las aspiraciones de los jóvenes de tener educación en preparatorias y universidades", por lo cual no debe extrañar que esa política neoliberal se traduzca ahora en más violencia que parece no tener freno y que ha dejado como secuela centenares de muertos.

Caída de Calderón

Jaque Mate
Sergio Sarmiento

"La única forma de hacer digno de confianza a un hombre es tenerle confianza".
Henry Stimson

La confianza en el primer mandatario ha registrado en las últimas semanas una caída estrepitosa. Apenas el 11 de marzo pasado la encuesta telefónica que lleva a cabo de manera semanal la empresa BGC Ulises Beltrán y Asociados señalaba que el 35 por ciento de la gente tenía "mucha" confianza en el presidente Felipe Calderón. Dos meses después, el 11 de mayo, sólo el 6 por ciento de los entrevistados manifiestan este nivel de confianza. Quienes dicen que le tienen "regular" confianza bajaron de 32 a 22 por ciento. Quienes afirman no tenerle ninguna confianza pasaron del 10 al 35 por ciento. Se trata de una caída verdaderamente dramática. No recuerdo un desplome tan importante en la confianza en un presidente en funciones desde 1995, el primer año de gobierno de Ernesto Zedillo, cuando el desplome del peso dio lugar a una crisis económica mayúscula.

Puede haber distintas interpretaciones sobre los factores que han provocado este desplome de la confianza en el presidente de la república. Muchas cosas han ocurrido en los últimos dos meses en nuestro país. No hay hoy, como en 1995, una crisis económica que domine todos los demás temas. La iniciativa de reforma energética ha dividido las opiniones por lo que no parece ser responsable de la caída. Por otra parte, se ha registrado un descenso en la confianza en todas las instituciones del Estado, lo cual revela un mayor pesimismo de los mexicanos en general, pero ninguna ha bajado tanto como la Presidencia de la República.

Una indicación de lo que ha ocurrido puede encontrarse en los descensos de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El número de entrevistados que expresan mucha confianza en la Procuraduría General de la República (PGR) pasó de 18 a 10 por ciento entre el 11 de marzo y el 11 de mayo. La Policía Judicial registra un nivel mínimo de 7 por ciento. Parecería así que el tema que ha generado el deterioro es la inseguridad. Solamente los sindicatos, los diputados y los senadores, con 5 por ciento de confianza, y los partidos políticos, con 3 por ciento, tienen cifras menores a la Policía Judicial, y esto a pesar de las insistentes campañas de publicidad de los legisladores en los medios de comunicación en que nos dicen que gracias a la Cámara de Diputados y al Senado al país le está yendo mejor.

Lo interesante es que el Ejército, que se ha convertido en uno de los protagonistas más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada, no ha sufrido un deterioro en la confianza de los mexicanos. El 48 por ciento de los entrevistados sigue diciendo que le tienen mucha confianza. Poco daño le han hecho al Ejército las acusaciones de violaciones a los derechos humanos o los cuestionamientos a la constitucionalidad de su cada vez más relevante papel como policía antinarco.

A lo largo de este 2008 se han registrado entre dos mil y tres mil ejecuciones en distintos lugares de la república. Son realmente contados los casos resueltos en que se ha consignado a presuntos responsables. Tan sólo este domingo pasado hubo 34 ejecuciones. Dos cuerpos más fueron encontrados en Ecatepec y en el Distrito Federal la mañana de este lunes, mientras yo redactaba esta columna. Hay guerras que no tienen tantos muertos. Esta violencia parece estar influyendo sobre el ánimo nacional.

El presidente Calderón tomó desde el principio la decisión de hacer de la lucha contra el narco el tema fundamental de su gobierno. Quizá no tenía más opción: la oleada de violencia que ha cubierto a nuestro país ya había empezado. Sin embargo, a pesar de que las autoridades han logrado triunfos muy importantes, como la confiscación del dinero de Zhenli Ye Gon, o el decomiso de 23 toneladas de cocaína en el puerto de Manzanillo, la violencia relacionada con el narco ha aumentado.

Hasta hace poco tiempo la confianza en el presidente no se veía afectada por esta situación. Desde hace varios años, el número de personas que afirmaba que le tenía mucha confianza al presidente –tanto Vicente Fox como Calderón-- ha fluctuado entre 27 y 38 por ciento en la encuesta de Ulises Beltrán. La caída a 6 por ciento del 11 de mayo es, pues, un rompimiento brutal de esta tendencia.

Quizá yo me equivoque en mi interpretación de que ha sido la violencia criminal la que ha provocado el desplome en la confianza en el presidente. Pero ciertamente esta encuesta debería hacer que se enciendan los focos rojos en Los Pinos. La confianza, después de todo, es algo que cuesta mucho construir y que se pierde con facilidad.

• Van 4 mil ejecutados en el gobierno de Calderón

Gustavo Castillo García
De acuerdo con registros oficiales, en lo que va de la administración de Felipe Calderón ya suman más de 4 mil ejecutados, es decir, en promedio han muerto diariamente a manos del crimen organizado 7.6 personas a lo largo de 527 días. Sin embargo, la semana pasada la violencia se incrementó hasta superar los 15 asesinatos cada 24 horas, principalmente en estados como Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Kikka Roja

John Saxe-Fernández: Entreguismo y anticonstitucionalidad

http://jsaxef.blogspot.com
Entreguismo y anticonstitucionalidad

El diputado panista Jorge Nordhausen increpó a Claudia Sheinbaum en el segundo debate sobre la “reforma energética”, no por su defensa conceptual y técnica de la propuesta alternativa del “gobierno legítimo” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue impecable, sino por llamar a Calderón “presidente usurpador” en el Senado.

El término “espurio” atiende al fraude de 2006. Pero la percepción de ilegitimidad ante un tercio del electorado no es estática: crece ante la inseguridad ciudadana con todo y la militarización de la campaña contra el narcotráfico, que descompone el equilibrio cívico-militar, mientras poner en marcha simultáneamente una reforma petrolera y abrir el país al intervencionismo policial-militar de EU, por medio de la “Iniciativa Mérida”, es agredir a la nación y encender la mecha del “polvorín social” gestado por 26 años de acumulada agresión a la economía popular, al aparato productivo y al empleo.

Las encuestas muestran que de marzo a mayo de 2008, el capital político de Calderón se colapsó. Un deterioro alentado además por la sensación de que se mal usa la oficina presidencial al dar rienda suelta al entreguismo jurisdiccional y a codicias internas y externas por el petróleo y el gas natural y que, con la complicidad de la cúpula priísta, se vulneran las bases materiales de la soberanía a favor de grandes negocios con empresas como Repsol, Halliburton, Schlumberg, etcétera. Calderón colabora en los esfuerzos de EU por establecer una sombrilla policial-militar-penal sobre México, para otorgar “seguridad” a sus inversionistas, incluyendo la vía del sometimiento jurisdiccional y la utilización de instrumentos de claro corte agresivo y unilateral, agudizando la “descomposición” del sistema político. Así opera el Plan Colombia y también la Iniciativa Mérida. Calderón y Uribe son piezas centrales en la puesta en marcha de una plataforma para un mayor despliegue de programas de adiestramiento, transferencia de tecnología, bases y personal militar en América Latina. Esos son los ejes para apuntalar el dominio sobre los vastos recursos naturales –los combustibles fósiles en primer lugar, pero también los minerales, agua y biodiversidad– de lo que considera “su” hemisferio y “sus” negocios, incluyendo el narcotráfico.

Con la reforma energética se “legalizan” contratos que son una copia de los inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples utilizados en la Cuenca de Burgos, como lo señaló Jaime Cárdenas en el tercer debate y lo documentó Jorge García, exabogado de Pemex, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control, quien además recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar su integridad. (“Contratos a Trasnacionales”, Contralínea, Mayo 2008). La “reforma” de Calderón intenta dar cobertura legal a esas “transas” (pp 22-39) y, más importante, a las que están por venir: los expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y de la SFP dejan en claro que la “reforma” abre las compuertas a lo que sólo puede calificarse de una vasta maniobra de saqueo y latrocinio contra la nación. Por medio de cambios a la ley que regula el artículo 27 se procede contra el espíritu y letra de la Constitución para generalizar el tipo de “estratagemas” que, como apunta Ana Lilia Pérez, “…habrían realizado César Nava y José Néstor García Reza” –ahora abogado general de Pemex– “…para entregar la operación de la cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país–, en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona” (p24). Esa transgresión se ampliaría al país y a toda la industria petrolera.

Los tratos de Santana con Polk –por medio de Alejandro Atocha– palidecen. Como dice Tony Garza, embajador de EU: “El presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”.

Kikka Roja

Lorenzo Meyer: Agenda equivocada

Agenda equivocada

“Ironía histórica: la izquierda, no la derecha, sería la mejor equipada para reformar Pemex”

E-mail Lorenzo Meyer AGENDA CIUDADANA
opinion@elnorte.com
lmeyer@colmex.mx

Articulos recientes del Dr. Lorenzo Meyer Cossio

Ironías de la Historia. Es sólo una hipótesis. El tema de la reforma al marco jurídico que rige a la industria petrolera apareció en la agenda del actor político equivocado. Si alguien hubiera podido proponer al país un cambio, cubierto con legitimidad y que implicara alguna forma de relación de Pemex con otras empresas para mejorar su eficiencia, esa fuerza es la izquierda, no la derecha. A esta última le hubiera correspondido llevar adelante un cambio muy diferente: una reforma fiscal de fondo, tema pospuesto por medio siglo en la agenda nacional.

Las iniciativas de Felipe Calderón para modificar la Ley reglamentaria del Artículo 27 en materia de petróleo y ampliar el espacio a la empresa privada nacional y extranjera son unas que, de entrada, se prestan a sospecha y rechazo por venir de quien vienen. Si alguien hubiera podido proponer que nuestra empresa petrolera estatal se asociara con alguna foránea en algunos de sus campos, sin despertar sospecha sobre sus intenciones –hacer negocios privados a la sombra del interés público-, era la izquierda. Y no cualquier izquierda, sino una con sus credenciales nacionalistas en orden.

El Agente Idóneo y el Inadecuado. Es posible argumentar que en el urgente tema de modernizar y hacer eficiente a la industria petrolera mexicana, una posibilidad sería una asociación de Pemex con otra empresa petrolera estatal con buena experiencia y reputación, como sería StatoilHydro de Noruega. Sin embargo, ese argumento pierde su fuerza cuando lo expone el Gobierno actual, uno que no supo siquiera separar los intereses públicos de los privados de algunos de sus cuadros prominentes.

Por un momento, el Gobierno de Felipe Calderón pretendió hacer de un miembro de su círculo íntimo un “zar del petróleo” (Proceso, (20 de enero, 2008). En efecto, Juan Camilo Mouriño -un joven cuya familia, española de origen, está dedicada al negocio del transporte de productos petroleros, de las gasolineras y otros similares- ascendió sorprendentemente rápido en los círculos del poder del Gobierno Federal. En un acto de insensibilidad política, por llamarlo de alguna manera, Calderón no sólo nombró a Mouriño secretario de Gobernación –una de las antesalas históricas a la candidatura presidencial- sino que pretendió que, desde ahí, el empresario se encargara de negociar la aprobación de su reforma petrolera en el Congreso. La movilización política y social que encabezó Andrés Manuel López Obrador en contra, desdibujó el papel de Mouriño y obligó, entre otras cosas, a organizar un debate formal sobre las iniciativas de reforma a la Ley reglamentaria del petróleo, que originalmente se pretendían aprobar sólo como resultado de una negociación en la cúpula.

Un Buen Ejemplo. Y justamente en ese debate el presidente del PAN, Germán Martínez, buscó cerrar una larga tirada de adjetivos contra quienes se oponen a la privatización parcial de la industria petrolera, sacando de su manga lo que consideró un as histórico: el proyecto de Ley reglamentaria del petróleo de diciembre de 1939. En ese documento, firmado por el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas, se asegura que el mantener la explotación petrolera como actividad propia del Estado “no implica que la nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la Iniciativa Privada”. De esta manera se pretendió colocar a Cárdenas en la misma trinchera que su enemigo histórico: el PAN.

Sin negarle imaginación a Germán Martínez al intentar probar que el propio artífice de la nacionalización petrolera no pensó en cerrar las puertas a la empresa privada en esa industria, hay que hacer un par de observaciones fundamentales al argumento.

En primer lugar, las circunstancias. El boicot de los intereses extranjeros contra el petróleo mexicano en 1939 era brutal pero hoy Pemex tiene ganancias espectaculares y quienes buscan debilitarlo están dentro, no fuera. En l939 Cárdenas simplemente buscó echar mano de cualquier ayuda posible que salvara lo esencial. Fue por ello que su Gobierno incluso negoció vender petróleo a sus peores enemigos ideológicos: a los gobiernos de Hitler y Mussolini. En esas condiciones, buscar la colaboración de la empresa privada era un mal menor.

Sin embargo, la observación más importante, y que avala la tesis que aquí se presenta, es que sólo Cárdenas y nadie más podía proponer con legitimidad abrir un lugar al capital privado en la industria petrolera estatal. Y es que el entonces presidente era el mexicano más libre de sospecha de pretender minar el carácter público de la actividad petrolera.

En contraste con la propuesta de Ley reglamentaria enviada por Cárdenas hace casi 70 años al Congreso federal, quienes hoy proponen la privatización parcial de la actividad petrolera con otra Ley reglamentaria, son la antítesis de Cárdenas y su proyecto. El PAN nació justamente en 1939 como un opositor declarado de todo el programa que impulsó Lázaro Cárdenas, incluida la expropiación del petróleo y de los latifundios.

Otro Ejemplo. En la biografía política del general Cárdenas puede volver a encontrarse otro ejemplo que sirve para ilustrar cómo en circunstancias que obligan al Gobierno a tomar decisiones políticas muy delicadas y que tienden a despertar sospechas sobre sus verdaderos motivos, lo mejor es encomendar esas tareas a actores cuya ideología y conducta hayan demostrado que no serán ellos los que saquen provecho personal o de partido de la situación.

Cuando en 1942 México entró a la Segunda Guerra Mundial como aliado de los norteamericanos, el recuerdo de los graves conflictos con Estados Unidos estaba aún muy vivo en la conciencia colectiva de los mexicanos. La opinión pública sospechaba de los motivos para entrar a una guerra que veía como ajena y a colaborar con Estados Unidos, al punto que se rumoreaba que los buques mexicanos cuyo hundimiento se atribuía a submarinos alemanes, y razón por la cual México se había declarado en “Estado de Guerra” con El Eje, en realidad habían sido torpedeados por los norteamericanos. Sin embargo, para el Gobierno de Ávila Camacho las circunstancias hacían inevitable la cooperación no sólo política y económica sino militar con la potencia vecina del Norte.

En esas condiciones el presidente consideró, y con razón, que la mejor manera de hacer aceptable una alianza formal entre México y Estados Unidos era poner al frente de la colaboración militar a un general del que nadie pudiera poner en duda su antifascismo, pero tampoco su voluntad de resistir cualquier demanda norteamericana contraria al interés nacional. Ese general era Lázaro Cárdenas. Sólo él, que se había enfrentado a los intereses norteamericanos sin titubear, podía ser garantía de una relación con la potencia del Norte que no fuera sospechosa de subordinación.

En 1942 la tarea y el responsable embonaron a la perfección. Cárdenas primero quedó al mando de toda la zona del Pacífico –se temía el ataque de Japón- y poco después se hizo cargo de la propia Secretaría de Defensa. Cárdenas negociaría la instalación de radares norteamericanos en México –siempre a cargo de un equipo binacional- y la modernización del Ejército, pero sus condiciones hicieron inaceptable para los norteamericanos la construcción de bases navales o aéreas en México. En suma, sólo un nacionalista probado podía encabezar la colaboración militar con el país cuyas acciones habían alimentado ese nacionalismo defensivo de México.

Misiones. Todos concuerdan en que la estructura administrativa y financiera de Pemex es inadecuada. La empresa necesita rediseñar su estructura administrativa –es absurdo que de 7 subdirecciones que tenía en 1992 se haya pasado a 58 en la actualidad- y política –hay que enfrentar los abusos del sindicato. También debe detenerse el crecimiento galopante de la importación de refinados, debe lograrse un aprovechamiento óptimo de todas las áreas que ha sido impedido por el énfasis desmedido en la producción, las reservas han disminuido de manera alarmante y los ductos han envejecido de igual manera, el financiamiento vía Pidiregas es costoso y, sobre todo, la carga fiscal de Pemex es excesiva. En suma, es mucho lo debe de cambiarse en Pemex, pero no es la derecha la fuerza idónea para la misión.

La raíz principal, que no la única, de los males de la actividad petrolera y de muchas otras cosas, es de origen fiscal. Desde hace al menos cuarenta años que se viene posponiendo una verdadera reforma en ese campo. Es ahí, en la negociación a fondo de las cargas impositivas, donde un Gobierno identificado con los empresarios y el capital, como es el actual, debería estar al frente. Esa sería la honrosa misión histórica de la derecha, no el desmantelamiento de Pemex.

Kikka Roja

Miguel Angel Granados Chapa: Teólogos y pontífices del petróleo

Teólogos y pontífices del petróleo Las palabras que encabezan esta columna fueron pronunciadas por Germán Martínez, jefe del Partido Acción Nacional, al participar el martes 13 en la primera sesión del debate social previo al legislativo en torno a las iniciativas de reforma petrolera. Para denostarlos, llamó a quienes se oponen a esos proyectos de ley teólogos y pontífices del petróleo, actuantes en “capillas de interesada veneración ideológica”. Ellos, dijo, buscan “cancelar de tajo la posibilidad de cualquier discusión racional sobre los mejores diseños institucionales para garantizar la seguridad energética y fortalecer a la industria petrolera de México”. Se equivocó Martínez. Tales teólogos y pontífices no sólo no impiden el debate sobre el tema, sino que el foro en que hablaba fue propuesto por Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo, y su realización resultó del acuerdo a que llegaron las fracciones senatoriales, incluidas las de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista. El debate previo a la discusión en las cámaras (que no hubiera sido posible si, como ostensiblemente se pretendió, se apresurara en abril el trámite a las iniciativas presidenciales) es parte de la estrategia del movimiento encabezado por López Obrador, para que la sociedad, los ciudadanos, la gente, tengan claros los propósitos de quienes buscan entregar nuevas porciones de la industria petrolera a capitales privados, y de quienes se oponen a ese propósito. Martínez dedicó una porción de su discurso, con el que se inició el debate que cerrará el 22 de julio, a anatematizar sin nombrarlo a López Obrador. Le imputó encarnar “la verdadera amenaza privatizadora, (la) privatización política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana y conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”. Insistió en que esa privatización política responde a “resentimientos de derrotas electorales” y más precisamente al “resentimiento por la derrota electoral del 2006” . Se equivocó también Martínez al asegurar que el “falso nacionalismo” opuesto a la reforma calderonista “no permite tocar ni reformar nada, no propone nada, no busca nada”. Esa misma mañana, poco después José Agustín Ortiz Pinchetti, hablando en nombre de López Obrador, formuló las propuestas del movimiento que éste encabeza, y las detallaría el jueves siguiente Claudia Scheinbaum, una de las dos únicas mujeres que presentaron ponencias junto a 19 varones, en las sesiones iniciales del foro de discusión (la otra fue la presidenta del PRI, Beatriz Paredes). En el diálogo que siguió a la presentación de las ponencias, Martínez elogió a Cárdenas, “su nacionalismo”, “el conocimiento que usted tiene del tema”, y le extendió “nuestro reconocimiento desde Acción Nacional”. Si con eso pretendió contrastar dos modos diferentes de abordar desde la izquierda la reforma petrolera, es que no se percató de que en este asunto la posición de Cárdenas nada difiere en lo sustancial de la sostenida por López Obrador. Desde el primer momento Cárdenas percibió la inconstitucionalidad de la propuesta calderonista para reformar la ley reglamentaria del artículo 27 en materia petrolera. Lo hizo apenas tres días después de presentadas las iniciativas, cuando instó a resistir la pretensión reformadora en esa dirección, por esconder una modificación constitucional. Este martes insistió, citando con mofa a la Secretaria de Energía que aseguró la semana anterior que no se propone reformar la Constitución , que “sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Esto, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave, todavía, que reformarla”. Se refirió explícitamente a la porción de la reforma que permitiría maquilar la refinación y construir y operar ductos: “según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la constitución, sino a otros, y preguntó entonces: “¿A contratos y concesiones que no son contratos ni concesiones según la definición constitucional? El Estado directamente o por conducto de sus agentes, está constitucionalmente impedido, desautorizado para contratar o conceder concesiones a personas físicas y morales, tratándose del petróleo y de todos los hidrocarburos. Que no se pretenda, con el subterfugio de llamar contrato de maquila al contrato concesión, y permiso a la concesión, violar impunemente la Constitución ”. Cárdenas produjo, con mucho, la mejor pieza del día inaugural del debate. No sólo por su condición biológica de ser hijo de quien es, sino por haber sido formado por su padre en el nacionalismo que condujo a la expropiación como acto de soberanía frente a la pretensión de las empresas extranjeras de no acatar el derecho mexicano, Cárdenas ha penetrado en los varios aspectos del tema petrolero. Lo mostró a lo largo de su ponencia y al caracterizar en breves líneas la política pública en relación con ese producto energético, de que resulta el estado actual de Pemex: De principios del siglo XX hasta 1938, el petróleo “se explotó en el esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor parte de la producción a mercados del exterior y sólo utilizaba una parte menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos destinados al consumo interno. “De 1938 hasta 1976, la actividad de Pemex se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de petrolíferos y apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del petróleo se constituyó, también, en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo. “Entre 82 y 88, la administración frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la exportación de crudo, al pago de la deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró consciente e intencionadamente el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derecho, impuestos, etcétera, para nutrir los recursos fiscales del Estado”. Egresado como Cárdenas de la Escuela Nacional de Ingenieros, Javier Jiménez Espriú la dirigió ya como facultad en los años 70. Luego de ser secretario de administración y aspirar sin éxito a la Rectoría , salió del campus (aunque mantuvo su vinculación con el club de futbol hasta el 2001)) realizó una carrera en la administración federal (que incluyó la dirección de comercialización de Pemex). Con ese equipaje, Jiménez Espriú sintetizó dos días después el sentir de una porción importante del miembros del PRI (él lo es desde 1958). Quién sabe si su posición es compartida por los legisladores de ese partido (no podemos saberlo ni siquiera respecto de la sostenida por la lideresa del tricolor), pero refleja un parecer que no podrá ser soslayado a la hora de legislar. Descalificó a la propuesta presidencial como “insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante del contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”. Salvo la de Germán Martínez, no hubo en los dos días iniciales del debate una defensa explícita de las iniciativas presidenciales, aunque sí expresiones favorecedoras de su intención y descalificadoras de la oposición a tales proyectos. Por ello adquirieron mayor relieve las posturas contrarias a la legislación propuesta, entre las que sobresalió la expuesta el jueves por Claudia Scheinbaum, en representación del gobierno que se estima legítimo frente al espurio que encabeza Calderón. Con propuestas puntuales de reforma, como la de asignar 75% de los excedentes petroleros de este año a fortalecer las finanzas de Pemex, la eventual aplicación de esa medida tendría que superar la amarga sorpresa de que no obstante el alza continua de los precios internacionales del petróleo, no hubo tales excedentes en el primer trimestre, según informó el viernes el Secretario de Hacienda. El pasado presente.- El 18 de mayo de 1992, un día como hoy hace 16 años, fue firmado el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal (Anmebn). Tres lustros después, una de sus signatarias, Elba Ester Gordillo, con un poder reforzado y ampliado, firmó la Alianza para la Calidad Educativa , ya como dependiente del Ejecutivo sino como su sostén y apoyo. El acuerdo resultó de intensas negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , a cuya cabeza se hallaban Ernesto Zedillo y Gordillo. Cuando digo que su entonces secretaria general estaba subordinada al Presidente no digo que su enorme organización pudiera moverse como un mecanismo que obedece a la simple manipulación de sus controles, sino que su participación en procesos de reforma requiere un intenso trabajo político aunque al final se sobrepongan los intereses conservadores, como tal vez ocurrirá una vez más con la Alianza firmada el jueves pasado. Además de cumplir instrucciones presidenciales, a cada uno de sus signatarios le importaba mostrar su capacidad de acuerdo para consolidarse en su posición. Zedillo tenía apenas cinco meses en su silla cuando fue firmado el acuerdo, cuyo contenido inicial se circunscribía a la federalización como se denominaba entonces al intento de descentralizar la gestión educativa. En enero de 1992 Zedillo había transitado los 500 metros que separaban SEP de la oficina que ocupaba en Palacio Nacional como secretario de Programación y Presupuesto, para sustituir a Manuel Bartlett. Colocado en la difícil posición de acatar a quien había sido su rival en la sucesión presidencial, el ex secretario de Gobernación era un singular precandidato derrotado que no se va al ostracismo sino que es invitado, y acepta trabajar con quien lo venció. Era un pago que Salinas estaba obligado a realizar, pues su polémico ascenso a la Presidencia no hubiera sido posible sin el trabajo de Bartlett al frente de la Comisión Federal Electoral. Pero ambos estaban incómodos en esa nueva relación, en que Bartlett ya no era compañero de gabinete de Salinas y su antagonista sino subordinado suyo. A poco andar se presentó entre ellos un diferendo por el súbito golpe presidencial contra Carlos Jonguitud Barrios, el líder verdadero del sindicato magisterial. No es que Bartlett se opusiera a deponer al cacique, sino que fue apartado de la operación pues se consideró que como asunto político que era su gestión correspondía a Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación. Esa decisión dejó a Bartlett sin capacidad de negociación ante la reemplazante de Jonguitud, Gordillo, ya que ésta sabía que el secretario de Educación era por entero ajeno a la decisión de entronizarla. Esa capacidad le era necesaria a Bartlett para cumplir el programa de federalización que le encomendó Salinas y del que no pudo dar buenas cuentas. Aunque en diciembre de 1991, después de tres largos años en la SEP , aún faltaban meses para que se abriera el proceso electoral en Puebla, Bartlett renunció a su cargo en espera de ser gobernador de la tierra en que había nacido cuando la trashumancia profesional de su padre, juez federal, lo situó por un tiempo en la Angelópolis. Después de un trienio como secretaria general reemplazante del titular, caído junto con Jonguitud, Elba Ester Gordillo logró establecer la reelección en el sindicato y 1992 era ya el cuarto año de su desempeño al frente del SNTE, el primero de su segundo periodo. (Cumpliría un tercero, que concluyó en 1996, y durante los ocho años siguientes se mantuvo ajena formalmente a la secretaría general que ocuparon personeros suyos, hasta que en el 2004 una nueva reforma estatutaria le permitió instituir la presidencia del sindicato, cargo que ocupa desde entonces). Aunque después sus relaciones con Zedillo se descompusieron, al principio halló en él un trato distante sí, pero diferente del muy rígido que Bartlett le dispensaba. Y así en sólo unos meses se puso a punto el acuerdo modernizador. Éste incluía la descentralización, previa garantía al sindicato de que se preservaría su unidad. Incluía también una renovación curricular y una valoración del trabajo de los maestros, que comprendía el establecimiento de la carrera magisterial, un conjunto de estímulos para que los maestros mejoraran sus ingresos sin tener que aguardar el ascenso en la pirámide laboral. Gordillo se ufanó de los logros magisteriales en el acuerdo firmado hoy hace 16 años: “en su espíritu y en su letra hay un claro reconocimiento del papel protagónico del maestro en la transformación educativa de México, un compromiso de la federación y de los gobiernos estatales de mejorar las percepciones de los trabajadores de la educación, de establecer un sistema estatal para la formación del maestro y de convenir la puesta en marcha de un programa emergente de actualización”.

Kikka Roja

PROCESO : Jenaro Villamil: Debate: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución

El debate petrolero
jenaro villamil

México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.

Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate. Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado. A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.

Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera. La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional. Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros. Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.

Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos). La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera. Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.

Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla. Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates. Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.

jenarovi@yahoo.com.mx

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