editorial
Con el telón de fondo de las presiones ejercidas por representantes del sector empresarial y un grupo de escritores y comunicadores sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en los próximos días habrán de pronunciarse sobre los 41 juicios de amparo interpuestos en contra de las reformas constitucionales en materia electoral publicadas en noviembre pasado, es pertinente poner en relieve la importancia de esas nuevas normativas en materia de medios de comunicación, que entre otras cosas prohíben, tanto a partidos políticos como a particulares, la contratación de espacios en radio y televisión para difundir propaganda electoral.
Las modificaciones al artículo 41 de la Constitución obedecen a una necesidad de garantizar condiciones de equidad en el acceso a los medios electrónicos de comunicación, para los institutos políticos y sus candidatos, a fin de evitar que el empleo de grandes sumas de dinero en el apoyo o denuesto de alguna tendencia política acabe por influir, en mayor o menor medida, en las preferencias del electorado.
No puede pasarse por alto, a este respecto, la experiencia vivida en los comicios presidenciales de 2006. En efecto, dicha contienda estuvo marcada por un cúmulo de irregularidades, entre las que destacó la intervención del entonces presidente Vicente Fox en favor del candidato de su partido, pero sobre todo por una profunda inequidad entre los principales competidores, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, pues algunos grupos empresariales emplearon enormes cantidades de recursos económicos en una apenas embozada campaña de apoyo al aspirante panista y en sostenidos ataques, descalificaciones y denuestos en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Por lo demás, las restricciones planteadas en esa reforma son pertinentes también porque con ellas se pretende evitar que los procesos electorales –momentos de la vida política que tienen como fin la expresión de la voluntad popular– continúen representando grandes oportunidades de negocios para los consorcios televisivos y radiofónicos en el país. A lo que puede verse, esto último es lo que constituye la parte medular del descontento empresarial, al atentar contra los intereses económicos de los medios, y lo que, a fin de cuentas, motivó la embestida empresarial contra el Senado en septiembre pasado para evitar que se aprobaran las reformas, y motiva ahora el intento de neutralizarlas por la vía del amparo. A pesar de que los reclamos son por presuntas violaciones a la “libertad de expresión” –garantía individual irrenunciable que se encuentra asentada en la ley, con reforma electoral o sin ella–, puede adivinarse que la verdadera inquietud del sector empresarial –entre los que se cuentan los concesionarios de radio y televisión– es que con la nueva legislación verán reducidos los inmensos márgenes de ganancia obtenidos, para mayor agravio, a costa de un bien que es propiedad de la nación: el espectro de frecuencias radioeléctricas.
En democracia, resulta imprescindible que las contiendas por los cargos de elección popular se den en igualdad de circunstancias y que las propuestas de las distintas tendencias sean promovidas de manera equitativa. Cabe esperar que este espíritu prive en los comicios futuros y que, como lo señalaron ayer representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, tras haberse reunido con ministros de la SCJN, “el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas”, y no de batallas mediáticas cimentadas en el poder del dinero.
Las modificaciones al artículo 41 de la Constitución obedecen a una necesidad de garantizar condiciones de equidad en el acceso a los medios electrónicos de comunicación, para los institutos políticos y sus candidatos, a fin de evitar que el empleo de grandes sumas de dinero en el apoyo o denuesto de alguna tendencia política acabe por influir, en mayor o menor medida, en las preferencias del electorado.
No puede pasarse por alto, a este respecto, la experiencia vivida en los comicios presidenciales de 2006. En efecto, dicha contienda estuvo marcada por un cúmulo de irregularidades, entre las que destacó la intervención del entonces presidente Vicente Fox en favor del candidato de su partido, pero sobre todo por una profunda inequidad entre los principales competidores, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel López Obrador, pues algunos grupos empresariales emplearon enormes cantidades de recursos económicos en una apenas embozada campaña de apoyo al aspirante panista y en sostenidos ataques, descalificaciones y denuestos en contra del candidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Por lo demás, las restricciones planteadas en esa reforma son pertinentes también porque con ellas se pretende evitar que los procesos electorales –momentos de la vida política que tienen como fin la expresión de la voluntad popular– continúen representando grandes oportunidades de negocios para los consorcios televisivos y radiofónicos en el país. A lo que puede verse, esto último es lo que constituye la parte medular del descontento empresarial, al atentar contra los intereses económicos de los medios, y lo que, a fin de cuentas, motivó la embestida empresarial contra el Senado en septiembre pasado para evitar que se aprobaran las reformas, y motiva ahora el intento de neutralizarlas por la vía del amparo. A pesar de que los reclamos son por presuntas violaciones a la “libertad de expresión” –garantía individual irrenunciable que se encuentra asentada en la ley, con reforma electoral o sin ella–, puede adivinarse que la verdadera inquietud del sector empresarial –entre los que se cuentan los concesionarios de radio y televisión– es que con la nueva legislación verán reducidos los inmensos márgenes de ganancia obtenidos, para mayor agravio, a costa de un bien que es propiedad de la nación: el espectro de frecuencias radioeléctricas.
En democracia, resulta imprescindible que las contiendas por los cargos de elección popular se den en igualdad de circunstancias y que las propuestas de las distintas tendencias sean promovidas de manera equitativa. Cabe esperar que este espíritu prive en los comicios futuros y que, como lo señalaron ayer representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, tras haberse reunido con ministros de la SCJN, “el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas e ideas”, y no de batallas mediáticas cimentadas en el poder del dinero.
Kikka Roja
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