Dinero sucio y descontrol financiero
De acuerdo con el Reporte sobre la estrategia de control internacional de narcóticos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, cerca de 22 mil millones de dólares pudieron haber sido “repatriados” a México a partir de 2003, como parte de las ganancias derivadas de la venta ilegal de estupefacientes en ese país. El documento identifica a México como uno de los “mayores países productores y de tránsito de drogas en el mundo”, así como uno de los “mayores desafíos” para aquella nación “en jurisdicción de lavado de dinero”, y atribuye tal circunstancia a la combinación de un “sector financiero sofisticado y controles regulatorios relativamente débiles (que) facilitan el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga”. La información pone en evidencia el carácter endeble del sistema financiero mexicano, situación que lo hace propicio para la proliferación del blanqueo de recursos ilegales, revela la falta de mecanismos para prevenir y castigar ese ilícito, y genera suspicacias sobre posibles corruptelas de instituciones financieras y autoridades.
Este ilícito constituye un proceso culminante de la llamada industria delictiva: es la vía mediante la cual organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos, al disfrazar el origen ilegal del dinero para poder utilizarlo. Además de alimentar la maquinaria del crimen organizado, el blanqueo de fondos representa una amenaza para las economías de los países donde se practica, que por lo regular son las naciones menos industrializadas, que cuentan con sistemas financieros desregulados y autoridades deficientes. Entre otros efectos nocivos, el lavado potencia la erosión del mercado financiero, al introducir en él flujos particularmente inestables, repentinos e inseguros, sobre los que no hay registros, como sí ocurre con los recursos lícitos; genera injustas ventajas competitivas para las llamadas “empresas fachadas” –que tienen acceso a grandes sumas de montos ilegales– frente a compañías que realizan actividades estrictamente legales; propicia la pérdida de control del Estado sobre la política económica, al insertar distorsiones en la economía que la hacen aún más fluctuante y difícil de predecir, y disminuye los ingresos tributarios gubernamentales, lo que tiende por lo regular a generar impuestos más elevados, en perjuicio de los contribuyentes honrados y los sectores productivos. Por tanto, el combate a dicho delito resulta imprescindible como forma de reducir el margen de acción de la delincuencia organizada y como medida para sanear la economía en su conjunto.
Sin embargo, su auge contrasta con la relajación de las autoridades mexicanas competentes. Tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y encargada de la “prevención del lavado de dinero”, cuyas cifras no sólo no reflejan el incremento en el flujo de recursos financieros ilegales en el país, sino que apuntan en sentido opuesto: en el primer semestre de 2008 el organismo no presentó un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones financieras ilícitas; en tanto, el número de reportes de inteligencia entregados a la Procuraduría General de la República asciende apenas a 11, frente a los 69 realizados en 2007, y los informes sobre “operaciones preocupantes” que el organismo afirma haber recibido suman apenas 33, a diferencia de los 250 formulados el año pasado.
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes son profundamente dependientes de sus ganancias económicas, pues les proporcionan, entre otras cosas, armamento complejo y capacidad de soborno e infiltración en las corporaciones policiales y los gobiernos. Sin embargo, los datos referidos muestran que, mientras en los últimos meses el combate al narco se ha basado en espectaculares despliegues militares por todo el territorio nacional, con el consabido incremento en la violencia y la inseguridad, poco se ha hecho para terminar con la invasión de dinero sucio en el sistema financiero mexicano. Es de suponer que mecanismos de control más estrictos y eficientes, junto con estrategias policiacas efectivas para cerrar los caminos del lavado de recursos a los criminales, arrojarían resultados mucho mejores que los actuales.
Al menos 22 mil millones de dólares, producto de la ganancia generada por la venta en Estados Unidos de droga traficada desde México, fueron repatriados desde aquel país de 2003 a la fecha, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos. La cantidad no considera otras actividades del crimen organizado, como el secuestro y el tráfico de armas y personas.
El movimiento de esas ganancias por organizaciones delictivas que operan desde México, sostuvo, se realizó al amparo de un sofisticado sistema financiero y controles relativamente débiles, que facilitan “el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga” en México, y considera que la economía informal, con una dimensión de 20 a 40 por ciento del producto interno bruto, “es mucho menos significativa en cuanto al blanqueo de dinero que los segmentos de la economía que son dirigidos por los delincuentes”. Hace dos días, el senador panista Santiago Creel, presidente del Senado, aseveró: “que no nos engañen. El dinero del narcotráfico no anda viajando en maletas por todo el país. Está depositado en los bancos”. La Asociación de Bancos de México no respondió a una solicitud de este diario para que expresara su punto de vista sobre las declaraciones del legislador. En tanto, informes oficiales del gobierno mexicano revelan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no presentó en el primer semestre de 2008 un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones de lavado de dinero, luego de que en 2007 elaboró mil 478 de estos documentos. Igualmente la UIF, creada para prevenir operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano, elaboró tan sólo 11 reportes de inteligencia a la Procuraduría General de la República (PGR) durante la primera mitad de este año, cuando en 2007 hizo 69.
¿Relajamiento?
En lo que parece un relajamiento en la previsión de operaciones de blanqueo, los reportes de inteligencia de la UIF a la PGR se han reducido de 194 en 2004 a 158 en 2005 y a 104 en 2006. Mientras, los elaborados para el Servicio de Administración Tributaria, instancia efectiva de control de ilícitos, cayeron de mil 977 en 2006 a mil 478 en 2007 y a “cero” en el primer semestre de 2008. Como si el lavado de dinero prácticamente hubiera desaparecido del sistema financiero mexicano, la UIF tuvo conocimiento en los primeros seis meses de este año de 33 “reportes de operaciones preocupantes”, apenas 13.2 por ciento de los 250 formulados durante 2007. Según la definición oficial, la categoría de operaciones preocupantes son aquellas en las que se detectan actividades, conductas o comportamientos “que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas”, en los que participan directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras.
En contraste, el Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado señala que en 2007 las autoridades estadunidenses observaron un significativo incremento en el número de investigaciones complejas de lavado de dinero, realizadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con apoyo de la UIF. En noviembre del año pasado, dice, la SIEDO había iniciado 142 investigaciones penales relacionadas con casos de lavado de dinero, 77 de las cuales fueron llevadas a juicio. En el apartado que dedica a México, el reporte, fechado en marzo de este año, afirma que el tráfico ilícito de drogas es la principal fuente de recursos lavados a través del sistema financiero mexicano, pero no la única. Otras fuentes importantes que requieren de este tipo de operaciones incluyen corrupción, secuestro, tráfico de armas de fuego e inmigrantes y otros delitos.
Sostiene que de acuerdo con funcionarios de justicia de Estados Unidos, México se mantiene como uno de los mayores desafíos para Washington en cuanto a las jurisdicciones donde se realiza lavado de dinero, y apunta que las sofisticadas y bien organizadas bandas de narcotraficantes establecidas en México las coloca en posibilidad de aprovechar la extensa frontera común y el gran flujo de transferencias lícitas de remesas.
En adición, agrega, la combinación de un sector financiero sofisticado, y relativamente débiles controles regulatorios, facilitan el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga en México. El reporte considera a este país uno de los principales países productores y de tránsito de droga. Puntualiza que funcionarios estadunidenses estimaron que desde 2003 alrededor de 22 mil millones de dólares pudieron ser reingresados a México desde la nación vecina por las organizaciones de traficantes de drogas. Y nuevamente puso en relieve que en abril de 2006 la Oficina de Combate de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro emitió una alerta al sector financiero estadunidense sobre el uso potencial de ciertas instituciones financieras mexicanas, incluidos centros cambiarios, para facilitar estas operaciones.
Este ilícito constituye un proceso culminante de la llamada industria delictiva: es la vía mediante la cual organizaciones criminales aseguran que sus actos resulten efectivamente rentables en términos económicos, al disfrazar el origen ilegal del dinero para poder utilizarlo. Además de alimentar la maquinaria del crimen organizado, el blanqueo de fondos representa una amenaza para las economías de los países donde se practica, que por lo regular son las naciones menos industrializadas, que cuentan con sistemas financieros desregulados y autoridades deficientes. Entre otros efectos nocivos, el lavado potencia la erosión del mercado financiero, al introducir en él flujos particularmente inestables, repentinos e inseguros, sobre los que no hay registros, como sí ocurre con los recursos lícitos; genera injustas ventajas competitivas para las llamadas “empresas fachadas” –que tienen acceso a grandes sumas de montos ilegales– frente a compañías que realizan actividades estrictamente legales; propicia la pérdida de control del Estado sobre la política económica, al insertar distorsiones en la economía que la hacen aún más fluctuante y difícil de predecir, y disminuye los ingresos tributarios gubernamentales, lo que tiende por lo regular a generar impuestos más elevados, en perjuicio de los contribuyentes honrados y los sectores productivos. Por tanto, el combate a dicho delito resulta imprescindible como forma de reducir el margen de acción de la delincuencia organizada y como medida para sanear la economía en su conjunto.
Sin embargo, su auge contrasta con la relajación de las autoridades mexicanas competentes. Tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y encargada de la “prevención del lavado de dinero”, cuyas cifras no sólo no reflejan el incremento en el flujo de recursos financieros ilegales en el país, sino que apuntan en sentido opuesto: en el primer semestre de 2008 el organismo no presentó un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones financieras ilícitas; en tanto, el número de reportes de inteligencia entregados a la Procuraduría General de la República asciende apenas a 11, frente a los 69 realizados en 2007, y los informes sobre “operaciones preocupantes” que el organismo afirma haber recibido suman apenas 33, a diferencia de los 250 formulados el año pasado.
Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes son profundamente dependientes de sus ganancias económicas, pues les proporcionan, entre otras cosas, armamento complejo y capacidad de soborno e infiltración en las corporaciones policiales y los gobiernos. Sin embargo, los datos referidos muestran que, mientras en los últimos meses el combate al narco se ha basado en espectaculares despliegues militares por todo el territorio nacional, con el consabido incremento en la violencia y la inseguridad, poco se ha hecho para terminar con la invasión de dinero sucio en el sistema financiero mexicano. Es de suponer que mecanismos de control más estrictos y eficientes, junto con estrategias policiacas efectivas para cerrar los caminos del lavado de recursos a los criminales, arrojarían resultados mucho mejores que los actuales.
- Controles débiles facilitan movimiento de fondos: documento del Departamento de Estado
- Estiman que narcos repatriaron 22 mil mdd desde EU a partir de 2003
- La Unidad de Inteligencia Financiera no presentó al SAT en el primer semestre ningún reporte sobre presuntas operaciones de lavado de dinero
- El año pasado elaboró mil 428 informes
Al menos 22 mil millones de dólares, producto de la ganancia generada por la venta en Estados Unidos de droga traficada desde México, fueron repatriados desde aquel país de 2003 a la fecha, aseguró el Departamento de Estado de Estados Unidos. La cantidad no considera otras actividades del crimen organizado, como el secuestro y el tráfico de armas y personas.
El movimiento de esas ganancias por organizaciones delictivas que operan desde México, sostuvo, se realizó al amparo de un sofisticado sistema financiero y controles relativamente débiles, que facilitan “el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga” en México, y considera que la economía informal, con una dimensión de 20 a 40 por ciento del producto interno bruto, “es mucho menos significativa en cuanto al blanqueo de dinero que los segmentos de la economía que son dirigidos por los delincuentes”. Hace dos días, el senador panista Santiago Creel, presidente del Senado, aseveró: “que no nos engañen. El dinero del narcotráfico no anda viajando en maletas por todo el país. Está depositado en los bancos”. La Asociación de Bancos de México no respondió a una solicitud de este diario para que expresara su punto de vista sobre las declaraciones del legislador. En tanto, informes oficiales del gobierno mexicano revelan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no presentó en el primer semestre de 2008 un solo reporte de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones de lavado de dinero, luego de que en 2007 elaboró mil 478 de estos documentos. Igualmente la UIF, creada para prevenir operaciones de lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano, elaboró tan sólo 11 reportes de inteligencia a la Procuraduría General de la República (PGR) durante la primera mitad de este año, cuando en 2007 hizo 69.
¿Relajamiento?
En lo que parece un relajamiento en la previsión de operaciones de blanqueo, los reportes de inteligencia de la UIF a la PGR se han reducido de 194 en 2004 a 158 en 2005 y a 104 en 2006. Mientras, los elaborados para el Servicio de Administración Tributaria, instancia efectiva de control de ilícitos, cayeron de mil 977 en 2006 a mil 478 en 2007 y a “cero” en el primer semestre de 2008. Como si el lavado de dinero prácticamente hubiera desaparecido del sistema financiero mexicano, la UIF tuvo conocimiento en los primeros seis meses de este año de 33 “reportes de operaciones preocupantes”, apenas 13.2 por ciento de los 250 formulados durante 2007. Según la definición oficial, la categoría de operaciones preocupantes son aquellas en las que se detectan actividades, conductas o comportamientos “que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas”, en los que participan directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras.
En contraste, el Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado señala que en 2007 las autoridades estadunidenses observaron un significativo incremento en el número de investigaciones complejas de lavado de dinero, realizadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), con apoyo de la UIF. En noviembre del año pasado, dice, la SIEDO había iniciado 142 investigaciones penales relacionadas con casos de lavado de dinero, 77 de las cuales fueron llevadas a juicio. En el apartado que dedica a México, el reporte, fechado en marzo de este año, afirma que el tráfico ilícito de drogas es la principal fuente de recursos lavados a través del sistema financiero mexicano, pero no la única. Otras fuentes importantes que requieren de este tipo de operaciones incluyen corrupción, secuestro, tráfico de armas de fuego e inmigrantes y otros delitos.
Sostiene que de acuerdo con funcionarios de justicia de Estados Unidos, México se mantiene como uno de los mayores desafíos para Washington en cuanto a las jurisdicciones donde se realiza lavado de dinero, y apunta que las sofisticadas y bien organizadas bandas de narcotraficantes establecidas en México las coloca en posibilidad de aprovechar la extensa frontera común y el gran flujo de transferencias lícitas de remesas.
En adición, agrega, la combinación de un sector financiero sofisticado, y relativamente débiles controles regulatorios, facilitan el ocultamiento y el movimiento de las ganancias de la droga en México. El reporte considera a este país uno de los principales países productores y de tránsito de droga. Puntualiza que funcionarios estadunidenses estimaron que desde 2003 alrededor de 22 mil millones de dólares pudieron ser reingresados a México desde la nación vecina por las organizaciones de traficantes de drogas. Y nuevamente puso en relieve que en abril de 2006 la Oficina de Combate de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro emitió una alerta al sector financiero estadunidense sobre el uso potencial de ciertas instituciones financieras mexicanas, incluidos centros cambiarios, para facilitar estas operaciones.
Kikka Roja
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