- La Corte declaró inconstitucional la entrega de cartera vencida a empresas de cobranza
- Recrudecen bancos acoso contra deudores; los amagan con cárcel
- En las restructuraciones han llegado a pedir hasta las escrituras de las casas de los morosos
Susana González G.
Ampliar la imagen Es un contrato mercantil el que rige las tarjetas de crédito Foto: La Jornada
El afán de los bancos que operan en México por recuperar los préstamos vencidos en tarjetas de crédito ha disparado el acoso contra los deudores, ejercido mediante despachos de cobranzas o administradoras de cartera que buscan forzar a los clientes morosos a restructurar sus adeudos bajo nuevas condiciones y a cambio, ahora sí, de una garantía que omitieron pedir cuando distribuyeron plásticos, sujeta a embargo, advirtieron especialistas y dirigentes de organizaciones sociales.
Sólo en la ciudad de México existe registro de 37 empresas de cobranza que ya fueron contratadas por instituciones bancarias para presionar a los deudores para que salden sus créditos vencidos, según ha declarado el diputado local panista Alfredo Vinalay Mora. Sin embargo, en todo el país operan decenas de compañías, despachos y abogados particulares que se dedican a intimidar a nombre de las instituciones financieras, sin que la autoridad tenga un padrón. Formalmente registradas en el Buró de Crédito como “adquirientes de créditos vencidos o cedidos a un tercero” hay 50 firmas.
El artículo 17 de la Constitución establece: “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.
Si bien el contrato mercantil establecido por los bancos con los clientes para darles un tarjeta de crédito permite el embargo en caso de incumplimiento de pagos, la falta de garantías en la mayoría de los casos no hace posible su ejecución. Ello explica porque el acoso de los bancos y los despachos que contratan para lograr una restructuración del crédito a fin de obtener dicha garantía por parte de los morosos “y en cuanto la consiguen, entonces sí en ese momento ya tienen todos los elementos para embargarlos”, advirtió el especialista Mario Di Costanzo.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en agosto de 2007 que es inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda y eso, dijo, aplica para el caso de los despachos de cobranzas o administradoras de cartera contratados por los bancos.
Sin embargo, bancos y despachos “se aprovechan de la falta de educación financiera y jurídica de la gente porque ahora para restructurar un adeudo de tarjeta de crédito pueden perder más de lo que compraron, incluso su patrimonio. Sabemos de casos de tarjetahabientes morosos que después de que los llaman mañana, tarde y noche, terminan restructurando pero entonces les piden hasta las escrituras de su casa”, aseguró Di Costanzo, quien también es secretario de la hacienda pública del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Gonzalo Núñez González, gerente del Colegio de Economistas, indicó a su vez que los bancos prefieren lograr una restructuración dado lo tardado y engorroso que pueden ser los procesos legales que deben seguir para recuperar los adeudos, más aún cuando no cuentan formalmente con una garantía para embargar.
Los tarjetahabientes, dijo, no pueden ser encarcelados por sus adeudos, pero esa es una amenaza recurrente que usan todos los despachos contratados por los bancos para atemorizar a la gente. Incluso Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la organización de deudores El Barzón, aseguró que hay firmas que actúan de manera completamente ilegal porque sin proceso ni orden judicial de por medio han llegado a despojar a algunos deudores de bienes muebles.
Cabe mencionar que cuando un cliente accede a restructurar su adeudo bajo nuevas condiciones, su crédito queda cancelado y queda boletinado en el Buró de Crédito, donde deben pasar siete años para que su historial sea borrado de los registros.
Además, la restructuración resulta “un negocio redondo para los bancos porque si bien reducen las tasas de interés para los clientes morosos que acceden a restructurar para dejarla entre 20 y 40 por ciento cuando ya la tenían hasta en 60 por ciento, al ampliar los plazos de pago pues se termina pagando más. Es decir: a mayor plazo mayor tasa. Dejar de cobrar el adeudo completo está compensado por las altas tasas de interés, pero el colmo de todo esto es que hay restructuraciones sobre restructuraciones”, explicó Roberto Galván, director de la consultoría Vanguardia Investment.
Así que la recomendación que todos los entrevistados hacen a los deudores es solicitar asesoría legal antes de acceder a restructurar cualquier adeudo bancario.
Hasta septiembre pasado, antes de que México resintiera los efectos de la crisis económica de Estados Unidos y comenzara la devaluación del peso y la reducción de las reservas por la venta masiva de dólares por el Banco de México, el Buró de Crédito tenía contabilizados 5.1 millones de mexicanos con problemas de cartera vencida, lo que representa el 10 por ciento del total de registros manejados por dicho organismo.
En términos de valor, la cartera vencida de la banca comercial en el segmento de préstamos al consumo se disparó a 37.5 mil millones de pesos en septiembre pasado, lo que representa un aumento de 49 por ciento respecto del mismo mes de 2007 y un alza sin precedente de 40 por ciento en sólo tres meses, ya que en junio se ubicaba en 26 mil millones, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En tanto que la morosidad entre créditos hipotecarios ascendió a 9 mil millones de pesos, incremento anual de 32.3 por ciento y el más elevado en los últimos tres años, según el Banco de México.
Tal alza en la cartera vencida es responsabilidad de los mismos bancos porque otorgaron tarjetas de crédito al por mayor a gente sin capacidad de pago o carente de experiencia en el manejo del plástico, sin averiguar siquiera sus antecedentes e incluso sin pedir garantía alguna como ocurre con los créditos hipotecarios, automotrices o empresariales, que les permiten embargar los bienes o el patrimonio de la gente en caso de incumplimiento, pero ahora eso lo hacen extensivo a los créditos comerciales avalados por un contrato mercantil, señalaron los entrevistados.
Así que ahora, dijeron, pretenden corregir el error y perder lo menos posible lanzando programas de restructuración para los deudores, pero para ello recurren a los despachos de cobranzas para acosar al cliente y obligarlo a firmar un nuevo contrato bajo nuevas condiciones y con garantía de por medio.
Los deudores se encuentran en “un mayor grado de indefensión que en la década pasada” debido a las modificaciones que de entonces a la fecha se hicieron a la ley y que permiten que los bancos actúen con total holgura y falta de regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, advirtió a su vez Di Costanzo.
“Se repite la historia de terrorismo contra la deudores que ya vivimos en la crisis de 1994, cuando en el gobierno de Ernesto Zedillo mucha gente perdió su casa y coche, pero ahora el grueso de los deudores son tarjetahabientes que han dejado de pagar porque la crisis los ha forzado a usar la tarjeta de crédito para todo, hasta para comprar la despensa porque no tienen dinero o perdieron el trabajo, y no los dejan de llamar por teléfono para amenazarlos con quitarle sus bienes”, señaló Ramírez Cuéllar.
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Sólo en la ciudad de México existe registro de 37 empresas de cobranza que ya fueron contratadas por instituciones bancarias para presionar a los deudores para que salden sus créditos vencidos, según ha declarado el diputado local panista Alfredo Vinalay Mora. Sin embargo, en todo el país operan decenas de compañías, despachos y abogados particulares que se dedican a intimidar a nombre de las instituciones financieras, sin que la autoridad tenga un padrón. Formalmente registradas en el Buró de Crédito como “adquirientes de créditos vencidos o cedidos a un tercero” hay 50 firmas.
El artículo 17 de la Constitución establece: “Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.
Si bien el contrato mercantil establecido por los bancos con los clientes para darles un tarjeta de crédito permite el embargo en caso de incumplimiento de pagos, la falta de garantías en la mayoría de los casos no hace posible su ejecución. Ello explica porque el acoso de los bancos y los despachos que contratan para lograr una restructuración del crédito a fin de obtener dicha garantía por parte de los morosos “y en cuanto la consiguen, entonces sí en ese momento ya tienen todos los elementos para embargarlos”, advirtió el especialista Mario Di Costanzo.
Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en agosto de 2007 que es inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda y eso, dijo, aplica para el caso de los despachos de cobranzas o administradoras de cartera contratados por los bancos.
Sin embargo, bancos y despachos “se aprovechan de la falta de educación financiera y jurídica de la gente porque ahora para restructurar un adeudo de tarjeta de crédito pueden perder más de lo que compraron, incluso su patrimonio. Sabemos de casos de tarjetahabientes morosos que después de que los llaman mañana, tarde y noche, terminan restructurando pero entonces les piden hasta las escrituras de su casa”, aseguró Di Costanzo, quien también es secretario de la hacienda pública del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Gonzalo Núñez González, gerente del Colegio de Economistas, indicó a su vez que los bancos prefieren lograr una restructuración dado lo tardado y engorroso que pueden ser los procesos legales que deben seguir para recuperar los adeudos, más aún cuando no cuentan formalmente con una garantía para embargar.
Los tarjetahabientes, dijo, no pueden ser encarcelados por sus adeudos, pero esa es una amenaza recurrente que usan todos los despachos contratados por los bancos para atemorizar a la gente. Incluso Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la organización de deudores El Barzón, aseguró que hay firmas que actúan de manera completamente ilegal porque sin proceso ni orden judicial de por medio han llegado a despojar a algunos deudores de bienes muebles.
Cabe mencionar que cuando un cliente accede a restructurar su adeudo bajo nuevas condiciones, su crédito queda cancelado y queda boletinado en el Buró de Crédito, donde deben pasar siete años para que su historial sea borrado de los registros.
Además, la restructuración resulta “un negocio redondo para los bancos porque si bien reducen las tasas de interés para los clientes morosos que acceden a restructurar para dejarla entre 20 y 40 por ciento cuando ya la tenían hasta en 60 por ciento, al ampliar los plazos de pago pues se termina pagando más. Es decir: a mayor plazo mayor tasa. Dejar de cobrar el adeudo completo está compensado por las altas tasas de interés, pero el colmo de todo esto es que hay restructuraciones sobre restructuraciones”, explicó Roberto Galván, director de la consultoría Vanguardia Investment.
Así que la recomendación que todos los entrevistados hacen a los deudores es solicitar asesoría legal antes de acceder a restructurar cualquier adeudo bancario.
Hasta septiembre pasado, antes de que México resintiera los efectos de la crisis económica de Estados Unidos y comenzara la devaluación del peso y la reducción de las reservas por la venta masiva de dólares por el Banco de México, el Buró de Crédito tenía contabilizados 5.1 millones de mexicanos con problemas de cartera vencida, lo que representa el 10 por ciento del total de registros manejados por dicho organismo.
En términos de valor, la cartera vencida de la banca comercial en el segmento de préstamos al consumo se disparó a 37.5 mil millones de pesos en septiembre pasado, lo que representa un aumento de 49 por ciento respecto del mismo mes de 2007 y un alza sin precedente de 40 por ciento en sólo tres meses, ya que en junio se ubicaba en 26 mil millones, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En tanto que la morosidad entre créditos hipotecarios ascendió a 9 mil millones de pesos, incremento anual de 32.3 por ciento y el más elevado en los últimos tres años, según el Banco de México.
Tal alza en la cartera vencida es responsabilidad de los mismos bancos porque otorgaron tarjetas de crédito al por mayor a gente sin capacidad de pago o carente de experiencia en el manejo del plástico, sin averiguar siquiera sus antecedentes e incluso sin pedir garantía alguna como ocurre con los créditos hipotecarios, automotrices o empresariales, que les permiten embargar los bienes o el patrimonio de la gente en caso de incumplimiento, pero ahora eso lo hacen extensivo a los créditos comerciales avalados por un contrato mercantil, señalaron los entrevistados.
Así que ahora, dijeron, pretenden corregir el error y perder lo menos posible lanzando programas de restructuración para los deudores, pero para ello recurren a los despachos de cobranzas para acosar al cliente y obligarlo a firmar un nuevo contrato bajo nuevas condiciones y con garantía de por medio.
Los deudores se encuentran en “un mayor grado de indefensión que en la década pasada” debido a las modificaciones que de entonces a la fecha se hicieron a la ley y que permiten que los bancos actúen con total holgura y falta de regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, advirtió a su vez Di Costanzo.
“Se repite la historia de terrorismo contra la deudores que ya vivimos en la crisis de 1994, cuando en el gobierno de Ernesto Zedillo mucha gente perdió su casa y coche, pero ahora el grueso de los deudores son tarjetahabientes que han dejado de pagar porque la crisis los ha forzado a usar la tarjeta de crédito para todo, hasta para comprar la despensa porque no tienen dinero o perdieron el trabajo, y no los dejan de llamar por teléfono para amenazarlos con quitarle sus bienes”, señaló Ramírez Cuéllar.
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