El calderón de los piromaniacos

• Tensiones en Cananea • Espino, Madero y el turrón… gomezalce@aol.com www.milenio.com/ Un buen líder, mi estimado, no sólo ve la manera de conseguir la victoria: sabe también cuando ésta es imposible. Nada como conocer de boca del titular de la SSP federal, Genaro García Luna, la escalofriante cifra de casi 7 mil ejecutados en dos años de (des)gobierno, y nada como finalmente saber que en la mayoría de los casos fueron ajustes internos o entre cárteles. Ajá. El simpático dato que falta por saber, just for fun, es el divertido porcentaje sobre esta cantidad de asesinatos que se dieron entre los traviesos —que se repartieron desparpajadamente la cartera llamada SSP federal y PGR, y cuya infiltración en el interior del Estado mexicano es un escandaloso e irrebatible hecho—, que desencadenaron esa cruenta lucha a raíz de su propia fractura interna. O sea, cuántas de estas casi 7 mil víctimas son civiles inocentes fallecidos en el fuego cruzado y cuántas pertenecían a los diversos cuerpos policiacos federales, estatales y/o municipales, para verdaderamente medir la magnitud de la tragedia en el fracaso contra la corrupción y la impunidad, que son los factores fundamentales para que el organizado crimen envíe cañonazos… de varios miles de dólares mensuales. Sólo así, my friend, se podría abrir un debate serio sobre el peligroso flagelo que toca las cúpulas encargadas de la mal llamada guerra contra el narcotráfico de esta muy vulnerable administración…Y… Por cierto, hablando de atractivas discusiones, no cabe duda que Germán Martínez evadió como pudo durante su Consejo Nacional entrarle de lleno a la fantasmagórica pregunta de ¿por qué el PAN no dio una este aciago 2008…? ¿Cuál es el diagnóstico y la verdadera radiografía del presidente de Acción Nacional para explicar qué pasó ante la debacle electoral blanquiazul…? Martínez Cázares hizo mutis y tuvo miedo de entrarle al toro de la verdad electoral por los cuernos, cuando uno de sus fuertes ha sido siempre su habilidad de batirse debatiendo. El caso es que muchos panistas se fueron con un mal sabor de boca al cerrarse la puerta a la discusión democrática (palabra inexistente en el nuevo diccionario azul) para conocer las causas del por qué tanta miserable derrota. El ambientito azul está tan desquiciado, no, no… trastornado psicológicamente, amable lector, que en el Senado comenzó a circular una entretenida misiva del ex presidente del PAN, Manuel Espino, al coordinador de la bancada, Gustavo Madero, solicitándole una original explicación sobre sus declaraciones aparecidas en El Universal sobre la decisión de pedirle el inmueble ocupado por la ODCA. La cartita puesta en circulación por seductores senadores dibuja que el otrora delicioso turrón entre Manuel y Gustavo está rancio. Tan es así que ahora resulta que Madero le dijo verdades a medias a Espino (léase mentiras completas) sobre la tenebra para darle flit del inmueble y en la que debió involucrarse un debate entre los azules para la toma de decisiones. El asunto no es menor, mi estimado, porque refleja que hay pleito, mezquindades y golpes bajos en la casa… cuya famiglia deberá enfrentar comicios en 2009 sabiendo de antemano que, como este 2008, divididos van al precipicio de la derrota electoral en un año en el que el PAN cumple… 70 años. Y si las cosas siguen como van, estos panistas no tendrán cara para celebrar. Con todo y las maravillosas marrullerías que ya se cocinan para darle la vuelta al bodrio electoral donde, ¡¡¡...yuppiiiieee…!!!, la SCJN declaró procedentes los amparos interpuestos por los organismos empresariales, así que, mis chicuelos, a preparar el billete para la otra guerra… la sucia y comenzar a desarrollar slogans similares al de los peligros para México. Este fallo, sumado al polémico proceso de licitación en el ife (con minúsculas) para el control del pautado y monitoreo de las campañas espoteras (que ya originó una simpática impugnación… stay tuned 4 details) es diseminar desde ahora pólvora fresca en el campo electoral. Y al parecer, my friend, lo que sobran son piromaniacos… Por la mirilla El (des)gobierno de Felipe Calderón ya tiene listas y en fast track 18 órdenes de consignación contra líderes del sindicato minero en Cananea, cuya mina le urge recuperar a Grupo México de Germán Larrea. La peligrosa estrategia para aplastar… ahora o nunca… encarcelando a los mineros encabezados por Gómez Urrutia se encuentra en una volátil y delicada escalada… que no va a terminar bien.

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¿También la izquierda? Guadalupe Loaeza

¿También la izquierda? Guadalupe Loaeza Visita su BLOG 9 Dic. 08 Era prácticamente imposible entrar. El salón más grande de la FIL, el "Enrique González Martínez", estaba lleno a reventar. Según los organizadores había más de mil 200 personas, la mayoría eran jóvenes, estudiantes de periodismo. No era para menos, las participantes de la mesa "Transformando la Sociedad a través del periodismo" eran nada menos que Carmen Aristegui, Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, el moderador sería Rogelio Campos, columnista de Mural. En el momento en que entró este trío de periodistas súper aguerrido, todos comenzaron a gritar entre aplausos y ovaciones: ¡¡¡No están solas!!! La primera que tomó la palabra fue la autora de Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical (Editorial Planeta). Empezó hablando de la autorregulación de los periodistas en los medios. Todos la escuchábamos con atención. "Existe un código no escrito para que los medios no hablen de otros medios, especialmente cuando se trata de los abusos laborales contra los periodistas. Cuando la empresa que censura es Televisa, es fácil indignarse y que el periodista reciba todos los apoyos de sus colegas, pero... ¿qué pasa cuando eres censurada por una revista de izquierda como Proceso?". En esos momentos mis ojos se abrieron por la perplejidad de las palabras de mi colega. Pensé que había escuchado mal, a tal punto que le pregunté a Enrique, mi marido, si en efecto Sanjuana había mencionado la revista tan prestigiada, me dijo que sí. Después traté de recordar este hecho de censura. En efecto, de repente me acordé que hacía dos años y medio entrevisté a Sanjuana para el Canal 40 en cuyo programa me había platicado que el director del semanario la había despedido, pero escuchemos lo que nos decía la reportera: "Mientras yo cubría la información del Vaticano sobre Juan Pablo II y la persecución contra los teólogos de la liberación no hubo problema, pero cuando empecé a escribir de la jerarquía católica mexicana llegó la censura en torno a mis trabajos de investigación sobre pederastia clerical que involucraba al cardenal Norberto Rivera. Me llamaba la atención que mi material se quedara en el cajón de la mesa de redacción. Primero una semana, después, dos, tres; luego un mes, hasta ¡cuatro! Cuando fui a México, porque en ese entonces yo vivía en Estados Unidos y le pregunté a Salvador Corro, jefe de información, qué pasaba, me dijo: 'No se publica tu reportaje porque parece que traemos una campaña contra la Iglesia'". El público escuchaba a Sanjuana totalmente atónito. Por mi parte, no daba crédito que la revista supuestamente más emblemática en lo que se refiere a la libertad de expresión cometiera esos actos de censura. Se hubiera dicho que Sanjuana se estaba refiriendo a otro medio, pero no a mi revista, semanario que leo religiosamente, semana tras semana, desde hace más de 30 años. Me dije que esa denuncia hubiera resultado perfecta para dicha publicación, pero que evidentemente no la podían cubrir puesto que iría contra ellos mismos, lo cual sería absurdo. Pero lo peor vino después, cuando Sanjuana explicó lo siguiente: "No hay duda que con el tiempo me fui convirtiendo en un elemento incómodo, porque no aceptaba la censura como respuesta. Me despidieron hace dos años y medio sin pagarme la liquidación que marca la ley federal del trabajo. ¿Qué hace una periodista frente al abuso de una revista tan poderosa como Proceso si ningún medio o periodista se atreve a cuestionar este abuso y otros más que ha cometido contra sus trabajadores?". No acababa de terminar de hablar Sanjuana, cuando ya todo el mundo la estaba ovacionando. Hay que decir que entre el público se encontraba un grupo de braseros reivindicando la devolución de sus ahorros que el Estado mexicano no les ha devuelto desde hace más de 40 años. En el ambiente se respiraba un aire de indignación, pero también de espíritu contestatario. "Ésta es la primera vez que Sanjuana, una de las mejores reporteras mexicanas que tenemos en nuestro país, hace públicamente la denuncia de lo que le pasó en Proceso", dijo Carmen Aristegui. "Para mí es difícil abordarlo, porque es como si tuviera dos amores, pero hay que hablar sobre este tema especialmente porque entre el público se encuentra Vicente Leñero, el vicepresidente del Consejo de Proceso". Se escuchan aplausos, y Carmen continúa: "Mentarle la madre a Televisa es fácil, pero mentársela a Proceso no es fácil, por su historia, sus nombres como don Julio Scherer, y su contribución al periodismo libre y crítico. Pero esto que le hicieron a Sanjuana, Proceso tiene que responder por qué la corrieron y por qué no le dieron lo que le corresponde". Se escuchan aplausos y más aplausos. Por mi parte, yo agradecía, mentalmente, a Raúl Padilla por la creación de la FIL, la catedral de la cultura y el ámbito donde los jóvenes mexicanos pueden escuchar mesas de debate como la que sostenían estas tres maravillosas periodistas. ¡Cómo las admiré al verlas tan comprometidas, tan brillantes, tan congruentes, tan vitales y tan valientes! Me dije que ahora podía dormir tranquila. "Allí están. Si me pasara algo, sé que puedo contar con ellas, con cada una de las tres. Sé que ellas me van a salvar y van a denunciar mi caso". Así me decía, con una sonrisa en los labios, mientras las veía a lo lejos y corroboraba, cuánto las quería y las admiraba su público agradecido por su honestidad y congruencia a estas tres mujeres que habían padecido la censura en diferentes circunstancias. La que también estuvo estupenda fue Lydia Cacho. Al verla tan sonriente, recordé lo que la revista El País había escrito acerca de ella en el reportaje de la lista de los 100 hombres y mujeres iberoamericanos del 2008, en el cual dicen que su sonrisa es "un cabo de auxilio, porque es clara y honesta". Ella habló sobre la misoginia, debilidad que conoce como la palma de su mano. Dijo: "¿Qué pasa si un director de un medio llama para manipular el proceso contra ese medio iniciado contra una periodista injustamente despedida?" Si Lydia Cacho se preguntó lo anterior es porque sabe que Sanjuana lleva dos años y medio luchando en la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF sin haber tenido la primera audiencia. "No somos víctimas profesionales, estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Pero si alguien decide despedir a una periodista por su trabajo hay que pagarle su liquidación". En suma, el caso de Sanjuana es una forma de exhibir cómo el abuso contra una periodista se convierte en un atentado a la libertad de expresión. Correo electrónico: gloaeza@yahoo.com

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TEMPORAL LA CAIDA DE LAS AFORES ¡CARSTEN CIERRA EL HOCICO! AHORA SI, LOS AHORROS SE PERDIERON

• Las minusvalías causadas por la volatilidad financiera no implican pérdidas; se revertirán, dice
• Los recursos en las Afore, seguros: Carstens
• La volatilidad en el mercado cambiario, “contenida”, dice
• Se usaron 14 mil millones de dólares

esta declaracion es la pura VERDAD, tus ahorros YA NO EXISTEN!
CADA VEZ QUE CARSTENS SALE A MENTIR, ES PORQUE ES OFICIAL: LAS AFORES SE FUERON A LAS CHEQUERAS DE LOS RICOS.
PREGUNTENLE A GUILLERMO PRIETO TREVIÑO, EL DUEÑO DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, AYER ESTABA MUY NERVIOSO, TENIA MIEDO QUE LE MENTARAN LA MADRE .. LA PROTESTA POPULAR NO TARDA.

Víctor Cardoso, Miriam Posada y Claudia Herrera

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, afirmó que las minusvalías causadas por la volatilidad financiera en los fondos para el retiro de los trabajadores no representan pérdida de recursos. “Se han generado minusvalías de carácter contable, temporal, que no afectan el capital de los trabajadores y se revertirán. Con certeza los recursos en el Sistema de Ahorro para el Retiro, están seguros”, insistió.

Durante su participación en la 19 Convención del Mercado de Valores el funcionario envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores mexicanos, preocupados por la caída en el valor en el último trimestre de las inversiones operadas por las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefore).

“Es sumamente importante destacar que la afectación en los recursos de los trabajadores es de carácter coyuntural y naturaleza contable”, sostuvo Carstens.

“Se trata de un evento temporal. Históricamente los periodos de crisis son superados y los mercados logran total recuperación.

“Su carácter de contable, añadió, es porque son inversiones de largo plazo y no pueden ser sujetas a valuación diaria, donde se registran las alzas o bajas de los últimos dos meses “que más que dar información, desinforman”.

El secretario de Hacienda adelantó que la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro (Consar) “evalúa este proceso; realmente no queremos caer en un extremo, pero realmente sí (se podría) ajustar este proceso de evaluación para que los trabajadores tengan más información fidedigna sobre el valor de sus sociedades”. Esas inversiones, puntualizó, “han sido un éxito” pues el rendimiento promedio llega a 6 por ciento en términos reales y 13 por ciento en términos nominales, que es “mucho mayor a lo que podría tener cualquier trabajador en otro tipo de alternativas.

Por el lado de los efectos de la crisis financiera internacional en la economía nacional, Carstens Carstens afirmó en primer lugar que la volatilidad en el mercado cambiario originada el pasado 6 de octubre está “contenida” y su impacto ha sido “encapsulado” y “neutralizado” por el Banco de México. Pero el funcionario omitió mencionar que para lograr la estabilizació del mercado cambiario, el banco central utilizó más de 14 mil millones de dólares de las reservas internacionales de divisas del país.

Para Carstens, sin embargo, esa intervención en el mercado de divisas “no se percibe o no se debe leer (como) una intervención de algún nivel de tipo de cambio por las autoridades; es decir, es un mecanismo que mantiene o preserva las características básicas de la flotación, buscando que el mercado tenga menos volatilidad”.

Sin un panorama todavía claro sobre los estragos provocados por la volatilidad cambiaria, el responsable de las finanzas públicas del país delimitó la responsabilidad de ese fenómeno a algunas empresas que se negaron a revelar operaciones, en el mercado de cambios. Contra ellas, dijo, ya se abrió una “muy detallada” investigación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el BdeM y la propia Secretaría de Hacienda.

“Tenemos un poco la necesidad de determinar si las empresas que hicieron esas operaciones revelaron toda la información sobre el impacto potencial de esas transacciones sobre su balance. Es una información esencial para todos los tenedores y realmente nos tenemos que cerciorar de que ese haya sido el caso”, puntualizó el funcionario.

Adelantó que también esas tres instituciones, junto con autoridades extranjeras, iniciaron trabajos de monitoreo sobre las llamadas operaciones de derivados que se realizan en el mercado mexicano para “tenerlas en el radar en el momento oportuno”, regularlas en un momento dado y evitar que se conviertan en “explosivas”.

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MADERO MONUMENTO A CARSTENS seguro petrolero: JAJAJAA EL PINCHE GORDO LOS MAREO CON UNA MAMADITA

Pide Madero monumento para Carstens
El senador Gustavo Madero elogió la contratación del seguro petrolero que hizo el Secretario de Hacienda

EL SEGURO PETROLERO ES UNA MEDIDA VIEJA Y DE RUTINA, CÓMO SE VE QUE "MAMADERO" ¡ES UN NACO IGNORANTE!

Claudia Guerrero REFORMA.COM

Ciudad de México (9 de diciembre de 2008).- Gustavo Madero, presidente del Senado, pidió ayer construir un monumento en honor al Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, por haber comprado un seguro petrolero con la intención de garantizar el precio del crudo, a pesar de su caída internacional. La adquisición de la cobertura fue una gran decisión, dijo el senador del PAN, pues eso garantizará el costo del barril a 70 dólares a pesar de la caída del precio internacional y, en consecuencia, quedan garantizadas las inversiones programadas para 2009.

"Voy a hacer una propuesta de que a Agustín Carstens le hagan un monumento en la vía pública. Fíjense nomás, qué atrevido, ¿verdad?.

"El Secretario tuvo una gran decisión al cubrir el 100 por ciento de los ingresos petroleros del próximo año al precio del presupuesto, 70 dólares... (lo que) va a permitir que esta sea la primera vez en la historia de nuestro País en que una crisis económica la podamos enfrentar con gasto expansivo", anunció en conferencia de prensa. Madero recordó que cuando se dio a conocer el pago del seguro, diversos senadores lanzaron críticas en contra del gasto realizado por el Gobierno mexicano, sobre todo luego de varias experiencias en las que no había sido necesaria la aplicación del seguro.

"Esto hoy vale más de 13 mil millones de dólares, 150 mil millones de pesos es lo que vale esta decisión", afirmó. El pasado 6 de noviembre, REFORMA reveló que Hacienda adquirió coberturas para estabilizar sus ingresos petroleros durante 2009. Las firmas que se quedaron con el contrato que protege hasta el 90 por ciento de los ingresos de la exportación petrolera mexicana del año entrante fueron Barclays y Goldman Sachs.

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SLIM: IMPAGABLES LAS TASAS DE INTERES DE LAS TARJETAS DE CREDITO

• Es “impagable” lo que cobran por el consumo vía tarjeta de crédito, advierte el empresario
• Exageradas, las tasas de interés que aplican los bancos, dice Slim
• Centrarse en mantener el empleo, pidió
• Planteó apoyar la economía interna e impulsar la pequeña empresa
• Deudores hipotecarios deberían pagar sólo intereses durante 3 años, sugirió

Miriam Posada y Víctor Cardoso

LA GENTE COMPRA COMIDA CON SU TARJETA, YA NO DIGAN QUE QUIERE UN ESTEREO, SIMPLEMENTE LA GENTE NO TIENE DINERO PARA COMER... Y SABEN QUÉ.., ¡QUE BUENO QUE LOS CAPITALISTAS CHINGARON SU MADRE, AL EVIDENCIAR QUE SON LOS MÁS INDECENTES DEL MUNDO!
CORRUPTOS, LADRONES, INMORALES Y EXTREMADAMENTE CINICOS.

LOS PANISTAS
VIVEN CON UN DEDO METIDO EN EL FUNDILLO, Y TODAVIA DICEN QUE LOS HACE FELIZ, QUE LOS BANCOS LES VEAN LA CARA DE PENDEJOS.. jajaa para eso me gustaban los pinches derechosos.

Ampliar la imagen Carlos Slim, durante la ponencia que presentó ayer en la Convención del Mercado de Valores Foto: Marco Peláez

El empresario mexicano Carlos Slim Helú criticó las “impagables” tasas de interés que los bancos cobran por el consumo vía tarjeta de crédito y que llega a ser hasta de 12 o 14 veces la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE). Esta situación, dijo durante su participación en la edición 19 de la Convención del Mercado de Valores, no se puede dejar al comportamiento del mercado porque no hay competencia, ya que los deudores usan todos los plásticos que tienen a su alcance.

“Lo peor es que esas tasas de interés son insostenibles, impagables en la mayoría de los casos. Hay un aumento de la cartera vencida muy alto; eso puede justificar que la tasa sea mayor (por el alto riesgo de recuperar los recursos), pero sería un error tenerla tan alta porque va a provocar la falta de pago de los deudores”.

Para los deudores hipotecarios Slim sugirió que se establezcan las bases que para que paguen sólo intereses al menos durante tres años, porque nadie sabe cuánto va a durar esta crisis. En ese sentido urgió al gobierno mexicano a que imponga un techo al nivel de tasas de interés. Sugirió que podría ubicarse en 4 por ciento, pero no en los actuales niveles de 10 a 14 veces lo que se paga a los ahorradores y la que se pagan entre los propios bancos, en referencia a la TIIE. “Es una exageración”, exclamó.

Slim Helú dijo que las autoridades mexicanas deben buscar restablecer la confianza, la estabilidad y la solvencia en el sistema financiero nacional para volver a la normalidad el flujo del crédito. Actualmente, explicó, los tarjetahabientes se manejan con cinco o seis plásticos y no pueden aprovechar los beneficios de la tasa de interés más baja “porque tendrían que pagar las otras y no hay capacidad de pago... no es que escojan a un banco o a otro; se escoge a todos los que les dan (tarjetas) y entonces ya están, de alguna forma, entrampados”.

En síntesis, el fundador del consorcio empresarial y financiero más grande del país consideró un error mantener altas tasas de interés en el crédito al consumo porque, alertó, lo que va a provocar es la falta de pago de los deudores de tarjetas.

Cuidar el patrimonio

Otra abierta crítica que hizo Slim ante la cúpula financiera del país fue el manejo de los fondos para el retiro de los trabajadores. Consideró “poco razonable” la política de invertir esos recursos a largo plazo, cuando las tasas son fijas y se tienen de las menores tasas de interés en la historia, que en algunos casos llegan a ser negativas, es decir, rebasadas por la inflación. Con tasas negativas, afirmó, la gente que se jubilará a largo plazo tendrá un serio problema. Frente a ese panorama sugirió la inversión de los recursos acumulados en los fondos para el retiro a tasas variables, para obtener los mejores rendimientos. Los actuales rendimientos que obtienen los ahorros de los trabajadores son bajos “para comprometer los patrimonios de tanta gente a esos niveles”.

El empresario urgió al gobierno mexicano a actuar de manera preventiva, evitar reaccionar cuando ya hayan ocurrido las cosas, y no esperar a que el Grupo de los 20 o el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, resuelvan la situación. Señaló que la ruta a seguir debe centrarse en mantener el empleo, “en este momento el crecimiento del producto interno bruto no importa, seguramente este año y el que viene va a ser muy malo. Lo importante es mantener el empleo, que los empresarios tengan acceso a capital para poder preservar las fuentes de trabajo, así como dirigir los esfuerzos al impulso del mercado interno”.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que frene el incremento a los precios de la gasolina y a las tarifas eléctricas “que ya casi rebasan los de Estados Unidos”. Para Slim Helú un aspecto fundamental para enfrentar la crisis es mantener e impulsar el empleo y apoyar a las empresas generadoras de fuentes de trabajo. Hay que apoyar a la economía interna, incluso evitando la producción de bienes o servicios con alto contenido de insumos importados. “Yo diría que para tener empleo habría que impulsar mucho la pequeña y mediana empresa otorgándole financiamiento y quitándole regulación”.

Consideró adecuado el programa gubernamental para dar mantenimiento a unas 30 mil escuelas en todo el país; pero además, señaló, habría que mantener zonas arqueológicas, forestales, parques nacionales y otros que propician un sinnúmero de actividades generadoras de empleo. “Imagínense el trabajo que se generaría al dar mantenimiento a todas las escuelas, oficinas de gobierno, centros históricos, o construir más caminos rurales”.

Slim aseguró que las empresas de Grupo Carso son sólidas financieramente y están comprometidas con la inversión en México. El grupo invertirá el próximo año en el país 4 mil 270 millones de dólares y creará 16 mil 900 empleos. Aseguró que sólo Teléfonos de México invertirá en 2009 alrededor de 950 millones de pesos en el desarrollo de infraestructura de banda ancha, “y si nos dieran el permiso para entrar al triple play invertiríamos más”. Aprovechó para puntualizar que el compromiso establecido entre Telmex y Multivisión no es una alianza sino un convenio de cobro y facturación. “Esta operación la hacemos con todo mundo, la tenemos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hay como 960 clientes”.

Indicó que “lo que Telmex está esperando todavía es que el Acuerdo de Convergencia de hace dos años y cacho se cumpla, para poder dar triple play. Y eso tiene que ver con el año que entra en función, que se puedan de los tres servicios (voz, datos y video) pues evidentemente hay sinergias importantes y se pueden dar los tres servicios mucho más baratos”. El empresario dijo estar a favor de que se permita la entrada de inversión extranjera a la industria de las telecomunicaciones, pero con reglas bien definidas y absoluta transparencia.

Rambos y neófitos en la crisis

El empresario mexicano señaló que entre los excesos que desataron la crisis financiera global hubo mala regulación y peor supervisión, por lo que es necesario que se establezcan reglas claras y transparencia de las operaciones de todas las empresas. Destacó que en este momento es indispensable restablecer la credibilidad y confianza del sistema financiero mundial y tener cuidado con los “Rambos a los que no les importa ganar la guerra sino estar en ella, y con los neófitos” que toman decisiones equivocadas. “Rambos, adrenalinas que no les interesa ni ganar la guerra ni tener el poder, sino estar en la guerra, comprando vendiendo, haciendo business, cerrando operaciones”.

Reiteró que la recesión en la que se encuentra hoy el mundo es la más compleja en la historia, debido a que se conjuntaron una serie de nuevos elementos que han exacerbado la crisis. “Por algún tiempo estuvimos preocupados esperando por la gripe aviar y nos llegó la pandemia financiera de Estados Unidos en lugar de llegar por el otro lado”. Advirtió que hasta el momento sólo se ha dado a conocer el problema hipotecario, pero habrá que ver en qué condiciones se encuentran el resto de los bancos y la empresas, y las consecuencias que eso tenga no sólo en el sistema financiero, sino sus alcances en la economía real.

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Javier del Real Magallanes

PLAZA PÚBLICA Javier del Real Magallanes Miguel Ángel Granados Chapa 8 Dic. 08 Convertido en subsecretario de Estrategia e Inteligencia de la SSP, al mando de 27 mil miembros de la Policía Federal, el divisionario tendrá que demostrar qué buenas razones lo condujeron a esa posición Aunque la versión más lógica y sostenible es que la Secretaría de la Defensa Nacional metió en la de Seguridad Pública una cuña, en la persona del general de división Javier del Real Magallanes, nuevo subsecretario de Estrategia e Inteligencia policial, el principal afectado por esa decisión, Genaro García Luna, intentó maniobrar para hacer creer que a él se debe esa designación. Según la especie favorable a sus intereses, García Luna habría solicitado al presidente de la República la incorporación del divisionario a la Secretaría que él encabeza: "Fuentes de la SSP federal comentaron que el propio García Luna realizó un intenso cabildeo para que se autorizara la inclusión del militar en activo a la estructura de la SSP. "El general Del Real mantiene una estrecha amistad con García Luna. Han coincidido en diversas tareas. Ambos trabajaron en el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional" (El Universal, 5 de diciembre). Podría ser verdad lo dicho en esa nota, si se considera el aval que repetidamente ha brindado en fechas recientes el presidente Calderón a su secretario de Seguridad Pública. Pero es más verosímil la tesis de que, hombre de confianza del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, el nombramiento de Del Real Magallanes sea un acto de presencia de la Sedena en la SSP, para irle de la mano al titular. Son conocidas las diferencias y aun enfrentamientos de las dos Secretarías y se ha sabido de la alerta que un grupo relevante de generales lanzó contra la designación de García Luna como jefe del Cisen (que era la posición que le estaba destinada en noviembre de 2006) y la expresión de desconfianza que el propio general Galván habría emitido ante su jefe cuando García Luna fue nombrado secretario. En este caso, la inclusión de un militar avezado en asuntos policiacos significaría el principio del fin del cacicazgo que el titular de la SSP ha pretendido ejercer en las fuerzas federales de seguridad. Por lo pronto, tuvo que desplazar a su amigo Facundo Rosas para hacerle lugar al general recién llegado, y lo confinó a otra subsecretaría, la de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, distante de la operación policiaca misma. Si es verdad que Del Real es una cuña que limite a García Luna, que no será propiamente su jefe puesto que, como general en activo, su inmediato superior conforme a la disciplina militar es el propio secretario de la Defensa, también puede serlo que se haya removido a Rosas por su desliz en el caso de la comandante Lorena González, procesada por el secuestro de Fernando Martí. No obstante que él mismo la invitó en octubre pasado a pasar de la AFI a la Policía Federal, Rosas pretendió negar la pertenencia de quien organizó el falso retén donde Martí fue capturado a la Secretaría de que era el número dos. García Luna salió en su apoyo, aunque al final debieron admitir que en efecto la acusada no les era desconocida. Del Real, que llegó a divisionario en diciembre de 2004, antes de cumplir 60 años, ha combinado una carrera de servicio estrictamente castrense con labores de inteligencia y aun administración policial. Fue, por ejemplo, director ejecutivo de políticas de seguridad pública bajo el mando del general Enrique Salgado Cordero, que a las órdenes de Óscar Espinosa Villarreal fue uno de los últimos secretarios de ese ramo en la administración priista. Como subdirector operativo del Estado Mayor de la Sedena realizó también acciones policiacas: participó en la detención de los hermanos Cerezo, en agosto de 2001, y dio cuenta de ella junto con el subprocurador Gilberto Higuera. No debió ser acertada la información en que se basó la acusación porque uno a uno fueron cayendo los cargos que se imputaron a esa familia, dos de cuyos miembros siguen presos por arbitrarias razones extrajudiciales. Además de jefe de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa (el departamento que maneja la inteligencia militar) y director del Colegio de la Defensa Nacional (donde se preparan los cuadros selectos de las Fuerzas Armadas), Del Real Magallanes ha tenido mando de tropas, como comandante de dos regiones militares, la segunda con sede en Mexicali y la cuarta asentada en Monterrey. Fue desde allí responsable del operativo Nuevo León Tamaulipas, uno de los despliegues de tropa de mayor envergadura en la estrategia contra la delincuencia organizada. En los años en que fue comandante de la región no fue posible contener la violencia criminal en Monterrey y su zona metropolitana, cuyos pobladores han vivido en creciente zozobra. Miembros del Ejército realizaban acciones contra el narcomenudeo, lo que derivó en el asesinato de los tres oficiales que realizaban investigaciones en ese campo y de 10 militares más a mediados del reciente octubre. Igualmente, en esos días se produjo un ataque a balazos y con una granada (que no estalló) contra el consulado norteamericano en la capital de Nuevo León, que suscitó la expresa preocupación del embajador Antonio O. Garza, que tan atento está a la lucha (o su falta) del gobierno mexicano contra el crimen organizado. En su nueva responsabilidad, Del Real tendrá bajo su mando a la Policía Federal, una contrahecha corporación que no acaba de nacer legalmente, y que consta de 27 mil efectivos. Tendrá que depurar los mandos de ese cuerpo, una zona minada por la corrupción y la complicidad con la banda de Jesús Zambada, El Rey, según se desprende de indagaciones ministeriales en curso. Cajón de Sastre Un dictum conservador asegura que quien a los 18 años no es comunista es que carece de corazón, pero quien sigue siéndolo a los 40 es que no tiene cabeza. El profesor Othón Salazar Ramírez, muerto el jueves pasado, fue comunista a los 18, a los 40 y al doble de esa edad, pues siguió siéndolo toda su vida, que terminó a sus 84 años. Lo fue con el corazón y la cabeza, y pagó los costos de su militancia en un régimen autoritario. Pionero de la libertad sindical en el sindicato de maestros, fundador del Movimiento revolucionario del magisterio, primera línea de oposición al cacicazgo oficialista que desde hace más de medio siglo domina esa poderosa agrupación, fue preso político y perdió su trabajo como profesor, pero no perdió la congruencia ni la dignidad. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

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La Montaña de Othón Salazar Ramírez

TOLVANERA La Montaña de Othón Roberto Zamarripa 8 Dic. 08 Frente a la sierra guerrerense, en el corazón de la región de La Montaña, fue sepultado Othón Salazar Ramírez el pasado sábado, quien falleciera en una humilde casa en las afueras de Tlapa. No acudieron a despedirlo los líderes de partidos que hoy se benefician de las siembras del Maestro Othón. Ni una palabra de Jesús Ortega, el líder del PRD, ni un reconocimiento de quienes hoy administran los presupuestos parlamentarios perredistas. Es muy chiquita esa "izquierda" para tamaña biografía. Pero lo despidieron los suyos. Los amuzgos, los mixtecos, los tlapanecos. Los pobladores de su natal Alcozauca y de La Montaña que reconocieron siempre en Othón congruencia, lealtad a principios, limpieza en su trayectoria y honestidad a carta cabal. Lo que debieran ser divisas de comportamiento humano se convierten en datos extraordinarios de una biografía. ¿Por qué no era un líder de maestros que viajara en Hummer? ¿Por qué no tenía casas en el extranjero, Coronado, California, por ejemplo? Tras encabezar las movilizaciones por libertad sindical y mejoras económicas de los maestros en 1958, Othón no sólo fue encarcelado sino que le despojaron de su plaza magisterial que nunca pudo recuperar. La atrocidad política de la que fue objeto no fue reparada por ninguno de los gobiernos priistas ni panistas. Aunque a decir verdad, fue hasta la administración de Josefina Vázquez Mota, cuando Othón Salazar recibió un reconocimiento simbólico que acreditó su trayectoria como maestro adscrito a la Secretaría de Educación Pública. Las aportaciones históricas de Othón, empero, no quedan en su batalla sindical. Pueden reconocérsele aportes para la construcción de una política que otorgó ciudadanía real a los indígenas, los empujó a dotarse de gobiernos propios, impulsó políticas de desarrollo sustentable cuando nadie hablaba de ellas, y proyectó la lucha contra la pobreza como uno de los ejes de acciones sociales de cualquier fuerza gobernante. En 1979 cuando el Partido Comunista incursionaba en las lides electorales y asumía como fuerza principal de la izquierda partidista el respeto a la legalidad, Othón Salazar contendió como candidato a diputado federal por el Quinto Distrito electoral de Guerrero con cabecera en Tlapa y que concentraba los municipios de la región de La Montaña. Mientras las movilizaciones ciudadanas por respeto al voto tenían eco en las grandes urbes y asentaban su fuerza en Sonora, Nuevo León o Chihuahua, con movilizaciones panistas, en La Montaña de Guerrero s urgió un impresionante movimiento indígena que si bien no logró el reconocimiento del triunfo electoral del candidato Othón, provocó la anulación de los comicios y la convocatoria a extraordinarios. Othón Salazar siempre se comprometió con resistencias democráticas pacíficas y legales. Alguna vez contó que en los momentos más difíciles de la represión política, luego de las manifestaciones magisteriales de 1958 que le costaron la cárcel, Genaro Vázquez, un ex profesor rural que tomó el camino de las armas, le entregó un revólver. "Te hará falta", platicaba Othón sobre lo dicho por Genaro. Othón lo guardó atado a su cinto pero nunca lo usó. Lo suyo no era la violencia sino una encomiable perseverancia que no le soltó hasta su muerte. Antes, mucho antes de que el subcomandante Marcos reivindicara los derechos indígenas, el Maestro Othón ya había movilizado, pacíficamente, a miles de indígenas dispuestos a conquistar sus gobiernos locales, a pugnar por la reorientación de presupuestos y a pelear por transformaciones profundas a sus condiciones de vida. Othón no tuvo que empuñar un arma para defender a los indígenas y menos los dejó solos. Iba y venía siempre con su gente. Y daba la cara por ellos. La suya era una manera afable, pedagógica, amable y tenaz de dirigir. Othón movió a La Montaña. "...El maestro Othón Salazar, sin saberlo, se convirtió en el detonador de una nueva etapa de los temas ambientales nacionales, la cual derivó en muchas políticas que se concretaron desde la Semarnap", escribió Julia Carabias al recordar la etapa en la que un importante número de biólogos, economistas y sociólogos acudieron por convocatoria del profesor a proponer alternativas para el hambre, la deforestación y la destrucción ambiental en las zonas indígenas de La Montaña (Reforma, 13/11/2008). Othón no fue el primer gobernante comunista como muchos suponen. Fue el tercero. El primero fue Abel Salazar Bazán, pariente de Othón, y quien instauró la rendición de cuentas pública del ejercicio de un presupuesto exiguo, posteriormente, en 1984, el otro alcalde socialista fue Antonio Suárez y en 1987, ya como militante del PSUM, llegó Othón Salazar a la alcaldía. Luego vino Javier Manzano y otros más que cambiaron el rostro de la digna Alcozauca de Guerrero. La historia de México en los últimos 50 años tiene muchas páginas escritas por Othón Salazar. Por lo menos, debería recibir un homenaje en los patios de la SEP. Othón movió a La Montaña y La Montaña fue a él. Ahí, en La Montaña, queda su huella: una enorme seña de congruencia. Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx

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BALEAN A ROSA LUZ ALEGRIA EN SU CASA

Balean a Rosa Luz Alegría

Notimex

Cuernavaca, Mor, 7 de diciembre. La ex secretaria de Turismo Rosa Luz Alegría Escalante recibió un balazo aparentemente en un intento de secuestro en el municipio de Xochitepec, reportaron autoridades policiacas. De acuerdo con los informes, el calibre del proyectil que hirió a la funcionaria en el sexenio de José López Portillo es de arma larga. Familiares de la víctima la trasladaron a un hospital particular de esta ciudad, donde es intervenida. Debido a complicaciones por la herida, en la parte baja del abdomen, podría ser llevada a un nosocomio de la ciudad de México. Los familiares solicitaron sangre tipo O, Rh negativo.

Cuernavaca, Morelos (SUN).- Rosa Luz Alegría Escamilla, secretaria de Turismo en el sexenio del ex presidente José López Portillo, fue baleada por sujetos desconocidos que ingresaron a su residencia, situada al sur de Morelos, supuestamente para secuestrarla. Esos datos han trascendido en la clínica particular de Cuernavaca donde Alegría Escamilla, de 59 años de edad, es intervenida por las heridas de arma de fuego que le produjeron sus presuntos atacantes. El nosocomio donde se encuentra la ex activista del movimiento estudiantil de 1968, es custodiado por elementos de la AFI y de la Policía Preventiva de Morelos. Una versión no oficial dio a conocer que los presuntos secuestradores irrumpieron en la residencia de Alegría Escamilla alrededor de 14:30 horas de este domingo, pero luego de frustrar su objetivo huyeron del sitio.

08/12/2008

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desaparecido campesino Javier Torres Cruz que denunció a ex líder ganadero Rogaciano Alva Álvarez

Colectivo contra la tortura culpa a gobiernos federal y estatal
Reportan desaparecido a campesino que denunció a ex líder ganadero

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Chilpancingo, Gro., 7 de diciembre. El campesino Javier Torres Cruz, quien denunció a Rogaciano Alva Álvarez, ex dirigente de la Asociación Regional Ganadera, como responsable del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, está desaparecido desde el miércoles pasado, dio a conocer el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz. “Responsabilizamos a los gobiernos federal y estatal de su desaparición, y ratificamos que con esto se corrobora que se está criminalizando la lucha social”, afirmó.

Entrevistado por teléfono, Martínez Cruz explicó que Torres Cruz es miembro de la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. “Nos dice su mamá, Martha Elba Cruz, que su hijo salió de su casa el miércoles de la semana pasada, pero ya no regresó”, indicó.

Dijo que familiares de Javier Torres fueron a buscarlo a las instalaciones del 19 batallón de infantería, con sede en la cabecera municipal de Petatlán, pero nos les quisieron dar información. “Nosotros ya pedimos la intervención del presidente Felipe Calderón y de las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum)” para que intervengan de inmediato.

El coordinador del CCTI recordó que Javier Torres presentó hace un año, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una denuncia contra el ganadero y ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alva, por el asesinato de Digna Ochoa, ocurrido en 2001.

Apenas el 13 de noviembre pasado el Ejército incursionó en la comunidad La Morena, en busca de Javier Torres y dos de sus hermanos. Los militares catearon viviendas durante siete horas y maltrataron a mujeres y niños. Se llevaron documentos, alhajas y dinero en efectivo. Esos incidentes fueron denunciados ante la CNDH y la Coddehum.

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Gobernar para claudicar: Denise Dresser

Juar juar! la señora Dresser ya se puso celosa, su familia no es noble, le gana televisa...

Por Denise Dresser.- “No es difícil gobernar. Basta con no ofender a las familias nobles”, escribió Mencius el filósofo chino. Y vaya que el gobierno mexicano sigue su pronunciamiento a pie juntillas, sobre todo en el terreno de las telecomunicaciones y la televisión. Ante Telmex hay que doblegarse. Ante Televisa hay que arrodillarse. Ante los concesionarios hay que hincarse. Ante los que realmente ejercen el poder en el país, la autoridad se rehusa a actuar como tal. En lugar de imponer decisiones legítimas, las negocia. En vez de regular en nombre del interés público, termina por fortalecer a los feudos privados. El gobierno no gobierna, ruega. Eso es lo que revela el comportamiento reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante decisiones que involucran a Telmex. Esa es la debilidad que exhibe un gobierno que –en aras de no ofender– termina por claudicar. Produciendo así historias de terror como la que el país acaba de presenciar en el tema de las “Áreas de Servicio Local”. Desde hace más de un año, la autoridad regulatoria --la Cofetel– determinó reducir esas áreas de 397 a 197, para que los consumidores tuvieran que pagar menos llamadas de larga distancia en zonas geográficamente cercanas, como ocurre actualmente. El esquema existente permite que Telmex cobre más de lo que debería y que los ciudadanos paguen transfieran más riqueza a las arcas de la compañía de lo que les toca. Hoy una llamada de Toluca a Metepec es considerada y cobrada como una larga distancia, cuando no debería ser considerada como tal. Hoy una llamada de Texcoco al D.F. contribuye al abuso cotidiano que Telmex es capaz de perpetuar, porque el gobierno se lo ha permitido. Pero como suele suceder en casos en los cuales Telmex ve afectados sus intereses, el asunto estuvo parado más de un año porque el Sr. Slim se amparó. Cuando la Cofetel logró que un tribunal revocara la suspensión y se pudiera avanzar en beneficio de los consumidores, ocurrió algo verdaderamente sorprendente. La Subsecretaria Carpinteyro le dio entrada desde su oficina a una petición de Telmex para frenar la decisión tanto del tribunal como de la Cofetel. En pocas palabras, lo que Telmex no pudo ganar en los tribunales, lo ganó con la decisión de una mujer que al entrar al puesto generó grandes expectativas que ahora defrauda. Algo legalmente improcedente se volvió procedente y benefició –nuevamente– a un interés privado por encima del interés público. Un avance a favor de los consumidores se volvió –nuevamente– un retroceso para ellos. Y algo similar ha ocurrido en el tema de la interconexión de larga distancia y las tarifas exorbitantes que Telmex le cobra a sus competidores. La Cofetel determinó bajar las tarifas después de un pleito de diez años con el “jugador dominante”; años en los cuales los consumidores suscritos a servicios alternativos al de Telmex se han visto obligados a pagar tarifas diez veces más altas de lo que deberían. Pero otra vez, la subsecretaria intervino para permitirle a Telmex parar una decisión que afectaba de manera negativa sus intereses. Otra vez Purificación Carpinteyro puso en tela de juicio su reputación como una funcionaria autónoma, independiente, capaz de actuar como autoridad y no como correa de transmisión de Telmex. Ahora bien, probablemente la subsecretaria argumentaría que todo es parte de una “gran negociación” con el Sr. Slim que –al final del día– va a producir acuerdos. Que al concederle a Telmex ciertas cosas, logrará obtener otras. Que si ella está dispuesta a darle algo al monopolista más exitoso de México, eventualmente logrará que acepte ciertas decisiones regulatorias en lugar de ampararse constantemente ante ellas. Pero ese comportamiento coloca al gobierno de México en una posición precaria y contraproducente. Acaba negociando con la persona a la cual debería regular; acaba pidiéndole favores al hombre que debería contener; acaba claudicando ante la compañía a la cual tiene la obligación de sancionar. El gobierno –ya sea a través de Luis Téllez o Purificación Carpinteyro-- termina por ceder ante chantaje del Sr. Slim y repite sus argumentos: Si no le dan lo que quiere, dejará de invertir. Si no le permiten seguir comportándose como lo hace en el país se irá de él. Si no le cambian el título de concesión para que pueda entrar al negocio de la televisión abierta con las condiciones que exige, demandará a la SCT. Pero al tratar de congraciarse con quien debería regular, el gobierno pierde de vista los costos que perpetúa para el país. La penetración de los servicios de telecomunicaciones en México sigue siendo relativamente baja, en gran medida por los obstáculos que Telmex ha colocado. El ritmo de crecimiento pronosticado de la banda ancha va a ser muy pequeño, en gran medida por los diques que Telmex ha erigido. En los últimos 5 años el nivel de inversiones en el sector ha sido bajo, comparado con otros países, en gran medida por la competencia que Telmex ha frenado Y en lugar de remediar los errores que ha cometido, el gobierno los exacerba. En el pasado, tanto la SCT como la Cofetel no pudieron –o no quisieron– obligar al Sr. Slim a cumplir con los términos de su concesión. Aquella que se le vendió a cierto precio con la condición de que no podía ofrecer televisión. Aquella cuyos requerimientos ha ignorado una y otra vez. Pero en lugar de exigir que cumpla, el gobierno se apresta a premiarlo. Por más escandaloso que parezca, la SCT parece estar dispuesta a modificar el título de concesión de Telmex sin exigir algo sustancial a cambio. Piensa darle más al Sr. Slim para ver si así –por lo menos– deja de ampararse contra toda decisión gubernamental. Piensa darle más para ver si así –por lo menos– alguien logra competir contra Televisa. Como si el país no tuviera una opción mejor. Como si no hubiera otra alternativa que negociar la ley. Como si sólo fuera posible enfrentar a los oligopolios en lugar de obligarlos a competir con un tercero como NBC. Como si no fuera viable abrir tanto las telecomunicaciones como la televisión con la licitación de una tercera cadena, y la elaboración de una nueva ley de medios, y la autoridad de un gobierno que actúa en lugar de negociar. Como cualquier empresario racional, Slim empuja hasta donde encuentra resistencia. Pero la resistencia gubernamental no se da: La subsecretaria Carpinteyro cede, el Secretario Téllez calla, el presidente Calderón está ausente, la Cofetel está dividida. El gobierno dice que gobierna cuando en realidad claudica. Y dado que opta por comportarse como oveja, no sorprende que acabe devorada por el lobo. 07/12/2008

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¿Quiénes deben ser rescatados?

¿Quiénes deben ser rescatados?
http://www.jornada.unam.mx

Es claro, a estas alturas de la crisis económica global, que el Estado mexicano deberá empeñar una considerable proporción de sus recursos para la reactivación del mercado interno y para la atenuación de los efectos más desastrosos del desarreglo financiero mundial. Ya ni los neoliberales más fundamentalistas ni las cúpulas empresariales ponen en duda que sólo la presencia del sector público podrá sacar al conjunto de las economías del marasmo al que fueron llevadas por la desenfrenada especulación y por la obsesión de los capitales financieros internacionales con las ganancias inmediatas.

Está pendiente de determinar, en cambio, el monto y el orden de prioridades en el que se aplicarán las inversiones de recursos públicos en nuestro país, y de las decisiones que se adopten en este sentido dependerá la viabilidad de la estrategia contra la crisis.

La inercia ideológica del grupo gobernante, que se remonta a las presidencias de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, apuntaría en automático al rescate de los grandes consorcios financieros, comerciales, industriales y de servicios que se encuentren en aprietos a consecuencia de sus actividades especuladoras, de su opacidad interna o de la ineficacia de sus directivos. Es posible, pues, que se intente desde el poder público una nueva oleada de salvamentos, con cargo al erario, de entidades privadas, como ocurrió en el pasado con los bancos, las autopistas, los ingenios y las líneas aéreas, en lo que constituyó un círculo cerrado de corrupción: tales empresas llegaron a ser insostenibles por las prácticas indebidas en que incurrieron, y su rescate representó una oportunidad de negocios turbios para logreros que se hicieron con propiedades que el gobierno remató a precios irrisorios. El caso más indignante fue el del Fobaproa-IPAB, legalizado por los legisladores priístas y panistas, en cuyo contexto se llevaron a cabo desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados y que la sociedad sigue pagando.

Las operaciones de rescate requeridas han de ir dirigidas, en cambio, a los sectores de la población más golpeados por la crisis: los pequeños deudores que se ven rebasados en su capacidad de pago en razón de las alzas en las tasas de interés, los que han perdido o perderán su empleo u ocupación, las pequeñas empresas que ven amenaza su subsistencia, los migrantes mexicanos que se ven obligados a volver al país porque se les han cerrado las posibilidades de trabajo en territorio estadunidense, y quienes han perdido una parte importante de su ahorro para el retiro.

Es sabido que en el ámbito de las pequeñas empresas se genera la mayor parte de las fuentes de trabajo en el país, y resulta por ello procedente darles prioridad en los programas que se pongan en marcha para paliar los efectos del actual desbarajuste financiero.

En cuanto a los cientos de miles de ciudadanos que se han quedado sin empleo –en México o en Estados Unidos–, su circunstancia no les es imputable; son, por así decirlo, víctimas inocentes de la crisis.

Otro tanto ocurre con los pequeños deudores, a quienes el incremento de intereses lleva a una situación desesperada de la que no son, de manera alguna, responsables.

Por lo que hace a los trabajadores que han experimentado pérdidas por el manejo de sus fondos de retiro, cabe señalar que las autoridades tienen ante ellos una responsabilidad inexcusable, pues decisiones gubernamentales profundamente inmorales y repudiables los obligaron a depositar los recursos de sus pensiones en cuentas sobre las cuales no tienen ningún control y con las cuales se toleró y hasta se alentó la especulación bursátil, a sabiendas de que se ponían en riesgo los recursos para el retiro de millones de personas.

Si en la circunstancia presente el Ejecutivo federal actúa con sensibilidad social y sentido de país, tendrá ante sí la oportunidad de remontar en alguna medida su propio desgaste; en caso contrario complementará la crisis económica con un descontento que puede crecer hasta grados insospechados.

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ASI ERA Abascal, Alvaro Delgado

CLICK AMPLIAR IMAGEN revista Proceso El martes 2 falleció el exsecretario del Trabajo y de Gobernación Carlos Abascal Carranza, a quien las cúpulas del empresariado, la derecha católica y del panismo y muchos medios de comunicación elevaron a la categoría de prócer, con aires casi de santidad. Si bien para ellos el activismo católico de este personaje, aun siendo funcionario público, no fue otra cosa que prueba de “congruencia”, lo mismo puede decirse de su conducta intolerante, represiva y facciosa, congruente así mismo con su expresión confesa de repudio a la democracia. Ésta es, llegó a decir, “una farsa de la que se ha servido la masonería en México…” ASI ERA 06/12/2008 Autor: Alvaro Delgado Fuente: Proceso www.xalapa.diarioaz.com.mx/2.0/4/121/22090/Opinion/Asi-era.html Detrás de los alardes religiosos y el catolicismo militante de Carlos Abascal Carranza, que para la clase política que lloró su muerte son prueba de «congruencia», se encuentran acciones represivas con numerosos muertos, contubernio con líderes corruptos, promoción del sindicalismo blanco, contratos para amigos, negociaciones de la ley y maniobras para instaurar un Estado confesional contrario a la Constitución. Activo dirigente patronal y promotor de diversas iniciativas católicas, elevado ya a prócer de la derecha, Abascal repudió la democracia la mayor parte de su vida –«es una farsa de la que se ha servido la masonería en México» –, pero murió como un prominente ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN) , al que su padre y maestro, Salvador Abascal Infante, detestaba. Fue «un panista de los grandes», lo definió el presidente del PAN, Germán Martínez, a pesar de que Abascal militó formalmente en ese partido apenas seis años, desde el 2002, cuando ya era secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, con quien compartió escándalos a lo largo del sexenio por mezclar sus creencias personales con la función pública. Abascal como secretario de Gobernación y Eduardo Medina Mora como secretario de Seguridad Pública federal –hoy procurador general de la República (PGR)– formaron parte del gobierno de Fox que le heredó a su sucesor, Felipe Calderón, un Estado «doblegado», como éste se lo hizo saber, por escrito, al Congreso. «Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio», describió Calderón el momento en que tomó posesión, el 1 de diciembre del 2006. Abascal y Medina Mora –también ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Fox– diseñaron la estrategia para reprimir, en medio del proceso electoral del 2006, movimientos sociales y sindicales, cuyas arbitrariedades permanecen impunes porque, precisamente, uno de los involucrados es el titular de la PGR. En la incursión policiaca de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 de mayo, murieron dos personas y elementos policiacos cometieron violaciones tumultuarias contra mujeres, y en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el jueves 20 de abril, el embate de la tropa federal arrojó dos trabajadores mineros muertos con arma de fuego. Los hechos en Michoacán eran parte del conflicto del sindicato minero en el que el gobierno de Fox tomó partido al negar la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia y dársela, con base en documentos falsos, a Elías Morales, el 20 de enero, un mes antes de la muerte de 56 trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero, que padecían peligrosas condiciones de trabajo ignoradas por funcionarios de la Secretaría del Trabajo designados por Abascal. La política laboral del gobierno implicó establecer contubernios con líderes corruptos y autoritarios, como Víctor Flores, a quien el sucesor de Abascal en la Secretaría del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, validó la ilegal prórroga de su gestión al frente del Congreso del Trabajo. Abascal operó también la política del gobierno de Fox para disolver el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y mantener en el cargo al gobernador priista Ulises Ruiz: Primero mediante la cooptación de la cúpula del sindicato magisterial del estado y luego con la acción represiva de la policía federal. «Calderón solicitó que el asunto quedara resuelto antes de asumir su responsabilidad. Fox se comprometió que así sería. El conflicto quedó en manos de Abascal», escriben Rubén Aguilar y Jorge Castañeda en su libro La diferencia, con base en lo que Fox les platicó y el ex vocero sabía como protagonista de la trama. Abascal procedió a convencer al secretario general de la Sección 22 del magisterio, Enrique Rueda, de separarse de la APPO a cambio de dinero, cancelar órdenes de aprehensión y excarcelar maestros, según se pactó en una reunión celebrada en 27 de octubre, tal como se consigna en una grabación reproducida en el libro Oaxaca sitiada, de Diego Enrique Osorno: El líder asegura: «Tenemos otras cosas torales: el asunto de los compañeros detenidos en la jornada: Evangelino (Mendoza), Germán (Mendoza Nube)…» a lo que el secretario –¿reconvenido en magistrado?– responde: «Me comprometí. El lunes están libres» (...) La negociación continúa, el audio no miente. Rueda asegura: «El asunto de las órdenes, la revisión que hay contra los dirigentes…». Abascal contesta: «Eso está claro: se cancelan…». Dos días después de ese arreglo violatorio de la ley, el domingo 29, más de 5 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) recuperaron el centro histórico de Oaxaca, y el resto lo hizo ya Calderón: El lunes 4 de diciembre fue detenido el líder de la APPO Flavio Sosa, quien había sido citado a conversar por el sucesor de Abascal, Francisco Ramírez Acuña. En gratitud a tales acciones en Oaxaca, Calderón asistió al funeral de Abascal, la tarde del martes 2, y aunque fue menos prolijo en elogios que a Juan Camilo Mouriño, el fallecido secretario de Gobernación, lo enalteció como un gran mexicano y un hombre congruente. «Que descanse en paz Carlos Abascal y que seamos capaces quienes lo conocimos de poder seguir su ejemplo y su testimonio», expresó Calderón, quien compartió con él no sólo su repudio al Estado «ateo y antirreligioso» vigente en la Constitución, sino el proyecto de reformar ésta para impartir educación religiosa en las escuelas públicas. DISCÍPULO DE ABASCAL Calderón, en efecto, comparte con Abascal la agenda de la derecha en materia religiosa y educativa, como lo escribió hace casi dos décadas, el 2 de diciembre de 1991, cuando el fallecido ex secretario de Gobernación apenas comenzaba a simpatizar con la democracia y a participar en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En «Educación religiosa», un artículo que publicó en el diario unomásuno, justo cuando comenzó su gestión como diputado federal en la segunda parte del sexenio de Carlos Salinas, Calderón exigía una reforma constitucional para garantizar la educación religiosa, porque los católicos «han tenido que vivir una suerte de clandestinidad educativa, social y política». En este contexto, exponía, es que debía analizarse la reforma educativa: «No es sólo el argumento difícilmente refutable de que la actual Constitución viola el universalmente reconocido derecho humano de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos, sino también el argumento de que la democracia implica pluralidad, y que el sistema educativo actual no es estrictamente laico, sino ateo y antirreligioso, que no es lo mismo». Inclusive Calderón proponía que el Estado apoyase económicamente la educación religiosa: «Esto significa que si una persona es marxista, católica, judía, protestante, anarquista, etcétera, tendría el derecho de educar a sus hijos en esas convicciones, con el apoyo del Estado». Abascal pensaba igual y por ello exigió reformas al artículo 3 de la Constitución para impartir educación religiosa en las escuelas públicas, a todos los niveles, como lo ratificó en entrevista con el reportero, en junio del 2007: «El Estado coadyuva con los padres de familia y el Estado debe asegurarse de que todos los niños tengan acceso a la educación. Si un padre de familia escoge que en la escuela su hijo reciba educación religiosa, debería ser posible.»

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La prisa y las grillas hunden a Calderón: Jesusa Cervantes

La aprobación de la reforma de seguridad pública en el Congreso parecía una inmejorable oportunidad para que el presidente Felipe Calderón presumiera de una eficaz operación para contener el desbordamiento del crimen organizado. Pero a esos afanes se los comieron las prisas. Diputados presentes en las negociaciones revelan cómo el PAN se enredó al trabajar bajo presiones y en medio de intereses encontrados, como los del procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Jesusa Cervantes La prisa y las grillas hunden a Calderón La propuesta central de Felipe Calderón para reformar la Constitución en materia de seguridad, basada en la figura de un "supersecretario" y en la unificación de la policía, naufragó ante la disputa que mantienen el procurador general, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Otro factor que afectó la propuesta del Ejecutivo fue el vacío de operación política que generó la muerte de quien fuera secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de José Luis Santiago Vasconcelos, cuyo último cargo fue el de secretario técnico para la Aplicación de la Reforma a la Ley de Justicia Penal. Juan N. Guerra y Mónica Fernández, diputados federales del PRD, y Layda Sansores, de Convergencia, narran cómo la sustitución de los operadores políticos de la reforma provocó presiones de los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como un caos en la fracción del PAN, abriendo paso a una nueva negociación de tres pistas. Después de que el 31 de septiembre el presidente de la República, Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados su paquete de reformas en materia de seguridad, los legisladores se centraron en la reforma energética; fue la semana pasada que arrancaron las negociaciones sobre seguridad. Luego de que el PRI y el PRD hicieron público su rechazo a crear una sola policía federal, el PAN trasladó su prioridad y se empeñó en realizar una modificación constitucional que abriera paso a una ley antisecuestros. Para ello, el gobierno de Calderón notificó a los dos principales partidos de oposición que el encargado de negociar con ellos era el nuevo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien conversó por separado con los representantes del PRI y del PRD. El encargado de negociar por el PRD, el diputado Juan N. Guerra, detalla que el 28 de noviembre Germán Martínez, presidente del PAN, se comunicó con Guadalupe Acosta Naranjo, que aún era el dirigente del PRD, para informarle que se entenderían con Gómez Mont. El nuevo operador del Ejecutivo inició las pláticas con el PRD durante el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la avenida Reforma, muy cerca de las centrales que están en Bucareli y Antonio Caso. Ahí, el planteamiento central de crear la policía única fue sustituido por la urgencia de modificar el artículo 73 de la Constitución para dar paso a la creación de una ley antisecuestros. Juan N. Guerra narró que a esas reuniones acudió también el subprocurador de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca. Los perredistas aceptaron votar a favor de la reforma constitucional siempre y cuando se eximiera del cargo de secuestro a los luchadores sociales. "Gómez Mont aceptó nuestra propuesta y sobre esa base se fueron construyendo los acuerdos -continúa Guerra-; uno de ellos fue que la reforma constitucional sería la parte última de toda la reforma y que primero se sacaría adelante la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero el lunes (1 de diciembre), el coordinador del PAN, Héctor Larios, llegó muy presionado por sus compañeros de partido y quiso que a fuerzas se votara la reforma del artículo 73 de la Constitución." Según el perredista, desde días antes, el 26 de noviembre, senadores y diputados del PRI, PAN y PRD se reunieron en la Torre del Caballito del Senado de la República para trabajar un dictamen sobre la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, explica el diputado Guerra, todo el paquete se trabajó en tres pistas: en el Senado, en las oficinas de Gobernación en Reforma con el secretario Gómez Mont y en la Cámara de Diputados, para lo cual se declararon en sesión permanente las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia. Aunque el PRI y el PRD coincidieron desde el primer momento en rechazar la policía única con un "supersecretario" al frente, cada partido tenía sus propios objetivos, que se fueron mezclando a lo largo de las negociaciones. Esto provocó un caos en el PAN, que a decir de Guerra recibía presiones de todos lados. El PRD ya había acordado con Gómez Mont la despenalización de la lucha social, y al PRI le interesaba cambiar la iniciativa de Calderón que preveía suspenderles a los estados los recursos federales para programas de seguridad si sus gobiernos no cumplen las metas en esta materia. Cambio de señales Layda Sansores, diputada de Convergencia, califica el conjunto de la negociación como una disputa por los recursos. Explica que desde la segunda semana de octubre, cuando se aprobó el presupuesto para 2008, el PRI había logrado un techo de 4 mil 138 millones de pesos para los estados, lo que en la discusión de la reforma sobre seguridad se pretendía anular. La urgencia del gobierno de Calderón por aprobar la reforma del artículo 73 constitucional abrió la puerta de la negociación, pero por otro lado Héctor Larios traía presiones de sus compañeros de bancada, del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República, quienes insistían en que "a como diera lugar se aprobara la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública". Larios estuvo ausente de las negociaciones del fin de semana, así que cuando llegó a la reunión de la Comisión de Justicia del lunes, pretendió sacar adelante la reforma del artículo 73 y se empeñó en que se votara. "Nosotros le dijimos: no la chingues, estás armando un relajo y no quedamos en eso con el secretario de Gobernación, sino que sería una de las últimas negociaciones, pero incluyéndoles la despenalización de la lucha social", narra Juan N. Guerra. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho Quiroz, había convocado para dictaminar el lunes 1 la Ley Orgánica de la PGR, que sería la base para sacar del esquema de la procuraduría a la Agencia Federal de Investigación (AFI). La diputada Layda Sansores explica que la propuesta era pasar a los miembros de la AFI a la Policía Federal Preventiva y conformar la policía única bajo el mando del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Agrega que ese día el PRI, el PRD y Convergencia presentaron una sola propuesta: mantener a la AFI dentro de la PGR, es decir, como está actualmente. "Pero cuando el PAN se vio perdido -puntualiza la diputada-, los asesores de la PGR que estaban ahí presentaron una propuesta alternativa diciendo: está bien, no nos quedemos sin policía investigadora (AFI), pero cambiémosla por una policía ministerial y que los afis que quieran seguir presenten un nuevo examen. A su vez, los diputados del PAN propusieron también que la Secretaría de Seguridad Pública tuviera su propia policía investigadora. Su propuesta era como un arreglo intermedio." En ese momento, continúa, entró una llamada del secretario de Gobernación, los asesores de la PGR salieron del salón y minutos después regresaron para decir que ya no estaba en sus manos continuar con la negociación, por lo que Camacho Quiroz ya no la sometió a votación. "Pero la actitud del presidente de la comisión resultó sospechosa -aclara Sansores-, pues luego de esa llamada ya no quiso someter a votación el dictamen, siendo que para eso había convocado. Nosotros suponemos que desde Gobernación, luego de darse cuenta que no tenían los votos para aprobarlo, y que el PRI, el PRD y nosotros hacíamos mayoría, se ordenó que se suspendiera." A tropezones En la reunión de la Comisión de Justicia del 1 de diciembre, cuenta Juan N. Guerra, se suspendió la votación de la ley orgánica de la PGR pero se evidenció la urgencia del gobierno y del PAN por discutir la reforma constitucional. "Todo esto abre aún más la negociación, a lo cual se suman las grillas internas de la fracción del PAN y las presiones que tanto Genaro García Luna como Eduardo Medina Mora hacían a uno y otro grupo del mismo gobierno", comenta el perredista. El PRI aprovechó esa prisa para presionar en la reunión de la Comisión de Seguridad del martes 2, donde se discutía la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se preveía la cancelación de los recursos federales a los estados. Layda Sansores, integrante de la Comisión de Seguridad, presenció la ruptura: "Cerca de las cinco de la tarde de ese martes, Marco Tulio López Escamilla, coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que también estaba presente, abandona la reunión y se va a Los Pinos a consultar tres o cuatro artículos de la ley, regresa como a las siete de la tarde diciendo que Calderón no acepta las propuestas priistas -entre ellas el retiro de la cancelación de los recursos para los estados-; y es entonces cuando se rompe con lo ya avanzado entre PAN y PRI." La legisladora dice que durante la madrugada y hasta la mañana del miércoles 3 continuaron las negociaciones entre Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI; César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia; y el secretario Fernando Gómez Mont. De todas formas la negociación se entrampó. Tanto el PRI como el PRD condicionaron la aprobación del artículo 73 de la Constitución a que se incluyeran sus demandas. Y para el miércoles 3, mientras el PRI y el PAN negociaban, el PRD ya había llegado a un acuerdo sobre el artículo 73. Sin embargo, los perredistas se enteraron poco después de que Héctor Larios dio la orden de eliminar la despenalización de la lucha social, lo que trabó el acuerdo inicial. Para ese momento, explica el diputado Juan N. Guerra, Felipe Calderón ya tenía claro que la propuesta del "superpolicía" no prosperaría de ninguna forma: "Para ese día, nuestras propuestas en materia de seguridad iban avanzando, así que no teníamos mayor problema para votarla a favor, pero por otro lado creo que a Calderón le urgía la votación del artículo 73 y, sobre todo, que fuera por unanimidad. "Larios tenía muchas presiones. Había muchas grillas en el seno del PAN y mucho ruido. Por un lado lo presionaba García Luna y por otro, Medina Mora. Todo esto se da a raíz de la muerte de Juan Camilo Mouriño, porque la negociación queda suelta; venían asesores de todos lados, de todas las secretarías, y presionaban a todos. Nosotros teníamos claro que la negociación era con Gobernación, pero por el lado del PAN no lo tenían claro. "Por la dispersión que traían en el PAN, nos dimos cuenta que no sabían a dónde iban a llegar. Esta situación la seguimos aprovechando para presionar. Ahora ya no sólo estábamos pidiendo que se respetara el acuerdo con Gómez Mont sobre la despenalización del secuestro para los luchadores sociales, sino que además pedimos que se incluyera el compromiso de aceptar las figuras de plebiscito y referéndum en la Constitución." Larios tuvo que dar marcha atrás. El jueves 4 la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad el dictamen para despenalizar la lucha social e incluir en la Constitución las figuras del plebiscito y el referéndum. Mónica Fernández, diputada del PRD e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, corroboró que desde el viernes 28 de noviembre el PAN y el PRI presionaron para que se aprobara la reforma al artículo 73. Según ella, la pretensión de Héctor Larios de no respetar un acuerdo con el secretario de Gobernación llevó a los opositores a obtener un mejor resultado, como es la aceptación constitucional del plebiscito y el referéndum. Molesta porque el dictamen sobre el sistema de Seguridad Pública se elaboró en el Senado y no se discutió en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, además de que se excluyeron las propuestas de los partidos minoritarios, Layda Sansores considera que al ver que no pasaría su propuesta de policía única, Felipe Calderón impulsó a como diera lugar la modificación del artículo 73 para abrirle camino a una ley antisecuestros. "Creo que su objetivo fue acceder a la presión de la ciudadanía y se llegó a esta nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero en contra de su voluntad", opina. En tanto el PRI, que había negociado con el PAN su respaldo a la reforma del artículo 73, presionó al gobierno para que se eliminara la pretensión de cancelar los recursos a los estados porque tiene 18 gubernaturas que el próximo año recibirán de la Federación más de 2 mil millones de pesos destinados a la seguridad pública. La negociación del PRI, encabezada por el senador Jesús Murillo Karam, logró que antes de cancelarse los recursos cada gobernador explique por qué su estado no alcanzó las metas mencionadas. En este proceso se puede abrir otra negociación y, de aceptarse los argumentos del gobernador, se otorgarán los recursos federales. Las negociaciones en las que fue anulada la parte esencial de la propuesta calderonista fueron encabezadas por políticos que durante el gobierno de Ernesto Zedillo elaboraron la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual será sustituido por la reforma aprobada el jueves 4. Ellos son el priista Murillo Karam, que en aquella época era subsecretario de Gobernación, y los perredistas Samuel González Ruiz y Moisés Moreno, exfiscales y asesores de la PGR en el sexenio zedillista, además del diputado Juan N. Guerra.

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Sobre la ética de un ex presidente español, se averguenzan de José María Aznar

Gonzalo Martínez Corbalá gtoribio@prodigy.net.mx Sobre la ética de un ex presidente español El lunes primero de diciembre, El País publicó una nota que no dejó de causar sorpresa, pues, independientemente de las inclinaciones ideológicas del presidente José María Aznar y de sus preferencias muy explícitas por los gobernantes de Inglaterra, Tony Blair, y el de Estados Unidos, George W. Bush, que lo llevaron hasta el punto de respaldar el ataque, a todas luces infundado, so pretexto de que buscaban las armas de destrucción masiva, que había llevado al propio Consejo de la ONU el general Colin Powell, asegurando que era urgente declarar la guerra a Irak y a Saddam Hussein antes de que esas armas fueran usadas en contra del “mundo libre”, armas de las cuales no se encontró el más mínimo rastro de existencia, lo cual ya de por sí dejó en claro las razones por las cuales decidieron Bush y Blair atacar a Irak con el respaldo de José María Aznar. “Estas verdades” presentadas fueron muy distintas a lo dicho no solamente al Consejo de Seguridad de la ONU, sino a la opinión pública internacional para justificar el ataque a Irak, donde en realidad lo que había de por medio eran 100 mil millones de barriles de petróleo de reservas probadas en el subsuelo de parte de la antigua Persia, y no armas de destrucción masiva. Es evidente que quienes así lo aseguraron lo hicieron a sabiendas de que estaban justificando la urgencia de un ataque a Irak, no solamente injustificable, sino completamente basado en hechos irreales que sirvieron también para presentarlo a la opinión pública. Es un hecho insólito que El País, que es un diario muy moderado y responsable de lo que publica, lance tres cabezas principales consecutivas sobre el mismo tema. La primera, del primero de diciembre, dice textualmente: “Aznar buscó ‘aeropuertos discretos’ para vuelos de presos a Guantánamo”, y luego pone con caracteres menores que “nuevos informes internos prueban que el gobierno del PP aceptó en menos de 24 horas la petición de Estados Unidos para hacer escala en España”, refiriéndose a la petición de nuestro vecino del norte para utilizar suelo español para vuelos militares que trasladaban presos de Afganistán a Guantánamo, y que de esta manera el presidente Aznar buscó “aeropuertos discretos” –las bases militares de Morón y Rota–, de lo cual publican en páginas interiores documentos lo suficientemente explícitos para no dejar duda de que así fue. La segunda cabeza de primera plana aparece el martes 2 de diciembre y afirma: “El Congreso y los jueces investigan el caso secreto de Aznar y Bush”, informando que la audiencia nacional y el Congreso de los Diputados se han unido a la investigación abierta desde el pasado domingo por el gobierno sobre el supuesto acuerdo secreto alcanzado en 2002 por el ejecutivo de José María Aznar con Estados Unidos, según dice la nota de Miguel González, escrita en Madrid, y que esto motivó incluso que se escribiera un editorial que se titula: “Cómplices de la vergüenza”, puesto que “ningún alto cargo en el PP expresó reservas sobre el traslado ilegal sobre personas a Guantánamo”. Finalmente, el miércoles 3 de diciembre, Miguel González escribe la nota con que cierra esta investigación que dice: “Los papeles de Guantánamo desaparecen del archivo oficial; los funcionarios confirman a Moratinos (ministro de Relaciones Exteriores) la existencia del informe y que la sustracción o destrucción del documento constituye un delito”. La nota, excepcionalmente extensa, informa también de la fecha y del número del expediente que recoge la petición del consejero político militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, documentos que finalmente no aparecen en el archivo de Asuntos Exteriores. Esta nota aparece en la primera plana junto a una fotografía en la que se ve de espaldas al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, despidiéndose de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, en la OTAN, en Bruselas, que es la última a la que asiste ella, y donde el canciller español Moratinos comentó que “los informes que prueban el pacto Aznar-Bush sobre el traslado de presos a Guantánamo, no existen en los archivo del Ministerio”, según nota de Afp. Lo cierto es que los altos cargos del gobierno español actual, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, están negando un hecho incluyendo al propio presidente, cuyos indicios publicados por un periódico que nos merece la mayor confianza por su seriedad, y que al hacerlo confiesan implícitamente que el traslado de presos de Afganistán a Guantánamo con escala en las bases militares españolas es algo que hubiera sido deseable mantener en secreto por lo reprobable del hecho en sí mismo, y que el destino de los presos fuera a Guantánamo, lo que actualmente parece avergonzar al gobierno español que encabezó José María Aznar.

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CRISIS ECONOMICA: Peor de lo que se cree

León Bendesky leon@jornada.com.mx Peor de lo que se cree La crisis económica que está en pleno curso es más severa de lo que parece reconocerse en general en el país. No obstante, las evidencias de su magnitud son cada vez mayores. Esta discrepancia es crecientemente perversa. En Estados Unidos los indicadores del empleo, de la producción y las condiciones financieras se siguen deteriorando y sus repercusiones negativas se transmiten de modo más definido a la economía mexicana. Ya estamos en el momento en que se manifiesta el rezago entre lo que ocurre allá y su expresión de este lado. Al final de este trimestre y en el siguiente se van a advertir claramente las formas de la dependencia que existen, pero ahora en un marco de recesión mucho más grave. Aquí, los datos que se generan periódicamente indican ya un fuerte debilitamiento de la actividad productiva, las exportaciones y la generación de empleos. También son mayores las tensiones en las condiciones monetarias, el crecimiento de los precios, las corrientes del crédito y la situación de endeudamiento de las familias. El caso es que la crisis ocurre en un entorno frágil de la situación social y sobre una estructura económica que puede ser mucho menos resistente de lo que algunos han creído. Recientemente se cumplieron dos años de la actual administración y es difícil identificarse con el discurso oficial acerca de las condiciones que prevalecen en el país. La recesión que ya se ha instalado hará que, de no enfrentarse los hechos, la brecha entre ese discurso y lo que pasa se vaya ensanchando. Da la impresión de que en buena parte del gobierno federal se sigue actuando como si las condiciones fueran las usuales, hay mucha pasividad. Hacienda y Banco de México han aplicado diversas medidas para incidir en los mercados de crédito y en el tipo de cambio y tapar algunos agujeros fiscales. No es factible que esas mismas acciones puedan sostenerse en la medida en que avance el deterioro de las condiciones externas e internas. En algunos escenarios se plantea que el precio internacional del petróleo pudiera llegar a 25 dólares por barril. El seguro adquirido por el gobierno ante la bajada de los precios cubre el año 2009 y tienen que anticiparse los posibles escenarios de restricción financiera y fiscal que están por delante. El banco central no podrá intervenir sin límites para sostener los niveles crecimiento de los precios, las tasas de interés y el tipo de cambio cuyas metas se fijaron en el marco de un escenario de relativa estabilidad que ya no existe. Cualquier referencia a las tendencias observadas hasta apenas hace unos pocos meses es completamente inútil, un rompimiento decisivo ya ocurrió. Hay un cambio diametral del entorno que debe reconocerse de inmediato. Las experiencias recientes de crisis indican que prevenir la devaluación, que es el ancla de una estabilidad financiera cada vez más precaria, es un callejón sin salida. Pero tampoco se puede devaluar más aceleradamente el peso, sobre todo en esta economía que consume importaciones con enorme apetito, y cuando las empresas grandes tienen deudas en dólares. Hay que buscar fuera de los límites impuestos actualmente a las políticas públicas más márgenes de maniobra. Estamos cerca de encontrarnos de nuevo con los dilemas más convencionales de la política económica de las últimas tres décadas. Es un entorno que de lleno pone a prueba la verdadera eficacia de las reformas estructurales que se han hecho en los últimos 14 años en materia financiera y fiscal, pero también en el campo de la producción y el comercio exterior. Existe un sistema financiero deforme, del cual las autoridades que lo regulan –la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– pregonan que no existen riesgos que cuestionen su estabilidad. Pero no pueden defender un ápice que sea eficiente en cuanto al financiamiento de la actividad productiva. Está refugiado en los préstamos al consumo, muy rentables y sobre los que comandan márgenes muy grandes de tasas de interés y son sumamente rentables. La crisis en Estados Unidos está centrada en el sistema financiero y en el excesivo endeudamiento de las familias que al mismo tiempo han perdido el valor de su activo principal: sus casas. La recesión –y la posibilidad de una depresión económica– se expresan en una caída del empleo que impacta negativamente y de manera adicional al consumo. Por eso hay expectativas de que pueda incluso ocurrir una deflación (los precios caen) con repercusiones en menores gastos de inversión. Es posible que este entorno provoque posturas proteccionistas en ese país. Piénsese, por ejemplo, en las modalidades de un plan de rescate a la industria automotriz y las condiciones que se fijen respecto de los empleos que deban de mantenerse internamente, sobre todo si los sindicatos tienen que hacer concesiones laborales significativas. El efecto aquí va a ser enorme para el sector industrial, que genera la mayor parte de los empleos formales. Los canales de transmisión de la crisis tienen que ser bien definidos y evaluados para establecer medidas adecuadas de respuesta, aunque por cierto no se pueda contener por completo su impacto. Esta crisis va a ser profunda y, además, duradera. El efecto perverso será así de otra naturaleza y dimensión que la anterior de 1995.

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Avionazo: SFP: 32 nuevas líneas de indagación del caso Mouriño

SFP: existen 32 nuevas líneas de indagación en el caso Mouriño

Ya metidos en las pesquisas, nos encontramos con más cosas, señala Salvador Vega Casillas Aumenta la Función Pública líneas de investigación en accidente aéreo Reconoce que existen redes de corrupción que manipulan procesos de licitación y trámites públicos “Pasamos a un gobierno en que no puede hacerse casi nada por tanta normatividad”, asegura Elizabeth Velasco C. Ampliar la imagen Salvador Vega Casillas, titular de la SFP, en su despacho en Insurgentes Sur Foto: José Carlo González El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, reveló a La Jornada que esa dependencia ha abierto 32 nuevas líneas de investigación sobre el accidente en que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, entre otras personas, el 4 de noviembre pasado. En las nuevas pesquisas se introducen los antecedentes negativos de la empresa Servicios Aéreos Estrella (SAE), que adquirió el Learjet 45 en 2003, vía licitación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y la advertencia de la otrora Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora SFP) en 2005, sobre los antecedentes de SAE, multada en Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). En entrevista, advirtió que se elevará el castigo para los funcionarios que incurran en cohecho: “quien cometa un acto de corrupción, que sepa que no sólo se va a enfrentar a una inhabilitación o sanción administrativa, sino también le vamos a seguir penalmente”. Una muestra, dijo, es que “se ha pasado de ocho denuncias penales –presentadas el sexenio anterior– a 56, donde están involucrados servidores públicos y empresarios”. Aún más: la SFP ha emprendido el replanteamiento de todo el sistema de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno federal, “y la tramitología”, para limitar el cohecho en los procesos de licitaciones y entrega de apoyos federales. Para el caso de las compras y adquisiciones vinculadas a seguridad, se ha establecido un modelo que, según el caso, se podría reproducir en otras dependencias. “Para esa área creamos un comité donde se analizan las compras, se ponen los precios de cada uno de los proveedores, se les conoce y clasifica, y en ese comité se decide entre varias personas. La ley permite una designación directa, pero lo que hacemos es tomar entre todos las decisiones con toda transparencia: las compras, la calidad de los productos, los precios. Cuando se toma entre todos la decisión se deja de estar en el ámbito cerrado de una o dos personas.” Vega Casillas destacó que las nuevas indagatorias sobre el accidente se integran en tres expedientes, que involucran desde los procesos de licitación de la Secretaría de Gobernación y del Cisen hasta cuestiones técnicas y de aeronáutica a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “Es verdaderamente complejo, porque además, ya metidos en la investigación, nos encontramos con cosas que no tenían relación con el accidente o con la investigación que tenemos”; por eso “ya llevamos 32 líneas abiertas”. Las indagatorias de la SFP, dijo, son independientes de las de la SCT, de las autoridades de aeronáutica del país y de Estados Unidos, y de la PGR. En larga conversación, admitió que existen “redes de corrupción” entre funcionarios y empresarios que “manipulan” los procesos de licitación y trámites públicos, situación prohijada por la excesiva normatividad en los procesos para la adquisición de servicios y compra de bienes. “Mientras sigamos con la misma cantidad de trámites, muchos tortuosos, existen oportunidades de corrupción.” Por ello se ha optado por crear comités plurales de adquisiciones y generalizar los trámites públicos vía electrónica, para evitar el contacto entre funcionarios y ciudadanía. Vega Casillas destacó que la excesiva nomatividad provoca además el subejercicio del presupuesto federal, cuyo monto “es muy difícil determinar”. Lo paradójico es que cada una de las 245 entidades de la administración pública federal se “autoimpone” su propia normatividad, y la SFP obliga a las dependencias a revisarla. –En el caso del Learjet, ¿por qué Gobernación, el Cisen y la SCT aplicaron cada una sus propias normas para la adquisición? –Porque así está la normatividad; ellas tomaban su decisión. –¿Así van a dejar las cosas? –No, vamos a hacer la investigación y a establecer un sistema estandarizado para las compras. Por otra parte, el Cisen ya está en el comité de compras de seguridad; esto se va a aplicar en toda la administración. El funcionario sostuvo que “la raíz de estos casos está en las licitaciones; en la complejidad de éstas y en la manipulación”. –Por ello usted afirmó hace unos días que hubo corrupción en el accidente del Learjet 45. –La respuesta fue: “por supuesto que sí es posible, por eso estamos investigando”; eso es parte de las líneas de investigación. Son dos empresas, una es Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva (contratada por Gobernación para el mantenimiento del jet, cuyas operaciones ya suspendió la SCT) y Servicios Aéreos Estrella. –¿Cómo hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder? –Estamos revisando muchas de las formas en que el gobierno adquiere. Antes de esto (del accidente) creamos en la Función Pública una unidad de compras gubernamentales, para justamente analizar desde el punto de vista económico toda la forma de comprar del gobierno federal, para evitar esto y para mejorar las condiciones de compra. –En este procedimiento de compra, ¿qué provoca que no se adquiera lo que se necesita o que no se tengan las condiciones de seguridad necesarias? –Porque se tiene una visión completamente normativa y no económica. La normatividad no abatió la corrupción, sino que se volvió “una camisa de fuerza” en unos casos para no ejercer el presupuesto, y en otros se “usó para orientar la compra hacia quien ellos querían y con requisitos que nadie más pudiera cumplir. “La administración federal tuvo un movimiento de péndulo: pasamos de un gobierno en que antes se podía hacer lo que se quisiera a otro en que no puede hacerse casi nada por tanta normatividad. Tenemos que regresar el péndulo al justo medio y darle prioridad a la eficacia y eficiencia del gobierno, sin descuidar el control y combate a la corrupción”.

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