Infonavit: despojo y sospechas
De acuerdo con información proporcionada por distintas organizaciones de defensa de los derechohabientes, de la cual se dio cuenta ayer en estas páginas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vendió decenas de miles de créditos vencidos a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2), que forman parte de cinco compañías dedicadas a la cobranza de cartera vencida.
La entrega de estos créditos a entidades privadas encargadas de “administrar” deudas constituye, en primer lugar, un acto de profunda insensibilidad del actual gobierno, pues pone a miles de familias en riesgo de perder su patrimonio al dejarlas a merced de las conocidas prácticas de hostigamiento, acoso y persecución de los despachos de cobranza. Al actuar en este sentido, las autoridades parecen soslayar que el incremento en la cartera vencida no necesariamente refleja “irresponsabilidad” o una “cultura del no pago” de los deudores, sino que en muchos casos obedece a factores como el desempleo, los ínfimos salarios, el encarecimiento de los productos básicos y los servicios, el desgaste sostenido del poder adquisitivo y la capacidad de pago, problemáticas ante las cuales el gobierno debiera contribuir a buscar soluciones, no a agravarlas. Esta actitud, por lo demás, contrasta con el apremio con que en este país se ha rescatado a grandes capitales financieros y propietarios de importantes empresas en problemas económicos, lo que pone en evidencia el signo antipopular, oligárquico y pro empresarial de las últimas administraciones, incluida la actual.
Adicionalmente, que los créditos vencidos de referencia se hayan rematado a precios irrisorios –de 15 mil pesos cada uno– deja la impresión de que, más que buscar resolver los problemas de insolvencia del Infonavit, la venta obedece a un designio de beneficiar a círculos empresariales cercanos al poder público.
Es significativo señalar que el consejo de administración de las empresas señaladas es presidido por Roberto Enrique Colliard López, ex coordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), quien en 2006 adquirió para SCRAP 2 créditos vencidos del Infonavit de manera por demás irregular: la adjudicación se dio el mismo día en que esa compañía se constituyó ante notario y varios meses después de que se publicaron las convocatorias de las subastas públicas correspondientes (La Jornada, 18/01/08).
Otra de las beneficiarias de la venta de cartera vencida ha sido Capmark, compañía que adquirió 18 mil 702 créditos subastados tras la primera convocatoria, que se publicó el 31 de octubre de 2005, y a la que se ha vinculado con la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún, señalados por haber incurrido en tráfico de influencias durante el sexenio de Vicente Fox.
En suma, la entrega de créditos vencidos del Infonavit a entidades particulares es, a lo que puede verse, una medida orientada a satisfacer la voracidad y los ánimos especulativos de dichas empresas a costa de los deudores y sus familias.
Es necesario, por tanto, que el organismo ponga fin a esa práctica y emprenda programas de restructuración de las deudas delicadas a causa de las necesidades de la población y a las circunstancias económicas actuales, que no signifiquen pérdida del patrimonio de los derechohabientes. Es obligado, asimismo, que el instituto haga transparentes los mecanismos de adjudicación de los créditos vencidos, a efecto de esclarecer las suspicacias generadas en torno a esos procesos.
La entrega de estos créditos a entidades privadas encargadas de “administrar” deudas constituye, en primer lugar, un acto de profunda insensibilidad del actual gobierno, pues pone a miles de familias en riesgo de perder su patrimonio al dejarlas a merced de las conocidas prácticas de hostigamiento, acoso y persecución de los despachos de cobranza. Al actuar en este sentido, las autoridades parecen soslayar que el incremento en la cartera vencida no necesariamente refleja “irresponsabilidad” o una “cultura del no pago” de los deudores, sino que en muchos casos obedece a factores como el desempleo, los ínfimos salarios, el encarecimiento de los productos básicos y los servicios, el desgaste sostenido del poder adquisitivo y la capacidad de pago, problemáticas ante las cuales el gobierno debiera contribuir a buscar soluciones, no a agravarlas. Esta actitud, por lo demás, contrasta con el apremio con que en este país se ha rescatado a grandes capitales financieros y propietarios de importantes empresas en problemas económicos, lo que pone en evidencia el signo antipopular, oligárquico y pro empresarial de las últimas administraciones, incluida la actual.
Adicionalmente, que los créditos vencidos de referencia se hayan rematado a precios irrisorios –de 15 mil pesos cada uno– deja la impresión de que, más que buscar resolver los problemas de insolvencia del Infonavit, la venta obedece a un designio de beneficiar a círculos empresariales cercanos al poder público.
Es significativo señalar que el consejo de administración de las empresas señaladas es presidido por Roberto Enrique Colliard López, ex coordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), quien en 2006 adquirió para SCRAP 2 créditos vencidos del Infonavit de manera por demás irregular: la adjudicación se dio el mismo día en que esa compañía se constituyó ante notario y varios meses después de que se publicaron las convocatorias de las subastas públicas correspondientes (La Jornada, 18/01/08).
Otra de las beneficiarias de la venta de cartera vencida ha sido Capmark, compañía que adquirió 18 mil 702 créditos subastados tras la primera convocatoria, que se publicó el 31 de octubre de 2005, y a la que se ha vinculado con la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún, señalados por haber incurrido en tráfico de influencias durante el sexenio de Vicente Fox.
En suma, la entrega de créditos vencidos del Infonavit a entidades particulares es, a lo que puede verse, una medida orientada a satisfacer la voracidad y los ánimos especulativos de dichas empresas a costa de los deudores y sus familias.
Es necesario, por tanto, que el organismo ponga fin a esa práctica y emprenda programas de restructuración de las deudas delicadas a causa de las necesidades de la población y a las circunstancias económicas actuales, que no signifiquen pérdida del patrimonio de los derechohabientes. Es obligado, asimismo, que el instituto haga transparentes los mecanismos de adjudicación de los créditos vencidos, a efecto de esclarecer las suspicacias generadas en torno a esos procesos.
- Un “ejército de abogados panistas” acosa a derechoabientes, afirman defensores
- Criminaliza el Infonavit a deudores de vivienda en Sonora y Sinaloa, afirman
- El instituto presenta denuncias penales contra ciudadanos que optan por organizarse
Culiacán, Sin., 6 de enero. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) emprendió una campaña de criminalización, mediante denuncias penales que derivan en órdenes de aprehensión, contra los ciudadanos que optan por organizarse y defender su propiedad ante el acoso de despachos de abogados que buscan despojar a los derechohabientes de su patrimonio, denunciaron organizaciones sociales. El Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán, el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora y Ciudadanos en Defensa de la Vivienda del estado de México acusaron al gobierno federal de acudir a la represión judicial en lugar de atender y resolver los problemas de los derechohabientes.
Con miras a formar la coordinadora nacional del movimiento urbano popular, estas agrupaciones acordaron convocar para los días 14 y 15 de febrero a un foro nacional por la defensa del patrimonio social y la vivienda, a efectuarse en la ciudad de Durango, para analizar los problemas que tienen con sus créditos y las acciones de defensa que emprenderán. Aseveraron que aproximadamente 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por conducto del Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y SCRAP II (Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad) alrededor de 110 mil casas de todo el país que están en cartera vencida, informaron organismos defensores de derechohabientes en esos estados.
Con un “ejército de abogados panistas, encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida, empezaron la escalada de despojo contra los derechohabientes (…) y la política de despojo del Infonavit hoy se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes”, señalaron a La Jornada. Representantes de las organizaciones advirtieron que se defenderán de la “política neoliberal y privatizadora del gobierno federal”. José Hilario Román González, Novel Galván Hernández, Verónica Villarreal Moreno, Miguel Luna Pardo, Berta Samaniego, Graciela Ramírez, Patricia Ortega Andalon, Rogelio Chávez Palomo, David Ignacio Ruiz Robledo, Ana Montes López Portillo y César del Pardo Escalante, integrantes de la coordinadora provisional, afirmaron que el gobierno ha emprendido una jornada contra quienes se han inconformado con esa política de despojo, como ocurre en Durango y Sonora.
En Sinaloa, agregaron, hay varios procesos penales contra derechohabientes, mientras en Sonora fue detenido Juan Murguía Franco, acusado de despojo por el Infonavit y por el delegado en aquella entidad, César Tapia Abascal, quien también denuncia por daños en propiedad ajena a César del Pardo Escalante, del Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora.
“En Durango, acompañados por las policías ministerial del estado y preventiva municipal, abogados de Pendulum y del Infonavit, con lujo de violencia, desalojaron a más de 150 familias de fraccionamientos, y gracias a la organización de los derechohabientes, que integran el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), se logró detener en parte la ofensiva, porque la pretensión era un desalojo masivo”, señalaron. Las organizaciones recibieron el respaldo del Frente Nacional contra la Represión y de Rosario Ibarra de Piedra, senadora por el PRD.
Intervendrán diputados
Eduardo Ortiz Hernández, legislador federal por el PAN y secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, señaló que revisarán el problema para evitar el despojo de las viviendas a que tienen derecho los trabajadores. Indicó que este mes se realizará en Culiacán, Sinaloa, un foro de soluciones para aquellos que tienen problemas con el Infonavit y que son acosados y hostigados por despachos de abogados, para que cada caso sea revisado y se le dé seguimiento. “El director general (del Infonavit), Víctor Borrás, se comprometió a realizar este acto en Culiacán, en enero, aunque no hay fecha, con el propósito de revisar los casos de personas que tienen problemas de pago de sus créditos de vivienda, para buscar soluciones, no complicaciones”, manifestó. La Cámara de Diputados, agregó, hizo un llamado al Infonavit para que no vuelva a vender cartera vencida, como hizo con estas empresas estadunidenses, lo que ha permitido que despachos de abogados cometan acosos, abusos, violaciones a la ley y hostigamiento contra las familias que necesitan esas viviendas. Ortiz informó que propuso a Borrás disminuir los descuentos a los trabajadores con créditos en el Infonavit que reciben ingresos hasta de tres salarios mínimos y están al corriente en sus pagos, para que, ante la recesión económica, no tengan dificultades ni se les complique seguir pagando; “por ejemplo, los que pagan 500, que paguen 400 o 450 pesos quincenales”, señaló.
Aun cuando operan con razones sociales distintas, Pendulum y SCRAP II forman un solo grupo de cinco empresas dedicado a la cobranza de cartera, con un mismo domicilio en el piso 8 de Paseo de la Reforma 404, cuyo negocio ha permitido al corporativo “administrar” deudas “por 14 billones de pesos en libros”, es decir, el precio de referencia de los bienes que, al ser adquiridos por estas compañías en paquetes a subasta o remate, únicamente pagan entre 5 y 10 por ciento de su valor.
“Es ahí donde está el negocio, porque gracias a las triquiñuelas de funcionarios públicos, el valor en libros se reduce a centavos y la recuperación para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es mínima. Es una denuncia que hemos hecho de manera sistemática, porque el dominio de la compra de cartera lo tienen en México empresas extranjeras, como Pendulum, que es la más fuerte, y GMAC, que es de la armadora de automóviles General Motors”, explicó el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Negocios entre amigos
Ayer, después de que este diario publicó que el Infonavit vendió a esas empresas cartera vencida de 110 mil casas, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, recordó que el presidente del consorcio es Enrique Colliard, quien fue director de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que en 2006 adquirió 37 mil créditos del Infonavit para SCRAP II, por los cuales sólo pagó mil 783 millones de pesos, es decir, 48 mil 189 pesos por cada vivienda, en promedio. Esa operación fue avalada por el actual director de la constructora de vivienda Homex, el empresario de origen gallego David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, ex subdirector general de planeación y finanzas del Infonavit, cargo para el que fue propuesto al consejo de administración, en enero de 2002, por Víctor Manuel Borrás Setién, quien lo conoció cuando ambos trabajaban en BBVA-Bancomer. Ramírez Cuéllar recordó que el ex funcionario entregó otro paquete de vivienda a Campark, ligada a Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún e hijastros de Vicente Fox.
Se trata, explicó, de un negocio en favor de empresas con sede en Estados Unidos, que ya quebraron en ese país debido a la crisis financiera. Informó que en diciembre pasado, durante una reunión a la que asistieron él, González Garza y el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Ángel Quintero Navarro, Borrás reconoció que el Infonavit había entregado 100 mil créditos vencidos a compañías privadas, pero se comprometió a frenar estas operaciones. Por su parte, el Infonavit aseguró ayer, en carta enviada a este diario, que entre 2005 y 2006 “se vendieron derechos de cobro de 523 mil 418 créditos y no casas”, y que al menos la mitad de las viviendas “se encontraban invadidas, abandonadas o traspasadas ilegalmente”. Asimismo, explicó que en los casos de Sonora y Sinaloa sólo se vendieron los derechos de 7 mil 4129 créditos y no de 38 mil. Señaló que cualquier beneficiario de un crédito del Infomavit cuyos préstamos hayan sido vendidos a empresas tiene la posibilidad de regularizar su situación, y que sólo han aceptado este trámite 726 personas; en tanto, “70 por ciento de ellas optaron por las alternativas ofrecidas por algunas de las compradoras”.
Ramírez Cuéllar, quien forma parte del Consejo de la Defensa de la Vivienda del “gobierno legítimo”, aseguró que “la privatización silenciosa” no se ha frenado mediante la bursatilización y subasta de la deuda. Sin embargo, expuso, no se trata de un caso único del Infonavit; es parte de una estrategia para favorecer a empresas privadas desde el IPAB, el SAE y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que han entregado más de un millón de créditos a intermediarios. “Esto ha traído en consecuencia que la ferocidad de los particulares para quitar las propiedades a sus dueños se incremente, y que afecten a miles de personas, no sólo a las que adquirieron un crédito hipotecario, sino también a agricultores que recibieron financiamiento de la banca de desarrollo, principalmente de lo que fue Banrural, cuya cartera se transfirió al SAE.
“En este negocio participa un sector del gobierno que se dedica a promover y a forzar resoluciones de instituciones para que la venta de la cartera se acelere, y dejan en desprotección absoluta a miles de mexicanos”, expuso. Recordó que desde El Barzón se sostiene una pelea permanente para que el Infonavit, el SAE y el IPAB detengan la entrega de cartera a empresas particulares, que “venden a precios de chatarra, cuando se pudiera encontrar un esquema justo de pago por parte de los acreditados, ya que se venden lotes enteros y quienes hacen negocio son los agentes privados dedicados a la especulación”. En entrevista aparte, González Garza calificó de “robo” la transferencia de cartera del Infonavit a Pendulum y SCRAP II, porque además a los deudores no se les concede el “derecho de tanto”, es decir, pugnar porque se les venda a ellos la cartera al mismo precio que a las empresas privadas, las cuales pagan al Infonavit, en promedio, 20 mil pesos por cada crédito. “Se trata –agregó– de compañías extranjeras que tienen ligas con el PAN, que revenden la cartera a más de 300 mil pesos. Y se venden a empresas que tienen ligas con los Bribiesca. Son los mismos, es la misma empresa, a la que le venden casas a precios absolutamente irrisorios para que ellos las comercien”. Pendulum es la cabeza del corporativo dedicado al cobro de cartera vencida y vigente, que agrupa a otras cuatro empresas dedicadas al mismo objeto: Corporación para la Recuperación y Utilidad de Deuda, Sociedad Limitada de los Activos de Gramercy, Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP) y SCRAP II.
De acuerdo con su página de Internet, “Pendulum administra más de 50 mil créditos hipotecarios, 10 mil créditos comerciales y más de 3 mil hipotecarios residenciales, por más de 14 billones de pesos de valor en libros”, y “proporciona servicios financieros” a las otras cuatro empresas con las que comparte dirección y el mismo conmutador. Con ese mismo esquema, las cuatro empresas la “contratan para cobrar los créditos en su nombre”, una vez que los bancos comerciales o el Infonavit le ceden “los derechos legales de recuperación”, con lo que “el nuevo propietario legal del préstamo puede ser” cualquiera de sus asociadas.
Acuerdos satisfactorios
En contradicción con las quejas de los deudores del Infonavit, que ahora tienen que pagarle a Pendulum, esta compañía asegura: “trabajando con deudores que han incumplido en sus pagos, nuestra estrategia es encontrar una resolución mutuamente satisfactoria, basada en el valor de mercado actual de la propiedad que sirve de garantía del préstamo. Estamos dispuestos a ofrecer salidas alternativas para resolver los préstamos con deudores que han incumplido en sus pagos, incluyendo: un pago en una sola exhibición, una serie de pagos a corto plazo o una restructura global del crédito, dando forma a un nuevo crédito hipotecario con las tasas prevalecientes del mercado”.
Con miras a formar la coordinadora nacional del movimiento urbano popular, estas agrupaciones acordaron convocar para los días 14 y 15 de febrero a un foro nacional por la defensa del patrimonio social y la vivienda, a efectuarse en la ciudad de Durango, para analizar los problemas que tienen con sus créditos y las acciones de defensa que emprenderán. Aseveraron que aproximadamente 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron por conducto del Infonavit, pues el instituto vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y SCRAP II (Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad) alrededor de 110 mil casas de todo el país que están en cartera vencida, informaron organismos defensores de derechohabientes en esos estados.
Con un “ejército de abogados panistas, encubiertos en corporaciones de rescate de cartera vencida, empezaron la escalada de despojo contra los derechohabientes (…) y la política de despojo del Infonavit hoy se hace acompañar con métodos que sugieren la pretensión de criminalizar la defensa de los derechohabientes”, señalaron a La Jornada. Representantes de las organizaciones advirtieron que se defenderán de la “política neoliberal y privatizadora del gobierno federal”. José Hilario Román González, Novel Galván Hernández, Verónica Villarreal Moreno, Miguel Luna Pardo, Berta Samaniego, Graciela Ramírez, Patricia Ortega Andalon, Rogelio Chávez Palomo, David Ignacio Ruiz Robledo, Ana Montes López Portillo y César del Pardo Escalante, integrantes de la coordinadora provisional, afirmaron que el gobierno ha emprendido una jornada contra quienes se han inconformado con esa política de despojo, como ocurre en Durango y Sonora.
En Sinaloa, agregaron, hay varios procesos penales contra derechohabientes, mientras en Sonora fue detenido Juan Murguía Franco, acusado de despojo por el Infonavit y por el delegado en aquella entidad, César Tapia Abascal, quien también denuncia por daños en propiedad ajena a César del Pardo Escalante, del Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora.
“En Durango, acompañados por las policías ministerial del estado y preventiva municipal, abogados de Pendulum y del Infonavit, con lujo de violencia, desalojaron a más de 150 familias de fraccionamientos, y gracias a la organización de los derechohabientes, que integran el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), se logró detener en parte la ofensiva, porque la pretensión era un desalojo masivo”, señalaron. Las organizaciones recibieron el respaldo del Frente Nacional contra la Represión y de Rosario Ibarra de Piedra, senadora por el PRD.
Intervendrán diputados
Eduardo Ortiz Hernández, legislador federal por el PAN y secretario de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, señaló que revisarán el problema para evitar el despojo de las viviendas a que tienen derecho los trabajadores. Indicó que este mes se realizará en Culiacán, Sinaloa, un foro de soluciones para aquellos que tienen problemas con el Infonavit y que son acosados y hostigados por despachos de abogados, para que cada caso sea revisado y se le dé seguimiento. “El director general (del Infonavit), Víctor Borrás, se comprometió a realizar este acto en Culiacán, en enero, aunque no hay fecha, con el propósito de revisar los casos de personas que tienen problemas de pago de sus créditos de vivienda, para buscar soluciones, no complicaciones”, manifestó. La Cámara de Diputados, agregó, hizo un llamado al Infonavit para que no vuelva a vender cartera vencida, como hizo con estas empresas estadunidenses, lo que ha permitido que despachos de abogados cometan acosos, abusos, violaciones a la ley y hostigamiento contra las familias que necesitan esas viviendas. Ortiz informó que propuso a Borrás disminuir los descuentos a los trabajadores con créditos en el Infonavit que reciben ingresos hasta de tres salarios mínimos y están al corriente en sus pagos, para que, ante la recesión económica, no tengan dificultades ni se les complique seguir pagando; “por ejemplo, los que pagan 500, que paguen 400 o 450 pesos quincenales”, señaló.
- Sólo Pendulum y SCRAP II administran deudas por 14 billones de pesos en libros
- Venden a extranjeros cartera vencida a 5 y 10% de su valor
- Mínima, la recuperación para Infonavit, IPAB, SAE y Fovissste, afirman diputados perredistas
- De 2005 a 2006 se vendieron derechos de cobro de 523 mil 418 créditos, no casas: Infonavit
Aun cuando operan con razones sociales distintas, Pendulum y SCRAP II forman un solo grupo de cinco empresas dedicado a la cobranza de cartera, con un mismo domicilio en el piso 8 de Paseo de la Reforma 404, cuyo negocio ha permitido al corporativo “administrar” deudas “por 14 billones de pesos en libros”, es decir, el precio de referencia de los bienes que, al ser adquiridos por estas compañías en paquetes a subasta o remate, únicamente pagan entre 5 y 10 por ciento de su valor.
“Es ahí donde está el negocio, porque gracias a las triquiñuelas de funcionarios públicos, el valor en libros se reduce a centavos y la recuperación para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) o el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es mínima. Es una denuncia que hemos hecho de manera sistemática, porque el dominio de la compra de cartera lo tienen en México empresas extranjeras, como Pendulum, que es la más fuerte, y GMAC, que es de la armadora de automóviles General Motors”, explicó el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Negocios entre amigos
Ayer, después de que este diario publicó que el Infonavit vendió a esas empresas cartera vencida de 110 mil casas, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, recordó que el presidente del consorcio es Enrique Colliard, quien fue director de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que en 2006 adquirió 37 mil créditos del Infonavit para SCRAP II, por los cuales sólo pagó mil 783 millones de pesos, es decir, 48 mil 189 pesos por cada vivienda, en promedio. Esa operación fue avalada por el actual director de la constructora de vivienda Homex, el empresario de origen gallego David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, ex subdirector general de planeación y finanzas del Infonavit, cargo para el que fue propuesto al consejo de administración, en enero de 2002, por Víctor Manuel Borrás Setién, quien lo conoció cuando ambos trabajaban en BBVA-Bancomer. Ramírez Cuéllar recordó que el ex funcionario entregó otro paquete de vivienda a Campark, ligada a Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, hijos de Marta Sahagún e hijastros de Vicente Fox.
Se trata, explicó, de un negocio en favor de empresas con sede en Estados Unidos, que ya quebraron en ese país debido a la crisis financiera. Informó que en diciembre pasado, durante una reunión a la que asistieron él, González Garza y el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Ángel Quintero Navarro, Borrás reconoció que el Infonavit había entregado 100 mil créditos vencidos a compañías privadas, pero se comprometió a frenar estas operaciones. Por su parte, el Infonavit aseguró ayer, en carta enviada a este diario, que entre 2005 y 2006 “se vendieron derechos de cobro de 523 mil 418 créditos y no casas”, y que al menos la mitad de las viviendas “se encontraban invadidas, abandonadas o traspasadas ilegalmente”. Asimismo, explicó que en los casos de Sonora y Sinaloa sólo se vendieron los derechos de 7 mil 4129 créditos y no de 38 mil. Señaló que cualquier beneficiario de un crédito del Infomavit cuyos préstamos hayan sido vendidos a empresas tiene la posibilidad de regularizar su situación, y que sólo han aceptado este trámite 726 personas; en tanto, “70 por ciento de ellas optaron por las alternativas ofrecidas por algunas de las compradoras”.
Ramírez Cuéllar, quien forma parte del Consejo de la Defensa de la Vivienda del “gobierno legítimo”, aseguró que “la privatización silenciosa” no se ha frenado mediante la bursatilización y subasta de la deuda. Sin embargo, expuso, no se trata de un caso único del Infonavit; es parte de una estrategia para favorecer a empresas privadas desde el IPAB, el SAE y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que han entregado más de un millón de créditos a intermediarios. “Esto ha traído en consecuencia que la ferocidad de los particulares para quitar las propiedades a sus dueños se incremente, y que afecten a miles de personas, no sólo a las que adquirieron un crédito hipotecario, sino también a agricultores que recibieron financiamiento de la banca de desarrollo, principalmente de lo que fue Banrural, cuya cartera se transfirió al SAE.
“En este negocio participa un sector del gobierno que se dedica a promover y a forzar resoluciones de instituciones para que la venta de la cartera se acelere, y dejan en desprotección absoluta a miles de mexicanos”, expuso. Recordó que desde El Barzón se sostiene una pelea permanente para que el Infonavit, el SAE y el IPAB detengan la entrega de cartera a empresas particulares, que “venden a precios de chatarra, cuando se pudiera encontrar un esquema justo de pago por parte de los acreditados, ya que se venden lotes enteros y quienes hacen negocio son los agentes privados dedicados a la especulación”. En entrevista aparte, González Garza calificó de “robo” la transferencia de cartera del Infonavit a Pendulum y SCRAP II, porque además a los deudores no se les concede el “derecho de tanto”, es decir, pugnar porque se les venda a ellos la cartera al mismo precio que a las empresas privadas, las cuales pagan al Infonavit, en promedio, 20 mil pesos por cada crédito. “Se trata –agregó– de compañías extranjeras que tienen ligas con el PAN, que revenden la cartera a más de 300 mil pesos. Y se venden a empresas que tienen ligas con los Bribiesca. Son los mismos, es la misma empresa, a la que le venden casas a precios absolutamente irrisorios para que ellos las comercien”. Pendulum es la cabeza del corporativo dedicado al cobro de cartera vencida y vigente, que agrupa a otras cuatro empresas dedicadas al mismo objeto: Corporación para la Recuperación y Utilidad de Deuda, Sociedad Limitada de los Activos de Gramercy, Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP) y SCRAP II.
De acuerdo con su página de Internet, “Pendulum administra más de 50 mil créditos hipotecarios, 10 mil créditos comerciales y más de 3 mil hipotecarios residenciales, por más de 14 billones de pesos de valor en libros”, y “proporciona servicios financieros” a las otras cuatro empresas con las que comparte dirección y el mismo conmutador. Con ese mismo esquema, las cuatro empresas la “contratan para cobrar los créditos en su nombre”, una vez que los bancos comerciales o el Infonavit le ceden “los derechos legales de recuperación”, con lo que “el nuevo propietario legal del préstamo puede ser” cualquiera de sus asociadas.
Acuerdos satisfactorios
En contradicción con las quejas de los deudores del Infonavit, que ahora tienen que pagarle a Pendulum, esta compañía asegura: “trabajando con deudores que han incumplido en sus pagos, nuestra estrategia es encontrar una resolución mutuamente satisfactoria, basada en el valor de mercado actual de la propiedad que sirve de garantía del préstamo. Estamos dispuestos a ofrecer salidas alternativas para resolver los préstamos con deudores que han incumplido en sus pagos, incluyendo: un pago en una sola exhibición, una serie de pagos a corto plazo o una restructura global del crédito, dando forma a un nuevo crédito hipotecario con las tasas prevalecientes del mercado”.
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