Plan tardío e insuficiente
El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, presentó ayer el Acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo, que a su decir, está orientado a “superar con mayor rapidez los efectos de la situación económica adversa”. El programa gira en torno de cinco ejes principales –apoyo al empleo, la economía familiar y las pequeñas y medianas empresas; inversión en infraestructura, y eficiencia del gasto público– y consiste en 25 acciones, entre las que destacan la congelación de los precios de las gasolinas durante todo el año; reducción de 10 por ciento en el precio del gas LP; baja en las cuotas de las tarifas eléctricas –“la de alta tensión disminuirá 20 por ciento, la de media 17 por ciento, y las de baja tensión y comercial 9 por ciento”–; la asignación de recursos adicionales a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las entidades federativas –17 mil y 14 mil millones de pesos, respectivamente– para inversión y desarrollo de infraestructura, así como acciones para que el gasto público se ejerza de forma “más transparente, más eficiente y (...) con mayor oportunidad”.
El plan anticrisis constituye un indicio de mínima comprensión por el actual gobierno de la gravedad de la problemática que enfrenta el país, y en ese aspecto, constituye un cambio en relación con la indolencia y la cerrazón exhibidas antes sobre la profundidad de los efectos de la coyuntura mundial en la economía mexicana: todavía el pasado martes, citando datos de la firma de inversión Merrill Lynch, Calderón señaló que México tiene menor riesgo financiero que países como Japón, Reino Unido y Estados Unidos, en un reiterado intento de minimizar, de cara a la opinión pública, los efectos de la crisis económica internacional.
Adicionalmente, se prevén medidas como el fomento al empleo mediante inversión en infraestructura, que en alguna medida rompen con el férreo neoliberalismo característico de las tres administraciones anteriores y la actual, y reconocen la importancia de la intervención del sector público en la economía.
Sin embargo, el programa anticrisis calderonista resulta tardío, pues algunas de las medidas propuestas, y otras que no se consideran, tendrían que haberse puesto en marcha desde hace tiempo. Es el caso del anuncio de congelar los precios de las gasolinas, que habría tenido mayor sentido si se hubiera aplicado, por lo menos, a principios del año pasado, antes de los 33 aumentos decretados durante los últimos 12 meses. En la circunstancia actual, en cambio, el grupo gobernante ha fijado para el resto del año un costo elevado y ofensivo para la economía popular, que no tiene correlación con los precios internacionales del petróleo –al día de hoy, el precio de este combustible es mayor en el país que hace seis meses, cuando el crudo se cotizaba en un nivel tres veces superior al actual– y que prácticamente ha significado un nuevo impuesto para los consumidores, fijado a discreción por la Secretaría de Hacienda. Se necesita reducir el precio de las gasolinas junto con el de otros combustibles, como el diesel –cuyos constantes incrementos han detonado manifestaciones de descontento como el paro de pescadores–, que no se encuentran en el acuerdo anunciado.
Otro aspecto cuestionable del programa se refiere a los descuentos en las tarifas del servicio eléctrico, diseñados con la clara intención de favorecer más a los grandes consumidores industriales que a los pequeños y medianos usuarios, que son quienes resienten más los efectos de las crisis económicas y, quienes por ende, debieran recibir mayores estímulos.
Por lo demás, el plan contiene acciones, como el buen ejercicio del gasto público, cuya observancia debiera ser la regla en cualquier situación, no sólo en épocas de crisis. No se mencionan, en cambio, medidas orientadas a disminuir el gasto corriente, los salarios onerosos y las prebendas con que se regalan los altos funcionarios de la administración pública, que constituyen un importante dispendio de recursos públicos.
En suma, el plan calderonista se produce fuera de tiempo y es insuficiente para contrarrestar los efectos de la actual crisis económica internacional: ésta, a fin de cuentas, se encontró en México con una economía debilitada y dependiente y una sociedad hundida en profundas desigualdades y rezagos, muy anteriores a la presente coyuntura, las cuales también fueron soslayadas ayer en Palacio Nacional.
El plan anticrisis constituye un indicio de mínima comprensión por el actual gobierno de la gravedad de la problemática que enfrenta el país, y en ese aspecto, constituye un cambio en relación con la indolencia y la cerrazón exhibidas antes sobre la profundidad de los efectos de la coyuntura mundial en la economía mexicana: todavía el pasado martes, citando datos de la firma de inversión Merrill Lynch, Calderón señaló que México tiene menor riesgo financiero que países como Japón, Reino Unido y Estados Unidos, en un reiterado intento de minimizar, de cara a la opinión pública, los efectos de la crisis económica internacional.
Adicionalmente, se prevén medidas como el fomento al empleo mediante inversión en infraestructura, que en alguna medida rompen con el férreo neoliberalismo característico de las tres administraciones anteriores y la actual, y reconocen la importancia de la intervención del sector público en la economía.
Sin embargo, el programa anticrisis calderonista resulta tardío, pues algunas de las medidas propuestas, y otras que no se consideran, tendrían que haberse puesto en marcha desde hace tiempo. Es el caso del anuncio de congelar los precios de las gasolinas, que habría tenido mayor sentido si se hubiera aplicado, por lo menos, a principios del año pasado, antes de los 33 aumentos decretados durante los últimos 12 meses. En la circunstancia actual, en cambio, el grupo gobernante ha fijado para el resto del año un costo elevado y ofensivo para la economía popular, que no tiene correlación con los precios internacionales del petróleo –al día de hoy, el precio de este combustible es mayor en el país que hace seis meses, cuando el crudo se cotizaba en un nivel tres veces superior al actual– y que prácticamente ha significado un nuevo impuesto para los consumidores, fijado a discreción por la Secretaría de Hacienda. Se necesita reducir el precio de las gasolinas junto con el de otros combustibles, como el diesel –cuyos constantes incrementos han detonado manifestaciones de descontento como el paro de pescadores–, que no se encuentran en el acuerdo anunciado.
Otro aspecto cuestionable del programa se refiere a los descuentos en las tarifas del servicio eléctrico, diseñados con la clara intención de favorecer más a los grandes consumidores industriales que a los pequeños y medianos usuarios, que son quienes resienten más los efectos de las crisis económicas y, quienes por ende, debieran recibir mayores estímulos.
Por lo demás, el plan contiene acciones, como el buen ejercicio del gasto público, cuya observancia debiera ser la regla en cualquier situación, no sólo en épocas de crisis. No se mencionan, en cambio, medidas orientadas a disminuir el gasto corriente, los salarios onerosos y las prebendas con que se regalan los altos funcionarios de la administración pública, que constituyen un importante dispendio de recursos públicos.
En suma, el plan calderonista se produce fuera de tiempo y es insuficiente para contrarrestar los efectos de la actual crisis económica internacional: ésta, a fin de cuentas, se encontró en México con una economía debilitada y dependiente y una sociedad hundida en profundas desigualdades y rezagos, muy anteriores a la presente coyuntura, las cuales también fueron soslayadas ayer en Palacio Nacional.
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