- Padres piden pensión por incapacidad; era trabajadora irregular
- Niña jornalera pierde brazo en empacadora de Culiacán
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Ampliar la imagen Pese a los intentos oficiales por desalentar el trabajo infantil, miles de menores procedentes de los estados más pobres del país trabajan en empresas agropecuarias, expuestos a enfermedades, intoxicación con agroquímicos y accidentes. En la imagen, niños jornaleros de Sinaloa Foto: Leo Espinoza / Archivo
Culiacán, Sin., 28 de enero. Ángela Barraza López, de 10 años, perdió el brazo izquierdo la semana pasada. Una máquina se lo destrozó cuando limpiaba ejotes en la banda transportadora de una planta empacadora de productos agrícolas, en esta capital. La pequeña está en el hospital 28 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la comunidad Costa Rica, en el sur de Culiacán. El médico Héctor Antonio Ovalles afirmó que Ángela se recupera de la lesión y este viernes la darán de alta.
“Tuvimos que intervenirla quirúrgicamente el viernes en la noche, cuando llegó, porque todos los tejidos venían muy dañados y no había nada que hacer, así que amputamos todo el brazo”, explicó.
“Personal de sicología y trabajo social está atendiendo el trauma, ya que el impacto emocional es muy fuerte para ella y sus familiares”, agregó. La tarde del viernes Ángela limpiaba en la empacadora hortícola Micsa, propiedad del empresario Manuel Zazueta Canelos. De pronto, una banda transportadora le jaló el brazo y se lo destrozó.
Ángela cursa por las mañanas el quinto grado en la escuela primaria Henry Ford, en el poblado El Toro, cerca del campo agrícola ubicado a casi 30 kilómetros de Culiacán. Ella es una de los alrededor de 250 mil jornaleros agrícolas (entre ellos más de 25 mil niños) que cada año llegan a Sinaloa, sobre todo a los municipios de Culiacán, Guasave, Ahome y Elota, procedentes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y el estado de México. Muchos llegan con esposa e hijos.
Autoridades federales y estatales aplican desde hace años programas para desalentar el trabajo infantil en campos agrícolas, y promover que los niños estudien, pero no han logrado evitar que sigan en la siembra, cosecha y empacado de pepino, jitomate, berenjena y chiles. La mayor parte de estos productos se exporta a Estados Unidos.
La Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa informó que las exportaciones de hortalizas de la entidad al mercado de Estados Unidos ascendieron a 572 millones de dólares en 2007. En ese año se enviaron cerca de 316 mil 828 toneladas de jitomate al país vecino. Las 80 empresas agrícolas de Sinaloa son propiedad de una veintena de familias, algunas dueñas de campos agrícolas en Sonora y Baja California Sur.
La madre de Ángela, Rosario López Flores, dice que no quiere problemas ni demandas.
Sin embargo, Rosario, quien labora junto con su esposo en campos agrícolas, se quejó de que el empresario Manuel Zazueta mantuvo a Ángela en su empacadora de manera informal. “Le pagaban sus 70 pesos diarios en un sobrecito blanco, con su nombre, pero sin prestaciones ni nada”, comentó.
Zazueta Canelos, sostuvo Rosario, debe responsabilizarse del daño, sufragar el tratamiento y los medicamentos, la rehabilitación física y sicológica, y pagarle una prótesis. “No quiero pleitos. No quiero acudir a la comisión de derechos humanos o a la demanda. Lo que quiero es que (Manuel Zazueta) responda, que le dé a mi hija una pensión por incapacidad.”
Al igual que Ángela, muchas niñas de su edad trabajan en la recolección o limpieza de jitomate o pepino, o de mandaderas, por una paga que va de 40 a 60 pesos diarios. Pero no faltan descuentos de dos pesos diarios para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque sus representantes nunca aparezcan para exigir justicia o buscar mejores condiciones laborales.
“Yo la dejaba ir a trabajar con sus amigas, todas de su edad, porque pagaban bien y me ayudaba con los gastos de la casa”, comentó Rosario. La madre de la menor, que trabaja en el campo hortícola René Carrillo, del mismo empresario, tiene seguro social, y eso le permitió internarla en el hospital del IMSS. En una sala de recuperación, las dos lloran. Ángela extraña su brazo izquierdo y sabe que ya nada será igual. Su madre, desesperada, reitera que no quiere pleitos, sino justicia. No más.
“Tuvimos que intervenirla quirúrgicamente el viernes en la noche, cuando llegó, porque todos los tejidos venían muy dañados y no había nada que hacer, así que amputamos todo el brazo”, explicó.
“Personal de sicología y trabajo social está atendiendo el trauma, ya que el impacto emocional es muy fuerte para ella y sus familiares”, agregó. La tarde del viernes Ángela limpiaba en la empacadora hortícola Micsa, propiedad del empresario Manuel Zazueta Canelos. De pronto, una banda transportadora le jaló el brazo y se lo destrozó.
Ángela cursa por las mañanas el quinto grado en la escuela primaria Henry Ford, en el poblado El Toro, cerca del campo agrícola ubicado a casi 30 kilómetros de Culiacán. Ella es una de los alrededor de 250 mil jornaleros agrícolas (entre ellos más de 25 mil niños) que cada año llegan a Sinaloa, sobre todo a los municipios de Culiacán, Guasave, Ahome y Elota, procedentes de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y el estado de México. Muchos llegan con esposa e hijos.
Autoridades federales y estatales aplican desde hace años programas para desalentar el trabajo infantil en campos agrícolas, y promover que los niños estudien, pero no han logrado evitar que sigan en la siembra, cosecha y empacado de pepino, jitomate, berenjena y chiles. La mayor parte de estos productos se exporta a Estados Unidos.
La Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa informó que las exportaciones de hortalizas de la entidad al mercado de Estados Unidos ascendieron a 572 millones de dólares en 2007. En ese año se enviaron cerca de 316 mil 828 toneladas de jitomate al país vecino. Las 80 empresas agrícolas de Sinaloa son propiedad de una veintena de familias, algunas dueñas de campos agrícolas en Sonora y Baja California Sur.
La madre de Ángela, Rosario López Flores, dice que no quiere problemas ni demandas.
Sin embargo, Rosario, quien labora junto con su esposo en campos agrícolas, se quejó de que el empresario Manuel Zazueta mantuvo a Ángela en su empacadora de manera informal. “Le pagaban sus 70 pesos diarios en un sobrecito blanco, con su nombre, pero sin prestaciones ni nada”, comentó.
Zazueta Canelos, sostuvo Rosario, debe responsabilizarse del daño, sufragar el tratamiento y los medicamentos, la rehabilitación física y sicológica, y pagarle una prótesis. “No quiero pleitos. No quiero acudir a la comisión de derechos humanos o a la demanda. Lo que quiero es que (Manuel Zazueta) responda, que le dé a mi hija una pensión por incapacidad.”
Al igual que Ángela, muchas niñas de su edad trabajan en la recolección o limpieza de jitomate o pepino, o de mandaderas, por una paga que va de 40 a 60 pesos diarios. Pero no faltan descuentos de dos pesos diarios para el Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), aunque sus representantes nunca aparezcan para exigir justicia o buscar mejores condiciones laborales.
“Yo la dejaba ir a trabajar con sus amigas, todas de su edad, porque pagaban bien y me ayudaba con los gastos de la casa”, comentó Rosario. La madre de la menor, que trabaja en el campo hortícola René Carrillo, del mismo empresario, tiene seguro social, y eso le permitió internarla en el hospital del IMSS. En una sala de recuperación, las dos lloran. Ángela extraña su brazo izquierdo y sabe que ya nada será igual. Su madre, desesperada, reitera que no quiere pleitos, sino justicia. No más.
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