■ La tortura y el homicidio fueron cometidos por sicarios del sureste del país, sospechan A. Méndez y J. Aranda Ampliar la imagen Los cuerpos de las víctimas presentaban huellas de tortura y fueron localizados en el poblado Lázaro Cárdenas Foto: Luis López Soto El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, quien asumiría el cargo de secretario de Seguridad Pública del municipio Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, fue torturado y luego ejecutado en esa entidad. El hecho constituye el primer caso en que un militar de ese rango –sólo está por debajo de los generales de división– es asesinado por miembros del crimen organizado. Junto con el general también fueron torturados y asesinados el teniente de infantería Gertulio César Román Zúñiga, escolta del alcalde perredista Gregorio Sánchez Martínez, y el sobrino del edil, Juan Ramírez Sánchez. Fuentes gubernamentales revelaron que Tello Quiñones trabajaba desde el inicio de este año como asesor en materia de seguridad pública para el ayuntamiento Benito Juárez, y preparaba dos grupos, uno de inteligencia y otro de policías, para enfrentar frontalmente a los cárteles de la droga que operan en ese destino turístico y uno de los principales puertos de entrada a cargamentos de cocaína colombiana y precursores químicos procedentes de Asia y Europa. Tello Quiñones tenía apenas un mes en retiro de las fuerzas armadas, donde dirigió grupos de inteligencia castrense en contra del crimen y la delincuencia. También participó en tareas de seguridad pública en el Distrito Federal. De acuerdo con fuentes gubernamentales y militares, al filo de las 22 horas del pasado lunes, Tello y sus acompañantes fueron interceptados en la zona céntrica de Cancún por dos grupos de hombres armados que viajaban a bordo de varios vehículos. Poco antes de esa hora, el militar tuvo contacto con algunos de sus colaboradores, incluidos quienes participarían con él en tareas de seguridad, pero que actualmente trabajan en la ciudad de México. Durante al menos cinco horas, el general, el teniente de infantería y el civil fueron torturados; sus cuerpos fueron encontrados la mañana de este martes esposados, semidesnudos y ejecutados a tiros junto a una camioneta abandonada en el kilómetro 257 de la carretera libre Cancún-Mérida, entre los poblados Cristóbal Colón y Santo Domingo, del municipio de Lázaro Cárdenas. Según los reportes del Servicio Médico Forense el homicidio de las tres personas ocurrió al filo de las tres de la mañana del martes. En el lugar donde se encontraron los cadáveres también se localizaron cinco casquillos. Después del hallazgo, cientos de efectivos castrenses de la 32 Zona Militar, con sede en la ciudad de Valladolid, Yucatán, instalaron retenes en la zona fronteriza de esa entidad y Quintana Roo, y sobrevolaron la región. El subprocurador de justicia en la zona norte del estado, Raymundo Canché Aquino, informó que la procuraduría quintanarroense trabaja en coordinación con el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República para recabar toda la información relacionada con el suceso El homicidio del general Tello Quiñones provocó alerta entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en círculos de organismos de inteligencia civil, pues el trabajo que realizaría el militar en el municipio Benito Juárez era del conocimiento del gobierno federal, ya que sus acciones servirían para apoyar las tareas de vigilancia y detección de indocumentados, drogas y armas de Centro y Sudamérica, por vía terrestre, mientras la Sedena y la Secretaría de Marina fortalecían sus tareas en el ámbito marítimo. En ese contexto, fuentes federales indicaron que el asesinato del general Tello no es un hecho aislado, ya que en el último mes han sido blancos de atentados varios mandos castrenses dedicados a actividades de inteligencia contra el crimen organizado, igual que el general asesinado en Quintana Roo. Estas versiones trataron de ser confirmadas en la Sedena, pero hubo hermetismo absoluto. En el transcurso del día, el alcalde de Benito Juárez confirmó en conferencia de prensa que el general de brigada era su asesor en materia de seguridad pública, y afirmó que mantendrá el combate a la delincuencia y que no bajará la guardia. “Seguiremos con la mano firme. No nos van a amedrentar”, puntualizó. Por otra parte, es de destacar que en 1997, cuando Tello trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), fue encarcelado y estuvo preso un año acusado por el caso de seis homicidios de jóvenes de la colonia Buenos Aires. Hace 12 años, Tello Quiñones fungía como titular de agrupamientos de la SSPDF, y estuvo al mando del grupo que detuvo a ocho personas y asesinó a seis después de la detención, para posteriormente tirar los cuerpos en unas minas de Tláhuac y en parajes del Ajusco. Fue arrestado en ese momento y pasó un año en prisión, aunque en octubre de 1998 fue exonerado de los cargos. Fox lo ascendió Reanudó su carrera militar y fue ascendido por Vicente Fox a general de brigada; estuvo al frente de la zona militar de Michoacán en el año 2007. Al respecto, la Sedena confirmó en un escueto comunicado la muerte del general de brigada Tello Quiñones, y precisó que el día primero de enero de este año había causado baja de la milicia y “se encontraba realizando funciones de asesor” para el alcalde del municipio quintanarroense. La dependencia se deslindó también de la indagatoria de lo sucedido, al señalar que “las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones del caso”. Cabe señalar que apenas en noviembre de 2006 Tello fue ascendido a general de brigada y, según la normatividad castrense, al pasar a retiro lo hace con el grado inmediato superior, es decir, con el de general de división. Sin embargo, la Sedena se refirió al oficial como general de brigada diplomado de Estado Mayor. Por otra parte, el número de militares muertos se ha incrementado sustancialmente en el gobierno de Calderón. Según cifras oficiales, del año 2000 a diciembre de 2006, en el gobierno de Vicente Fox, murieron 202 militares en el combate al tráfico de drogas; en cambio, en tan sólo dos años de gobierno calderonista las bajas castrenses reconocidas oficialmente ya suman 80. (Mauricio Conde, Javier Chávez y Luis A. Boffil, corresponsales)
Ampliar la imagen Integrantes del Ejército custodian la funeraria de Cancún donde fueron llevadas las víctimas Integrantes del Ejército custodian la funeraria de Cancún donde fueron llevadas las víctimas Foto: Luis López Soto La ejecución de dos militares y un civil, entre ellos un general de brigada, por parte del crimen organizado, es una muestra de que la estrategia emprendida por Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha fracasado y sólo ha propiciado el debilitamiento del Ejército, “que es el que va perdiendo la batalla”, advirtieron políticos, académicos y defensores de derechos humanos. Diputados de PRD y PRI coincidieron en la necesidad de retirar a las fuerzas armadas del combate a la delincuencia organizada, porque se pone en riesgo el prestigio del Ejército. “Los órganos encargados de enfrentar a los delincuentes, específicamente la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP), desde hace tiempo están metidas en problemas internos. El combate al narcotráfico lo está dando el Ejército y éste no puede estar en esas funciones. Estamos de acuerdo en que es una situación de emergencia, pero no podemos suponer que el Ejército se va a quedar con esa obligación”. Para Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, “el Ejército es el que está poniendo los muertos, no vemos que esté apoyado por la PGR, la Policía Federal Preventiva (PFP) ni la Agencia Federal de Investigación (AFI), instancias que no están haciendo nada”. Insistió en que los diputados deberán aprobar el dictamen de ley de neutralidad, porque en Estados Unidos se comienzan a dar excusas en torno a su seguridad nacional para poder intervenir en México. Al comentar el homicidio del general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y dos personas más, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, dijo que el problema a resolver en el tema de la creciente violencia producida por los narcotraficantes se halla en el ámbito económico. Samuel Aguilar, diputado del PRI, consideró que la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico “es causa perdida, porque las policías encargadas de enfrentar a los delincuentes se encuentran infiltradas”. En tanto, la fracción del tricolor en el Senado de la República dijo que ante el desbordante problema de la inseguridad en el país, que “es muy grave, tiene que dársele prioridad triple A en su atención”, por ello en el actual periodo de sesiones insistirán en que en las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, el PAN “revise las propuestas que el PRI ha presentado para resolver este delicado problema”. El priísta Fernando Castro Trenti señaló que “es penoso que nos anuncien que va a haber una nueva estrategia anticrimen; se les olvida que ese programa debieron ponerlo en práctica en diciembre de 2006 y no a mitad de gobierno”. Aseveró que la ejecución de los militares muestra que la estrategia anticrimen de la administración calderonista ha fracasado y no presenta resultados contundentes. “No hay límite a las acciones criminales del narcotráfico, tienen en zozobra a la comunidad, ya no hay paz ni en las iglesias, retan frecuentemente a la autoridad y ésta no acierta más que a decir que van a presentar una nueva estrategia”. Por otra parte, para el académico de la UAM y especialista en temas castrenses, Guillermo Garduño, el haber echado mano de militares para combatir a los narcotraficantes debilitó a las fuerzas castrenses, pues “en la historia de México se ha demostrado que su Ejército sólo es fuerte cuando su Estado también lo es, y en la actualidad el crimen organizado tiene postrado al Estado mexicano”. Refirió que la ejecución de un general de brigada demuestra que las autoridades federales van perdiendo la batalla contra los peligrosos capos de la droga. Por su parte, el secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, manifestó que el asesinato de los tres militares prueba “que no hay resultados en la lucha contra el crimen organizado, y además se extiende la violencia, porque no hay investigaciones, y ante la impunidad se abren espacios para que la delincuencia actúe libremente”. |
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