Conflictos mineros
Miguel Ángel Granados Chapa
14 Abr. 09
Dos conflictos mineros, graves en sí mismos, han comenzado ya a generar problemas adicionales y pueden provocar otros de gran magnitud. Se trata del litigio obrero-patronal en Cananea, Sonora, que llega hoy a un punto de definición; y de la huelga de proveedores de carbón a una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que produce el 8 por ciento de la energía eléctrica en el país, que podría disminuir y aun cesar si no se normaliza la entrega del mineral.
Derrotada la empresa del Grupo México que explota el legendario yacimiento de cobre en Sonora por una huelga que la justicia federal ha avalado hasta en tres ocasiones (contra el parecer de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ha resuelto invariablemente a favor del patrón), la compañía propiedad de la familia Larrea acudió a un expediente extremo, ya intentado con anterioridad sin éxito. Demandó la terminación de la relación laboral por causas de fuerza mayor. Como si no hubiera una huelga desde junio pasado y sólo enfrentara problemas técnicos, Minera de Cananea declaró su imposibilidad de seguir operando la mina de cobre y por eso planteó a la Junta esa solución final. Dados los antecedentes de la relación entre el tribunal laboral y la empresa, el sindicato teme un laudo desfavorable que dejaría sin efectos la huelga y de plano permitiría la sustitución del personal (pues no es verdad, según suponen, que la mina sería cerrada, sino que continuaría laborando con otros operarios).
La huelga de Cananea es uno de los frentes en que se libra una colosal batalla entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia, el depuesto líder del sindicato minero, cuya autoridad es sin embargo acatada en prácticamente todas las secciones del gremio. Para mostrar que esto es así, ayer lunes se inició en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una acción solidaria de miembros del sindicato que trabajan para la industria siderúrgica en aquel puerto del Pacífico. Integrantes de varias secciones, que en el pasado enfrentaron un grave conflicto (que el 20 de abril de 2006 produjo la muerte de 2 trabajadores en un mayúsculo enfrentamiento provocado por el gobierno federal en su intento por defenestrar a Gómez Urrutia) iniciaron ayer el bloqueo a las actividades portuarias en la antigua Boca de la Necesidad, donde en los años 70 se instaló un polo de desarrollo en torno de la siderúrgica de Las Truchas, que lleva el nombre, como el puerto mismo, del general que presidió la República entre 1934 y 1940. Miembros del sindicato minero se apostaron en los accesos al recinto portuario como anticipada protesta contra el fallo que hoy dicte la justicia laboral, presumiblemente en contra de sus compañeros en Cananea.
La huelga en la mina sonorense, provocada por violaciones patronales al contrato colectivo, se ha prolongado en demasía porque se inscribe en el marco más general del enfrentamiento de Larrea y Gómez Urrutia, en que el empresario ha contado con la colaboración, entusiasta, pero no decisiva, de los gobiernos panistas, así el encabezado por Fox como el de Calderón. En esa lucha ninguna de las partes pide ni da cuartel y los triunfos legales de unos son muy pronto contradichos por los que benefician a los adversarios. En esa situación de empate ha sido imposible para el gobierno federal, que lo intenta desde hace más de dos años, lograr la extradición del dirigente minero, refugiado en Vancouver al cobijo del sindicalismo metalúrgico canadiense. La verdad es que apenas en diciembre pasado consiguió la PGR satisfacer las formalidades demandadas por el gobierno de Canadá para estudiar la remisión de Gómez Urrutia, que ha podido neutralizar las demandas que alentadas por Larrea, buscan responsabilizarlo por el indebido manejo de 55 millones de dólares que el sindicato ha mostrado que se manejaron con claridad.
La Secretaría del Trabajo rehusó tomar nota de la elección más reciente de Gómez Urrutia, efectuada en mayo pasado, y el sindicato acaba de perder el juicio de amparo iniciado contra esa decisión. Además de que al sindicato le queda el recurso de revisión y por lo tanto su derrota no es definitiva, tampoco fue total, pues se ordenó a la STPS reformular la negativa a reconocer como secretario general suplente a Mario García Ortiz, cuya validación burocrática significaría un alivio para las presiones contra Gómez Urrutia y un revés para el activismo proempresarial de la Secretaría.
Por otra parte, hoy llega a su decimocuarto día la suspensión de aprovisionamiento de carbón y el bloqueo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Nava, Coahuila. El 30 de marzo concluyó el contrato de suministro que la empresa paraestatal ha mantenido por décadas (renovable cada tres años) con productores de hulla de Coahuila. No se renovó el pacto ante la negativa de la CFE a satisfacer la demanda de los productores de obtener un precio como el que paga la paraestatal por el mismo combustible fuera de México. El precio internacional promedio es de 89 dólares por tonelada, mientras que en México es de 52.50 dólares. Agrupados en dos uniones, la nacional y la mexicana de productores de carbón, éstos plantearon al Presidente Calderón su demanda el 27 de febrero, pero no fueron oídos, por lo cual el 1 de abril dejaron de surtir mineral a la termoeléctrica. Al mismo tiempo impiden el paso de los camiones de Micare, la carbonera de Altos Hornos, que no se ha unido a la movilización. Mientras tanto, CFE quema sus reservas.
Cajón de Sastre
Las innumerables esquelas que lamentan el fallecimiento de Manuel Senderos Irigoyen son reflejo de la diversidad de sus intereses empresariales, que se expresaron en diferentes terrenos, como el de los seguros (La Comercial). Suya fue la idea de constituir una sociedad de fomento, llamada Desarrollo Económico, SC, Desc, de que fue director desde el momento de su fundación, en 1973, hasta su retiro parcial en enero de 1986 (al constituir un comité de dirección) y definitivo en 1987. Veinte años atrás, en 1967, había sido el impulsor y primer presidente del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), que además de su importancia en la formación de cuadros dirigentes del sector privado, fue el pie fundador de la Universidad Panamericana, establecida por el Opus Dei en 1969.
Derrotada la empresa del Grupo México que explota el legendario yacimiento de cobre en Sonora por una huelga que la justicia federal ha avalado hasta en tres ocasiones (contra el parecer de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ha resuelto invariablemente a favor del patrón), la compañía propiedad de la familia Larrea acudió a un expediente extremo, ya intentado con anterioridad sin éxito. Demandó la terminación de la relación laboral por causas de fuerza mayor. Como si no hubiera una huelga desde junio pasado y sólo enfrentara problemas técnicos, Minera de Cananea declaró su imposibilidad de seguir operando la mina de cobre y por eso planteó a la Junta esa solución final. Dados los antecedentes de la relación entre el tribunal laboral y la empresa, el sindicato teme un laudo desfavorable que dejaría sin efectos la huelga y de plano permitiría la sustitución del personal (pues no es verdad, según suponen, que la mina sería cerrada, sino que continuaría laborando con otros operarios).
La huelga de Cananea es uno de los frentes en que se libra una colosal batalla entre Germán Larrea y Napoleón Gómez Urrutia, el depuesto líder del sindicato minero, cuya autoridad es sin embargo acatada en prácticamente todas las secciones del gremio. Para mostrar que esto es así, ayer lunes se inició en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una acción solidaria de miembros del sindicato que trabajan para la industria siderúrgica en aquel puerto del Pacífico. Integrantes de varias secciones, que en el pasado enfrentaron un grave conflicto (que el 20 de abril de 2006 produjo la muerte de 2 trabajadores en un mayúsculo enfrentamiento provocado por el gobierno federal en su intento por defenestrar a Gómez Urrutia) iniciaron ayer el bloqueo a las actividades portuarias en la antigua Boca de la Necesidad, donde en los años 70 se instaló un polo de desarrollo en torno de la siderúrgica de Las Truchas, que lleva el nombre, como el puerto mismo, del general que presidió la República entre 1934 y 1940. Miembros del sindicato minero se apostaron en los accesos al recinto portuario como anticipada protesta contra el fallo que hoy dicte la justicia laboral, presumiblemente en contra de sus compañeros en Cananea.
La huelga en la mina sonorense, provocada por violaciones patronales al contrato colectivo, se ha prolongado en demasía porque se inscribe en el marco más general del enfrentamiento de Larrea y Gómez Urrutia, en que el empresario ha contado con la colaboración, entusiasta, pero no decisiva, de los gobiernos panistas, así el encabezado por Fox como el de Calderón. En esa lucha ninguna de las partes pide ni da cuartel y los triunfos legales de unos son muy pronto contradichos por los que benefician a los adversarios. En esa situación de empate ha sido imposible para el gobierno federal, que lo intenta desde hace más de dos años, lograr la extradición del dirigente minero, refugiado en Vancouver al cobijo del sindicalismo metalúrgico canadiense. La verdad es que apenas en diciembre pasado consiguió la PGR satisfacer las formalidades demandadas por el gobierno de Canadá para estudiar la remisión de Gómez Urrutia, que ha podido neutralizar las demandas que alentadas por Larrea, buscan responsabilizarlo por el indebido manejo de 55 millones de dólares que el sindicato ha mostrado que se manejaron con claridad.
La Secretaría del Trabajo rehusó tomar nota de la elección más reciente de Gómez Urrutia, efectuada en mayo pasado, y el sindicato acaba de perder el juicio de amparo iniciado contra esa decisión. Además de que al sindicato le queda el recurso de revisión y por lo tanto su derrota no es definitiva, tampoco fue total, pues se ordenó a la STPS reformular la negativa a reconocer como secretario general suplente a Mario García Ortiz, cuya validación burocrática significaría un alivio para las presiones contra Gómez Urrutia y un revés para el activismo proempresarial de la Secretaría.
Por otra parte, hoy llega a su decimocuarto día la suspensión de aprovisionamiento de carbón y el bloqueo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en Nava, Coahuila. El 30 de marzo concluyó el contrato de suministro que la empresa paraestatal ha mantenido por décadas (renovable cada tres años) con productores de hulla de Coahuila. No se renovó el pacto ante la negativa de la CFE a satisfacer la demanda de los productores de obtener un precio como el que paga la paraestatal por el mismo combustible fuera de México. El precio internacional promedio es de 89 dólares por tonelada, mientras que en México es de 52.50 dólares. Agrupados en dos uniones, la nacional y la mexicana de productores de carbón, éstos plantearon al Presidente Calderón su demanda el 27 de febrero, pero no fueron oídos, por lo cual el 1 de abril dejaron de surtir mineral a la termoeléctrica. Al mismo tiempo impiden el paso de los camiones de Micare, la carbonera de Altos Hornos, que no se ha unido a la movilización. Mientras tanto, CFE quema sus reservas.
Cajón de Sastre
Las innumerables esquelas que lamentan el fallecimiento de Manuel Senderos Irigoyen son reflejo de la diversidad de sus intereses empresariales, que se expresaron en diferentes terrenos, como el de los seguros (La Comercial). Suya fue la idea de constituir una sociedad de fomento, llamada Desarrollo Económico, SC, Desc, de que fue director desde el momento de su fundación, en 1973, hasta su retiro parcial en enero de 1986 (al constituir un comité de dirección) y definitivo en 1987. Veinte años atrás, en 1967, había sido el impulsor y primer presidente del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), que además de su importancia en la formación de cuadros dirigentes del sector privado, fue el pie fundador de la Universidad Panamericana, establecida por el Opus Dei en 1969.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
kikka-roja.blogspot.com/
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