áLVARO DELGADO
ESPECIAL PROCESO.COM.MX
MEXICO, D.F., 14 de abril (apro).- Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), incurre en lo que le critica a los priistas: Postuló como candidato a diputado al líder sindical Valdemar Gutiérrez Fragoso, cuyo hijo fue capturado en España por narcotraficante. Gutiérrez Fragoso, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es padre de Israel Gutiérrez Botello, de 25 años de edad, quien fue detenido en el aeropuerto de Madrid, Barajas, el 14 de septiembre de 2005, al tratar de introducir casi un kilogramo de cocaina en 70 cápsulas que llevaba en el estómago.
Procesado en España por delitos contra la salud pública, y preso en la cárcel de Soto Real --a las afueras de Madrid--, el hijo del líder sindical logró ser extraditado a México, y actualmente está internado en el Reclusorio Norte. Está vinculado a una banda que opera en hospitales del IMSS, cuyo sindicato controla su padre que, gracias al PAN que encabeza Germán Martínez, ahora tendrá más poder como diputado federal.
Martínez ha instrumentado una campaña propagandística contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por no apoyar supuestamente la "guerra" de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, como parte de ella, ha imputado nexos de miembros de este partido con el narcotráfico. Uno de ellos es Héctor Murguía Lardizábal, exalcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien Martínez acusó de tener vínculos con el Cártel de Juárez, y otro es el aspirante a gobernador de Colima, Mario Anguiano, cuyos parientes han sido procesados por narcotráfico.
Ahora, el PAN tiene como candidato a diputado federal a alguien en una situación semejante a la que condena Martínez: el hijo de Valdemar Gutiérrez, candidato a diputado federal, está preso por narco y jefe de una banda que opera en Europa, como lo documentó, en agosto del año pasado, el reportero Ricardo Ravelo, en una nota publicada en el semanario Proceso: "Cateos y revisiones realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como el asesinato de una enfermera, pusieron al descubierto las operaciones de una organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala que tiene como escudo protector el Hospital General del Centro Medico La Raza, así como amplias conexiones, tanto en México como en Europa.
"La venta y consumo de drogas alcanza tan altas dimensiones que existen testimonios escritos de empleados de ese nosocomio que señalan: 'Médicos, enfermeras, así como personal administrativo y de intendencia laboran bajo los efectos de algún estupefaciente'. "También hay reportes y sanciones que revelan que algunos galenos, incluso, han sido sorprendidos en plena consulta médica bajo los efectos de la cocaína o de algún otro estimulante". Y no sólo eso: en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), hay una línea de investigación que se refiere a la presunta relación de altos funcionarios del IMSS, así como médicos y enfermeras, que podrían formar parte de la organización de narcomenudeo al interior del hospital La Raza.
"Según las investigaciones realizadas por la PGR y testimonios recabados dentro y fuera del hospital, la célula que opera el narcomenudeo es 'diversa, peligrosa y violenta'.
"Hasta septiembre del 2005, uno de los líderes de esa banda era Israel Gutiérrez Botello, hijo de Valdemar Gutiérrez Fragoso, actual secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y fuerte aspirante a la secretaría general de ese gremio. "Aunque la venta y distribución de drogas en el hospital La Raza -uno de los más grandes nosocomios que opera el IMSS en el país- se conoce desde hace unos diez años, fue en septiembre del año pasado cuando empezaron a surgir mayores datos y evidencias sobre dicha organización, a la que se le atribuye tener un mercado cautivo de poco más de 7 mil personas, la mayoría de ellas son empleados del hospital, quienes con frecuencia se quejan de recibir presiones laborales para comprar cocaína, marihuana, crack y hasta pastillas psicotrópicas.
"Las conexiones internacionales de esa organización dedicada al narcotráfico se confirmaron el 14 de septiembre de ese año: ese día fue detenido en España precisamente el hijo de Gutiérrez Fragoso: Israel Gutiérrez Botello. Llevaba en el estómago poco más de 70 cápsulas de cocaína, por lo que fue detenido, consignado y remitido a la prisión conocida como Alcalá-Meco, ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares, provincia de Madrid. Desde esa fecha permanece bajo la acusación de delitos contra la salud pública.
"Gutiérrez Botello había decidido viajar a España no sólo para hacer entrega de la droga, sino para cobrar alguna cantidad de dinero, según se desprende de la indagatoria. Perfectamente envueltas y selladas para evitar que se reventaran, este sujeto ingirió las cápsulas de droga para no ser detectado, pero al llegar a España se puso nervioso y su comportamiento lo delató como una persona sospechosa, por lo que fue sometido a revisión. Actualmente está a la espera de ser juzgado.
La conexión sindical
Desde que empezaron a surgir las versiones sobre la red de narcomenudeo que opera en La Raza, el SNTSS, a cargo de Roberto Javier Vega Galina, ha preferido guardar silencio, a pesar de las evidencias que presuntamente relacionan a algunos funcionarios de ese gremio en probables actos de protección de personas relacionadas con las drogas.
En el sindicato, por ejemplo, es ampliamente conocida la historia cuando, hace unos nueve años, fue detenido en la delegación Venustiano Carranza Eduardo Lalo Rodríguez, presuntamente en posesión de drogas. En ese tiempo, Rodríguez era secretario de la Sección 33. De inmediato, el entonces secretario del interior SNTSS, Fernando Rocha Larráinzar -a quien hasta la fecha se le atribuye un fuerte control político en ese gremio- resolvió el problema y logró que el dirigente seccional fuera puesto en libertad. Actualmente, tanto Rocha como Lalo Rodríguez impulsan el proyecto político de Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien es fuerte aspirante a la secretaría general del SNTSS.
Al interior del sindicato, el hermetismo sobre el tema de la droga aumentó a raíz de la aprehensión de Israel Gutiérrez Botello.
Nacido en octubre de 1984, a este sujeto se le vincula con la red de narcomenudeo que opera en el hospital La Raza. Gutiérrez Botello enfrenta un juicio por narcotráfico, el cual puede durar entre tres y nueve meses. Según las leyes españolas, por el tipo de delito y por la cantidad de droga que traía, su sentencia podría alcanzar hasta nueve años de prisión. El procesado es mexicano. Tiene el pasaporte 00334001952, el cual fue expedido el 9 de septiembre del 2005, nueve días antes de su viaje a España, en la delegación Cuauhtémoc.
La conexión de intendencia
El grado de adicción que existe entre empleados del hospital La Raza, así como la disputa por ese mercado cautivo, ya desastó consecuencias, algunas, incluso, fatales. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por ejemplo, se refirió al tema del narcotráfico en ese nosocomio en noviembre de 2001, durante las investigaciones realizadas para esclarecer varios asesinatos presuntamente relacionados con drogas. Uno de los crímenes más escandalosos fue el de la enfermera Carmen Ibarra Rodríguez, de 37 años, quien fue encontrada muerta en las inmediaciones del hospital. Presentaba huellas de haber sido asesinada por asfixia. También se acreditó que fue abusada sexualmente por su victimario, José Luis Mosqueda Navarro, empleado de intendencia de La Raza, quien actuó bajo los efectos de la cocaína, de acuerdo con las conclusiones de la investigación.
Durante las indagaciones de este caso, la PGJDF no sólo comprobó cómo había sido asesinada la enfermera y por quién, sino que el caso destapó el alto grado de distribución y consumo de drogas en La Raza, lo cual disparó la inseguridad tanto fuera como dentro del hospital. Patricia Bugarín Gutiérrez, entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales, dijo que durante el desarrollo de la indagatoria se había detectado un problema de adicción a las drogas entre empleados del hospital La Raza. La funcionaria reforzó su tesis con un dato: José Luis Mosqueda Navarro, empleado de intendencia de La Raza, se encontraba bajo los efectos de la cocaína cuando atacó sexualmente y dio muerte Ibarra Rodríguez.
Con base en ese antecedente, la PGJDF profundizó en las investigaciones del crimen de la enfermera y, paralelamente, se encontraron más evidencias sobre la red de distribución de cocaína, por lo que Bugarín no tuvo ninguna duda del alto consumo de drogas que había en el hospital. Lo dijo así: "Por lo que arroja a la investigación, hay otras personas, trabajadores del Instituto, que también consumen drogas, lo que crea un ambiente de mucha inseguridad. Estamos preparando las recomendaciones y el procurador Bernardo Bátiz tiene conocimiento de que hay una gran preocupación por parte de los directivos.
En una entrevista posterior, el procurador Bátiz también se refirió al consumo de drogas en La Raza. Lo explicó con estas palabras:
"A raíz de estas investigaciones, el personal del nosocomio denunció que existe un ambiente de inseguridad en la propias instalaciones... El informe que me entregaron sobre la inseguridad en La Raza indica que hay zonas donde hay droga, inclusive a ciertas horas prefieren los empleados no pasar por allí porque es tan peligroso como algunas de las calles de los barrios más difíciles de nuestra ciudad." A pesar de que la PGJDF sugirió a las autoridades del hospital La Raza tomar medidas para garantizar la seguridad de los empleados -como instalar cámaras de circuito cerrado, reforzar la seguridad interior, revisar a los empleados-, nada se ha hecho al respecto. Por el contrario, la seguridad sigue relajada, lo que ha ocasionado que el problema del narcotráfico se agudice.
Empleados consultados por la agencia APRO, quienes solicitan el anonimato por temor a las represalias, sostienen que el consumo de drogas se descubrió hace unos 10 años, pero actualmente ya alcanzó niveles que ponen en duda la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes que acuden a consulta médica o a realizarse estudios específicos.
"Hay médicos que andan drogados, enfermeras que se les ve tensas, como si anduvieran bajo los efectos de algún estimulante. Es frecuente ver que hay personas que, con el pretexto de que van a consulta, realizan transacciones: cobros, entrega de droga o simplemente, a recabar información si fueron advertidos de algún riesgo o peligro que pueda afectar a la organización", dijo uno de los trabajadores. Un testimonio entregado por escrito a este reportero, expone otros detalles del narcomenudeo en La Raza: "Se informa de los problemas existentes en el Hospital General del Centro Médico La Raza, por la distribución y el consumo de droga entre algunos trabajadores y otras personas ajenas al IMSS que se introducen al hospital para comprar la droga.
"El personal involucrado en la circulación de la droga (básicamente cocaína) (está) a cargo principalmente del servicio de intendencia, aunque no sólo es esta categoría, y trabajan como una red perfectamente organizada, de (tal) forma que no pueden ser exhibidos en sus actividades: mientras unos vigilan y controlan la entrada del área de los vestidores del personal, otros operan la venta adentro. "Estas actividades no son nuevas, sino que vienen sucediendo desde hace alrededor de nueve años, época en que el secretario general seccional en turno, Eduardo Rodríguez López, protegía al personal de intendencia de una manera desmedida, utilizando las amenazas sobre las autoridades para mantener el problema en silencio y así proteger a los trabajadores."
Las autoridades federales han tenido serios problemas para detectar y desactivar a la organización de narcomenudeo que opera en La Raza. La razón: el complejo diseño del hospital, lo cual lo hace ver como un laberinto que tiene accesos por todas partes, amplias conexiones internas, pasillos que comunican con entradas y salidas y, por su puesto, lo bien organizada que está la banda que trafica con estupefacientes. En el Hospital General del Centro Médico La Raza laboran unas 14 mil 500 personas, entre médicos, enfermeras, personal de intendencia, funcionarios y personal menor. A esto se suman los mil empleados sustitutos. Se calcula que todos los días entran y salen unas 50 mil personas, las cuales no son revisadas ni interrogadas, debido a que el nosocomio no tiene personal suficiente para llevar a cabo esa tarea.
Considerado uno de los hospitales más grandes de México, ampliamente conocido por la diversidad de especialidades que ofrece a los derechohabientes, La Raza se compone de varias áreas, entre ellas, consulta externa, especialidades, hospital general, infectología, ginecología, banco de sangre, guardería, ambulancias y tiendas sindicales. Según la PGR, la complejidad de su funcionamiento -aglomeración y desorden-- ha creado las facilidades para las operaciones de narcomenudeo. De acuerdo con las sospechas de las autoridades, muchas de las personas que acuden al hospital pueden formar parte de la red de distribuidores de droga, quienes ingresan sin problemas a las instalaciones o bien accedan con el argumento de que van a realizar algún trámite, un estudio clínico o una consulta de medicina general.
Con base en esas sospechas y alertada del crecimiento de la distribución de drogas, la PGR ordenó a un equipo especial de la AFI llevar a cabo varios cateos y revisiones al interior del hospital durante buena parte del 2005. Al ejecutarse uno de los primeros cateos, la PGR tuvo que introducir al hospital a un comando que hizo revisiones en vestidores, lockers y otras áreas, donde se encontró de todo, hasta droga. Como resultado del operativo, fueron detenidas diez personas -la mayoría empleados del servicio de intendencia-, así como un médico. Durante el cateo los agentes también hallaron medicamentos como fármacos que sólo se venden con receta médica, material de curación, medicamentos, instrumental y equipo propiedad del IMSS que presuntamente había sido sustraído por el personal de la institución.
Testigo de estos hechos, un empleado del IMSS que conoce bien las operaciones del narcotráfico al interior del hospital, dijo: "Finalmente, la mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad, en gran medida, gracias a las presiones del sindicato. Por parte de las autoridades existe temor a involucrarse directamente en el problema; y aunque es conocido por la mayoría del personal, lo cierto es que todos evitan cualquier tipo de enfrentamiento con este grupo de gente. En algunos casos, cuando llega algún trabajador nuevo al servicio de intendencia, se les ha intimidado a fin de mantener el silencio o la complicidad del resto de los trabajadores."
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Procesado en España por delitos contra la salud pública, y preso en la cárcel de Soto Real --a las afueras de Madrid--, el hijo del líder sindical logró ser extraditado a México, y actualmente está internado en el Reclusorio Norte. Está vinculado a una banda que opera en hospitales del IMSS, cuyo sindicato controla su padre que, gracias al PAN que encabeza Germán Martínez, ahora tendrá más poder como diputado federal.
Martínez ha instrumentado una campaña propagandística contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por no apoyar supuestamente la "guerra" de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, como parte de ella, ha imputado nexos de miembros de este partido con el narcotráfico. Uno de ellos es Héctor Murguía Lardizábal, exalcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quien Martínez acusó de tener vínculos con el Cártel de Juárez, y otro es el aspirante a gobernador de Colima, Mario Anguiano, cuyos parientes han sido procesados por narcotráfico.
Ahora, el PAN tiene como candidato a diputado federal a alguien en una situación semejante a la que condena Martínez: el hijo de Valdemar Gutiérrez, candidato a diputado federal, está preso por narco y jefe de una banda que opera en Europa, como lo documentó, en agosto del año pasado, el reportero Ricardo Ravelo, en una nota publicada en el semanario Proceso: "Cateos y revisiones realizados por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como el asesinato de una enfermera, pusieron al descubierto las operaciones de una organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala que tiene como escudo protector el Hospital General del Centro Medico La Raza, así como amplias conexiones, tanto en México como en Europa.
"La venta y consumo de drogas alcanza tan altas dimensiones que existen testimonios escritos de empleados de ese nosocomio que señalan: 'Médicos, enfermeras, así como personal administrativo y de intendencia laboran bajo los efectos de algún estupefaciente'. "También hay reportes y sanciones que revelan que algunos galenos, incluso, han sido sorprendidos en plena consulta médica bajo los efectos de la cocaína o de algún otro estimulante". Y no sólo eso: en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), hay una línea de investigación que se refiere a la presunta relación de altos funcionarios del IMSS, así como médicos y enfermeras, que podrían formar parte de la organización de narcomenudeo al interior del hospital La Raza.
"Según las investigaciones realizadas por la PGR y testimonios recabados dentro y fuera del hospital, la célula que opera el narcomenudeo es 'diversa, peligrosa y violenta'.
"Hasta septiembre del 2005, uno de los líderes de esa banda era Israel Gutiérrez Botello, hijo de Valdemar Gutiérrez Fragoso, actual secretario del interior del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y fuerte aspirante a la secretaría general de ese gremio. "Aunque la venta y distribución de drogas en el hospital La Raza -uno de los más grandes nosocomios que opera el IMSS en el país- se conoce desde hace unos diez años, fue en septiembre del año pasado cuando empezaron a surgir mayores datos y evidencias sobre dicha organización, a la que se le atribuye tener un mercado cautivo de poco más de 7 mil personas, la mayoría de ellas son empleados del hospital, quienes con frecuencia se quejan de recibir presiones laborales para comprar cocaína, marihuana, crack y hasta pastillas psicotrópicas.
"Las conexiones internacionales de esa organización dedicada al narcotráfico se confirmaron el 14 de septiembre de ese año: ese día fue detenido en España precisamente el hijo de Gutiérrez Fragoso: Israel Gutiérrez Botello. Llevaba en el estómago poco más de 70 cápsulas de cocaína, por lo que fue detenido, consignado y remitido a la prisión conocida como Alcalá-Meco, ubicada en la ciudad de Alcalá de Henares, provincia de Madrid. Desde esa fecha permanece bajo la acusación de delitos contra la salud pública.
"Gutiérrez Botello había decidido viajar a España no sólo para hacer entrega de la droga, sino para cobrar alguna cantidad de dinero, según se desprende de la indagatoria. Perfectamente envueltas y selladas para evitar que se reventaran, este sujeto ingirió las cápsulas de droga para no ser detectado, pero al llegar a España se puso nervioso y su comportamiento lo delató como una persona sospechosa, por lo que fue sometido a revisión. Actualmente está a la espera de ser juzgado.
La conexión sindical
Desde que empezaron a surgir las versiones sobre la red de narcomenudeo que opera en La Raza, el SNTSS, a cargo de Roberto Javier Vega Galina, ha preferido guardar silencio, a pesar de las evidencias que presuntamente relacionan a algunos funcionarios de ese gremio en probables actos de protección de personas relacionadas con las drogas.
En el sindicato, por ejemplo, es ampliamente conocida la historia cuando, hace unos nueve años, fue detenido en la delegación Venustiano Carranza Eduardo Lalo Rodríguez, presuntamente en posesión de drogas. En ese tiempo, Rodríguez era secretario de la Sección 33. De inmediato, el entonces secretario del interior SNTSS, Fernando Rocha Larráinzar -a quien hasta la fecha se le atribuye un fuerte control político en ese gremio- resolvió el problema y logró que el dirigente seccional fuera puesto en libertad. Actualmente, tanto Rocha como Lalo Rodríguez impulsan el proyecto político de Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien es fuerte aspirante a la secretaría general del SNTSS.
Al interior del sindicato, el hermetismo sobre el tema de la droga aumentó a raíz de la aprehensión de Israel Gutiérrez Botello.
Nacido en octubre de 1984, a este sujeto se le vincula con la red de narcomenudeo que opera en el hospital La Raza. Gutiérrez Botello enfrenta un juicio por narcotráfico, el cual puede durar entre tres y nueve meses. Según las leyes españolas, por el tipo de delito y por la cantidad de droga que traía, su sentencia podría alcanzar hasta nueve años de prisión. El procesado es mexicano. Tiene el pasaporte 00334001952, el cual fue expedido el 9 de septiembre del 2005, nueve días antes de su viaje a España, en la delegación Cuauhtémoc.
La conexión de intendencia
El grado de adicción que existe entre empleados del hospital La Raza, así como la disputa por ese mercado cautivo, ya desastó consecuencias, algunas, incluso, fatales. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por ejemplo, se refirió al tema del narcotráfico en ese nosocomio en noviembre de 2001, durante las investigaciones realizadas para esclarecer varios asesinatos presuntamente relacionados con drogas. Uno de los crímenes más escandalosos fue el de la enfermera Carmen Ibarra Rodríguez, de 37 años, quien fue encontrada muerta en las inmediaciones del hospital. Presentaba huellas de haber sido asesinada por asfixia. También se acreditó que fue abusada sexualmente por su victimario, José Luis Mosqueda Navarro, empleado de intendencia de La Raza, quien actuó bajo los efectos de la cocaína, de acuerdo con las conclusiones de la investigación.
Durante las indagaciones de este caso, la PGJDF no sólo comprobó cómo había sido asesinada la enfermera y por quién, sino que el caso destapó el alto grado de distribución y consumo de drogas en La Raza, lo cual disparó la inseguridad tanto fuera como dentro del hospital. Patricia Bugarín Gutiérrez, entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales, dijo que durante el desarrollo de la indagatoria se había detectado un problema de adicción a las drogas entre empleados del hospital La Raza. La funcionaria reforzó su tesis con un dato: José Luis Mosqueda Navarro, empleado de intendencia de La Raza, se encontraba bajo los efectos de la cocaína cuando atacó sexualmente y dio muerte Ibarra Rodríguez.
Con base en ese antecedente, la PGJDF profundizó en las investigaciones del crimen de la enfermera y, paralelamente, se encontraron más evidencias sobre la red de distribución de cocaína, por lo que Bugarín no tuvo ninguna duda del alto consumo de drogas que había en el hospital. Lo dijo así: "Por lo que arroja a la investigación, hay otras personas, trabajadores del Instituto, que también consumen drogas, lo que crea un ambiente de mucha inseguridad. Estamos preparando las recomendaciones y el procurador Bernardo Bátiz tiene conocimiento de que hay una gran preocupación por parte de los directivos.
En una entrevista posterior, el procurador Bátiz también se refirió al consumo de drogas en La Raza. Lo explicó con estas palabras:
"A raíz de estas investigaciones, el personal del nosocomio denunció que existe un ambiente de inseguridad en la propias instalaciones... El informe que me entregaron sobre la inseguridad en La Raza indica que hay zonas donde hay droga, inclusive a ciertas horas prefieren los empleados no pasar por allí porque es tan peligroso como algunas de las calles de los barrios más difíciles de nuestra ciudad." A pesar de que la PGJDF sugirió a las autoridades del hospital La Raza tomar medidas para garantizar la seguridad de los empleados -como instalar cámaras de circuito cerrado, reforzar la seguridad interior, revisar a los empleados-, nada se ha hecho al respecto. Por el contrario, la seguridad sigue relajada, lo que ha ocasionado que el problema del narcotráfico se agudice.
Empleados consultados por la agencia APRO, quienes solicitan el anonimato por temor a las represalias, sostienen que el consumo de drogas se descubrió hace unos 10 años, pero actualmente ya alcanzó niveles que ponen en duda la calidad de los servicios y la seguridad de los pacientes que acuden a consulta médica o a realizarse estudios específicos.
"Hay médicos que andan drogados, enfermeras que se les ve tensas, como si anduvieran bajo los efectos de algún estimulante. Es frecuente ver que hay personas que, con el pretexto de que van a consulta, realizan transacciones: cobros, entrega de droga o simplemente, a recabar información si fueron advertidos de algún riesgo o peligro que pueda afectar a la organización", dijo uno de los trabajadores. Un testimonio entregado por escrito a este reportero, expone otros detalles del narcomenudeo en La Raza: "Se informa de los problemas existentes en el Hospital General del Centro Médico La Raza, por la distribución y el consumo de droga entre algunos trabajadores y otras personas ajenas al IMSS que se introducen al hospital para comprar la droga.
"El personal involucrado en la circulación de la droga (básicamente cocaína) (está) a cargo principalmente del servicio de intendencia, aunque no sólo es esta categoría, y trabajan como una red perfectamente organizada, de (tal) forma que no pueden ser exhibidos en sus actividades: mientras unos vigilan y controlan la entrada del área de los vestidores del personal, otros operan la venta adentro. "Estas actividades no son nuevas, sino que vienen sucediendo desde hace alrededor de nueve años, época en que el secretario general seccional en turno, Eduardo Rodríguez López, protegía al personal de intendencia de una manera desmedida, utilizando las amenazas sobre las autoridades para mantener el problema en silencio y así proteger a los trabajadores."
Las autoridades federales han tenido serios problemas para detectar y desactivar a la organización de narcomenudeo que opera en La Raza. La razón: el complejo diseño del hospital, lo cual lo hace ver como un laberinto que tiene accesos por todas partes, amplias conexiones internas, pasillos que comunican con entradas y salidas y, por su puesto, lo bien organizada que está la banda que trafica con estupefacientes. En el Hospital General del Centro Médico La Raza laboran unas 14 mil 500 personas, entre médicos, enfermeras, personal de intendencia, funcionarios y personal menor. A esto se suman los mil empleados sustitutos. Se calcula que todos los días entran y salen unas 50 mil personas, las cuales no son revisadas ni interrogadas, debido a que el nosocomio no tiene personal suficiente para llevar a cabo esa tarea.
Considerado uno de los hospitales más grandes de México, ampliamente conocido por la diversidad de especialidades que ofrece a los derechohabientes, La Raza se compone de varias áreas, entre ellas, consulta externa, especialidades, hospital general, infectología, ginecología, banco de sangre, guardería, ambulancias y tiendas sindicales. Según la PGR, la complejidad de su funcionamiento -aglomeración y desorden-- ha creado las facilidades para las operaciones de narcomenudeo. De acuerdo con las sospechas de las autoridades, muchas de las personas que acuden al hospital pueden formar parte de la red de distribuidores de droga, quienes ingresan sin problemas a las instalaciones o bien accedan con el argumento de que van a realizar algún trámite, un estudio clínico o una consulta de medicina general.
Con base en esas sospechas y alertada del crecimiento de la distribución de drogas, la PGR ordenó a un equipo especial de la AFI llevar a cabo varios cateos y revisiones al interior del hospital durante buena parte del 2005. Al ejecutarse uno de los primeros cateos, la PGR tuvo que introducir al hospital a un comando que hizo revisiones en vestidores, lockers y otras áreas, donde se encontró de todo, hasta droga. Como resultado del operativo, fueron detenidas diez personas -la mayoría empleados del servicio de intendencia-, así como un médico. Durante el cateo los agentes también hallaron medicamentos como fármacos que sólo se venden con receta médica, material de curación, medicamentos, instrumental y equipo propiedad del IMSS que presuntamente había sido sustraído por el personal de la institución.
Testigo de estos hechos, un empleado del IMSS que conoce bien las operaciones del narcotráfico al interior del hospital, dijo: "Finalmente, la mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad, en gran medida, gracias a las presiones del sindicato. Por parte de las autoridades existe temor a involucrarse directamente en el problema; y aunque es conocido por la mayoría del personal, lo cierto es que todos evitan cualquier tipo de enfrentamiento con este grupo de gente. En algunos casos, cuando llega algún trabajador nuevo al servicio de intendencia, se les ha intimidado a fin de mantener el silencio o la complicidad del resto de los trabajadores."
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