La madrugada de ayer, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron por unanimidad la constancia de mayoría que acreditaba a Clara Brugada Molina como candidata del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura delegacional en Iztapalapa, por lo cual la postulación correspondería a Silvia Oliva Fragoso, representante de la corriente Nueva Izquierda. En respuesta, la dirigencia del PRD en el Distrito Federal rechazó a la pretendida nueva abanderada y exigió a la dirigencia nacional de ese partido la intervención para hacerla declinar del nombramiento.
Por la noche, la Comisión Política Nacional perredista emitió un resolutivo en el que exhortó a la aspirante de Nueva Izquierda a renunciar a la candidatura, y anunció que, en caso de que ésta se resistiese, procedería a la suspensión de sus derechos políticos, a efecto de imposibilitar su participación en la contienda electoral del mes próximo.
Independientemente de las decisiones que se tomen en el seno del PRD al respecto, el daño está hecho y es irreversible: la forma en que fue adoptada la resolución de los los magistrados federales –en una sesión de madrugada, a unos cuantos días de la elección, cuando la papelería electoral está impresa, y en desatención de una resolución previa del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que había validado ya el triunfo de Brugada– pone en entredicho su validez de fondo, presenta al máximo órgano de justicia electoral como una instancia parcial, y siembra justificadas sospechas en la opinión pública, en cuya percepción el fallo no obedece a consideraciones legales, sino a un designio del poder político para profundizar la división que prevalece dentro de ese partido, a una intención por enrarecer el ambiente político-electoral con un escándalo de esta naturaleza, o bien a un pago por la obsecuencia que la corriente Nueva Izquierda ha mostrado hacia el grupo que detenta el poder.
No puede pasarse por alto que la resolución del TEPJF tiene dos antecedentes directamente relacionados con el PRD. El primero de ellos es el que el órgano de justicia electoral emitió tras los comicios presidenciales de julio de 2006, cuando se negó a efectuar un recuento total de los votos –como lo demandaba buena parte del electorado y como habría sido sensato y necesario– y decidieron ungir de validez jurídica al referido proceso que, a decir de los magistrados, estuvo plagado de irregularidades graves. Posteriormente, la misma instancia validó –en un fallo que pareció una calca del adoptado en 2006– las elecciones internas del PRD realizadas en marzo de 2008, que estuvieron marcadas por el desaseo –los propios miembros de la sala superior reconocieron diversas causales de nulidad–, para nombrar así al candidato de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, como ganador.
En ambos casos, el TEPJF declinó de su obligación de dotar de certeza a los procesos electorales, ungió de legitimidad a posteriori una serie de irregularidades cometidas en los mismos y generó, con ello, la impresión inexorable de estar tomando partido en vez de impartir justicia. Ahora el organismo vuelve a presentarse como una instancia parcial y contribuye, por añadidura, a viciar de origen un proceso electoral que se encuentra inmerso, cabe recordarlo, en una agresiva campaña de promoción del abstencionismo y de la anulación del sufragio: en ese sentido, es de suponer que, ante el descomunal descrédito tanto del Instituto Federal Electoral como del propio TEPJF, crecerá el descontento de aquellos sectores de la ciudadanía que han dejado de ver la vía electoral como un instrumento para incidir en las decisiones públicas.
La decisión del tribunal electoral deriva, en suma, en consecuencias muy graves para la democracia en el país: con ella, el órgano refrenda su carácter de instancia burocrática onerosa y parcial, que se conduce en función de criterios distintos a los estrictamente legales; abona, asimismo, a la descomposición que experimenta el conjunto de la institucionalidad política –incluyendo, por supuesto, a los partidos–, y profundiza el divorcio entre lo real y lo formal, lo legal y lo legítimo, que vive el país desde hace años.
kikka-roja.blogspot.com/
Por la noche, la Comisión Política Nacional perredista emitió un resolutivo en el que exhortó a la aspirante de Nueva Izquierda a renunciar a la candidatura, y anunció que, en caso de que ésta se resistiese, procedería a la suspensión de sus derechos políticos, a efecto de imposibilitar su participación en la contienda electoral del mes próximo.
Independientemente de las decisiones que se tomen en el seno del PRD al respecto, el daño está hecho y es irreversible: la forma en que fue adoptada la resolución de los los magistrados federales –en una sesión de madrugada, a unos cuantos días de la elección, cuando la papelería electoral está impresa, y en desatención de una resolución previa del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que había validado ya el triunfo de Brugada– pone en entredicho su validez de fondo, presenta al máximo órgano de justicia electoral como una instancia parcial, y siembra justificadas sospechas en la opinión pública, en cuya percepción el fallo no obedece a consideraciones legales, sino a un designio del poder político para profundizar la división que prevalece dentro de ese partido, a una intención por enrarecer el ambiente político-electoral con un escándalo de esta naturaleza, o bien a un pago por la obsecuencia que la corriente Nueva Izquierda ha mostrado hacia el grupo que detenta el poder.
No puede pasarse por alto que la resolución del TEPJF tiene dos antecedentes directamente relacionados con el PRD. El primero de ellos es el que el órgano de justicia electoral emitió tras los comicios presidenciales de julio de 2006, cuando se negó a efectuar un recuento total de los votos –como lo demandaba buena parte del electorado y como habría sido sensato y necesario– y decidieron ungir de validez jurídica al referido proceso que, a decir de los magistrados, estuvo plagado de irregularidades graves. Posteriormente, la misma instancia validó –en un fallo que pareció una calca del adoptado en 2006– las elecciones internas del PRD realizadas en marzo de 2008, que estuvieron marcadas por el desaseo –los propios miembros de la sala superior reconocieron diversas causales de nulidad–, para nombrar así al candidato de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, como ganador.
En ambos casos, el TEPJF declinó de su obligación de dotar de certeza a los procesos electorales, ungió de legitimidad a posteriori una serie de irregularidades cometidas en los mismos y generó, con ello, la impresión inexorable de estar tomando partido en vez de impartir justicia. Ahora el organismo vuelve a presentarse como una instancia parcial y contribuye, por añadidura, a viciar de origen un proceso electoral que se encuentra inmerso, cabe recordarlo, en una agresiva campaña de promoción del abstencionismo y de la anulación del sufragio: en ese sentido, es de suponer que, ante el descomunal descrédito tanto del Instituto Federal Electoral como del propio TEPJF, crecerá el descontento de aquellos sectores de la ciudadanía que han dejado de ver la vía electoral como un instrumento para incidir en las decisiones públicas.
La decisión del tribunal electoral deriva, en suma, en consecuencias muy graves para la democracia en el país: con ella, el órgano refrenda su carácter de instancia burocrática onerosa y parcial, que se conduce en función de criterios distintos a los estrictamente legales; abona, asimismo, a la descomposición que experimenta el conjunto de la institucionalidad política –incluyendo, por supuesto, a los partidos–, y profundiza el divorcio entre lo real y lo formal, lo legal y lo legítimo, que vive el país desde hace años.
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