Raymundo Riva Palacio
Crimen en Hermosillo
Viernes, 12 de Junio de 2009
La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo metió en crisis a un hombre inteligente y preparado, Daniel Karam, director del Seguro Social. La muerte de decenas de menores lo hizo verse torpe y contradictorio, en un principio como si quisiera tapar la realidad intrínseca de su institución y encubrir a los responsables. Karam le ha dado muchas vueltas al asunto sin necesidad. Él, que asumió la dirección del IMSS hace 99 días, no es responsable de una tragedia que se venía construyendo hace años, pero si no actúa de inmediato, podrá ser considerado un accesorio del delito.
Karam sólo tiene que seguir el manual de operación que tiene en su oficina, revisar con lista las omisiones y los aciertos y, como paso inicial, proceder contra los responsables inmediatos. El manual es una norma dada a conocer en septiembre de 1999, que va acompañada por las disposiciones para el funcionamiento de guarderías, firmada en febrero de 2004, por Evelyn Rodríguez, en ese entonces directora de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social. De acuerdo con esos documentos, la Guardería ABC violó ocho de las 11 normas de seguridad e higiene que establece la norma.
Sobre los responsables, Karam tampoco tiene problema en identificar a los primeros, dado que en la misma norma lo aclara. Bajo ese criterio preciso, los responsables inmediatos son el delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga –a quien separó del cargo este miércoles-, la subdelegada del Instituto en la plaza, Guadalupe Morales, la coordinadora regional de Guarderías, Yadira Barrera, y sus jefes, Sergio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Carla Rochín, coordinadora de Guarderías del estado. No ha lugar para que Karam eluda esa responsabilidad y demore las acciones punitivas en su contra o pida a la autoridad competente su intervención. Sin embargo, ahí no pueden parar las cosas. Hay otros responsables directos, que no entran en la jurisdicción de Karam sino de la autoridad correspondiente.
En materia jurídica, con respecto a funcionarios públicos, ahí está el punto de arranque, aunque siguen abiertas preguntas que tienen que responderse. Una que es clave tiene que ver con el proceso de asignación de guarderías. De acuerdo con la norma, la asignación de guarderías corresponde al presidente municipal en turno. En el caso específico de la guardería ABC, quien autorizó la guardería en 2001 sin que cumpliera los requisitos fundamentales de la norma, fue Francisco Búrquez, alcalde de Hermosillo en ese año.
En materia política, la guardería ABC, que es una de las 77 privadas que existen en Sonora, no es una guardería ordinaria, por la estructura de propiedad peculiar que tiene. Sus dueños están relacionados con las estructuras de poder estatal, del gobierno de Eduardo Bours y del PRI, tiene ramificaciones hacia el sector duro del PAN, y hasta existe un parentesco lejano de una dueña de la empresa con la primera dama Margarita Zavala. La mezcla, ciertamente, es explosiva y obliga a Karam a que la investigación sobre el siniestro sea aún más escrupulosa, puntual, abierta y decidida.
No puede, como hasta ahora, seguir eludiendo entrar al fondo del problema. Cesó a Leyva Lizárraga al frente de la delegación, pero no lo puso a disposición de las autoridades. No ha mencionado en absoluto a Salazar, que pertenece al ala radical del PAN y que es una herencia de la anterior administración, ni a Rochín, una ex diputada del PAN muy cercana al ex director del IMSS, Juan Molinar, quien fue quien la nombró, después de haber sido su compañera de legislatura y su subalterna en el equipo de transición del presidente Felipe Calderón. Los nombres de Molinar y Rochín, por alguna razón, no aparecen en el horizonte de la tragedia, pese a tener, responsabilidad directa en un caso, y en el otro, la necesidad de una explicación pública sobre su responsabilidad en designar a personas que no parecen tener, vistos los resultados, la capacidad profesional para los cargos en que fueron nombrados.
Karam necesita dar explicaciones claras y mostrar acciones contundentes, porque la cadena de violaciones a la norma por parte de la guardería ABC y el incumplimiento de los funcionarios del Seguro Social para supervisar y aplicar la norma, acompañada por las relaciones políticas de las propietarias, abren justificadamente las hipótesis de que en ese negocio campeaba la corrupción. Karam no necesita que se le coloque una sombra de sospecha sobre sus espaldas en el arranque de su administración. Tiene que deslindar las responsabilidades y aportar la información y documentación necesaria que determine si, en efecto, las viejas prácticas oscuras fueron el origen de la tragedia, o si se trató de un acto de negligencia, lo que no reduce la gravedad.
No es un tema fácil. Aun si no hay nada irregular que permita suponer colusión, hay 44 muertes que reclaman justicia, y que su crimen no quede sin castigo. Jurídicamente hablando, hay en la tragedia de Hermosillo un homicidio culposo. Las dueñas de la guardería ABC violaron la norma, y los responsables de supervisarla y aplicarla no cumplieron con su trabajo. Así de claro. Karam tiene una decisión que no pareciera tan complicada aunque sí compleja por el perfil de personalidades que se cruzan en el camino. Tiene que actuar no sólo contra su gente, sino contra una panista protegida por el secretario de Comunicaciones, contra empresarios poderosos, contra familiares políticos de la primera dama y del propio gobernador de Sonora. Pero este mismo contexto le debería dar un espacio de gran fortaleza, si estamos hablando en serio. Dicen que la justicia es ciega y su reloj no opera de acuerdo con el calendario electoral. Llegó el momento de demostrarlo.
Karam sólo tiene que seguir el manual de operación que tiene en su oficina, revisar con lista las omisiones y los aciertos y, como paso inicial, proceder contra los responsables inmediatos. El manual es una norma dada a conocer en septiembre de 1999, que va acompañada por las disposiciones para el funcionamiento de guarderías, firmada en febrero de 2004, por Evelyn Rodríguez, en ese entonces directora de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social. De acuerdo con esos documentos, la Guardería ABC violó ocho de las 11 normas de seguridad e higiene que establece la norma.
Sobre los responsables, Karam tampoco tiene problema en identificar a los primeros, dado que en la misma norma lo aclara. Bajo ese criterio preciso, los responsables inmediatos son el delegado del IMSS en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga –a quien separó del cargo este miércoles-, la subdelegada del Instituto en la plaza, Guadalupe Morales, la coordinadora regional de Guarderías, Yadira Barrera, y sus jefes, Sergio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Carla Rochín, coordinadora de Guarderías del estado. No ha lugar para que Karam eluda esa responsabilidad y demore las acciones punitivas en su contra o pida a la autoridad competente su intervención. Sin embargo, ahí no pueden parar las cosas. Hay otros responsables directos, que no entran en la jurisdicción de Karam sino de la autoridad correspondiente.
En materia jurídica, con respecto a funcionarios públicos, ahí está el punto de arranque, aunque siguen abiertas preguntas que tienen que responderse. Una que es clave tiene que ver con el proceso de asignación de guarderías. De acuerdo con la norma, la asignación de guarderías corresponde al presidente municipal en turno. En el caso específico de la guardería ABC, quien autorizó la guardería en 2001 sin que cumpliera los requisitos fundamentales de la norma, fue Francisco Búrquez, alcalde de Hermosillo en ese año.
En materia política, la guardería ABC, que es una de las 77 privadas que existen en Sonora, no es una guardería ordinaria, por la estructura de propiedad peculiar que tiene. Sus dueños están relacionados con las estructuras de poder estatal, del gobierno de Eduardo Bours y del PRI, tiene ramificaciones hacia el sector duro del PAN, y hasta existe un parentesco lejano de una dueña de la empresa con la primera dama Margarita Zavala. La mezcla, ciertamente, es explosiva y obliga a Karam a que la investigación sobre el siniestro sea aún más escrupulosa, puntual, abierta y decidida.
No puede, como hasta ahora, seguir eludiendo entrar al fondo del problema. Cesó a Leyva Lizárraga al frente de la delegación, pero no lo puso a disposición de las autoridades. No ha mencionado en absoluto a Salazar, que pertenece al ala radical del PAN y que es una herencia de la anterior administración, ni a Rochín, una ex diputada del PAN muy cercana al ex director del IMSS, Juan Molinar, quien fue quien la nombró, después de haber sido su compañera de legislatura y su subalterna en el equipo de transición del presidente Felipe Calderón. Los nombres de Molinar y Rochín, por alguna razón, no aparecen en el horizonte de la tragedia, pese a tener, responsabilidad directa en un caso, y en el otro, la necesidad de una explicación pública sobre su responsabilidad en designar a personas que no parecen tener, vistos los resultados, la capacidad profesional para los cargos en que fueron nombrados.
Karam necesita dar explicaciones claras y mostrar acciones contundentes, porque la cadena de violaciones a la norma por parte de la guardería ABC y el incumplimiento de los funcionarios del Seguro Social para supervisar y aplicar la norma, acompañada por las relaciones políticas de las propietarias, abren justificadamente las hipótesis de que en ese negocio campeaba la corrupción. Karam no necesita que se le coloque una sombra de sospecha sobre sus espaldas en el arranque de su administración. Tiene que deslindar las responsabilidades y aportar la información y documentación necesaria que determine si, en efecto, las viejas prácticas oscuras fueron el origen de la tragedia, o si se trató de un acto de negligencia, lo que no reduce la gravedad.
No es un tema fácil. Aun si no hay nada irregular que permita suponer colusión, hay 44 muertes que reclaman justicia, y que su crimen no quede sin castigo. Jurídicamente hablando, hay en la tragedia de Hermosillo un homicidio culposo. Las dueñas de la guardería ABC violaron la norma, y los responsables de supervisarla y aplicarla no cumplieron con su trabajo. Así de claro. Karam tiene una decisión que no pareciera tan complicada aunque sí compleja por el perfil de personalidades que se cruzan en el camino. Tiene que actuar no sólo contra su gente, sino contra una panista protegida por el secretario de Comunicaciones, contra empresarios poderosos, contra familiares políticos de la primera dama y del propio gobernador de Sonora. Pero este mismo contexto le debería dar un espacio de gran fortaleza, si estamos hablando en serio. Dicen que la justicia es ciega y su reloj no opera de acuerdo con el calendario electoral. Llegó el momento de demostrarlo.
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