Irreprochable Fox
Miguel Ángel Granados Chapa
23 Oct. 09
Además de intervenir en la contienda presidencial de 2006, el primer Presidente panista tiene otros procederes reprochables
Se tuvo conciencia temprana de los desaciertos, errores y aun comportamientos ilícitos del presidente Fox en los diversos terrenos de la vida pública nacional. La discordia civil que prevalece se originó en conductas irresponsables y aun reprochables legalmente del primer Presidente panista del país: su persecución contra Andrés Manuel López Obrador hasta lograr su desafuero, y después su descarada intervención en los comicios de 2006 para que su partido continuara en el poder e impedir que ascendiera a él específicamente el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. De su persistencia en ese propósito, y de su éxito final se ufanó él mismo sin embozo ni vergüenza. Pero el Tribunal Electoral Federal lo exoneró.
Otro campo en que obró con irresponsabilidad fue el de las movilizaciones y la represión que tuvieron lugar en Oaxaca en el último semestre de su gobierno, que ha sido materia de la investigación constitucional realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluida el miércoles de la semana pasada. No obstante que en la indagación misma, realizada por dos magistrados, y en la discusión en torno al dictamen ocurrida en el pleno de ese tribunal se encuentran omisiones y acciones atribuibles, y atribuidas por algunos ministros, Fox quedó exonerado de cualquier responsabilidad. Ni siquiera se le imputó alguna con atenuaciones.
Fox fue omiso en diversos órdenes frente a la situación oaxaqueña. Se hizo el desentendido desde el origen mismo del conflicto social, iniciado como protesta salarial del magisterio agrupado en la Sección 22 del SNTE, como si el asunto no concerniera a su gobierno sino fuera sólo del resorte del encabezado por Ulises Ruiz. En la descentralización o federalización, como se quiera llamar o entender el fenómeno de redistribución de facultades en materia educativa, las negociaciones con el sindicato y el monto de las remuneraciones son competencia federal (si bien se complementan en los estados, pero sólo de modo subsidiario). Por lo tanto, abstenerse de decir una palabra y de actuar cuando en mayo de 2006 los maestros oaxaqueños formularon la demanda que luego evolucionó a protesta y movilización social fue una omisión irresponsable del Ejecutivo federal.
Algo semejante ocurrió en materia de seguridad pública entre junio y octubre de aquel año. El gobernador Ruiz, su Congreso y cientos de particulares demandaron el uso de la fuerza federal para atajar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y Fox socarronamente sujetó su intervención a un cálculo político. No le importó la suerte de Ruiz, cuya dimisión era insistentemente demandada por un amplio sector de la población porque durante algunos meses el gobernador era su adversario político. El oaxaqueño fue, en efecto, lugarteniente de Roberto Madrazo y en ese carácter contendiente franco y directo en la disputa electoral. Cuanto ocurriera a Ruiz tenía sin cuidado a Fox, hasta que los resultados de julio de 2006 pusieron al gobernador en condiciones de chantajear al Presidente: si no recibía su auxilio, él podría tal vez reconocer la victoria de López Obrador y aun protegerlo en su territorio. Entonces la relación entre Fox y Ruiz se transformó y menudearon las expresiones y los actos federales a favor del Ejecutivo local, hasta culminar con el envío de la Policía Federal Preventiva a fines de octubre. Durante el mes siguiente hubo solidaridad abierta y plena de la Federación hacia el gobierno de Oaxaca hasta el punto de la violación de la ley al ser deportados -no hay otra palabra para denominar el hecho de remitir a centenar y medio de personas, ilegalmente detenidas- a un penal federal siendo que se les acusaba de delitos del fuero común.
Desde diversos ángulos, los ministros señalaron responsabilidades por omisiones del gobierno federal. Por ejemplo, José Ramón Cossío dijo que "la violación grave de garantías del pueblo oaxaqueño se derivó no de un ambiente proclive para ello, sino de la evidente desestimación de las responsabilidades constitucionales del gobierno federal para auxiliar a una de las entidades de nuestro pacto federal". Habló de "conductas omisivas claramente determinables y atribuibles a las autoridades de la Federación". Pero se resistió a imputarles acciones y no sólo omisión a sus deberes.
Si bien el ministro Cossío se refirió a hechos ocurridos en noviembre, tras la redada del 25 de ese mes, como fue el "traslado de 147 personas que fueron golpeadas" y llevadas fuera de Oaxaca "sin proporcionarles líquidos ni alimentos y sin permitirles los servicios sanitarios". Y si bien se refirió al "fallecimiento de Alberto José López Bernal por disparo de proyectil de gas comprimido que penetró en el tórax, produciendo fracturas y lesionando el corazón y el pulmón izquierdo con hemorragia abundante", él mismo incurrió en la contradicción que reprocha al dictamen preparado por el ministro Mariano Azuela. Éste en efecto exonera a funcionarios federales, Fox a la cabeza porque la violación a las garantías "no fue producida por ellos de manera directa, ni tampoco incurrieron en la omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseables". Cossío, por su parte, dejó fuera de la historia al intenso noviembre oaxaqueño al admitir que las omisiones federales, las de Fox, cesaron en octubre, cuando se atendió el llamado local con la presencia de la Policía Federal Preventiva. Las subsiguientes y funestas acciones federales no constituyeron materia de reproche.
Otro campo en que obró con irresponsabilidad fue el de las movilizaciones y la represión que tuvieron lugar en Oaxaca en el último semestre de su gobierno, que ha sido materia de la investigación constitucional realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluida el miércoles de la semana pasada. No obstante que en la indagación misma, realizada por dos magistrados, y en la discusión en torno al dictamen ocurrida en el pleno de ese tribunal se encuentran omisiones y acciones atribuibles, y atribuidas por algunos ministros, Fox quedó exonerado de cualquier responsabilidad. Ni siquiera se le imputó alguna con atenuaciones.
Fox fue omiso en diversos órdenes frente a la situación oaxaqueña. Se hizo el desentendido desde el origen mismo del conflicto social, iniciado como protesta salarial del magisterio agrupado en la Sección 22 del SNTE, como si el asunto no concerniera a su gobierno sino fuera sólo del resorte del encabezado por Ulises Ruiz. En la descentralización o federalización, como se quiera llamar o entender el fenómeno de redistribución de facultades en materia educativa, las negociaciones con el sindicato y el monto de las remuneraciones son competencia federal (si bien se complementan en los estados, pero sólo de modo subsidiario). Por lo tanto, abstenerse de decir una palabra y de actuar cuando en mayo de 2006 los maestros oaxaqueños formularon la demanda que luego evolucionó a protesta y movilización social fue una omisión irresponsable del Ejecutivo federal.
Algo semejante ocurrió en materia de seguridad pública entre junio y octubre de aquel año. El gobernador Ruiz, su Congreso y cientos de particulares demandaron el uso de la fuerza federal para atajar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y Fox socarronamente sujetó su intervención a un cálculo político. No le importó la suerte de Ruiz, cuya dimisión era insistentemente demandada por un amplio sector de la población porque durante algunos meses el gobernador era su adversario político. El oaxaqueño fue, en efecto, lugarteniente de Roberto Madrazo y en ese carácter contendiente franco y directo en la disputa electoral. Cuanto ocurriera a Ruiz tenía sin cuidado a Fox, hasta que los resultados de julio de 2006 pusieron al gobernador en condiciones de chantajear al Presidente: si no recibía su auxilio, él podría tal vez reconocer la victoria de López Obrador y aun protegerlo en su territorio. Entonces la relación entre Fox y Ruiz se transformó y menudearon las expresiones y los actos federales a favor del Ejecutivo local, hasta culminar con el envío de la Policía Federal Preventiva a fines de octubre. Durante el mes siguiente hubo solidaridad abierta y plena de la Federación hacia el gobierno de Oaxaca hasta el punto de la violación de la ley al ser deportados -no hay otra palabra para denominar el hecho de remitir a centenar y medio de personas, ilegalmente detenidas- a un penal federal siendo que se les acusaba de delitos del fuero común.
Desde diversos ángulos, los ministros señalaron responsabilidades por omisiones del gobierno federal. Por ejemplo, José Ramón Cossío dijo que "la violación grave de garantías del pueblo oaxaqueño se derivó no de un ambiente proclive para ello, sino de la evidente desestimación de las responsabilidades constitucionales del gobierno federal para auxiliar a una de las entidades de nuestro pacto federal". Habló de "conductas omisivas claramente determinables y atribuibles a las autoridades de la Federación". Pero se resistió a imputarles acciones y no sólo omisión a sus deberes.
Si bien el ministro Cossío se refirió a hechos ocurridos en noviembre, tras la redada del 25 de ese mes, como fue el "traslado de 147 personas que fueron golpeadas" y llevadas fuera de Oaxaca "sin proporcionarles líquidos ni alimentos y sin permitirles los servicios sanitarios". Y si bien se refirió al "fallecimiento de Alberto José López Bernal por disparo de proyectil de gas comprimido que penetró en el tórax, produciendo fracturas y lesionando el corazón y el pulmón izquierdo con hemorragia abundante", él mismo incurrió en la contradicción que reprocha al dictamen preparado por el ministro Mariano Azuela. Éste en efecto exonera a funcionarios federales, Fox a la cabeza porque la violación a las garantías "no fue producida por ellos de manera directa, ni tampoco incurrieron en la omisión absoluta, sino que se trató de resultados indeseables". Cossío, por su parte, dejó fuera de la historia al intenso noviembre oaxaqueño al admitir que las omisiones federales, las de Fox, cesaron en octubre, cuando se atendió el llamado local con la presencia de la Policía Federal Preventiva. Las subsiguientes y funestas acciones federales no constituyeron materia de reproche.
miguelangel@granadoschapa.com
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