Carlos Fazio
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una operación barrido destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
Fue un crimen de Estado. Las ejecuciones sumarias extrajudiciales de los estudiantes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron sendos crímenes de Estado que involucran, por acción y omisión, a los gobiernos estatal y federal. Pese a las evidencias periciales, testimoniales, gráficas y fílmicas que involucran a varios agentes estatales, a 42 días del uso desproporcionado de la fuerza pública en la Autopista del Sol, seguido de tratos crueles y tortura contra otros estudiantes, los criminales siguen impunes.
Desde un principio, la falta de cooperación de las autoridades fue evidente. Actuaron con dolo y de manera conspirativa. Ratificando su vocación represiva, autoritaria y criminal, procedieron al margen de los protocolos antimotines correspondientes y con total desprecio por los derechos humanos. Funcionarios de primer nivel del gobierno de Guerrero y de la Policía Federal mintieron de manera deliberada para distorsionar, enredar y ocultar los hechos. Las autoridades alteraron la escena del crimen y mediante una operación barrido destruyeron y/o desaparecieron pruebas y evidencias para encubrir a los responsables materiales e intelectuales de la violenta acción represiva.
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