Confien en que la información que nos dá el monero Rapé es verídica, confíen en su editorial, no se equivocan para nada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡ULISES RUIZ YA LARGATE AL AVERNO HIJO DE PUTA! MALDITO PERIODICO EL UNIVERSAL, TAN PRIANISTA QUE APESTA, GATO DE TELEVISA, NOMÁS PORQUE NO HAY OTRO PERIODICO.
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Tras la balacera en el municipio de Santa Lucía se reportan seis personas heridas; en la capital del estado se siguen escuchando disparos de arma de fuego
Jorge Octavio Ochoa y Alejandro Torres/enviados
El Universal Oaxaca, Oax.
Viernes 27 de octubre de 2006
La víctima fue identificada como Bradley Wheyler, camarógrafo de la empresa Indymedia, que respalda la lucha del movimiento sindical, aseguraron integrantes de la APPO, a través de un reporte radiofónico. Tras la balacera en Santa Lucía, municipio de Oaxaca, se reportan seis personas heridas. Dos de los lesionados fueron identificados como Juan Carlos López, herido en el costado derecho, y René Ramírez Sánchez, en la pierna derecha. En tanto, siguen los tiroteos en la capital. Martín Olivera Ortiz, vecino de la colonia La Experimental, atrás de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue herido de bala en la parte alta del muslo izquierdo en la calle Allende, durante un enfrentamiento con personas antagónicas a la APPO que intentaron desalojar las barricadas y los campamentos. Alrededor de las 18:00 horas simpatizantes de la APPO se reagrupan detrás de la Procuraduría y se arman con palos, piedras y tubos. Minutos antes llegaron jóvenes transportando en cajas de refresco botellas con gasolina para ser usadas como bombas molotov. Mientras tanto, ambos bandos hacen llamados a sus respectivos simpatizantes para detener una eventual confrontación. A través de radio Universidad, en poder de la APPO y el magisterio, se ha llamado a la gente para quitarse de las barricadas y protegerse de los disparos. 18:18 Un reportero gráfico, al parecer extranjero, murió como resultado de un balazo que recibió durante uno de los tiroteos registrados hoy en el municipio de Santa Lucía del Camino, en la comunidad de Calicante.
De La Jornada
Represión policial y paramilitar en Oaxaca; tres muertos y 23 heridos Alerta máxima en la APPO; esperan hoy operativo de gran calado para disolver el movimiento. En el ataque contra barricadas arremeten contra periodistas; lesionan a reportero gráfico
ENRIQUE MENDEZ Y BLANCHE PETRICH ENVIADOS
Bradley Roland Will, camarógrafo independiente de Indymedia, cayó en Oaxaca, abatido por dos balazos en el abdomen Foto Francisco Olvera Oaxaca, Oax., 27 de octubre. En cinco acciones simultáneas, las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron esta tarde a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en acciones donde resultaron muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Will -quien recibió dos impactos de R-15-, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteba Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. Cinco de los lesionados estaban en el bloqueo en la colonia La Experimental, 13 en Santa María Coyotepec y cinco en Cal y Canto. El fotógrafo Oswaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda, que no requirió de atención médica. Inclusive, los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso. Una profesora fue gravemente herida, pero hasta el cierre de esta edición no se conocía su identidad. Después de las 21:00 horas se informó que en Santa María Coyotepec fueron detenidos 20 profesores, de los cuales 13 estaban heridos de bala y fueron hacinados en la cárcel municipal. La jornada de violencia en la capital del estado y sus municipios conurbados fue el preludio de una incursión policiaca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, que se preparaba a "recuperar" la ciudad en las primeras horas de este sábado, y en momentos en que se cumplía el plazo definido por la APPO para que el gobernador presentara su licencia al cargo. La APPO declaró la alerta máxima, pues tiene informes de que la policía del estado prepara un operativo "de gran calado" para disolver el movimiento. Esta noche, además, la policía finalmente rompió el plantón permanente en la casa de gobierno y las oficinas de la policía estatal, en Santa María Coyotepec, donde después de desalojar a los profesores y simpatizantes de la APPO incendiaron vehículos y persiguieron a los plantonistas en el monte. La dirigencia del movimiento ciudadano reportó la desaparición de al menos 50 profesores que mantenían el bloqueo en las oficinas donde despachaba Ruiz Ortiz, y responsabilizó de la agresión armada a Elpidio Concha Arellano, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y ex diputado federal, y a los alcaldes de Santa Lucía del Camino, Manuel Martínez, y de Santa María, Jorge Pablo. El pasado 16 de octubre, Concha Arellano dio a conocer un documento en el que los sectores priístas advertían que su partido llevaría a cabo "las acciones necesarias para restablecer el orden, el estado de derecho y la paz social" en la entidad, y que si el gobierno federal no aplicaba la ley de manera "implacable a los desmanes y vandalismos, nosotros mismos vamos a dar la solución al problema". Ante la gravedad de los hechos, el movimiento social determinó reforzar las barricadas, sobre todo porque se confirmó que el operativo también abarcaría una incursión en el centro hstórico, así como detenciones de dirigentes por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que envió un avión con 100 agentes que están acantonados en el hangar de gobierno. Durante dos horas, desde las 5 de la tarde, la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión sin precedentes, y en todo momento, desde Radio Universidad -la única estación que informó de las agresiones- se dio cuenta del operativo para acabar con el movimiento que exige la salida de Ruiz Ortiz.
Estaba a media calle, registrando imágenes de la violencia
Oaxaca, Oax., 27 de octubre. Cuando ingresó al anfiteatro adscrito a la Cruz Roja lo registraron como "NN", a pesar de que entre sus pertenencias tenía dos identificaciones: una como corresponsal acreditado de la agencia Indymedia y otra como integrante de la ONG humanitaria Asociación de Asesores de Derechos Humanos. Bradley Roland Will, neoyorquino, periodista con compromiso, alrededor de 35 años, permaneció solo durante tres horas sobre la plancha de una morgue que no sabe de respeto a la dignidad humana, donde en los anaqueles se apilan desde hace semanas una treintena de cuerpos que en vida tuvieron una historia. A Brad le dejaron en la muñecasu pulsera tejida. Nada más. A sus compañeros y colegas los enviaron a otros hospitales, por lo que tuvieron que hacer un complicado recorrido antes de llegar al sitio donde yacía su amigo. Algunos de ellos contactaron al cónsul estadunidense Mark Leyes, pero este se negó a asistirlos en el trámite judicial para el reconocimiento de su compatriota y el inicio de la averiguación previa. Bradley Will cayó en el ataque paramilitar en la barricada de Santa Lucía del Camino, cerca de las seis de la tarde. Minutos después también caía muerto, herido de bala, el maestro Emiliano Alonso Fabián, en el bloqueo de la colonia La Experimental, frente a la procuraduría estatal. "RVG", otro representante de la AMADH, prefiere ser identificado sólo por sus siglas. Con él pasó Brad sus últimas horas, registrando el minuto a minuto de esta violenta jornada. "Empezamos recorriendo barricadas desde temprano. Estábamos en el parque del Amor, por el Periférico, cuando acordamos que sería bueno rentar una moto para movernos rápidamente. Fuimos por la moto y de ahí partimos a Radio Universidad, poco después del mediodía. Entrevistamos ahí a los locutores, hicimos tomas de los estragos del atentado en la Facultad de Derecho y después nos fuimos al bloqueo de Santa Lucía. Circulaban versiones de que se acercaba a ese punto un grupo de paramilitares. Cuando empezó la balacera quiso acercarse lo más posible. Había un coche quemado y un autobús cruzados en la calle para cerrar el paso. Vino una segunda ráfaga. Una de esas balas le tocó a él". Brad tenía casi dos meses trabajando en Oaxaca. Usaba una cámara de video Sony profesional que hasta el momento no ha "aparecido". Quizá en el aparato esté el registro exacto de lo que sucedió. A él le interesaba documentar el lado humano de esta historia de rebeldía. Cada noche, con dos colegas más, recorría las barricadas, compartía las horas y la desvelada y hacía largas entrevistas con los muchos personajes anónimos de este movimiento. Bradley Will ha dejado un rico acervo visual y testimonial de estas horas cruciales de la historia de Oaxaca. En la agencia tres del Ministerio Público, adscrita a la Cruz Roja, se abrió la averiguación previa 1247 sobre la muerte del periodista neoyorquino. Una de las primeras declaraciones ministeriales que constan en el expediente es la de un médico que pasaba por el lugar, quien atendió al caído e intentó trasladarlo a un hospital de emergencias en su viejo Volkswagen.
Blanche Petrich y Enrique Méndez, enviados
Evalúa la SG ley de reconciliación para Oaxaca
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La violencia se agravó en Oaxaca este viernes. Los choques dejaron tres muertos Foto Ap Respecto de las exigencias de que se cancelen las órdenes de aprehensión contra involucrados en las movilizaciones sociales en Oaxaca, fuentes gubernamentales revelaron que, para que eso sea factible, en la Secretaría de Gobernación (SG) se ha planteado la necesidad de elaborar una "ley de reconciliación" que deje sin efecto los mandamientos judiciales ya otorgados a la Procuraduría General de la República (PGR). Funcionarios entrevistados indicaron a La Jornada que, sin embargo, en las reuniones de trabajo que han sostenido integrantes del área de seguridad nacional en días recientes, se ha estimado la posibilidad de que las averiguaciones en curso contra integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sean declaradas con un no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con las versiones obtenidas, el Poder Ejecutivo federal no se de-sistirá de los ejercicios de la acción penal contra al menos 10 integrantes de la APPO y de la sección 22 del SNTE, pues los ilícitos que hasta el momento se les han acreditado tienen que ver con delitos considerados no graves, por lo que podrán obtener su libertad pagando cauciones de poco monto. Según la información obtenida, que coincide con las declaraciones del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández -luego de su comparecencia ante diputados el martes pasado-, los delitos que se imputan a los manifestantes son daños en propiedad federal, ataques a las vías generales de comunicación y daños a inmuebles de valor histórico. Hasta el momento el Ministerio Público Federal ha iniciado 56 averiguaciones previas, 29 de ellas ya han sido declaradas con un no ejercicio de la acción penal (al no encontrar elementos de prueba suficientes para la acreditación de los delitos); 21 están en integración y seis más ya han sido consignadas ante jueces federales con sede en Oaxaca. Respecto de los mandamientos judiciales y para evitar acciones legales del próximo gobierno federal, la propuesta que se ha analizado es la elaboración de un decreto presidencial que cancele las órdenes o el establecimiento de una "ley de conciliación" avalada por el Poder Legislativo, como ocurrió con el caso Chiapas.
FABIOLA MARTINEZ El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, exigió al mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, esclarecer de inmediato los hechos violentos ocurridos ayer "y castigar a los responsables con todo el rigor de la ley", porque éstos "no pueden quedar impunes". A la medianoche, de manera urgente, fue convocado en Los Pinos el gabinete de seguridad pública, debido a los acontecimientos, cuyo saldo preliminar es de tres muertos y más de una veintena de heridos. De manera paralela, como oferta para avanzar en la distensión en la entidad y asegurar el pronto regreso a clases, el funcionario aceptó prácticamente todas las peticiones y condiciones expuestas por el magisterio, incluida la liberación de los presos (el próximo lunes) y la cancelación de las órdenes de aprehensión derivadas de los casi 160 días de conflicto. También invitó a la comisión negociadora de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a regresar este sábado a la mesa de negociación para conformar una comisión política en la que pudiera definirse -como propuso la asamblea- el inmediato envío de un subsecretario federal para que tome el mando de las policías municipales y estatal. De igual forma, en esta instancia se evaluarían las alternativas para seguir impulsando la salida del mandatario. Con ello, según las previsiones oficiales, y con la aceptación de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se busca el regreso paulatino a las aulas a partir del próximo lunes, tras la firma de la minuta correspondiente, cuyo sustento gira también en torno a brindar seguridad a los profesores que regresen a las escuelas, ante la posesión de múltiples planteles "en manos de gente de Ruiz, priístas, autoridades municipales y de (Elba Esther) Gordillo", presidenta del SNTE.
BLANCHE PETRICH Y ENRIQUE MENDEZ ENVIADOS 
Oaxaca, Oax., 27 de octubre. Después de décadas de luchas, fracasos y acumulación de experiencia, el movimiento popular de Oaxaca "ahora sí puede decir: tenemos la oportunidad de erradicar definitivamente a los caciques de Oaxaca. Esta puede ser la última gran batalla contra este sistema autoritario". Lo dice un líder que conoce bien eso de las décadas de luchas y fracasos, de golpes y cárcel, el zapoteco de Yalálag Joel Aquino, dirigente de la organización Uken ke uken, que significa "hacer posible lo imposible". Con la capital del estado bloqueada por las barricadas, desvelada por balaceras aisladas y bajo amenaza de un inminente golpe de represión, Aquino sostiene que éste "es el momento más crucial que ha vivido Oaxaca"; una coyuntura que "resume una gran toma de conciencia en todos los niveles sociales y en todas las regiones sobre la persistencia de un sistema caciquil que contradice todos los valores que se supone representan la democracia". Reconoce el riesgo. "Ya empezaron a actuar los sicarios de siempre. Los indígenas sabemos bien interpretar estas señales. Cuando la resistencia se hace presente ya es cuestión de días para que veamos a los líderes ahí, tirados en la calle. Esta ha sido nuestra historia." Aquino lo sabe porque lo escuchó personalmente, casi de manera accidental, en un hotel del centro. El dueño del establecimiento, Luis Pérez Mariscal, estaba reunido con un grupo de hacendados conocidos por sus posiciones en favor de una solución violenta. Discutían los problemas que está teniendo en estos momentos el gobernador para echar a andar el tan anunciado golpe de fuerza contra la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y el magisterio. Y decían: "Hombre, que él no se preocupe, si tiene las manos atadas. Que nos lo deje a nosotros. Que nos dé 150 millones y nosotros le limpiamos el centro".
Pese al peligro de que esta crisis desemboque en un baño de sangre, entiende que ésta es una "coyuntura única", ya que la confluencia de muchas fuerzas y sectores en un objetivo común -la caída del gobernador- ofrece "la posibilidad real de construir de manera colectiva una propuesta de nuevo gobierno donde la gente humilde, sobre todo la indígena, sea respetada". Aquino hace notar que aunque el foco visible del movimiento antiautoritario está en la ciudad capital y gira en torno al eje APPO-sección 22, en las comunidades indígenas de la sierras Norte y Sur, en la Mixe y la Mazateca y en la Cuenca y los Valles Centrales hay una reserva de la resistencia que está actuando en la misma dirección desde sus regiones. Son muchos los ejemplos pero elige hablar del de su propio pueblo, Yalálag, siempre inconforme, siempre confrontado con la autoridad priísta hasta que, con el costo de muchos muertos y presos, ha logrado imponer un gobierno de coalición donde se respeta la autonomía y los valores comunitarios. De Yalálag y pueblos conlindantes bajaron en marcha, apenas hace dos días, los zapotecos serranos. Llegaron marchando directamente al kiosco del zócalo, donde opera una especie de mando central de la APPO. Al frente marchaba Eulalia Sánchez, con sus 90 años bien puestos, y se dirigió al mitin en zapoteco. "Hizo un deslinde indispensable -cuenta Aquino- ya que, días antes, un grupo de autoridades menores de las comunidades de la Sierra Norte habían firmado un desplegado de respaldo a Ulises Ruiz. Por eso bajaron de la sierra. Por dignidad." De modo que Eulalia dejó bien claro que "nunca jamás" los serranos apoyarían a Ruiz Ortiz y pidió a los maestros "tener el valor de no retroceder y no cejar hasta que caiga".
Las organizaciones de la sierra, como muchas, no forman parte de la APPO. Pero a diferencia del pasado, explica el líder yalalteco, las resistencias "ahora sí estamos coordinadas, articuladas aunque cada una con sus modos propios, su autonomía". Así, el aislamiento de las luchas de antes ha quedado superado. Ahora lo que le pasa a algún pueblo atañe a todos. Y este ha sido el gran salto cualitativo en Oaxaca. "Por eso en la sierra aguantan los maestros días y días sin salario, con pura tortilla y sal." Pero otra cosa ha cambiado y es la "calidad" de los caciques. "Sabemos que desde tiempos de José Murat, pero sobre todo ahora con Ulises Ruiz, éste ya no es un cacicazgo a la antigua sino un cacicazgo delincuencial. Se han ligado con el crimen organizado, se han constituido en mafias." Aquino caracteriza a Ulises como un hombre "de poco entendimiento pero gran virulencia", y recuerda que llegó al gobierno con una marca de sangre. Sólo durante su campaña se produjeron dos asesinatos de líderes con el típico modus operandi de los caciques. El primero fue el del líder del Frente Huautleco Serafín García, en la Sierra Mazateca. Fue un ensayo para demostrar la capacidad de control de Elpidio Concha Altamirano, a quien llaman el "jefe paramilitar" de Ruiz Ortiz.
El segundo fue el de la maestra Guadalupe Avila Salinas, que era candidata a la presidencia municipal de Estancia Grande, en la región Costa. En esa zona, donde los finqueros son dueños de tierras, cosechas, tiendas, cargos políticos, transporte y vidas, es muy difícil que una mujer se lance a la lucha. Pero ella sí desafió al cacique, llevando por su cuenta un equipo de médicos para la población. Por haberse "saltado" la autoridad del presidente municipal, éste, personalmente, le vació el cargador de su pistola por la espalda. Aquino subraya el episodio como uno de los ejemplos más trágicos de los crímenes que llegan a desencadenarse en los territorios donde pesa más el cacique que cualquier ley. Guadalupe dejó dos hijos huérfanos. Su marido estaba de bracero en Estados Unidos. La comunidad lo mandó traer para que ocupara el lugar de su mujer en la contienda. Ahora él es el presidente municipal. La procuradora de Justicia en aquel entonces, Patricia Abraham, se encargó de encubrir a los asesinos y fue premiada con una diputación federal. Eso fue antes de que tomara posesión Ulises. Lo que vino después es peor: más asesinatos, emboscadas y atentados casi cada mes. Ayer se sumaron más muertos a la lista de sangre del actual mandatario.
Pero Joel Aquino apunta: "Si viene un gran golpe represivo estos días, habrá gente que diga que se han cerrado las vías políticas y que es necesario tomar las armas. Hay que distinguir: ésa no es la forma de pensar del grueso del movimiento. En los pueblos hay gran capacidad creativa y organizativa y los grupos armados que ya existen no han logrado entrar. En las zonas donde las autonomías son fuertes no florece la guerrilla. Todavía tenemos una gran reserva de fuerza para hacer valer la ley."
Los cauces institucionales ya se agotaron, afirma Forzoso, que la clase política pida la salida del mandatario: Rueda
FABIOLA MARTINEZ
El dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Rueda Pacheco, dijo que ante el "agotamiento de los cauces institucionales (para promover la salida del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz) es necesario que la clase política presione" para lograr ese fin. "Son los equilibrios políticos federales, nacionales, los que determinarán el futuro del señor Ulises. El regreso a clases o la salida (del mandatario) tampoco solucionan el conflicto, son apenas pequeñas facetas de la dimensión del problema, que requiere atención integral", agregó. Aseguró también que aun con el regreso a clases el gremio no claudica ni se desmarca de la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y que la seguridad de los involucrados en el conflicto y de los ciudadanos de aquella entidad es responsabilidad del gobierno federal. "El magisterio oaxaqueño no aceptará ni avalará operativos policiacos ni militares (tras el regreso a clases)", declaró por la mañana el dirigente, horas antes de los hechos violentos en la capital oaxaqueña, que ayer dejaron al menos tres muertos y varios heridos.
-En caso que Ulises Ruiz quiera reventar este proceso (el inicio del ciclo escolar 2006-2007), ¿exigirían al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que vigile o controle al mandatario estatal? -Para nosotros, Ulises Ruiz no tiene injerencia en la solución del conflicto. Tratamos todos los asuntos con el gobierno federal, y es responsabilidad de éste generar las condiciones de estabilidad y seguridad que requiera el estado. Una comisión de 14 integrantes del magisterio oaxaqueño viajó ayer a la ciudad de México, con el mandato de su asamblea de firmar una minuta de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Llegaron, como en otras ocasiones, a un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, y tuvieron seis horas para detallar la contrapropuesta que harían en Bucareli. Previo al encuentro con el responsable de la política interna del país, el líder de la sección 22 -criticado por diversos grupos del gremio por haber incurrido en presuntos actos de corrupción y traición- expresó que no aceptarán operativos policiacos ni militares tras el regreso a clases. En entrevista, aseguró que en esta ocasión no detallarían la forma en que se restablecería el orden en Oaxaca (la APPO propuso que algún subsecretario federal tome el mando de las policías locales).
Lo importante ahora es el asunto educativo, es decir, la propuesta general al magisterio. "También exigiremos que haya garantías de seguridad para nuestros compañeros", declaró Rueda por la mañana. "Nosotros no vamos a ver hoy el asunto operativo de lo que determine el gobierno. Hoy veremos el conflicto educativo, exclusivamente. Venimos a eso", añadió. En cambio, Rueda delineó como estrategia que enviados de la Secretaría de Educación Pública federal garanticen la "recuperación", en los próximos días, de los planteles tomados (de un total de 14 mil registrados en la entidad), en algunos casos, por grupos priístas, padres de familia, autoridades municipales o un "número reducido de compañeros (profesores)".
De La Jornada
Represión policial y paramilitar en Oaxaca; tres muertos y 23 heridos Alerta máxima en la APPO; esperan hoy operativo de gran calado para disolver el movimiento. En el ataque contra barricadas arremeten contra periodistas; lesionan a reportero gráfico
ENRIQUE MENDEZ Y BLANCHE PETRICH ENVIADOS
Bradley Roland Will, camarógrafo independiente de Indymedia, cayó en Oaxaca, abatido por dos balazos en el abdomen Foto Francisco Olvera Oaxaca, Oax., 27 de octubre. En cinco acciones simultáneas, las policías ministerial y preventiva, respaldadas por presuntos militantes del PRI, atacaron esta tarde a balazos barricadas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en acciones donde resultaron muertos el camarógrafo neoyorquino Bradley Roland Will -quien recibió dos impactos de R-15-, el profesor Emilio Alonso Fabián, de la delegación de los Loxicha, y el comunero Esteba Ruiz, además de 23 personas heridas por arma de fuego. Cinco de los lesionados estaban en el bloqueo en la colonia La Experimental, 13 en Santa María Coyotepec y cinco en Cal y Canto. El fotógrafo Oswaldo Ramírez, del periódico Milenio, recibió un rozón de bala en la rodilla izquierda, que no requirió de atención médica. Inclusive, los hombres armados con cuernos de chivo, escuadras 9 milímetros y revólveres 38 súper, dispararon al fotógrafo Raúl Estrella, de El Universal, quien resultó ileso. Una profesora fue gravemente herida, pero hasta el cierre de esta edición no se conocía su identidad. Después de las 21:00 horas se informó que en Santa María Coyotepec fueron detenidos 20 profesores, de los cuales 13 estaban heridos de bala y fueron hacinados en la cárcel municipal. La jornada de violencia en la capital del estado y sus municipios conurbados fue el preludio de una incursión policiaca del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, que se preparaba a "recuperar" la ciudad en las primeras horas de este sábado, y en momentos en que se cumplía el plazo definido por la APPO para que el gobernador presentara su licencia al cargo. La APPO declaró la alerta máxima, pues tiene informes de que la policía del estado prepara un operativo "de gran calado" para disolver el movimiento. Esta noche, además, la policía finalmente rompió el plantón permanente en la casa de gobierno y las oficinas de la policía estatal, en Santa María Coyotepec, donde después de desalojar a los profesores y simpatizantes de la APPO incendiaron vehículos y persiguieron a los plantonistas en el monte. La dirigencia del movimiento ciudadano reportó la desaparición de al menos 50 profesores que mantenían el bloqueo en las oficinas donde despachaba Ruiz Ortiz, y responsabilizó de la agresión armada a Elpidio Concha Arellano, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y ex diputado federal, y a los alcaldes de Santa Lucía del Camino, Manuel Martínez, y de Santa María, Jorge Pablo. El pasado 16 de octubre, Concha Arellano dio a conocer un documento en el que los sectores priístas advertían que su partido llevaría a cabo "las acciones necesarias para restablecer el orden, el estado de derecho y la paz social" en la entidad, y que si el gobierno federal no aplicaba la ley de manera "implacable a los desmanes y vandalismos, nosotros mismos vamos a dar la solución al problema". Ante la gravedad de los hechos, el movimiento social determinó reforzar las barricadas, sobre todo porque se confirmó que el operativo también abarcaría una incursión en el centro hstórico, así como detenciones de dirigentes por parte de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que envió un avión con 100 agentes que están acantonados en el hangar de gobierno. Durante dos horas, desde las 5 de la tarde, la capital oaxaqueña vivió un escenario de represión sin precedentes, y en todo momento, desde Radio Universidad -la única estación que informó de las agresiones- se dio cuenta del operativo para acabar con el movimiento que exige la salida de Ruiz Ortiz.
Las zonas donde se ejerció mayor violencia fueron las de Santa Lucía del Camino y La Experimental.
Los disparos en Santa Lucía coincidieron con una reunión que sostenían simpatizantes de la APPO y vecinos con Flavio Sosa, uno de los líderes del movimiento, quien llamó a mantener la calma. En el cruce de la calle Cal y Canto con Ferrocarril pidió a sus compañeros: "hay que llevárnosla tranquila. Tienen armas largas y somos blanco fácil". Se refería a un grupo de presuntos policías ministeriales y militantes del PRI, que unos minutos antes habían cruzado por la esquina de Juárez y Arboles, a unos 100 metros de la barricada. La balacera inició desde una casa particular en la calle Juárez, y los brigadistas se percataron de que quien disparaba era una mujer. "¡Pinche vieja!", gritaron. Para tratar de contrarrestar la agresión, hombres cubiertos con paliacates subieron a un camión de volteó y, de reversa, lo estrellaron contra el portón de la casa desde donde se abría fuego. Otros más utilizaron los tubos que, a modo de bazucas hechizas, confeccionaron para disparar cohetones, y los dirigieron hacia el inmueble. En esos momentos, del fondo de la calle, los sujetos -la mayoría con camisetas rojas- que previamente habían bajado de camionetas tomaron las armas y comenzaron a disparar contra los brigadistas. Entre las ráfagas, los simpatizantes de la APPO atinaron a responder con más cohetones e, inclusive, con resorteras, y fotógrafos, camarógrafos y reporteros se cubrieron en las paredes, detrás de automóviles y camionetas, así como de piedras, postes y árboles. Oswaldo Ramírez tomaba fotografías parapetado detrás de una camioneta, cuando recibió el rozón de una bala. El camarógrafo neoyorquino Bradley Will, de la agencia independiente Indymedia, estaba en medio de la calle con su cámara para registrar los disparos, cuando recibió dos impactos, uno en el costado y otro en la boca del estómago. Su compañero fotógrafo Gustavo Vilchis y tres personas más lo tomaron de brazos y piernas y lo llevaron en vilo por la calle Juárez, para depositarlo en el asfalto de Arboles, donde le arrancaron la camiseta. Ahí, Vilchis aún trató de auxiliarlo y le dio respiración de boca a boca, pero Will había perdido el color, estaba pálido y sus ojos estaban, literalmente, en blanco. "¡Un carro, un carro!", gritó un joven al que un paliacate le cubría el rostro. "¡Una ambulancia, una ambulancia, le dieron a un periodista!". "¡Es un periodista, ábranla!", clamó otro, mientras Will seguía tendido en la calle. Los propietarios de un Volkswagen blanco, con placas LUG6235, del estado de México, entraron a la calle de reversa hasta unos metros de donde yacía el camarógrafo estadunidense. En medio de la desesperación, abrieron la puerta derecha, abatieron el asiento y lo introdujeron en el asiento trasero. Segundos después, el vehículo arrancó entre un estruendo del motor y las llantas. Lo llevaban a la Cruz Roja de esta capital, pero falleció en el traslado. "Lo sentimos, su compa se quedó en el camino", dijeron los brigadistas que llevaban a Will. A las siete de la noche, vecinos y brigadistas preparaban unas 200 botellas de vidrio como bombas molotov para repeler a los hombres que dispararon y que, a esa hora, se habían replegado al fondo de la calle, donde se encuentra la agencia municipal, y en la que montaron su propia barricada. De manera paralela, supuestos militantes del PRI, entre quienes se confundieron policías armados, atacaron el plantón permanente en la sede del gobierno del estado y de la policía, en Santa María Coyotepec, donde falleció el profesor Emilio Alonso Fabián y 13 personas más fueron heridas. Ahí también, reporteros quedaron en medio del fuego, aunque ninguno resultó herido, si bien las balas se impactaron a corta distancia de donde se refugiaban. Por la noche, el secretario de Gobierno, Heliodoro Díaz, ofreció una conferencia en la que acusó a integrantes de las barricadas de haber matado al comunero Esteban Ruiz. Según el funcionario, el asesinato de Esteban Ruiz ocurrió después de que integrantes de barricadas despojaron de un automóvil al comisariado de bienes comunales, quien debió caminar hasta su comunidad, donde informó del hecho, y cuando sus vecinos acudieron a rescatar el vehículo empezó un enfrentamiento, en el que murió el campesino. Desde la mañana, cuando inició el bloqueo de la ciudad por parte de la APPO, se habían suscitado roces entre plantonistas y vecinos de las colonias afectadas por el cierre de carreteras y avenidas, que reclamaban su derecho al libre tránsito. A partir del acuerdo de la asamblea popular, en las primeras horas de este viernes se bloqueó el acceso a Oaxaca en la carretera de México, a la altura de Viguera, así como en la entrada del istmo, por lo que cientos de personas, inclusive turistas con sus maletas, caminaron varios kilómetros para llegar al centro de la ciudad. También, centenares de personas debieron llegar a pie a sus centros de trabajo o a sus compromisos. Las balaceras en Oaxaca empezaron a las 10 de la mañana, y en la Ciudad Universitaria desconocidos brincaron la barda del campus y prendieron fuego a las oficinas de la dirección de la Facultad de Derecho, para distraer la atención de estudiantes que resguardaban las instalaciones de Radio Universidad, pues un grupo de encapuchados vestidos de negro pretendieron ingresar para tomarla. Poco después hubo más disparos en el puente de El Rosario, donde fue levantado el mecánico Gerardo Sánchez, quien fue recluido en el penal de Tlacolula acusado de disparo de arma de fuego. La tarde cerró con las agresiones en la colonia La Experimental, donde se encuentra la sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Santa Lucía del Camino y en Santa María Coyotepec. La mayoría de los comercios y hoteles del centro histórico cerraron a las siete de la noche y la sociedad oaxaqueña se fue a dormir con miedo, pero con la certidumbre de que este sábado podría darse una incursión policiaca masiva.Estaba a media calle, registrando imágenes de la violencia
Oaxaca, Oax., 27 de octubre. Cuando ingresó al anfiteatro adscrito a la Cruz Roja lo registraron como "NN", a pesar de que entre sus pertenencias tenía dos identificaciones: una como corresponsal acreditado de la agencia Indymedia y otra como integrante de la ONG humanitaria Asociación de Asesores de Derechos Humanos. Bradley Roland Will, neoyorquino, periodista con compromiso, alrededor de 35 años, permaneció solo durante tres horas sobre la plancha de una morgue que no sabe de respeto a la dignidad humana, donde en los anaqueles se apilan desde hace semanas una treintena de cuerpos que en vida tuvieron una historia. A Brad le dejaron en la muñecasu pulsera tejida. Nada más. A sus compañeros y colegas los enviaron a otros hospitales, por lo que tuvieron que hacer un complicado recorrido antes de llegar al sitio donde yacía su amigo. Algunos de ellos contactaron al cónsul estadunidense Mark Leyes, pero este se negó a asistirlos en el trámite judicial para el reconocimiento de su compatriota y el inicio de la averiguación previa. Bradley Will cayó en el ataque paramilitar en la barricada de Santa Lucía del Camino, cerca de las seis de la tarde. Minutos después también caía muerto, herido de bala, el maestro Emiliano Alonso Fabián, en el bloqueo de la colonia La Experimental, frente a la procuraduría estatal. "RVG", otro representante de la AMADH, prefiere ser identificado sólo por sus siglas. Con él pasó Brad sus últimas horas, registrando el minuto a minuto de esta violenta jornada. "Empezamos recorriendo barricadas desde temprano. Estábamos en el parque del Amor, por el Periférico, cuando acordamos que sería bueno rentar una moto para movernos rápidamente. Fuimos por la moto y de ahí partimos a Radio Universidad, poco después del mediodía. Entrevistamos ahí a los locutores, hicimos tomas de los estragos del atentado en la Facultad de Derecho y después nos fuimos al bloqueo de Santa Lucía. Circulaban versiones de que se acercaba a ese punto un grupo de paramilitares. Cuando empezó la balacera quiso acercarse lo más posible. Había un coche quemado y un autobús cruzados en la calle para cerrar el paso. Vino una segunda ráfaga. Una de esas balas le tocó a él". Brad tenía casi dos meses trabajando en Oaxaca. Usaba una cámara de video Sony profesional que hasta el momento no ha "aparecido". Quizá en el aparato esté el registro exacto de lo que sucedió. A él le interesaba documentar el lado humano de esta historia de rebeldía. Cada noche, con dos colegas más, recorría las barricadas, compartía las horas y la desvelada y hacía largas entrevistas con los muchos personajes anónimos de este movimiento. Bradley Will ha dejado un rico acervo visual y testimonial de estas horas cruciales de la historia de Oaxaca. En la agencia tres del Ministerio Público, adscrita a la Cruz Roja, se abrió la averiguación previa 1247 sobre la muerte del periodista neoyorquino. Una de las primeras declaraciones ministeriales que constan en el expediente es la de un médico que pasaba por el lugar, quien atendió al caído e intentó trasladarlo a un hospital de emergencias en su viejo Volkswagen.
Blanche Petrich y Enrique Méndez, enviados
Evalúa la SG ley de reconciliación para Oaxaca
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
La violencia se agravó en Oaxaca este viernes. Los choques dejaron tres muertos Foto Ap Respecto de las exigencias de que se cancelen las órdenes de aprehensión contra involucrados en las movilizaciones sociales en Oaxaca, fuentes gubernamentales revelaron que, para que eso sea factible, en la Secretaría de Gobernación (SG) se ha planteado la necesidad de elaborar una "ley de reconciliación" que deje sin efecto los mandamientos judiciales ya otorgados a la Procuraduría General de la República (PGR). Funcionarios entrevistados indicaron a La Jornada que, sin embargo, en las reuniones de trabajo que han sostenido integrantes del área de seguridad nacional en días recientes, se ha estimado la posibilidad de que las averiguaciones en curso contra integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) sean declaradas con un no ejercicio de la acción penal. De acuerdo con las versiones obtenidas, el Poder Ejecutivo federal no se de-sistirá de los ejercicios de la acción penal contra al menos 10 integrantes de la APPO y de la sección 22 del SNTE, pues los ilícitos que hasta el momento se les han acreditado tienen que ver con delitos considerados no graves, por lo que podrán obtener su libertad pagando cauciones de poco monto. Según la información obtenida, que coincide con las declaraciones del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández -luego de su comparecencia ante diputados el martes pasado-, los delitos que se imputan a los manifestantes son daños en propiedad federal, ataques a las vías generales de comunicación y daños a inmuebles de valor histórico. Hasta el momento el Ministerio Público Federal ha iniciado 56 averiguaciones previas, 29 de ellas ya han sido declaradas con un no ejercicio de la acción penal (al no encontrar elementos de prueba suficientes para la acreditación de los delitos); 21 están en integración y seis más ya han sido consignadas ante jueces federales con sede en Oaxaca. Respecto de los mandamientos judiciales y para evitar acciones legales del próximo gobierno federal, la propuesta que se ha analizado es la elaboración de un decreto presidencial que cancele las órdenes o el establecimiento de una "ley de conciliación" avalada por el Poder Legislativo, como ocurrió con el caso Chiapas.
ABASCAL secretario de gobernación es un tipo de malas entrañas, si quieren saber lo que es una persona a la que le dicen "un chacal con piel de oveja" Eses es Carlos María Abascal Carranza, Saquen sus propias conclusiónes. Todo les explotó en la cara por despreciar al pueblo, ahora dan limosnas de libertades y derechos, cuando el pueblo se merece una restitucion total....Ofrece liberar presos y anular órdenes de captura Demanda Abascal a Ulises Ruiz esclarecer los hechos El gabinete de seguridad se declara "en alerta máxima"
FABIOLA MARTINEZ El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, exigió al mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, esclarecer de inmediato los hechos violentos ocurridos ayer "y castigar a los responsables con todo el rigor de la ley", porque éstos "no pueden quedar impunes". A la medianoche, de manera urgente, fue convocado en Los Pinos el gabinete de seguridad pública, debido a los acontecimientos, cuyo saldo preliminar es de tres muertos y más de una veintena de heridos. De manera paralela, como oferta para avanzar en la distensión en la entidad y asegurar el pronto regreso a clases, el funcionario aceptó prácticamente todas las peticiones y condiciones expuestas por el magisterio, incluida la liberación de los presos (el próximo lunes) y la cancelación de las órdenes de aprehensión derivadas de los casi 160 días de conflicto. También invitó a la comisión negociadora de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a regresar este sábado a la mesa de negociación para conformar una comisión política en la que pudiera definirse -como propuso la asamblea- el inmediato envío de un subsecretario federal para que tome el mando de las policías municipales y estatal. De igual forma, en esta instancia se evaluarían las alternativas para seguir impulsando la salida del mandatario. Con ello, según las previsiones oficiales, y con la aceptación de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se busca el regreso paulatino a las aulas a partir del próximo lunes, tras la firma de la minuta correspondiente, cuyo sustento gira también en torno a brindar seguridad a los profesores que regresen a las escuelas, ante la posesión de múltiples planteles "en manos de gente de Ruiz, priístas, autoridades municipales y de (Elba Esther) Gordillo", presidenta del SNTE.
Reunión del gabinete de seguridad El presidente Vicente Fox canceló su viaje al rancho San Cristóbal y a Monterrey, ante la urgencia de encabezar esta reunión junto con el secretario Abascal Carranza. De acuerdo con fuentes consultadas de la SG, los funcionarios "deberán tomar una decisión en las próximas horas" para restablecer el estado de derecho en la entidad y asegurar la investigación y castigo "para todos los responsables, independientemente del grupo o bando al que pertenezcan". Los funcionarios del gabinete de seguridad (Sedena, Marina, Gobernación, Cisen y PGR) -según las fuentes- se declararon en "alerta máxima". En la semana que termina se evaluaron dos escenarios, con base en la decisión que tome el magisterio. De regresar a las aulas aplicarían de inmediato -luego de obtener consenso entre los dirigentes de la APPO- el control de las policías locales, pero en caso de que los sucesos (como los ocurridos ayer) subieran de nivel no se descarta el uso de la fuerza pública federal para restablecer el orden. Al cierre de esta edición los funcionarios continuaban reunidos en la residencia oficial.
Compromisos firmados De acuerdo con información obtenida por La Jornada, el funcionario dijo que los compromisos asumidos por el gobierno federal, asentados en documentos del 9 y 10 de octubre, están ya firmados, los cuales incluyen, precisamente, el envío del subsecretario para restablecer el orden y la seguridad en la entidad. Respecto de los hechos violentos, el funcionario expresó: "Es lamentabilísimo que haya heridos, etcétera. Ese tipo de violencia brutal tiene consecuencias lamentables (y) da pretextos a los más violentos de ambas partes para que suceda lo que ha sucedido". "Entonces -agregó Abascal en la reunión con la comisión de 14 profesores de la sección 22-, ustedes (el magisterio) tienen que deslindarse públicamente de la violencia y yo exigiré al gobierno del estado el esclarecimiento inmediato de los hechos." Con el propósito de amarrar el regreso a clases, el responsable de la política interna del país les dijo, con voz inusualmente pausada, lejos de cualquier aspaviento: "nosotros hacemos lo que ustedes quieran, lo que resulte eficaz. No nos vamos a meter en su vida interna (del sindicato), no lo hemos hecho. Si ustedes me dicen que quieren firmada la minuta hoy, bueno, pues ya se ha dicho todo. Ya no hay tiempo. Está comprometido, el lunes (los presos) estarán libres (y) las órdenes de aprehensión se cancelarán". Cuando el funcionario dijo a los maestros de la comisión negociadora que la violencia "siempre tiene dos partes", una profesora le respondió que si bien este gremio acepta su responsabilidad en las consecuencias del conflicto, es necesario que no se olvide el origen de la movilización y la petición irrenunciable de la salida del gobernador, ante la ola de ataques y amenazas de que son víctimas los integrantes de la APPO. Abascal manifestó su inquietud por encontrarse con un nuevo viraje de la asamblea magisterial: "Nuestra preocupación es que no vaya a suceder que ustedes, el día de mañana, en su nueva asamblea replanteen, cuestionen, se enfrenten. Aquí necesitamos una certeza absoluta (porque) la sociedad ya no les cree a ustedes y ya no nos está creyendo a nosotros (el gobierno federal), sin embargo, nosotros estamos creyendo en ustedes. "Aquí la credibilidad de los dos (maestros y gobierno) está empeñada, entonces, ya no puede haber un nuevo cambio de la jugada." Antes, en Aguascalientes, el funcionario defendió la estrategia del gobierno foxista. "Yo te pregunto -dijo a un reportero- si el método hubiera sido entrar a sangre y fuego y hubiera habido personas que fallecieran, ¿tú crees que se habría ganado tiempo?" Por la noche, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para condenar la violencia ocurrida ayer en Oaxaca, y advirtió que los hechos violentos "no pueden quedar impunes". La dependencia -se agrega en el boletín- reitera que se mantendrá abierta para resolver la problemática por la vía del diálogo, sin renunciar a las atribuciones que le marca la Constitución. En un receso del encuentro de funcionarios de Gobernación y la comisión de la sección 22, el dirigente de ésta, Enrique Rueda Pacheco, exigió el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los autores materiales e intelectuales de las agresiones, cometidas "por grupos que han estado en el poder". De igual forma, reiteró que el regreso a clases está avalado por la asamblea estatal y su aplicación está sujeta a los términos de la minuta. El líder de los maestros oaxaqueños dejó en claro que -pese a los muertos y heridos- esta sección no se retira de la mesa de negociación.
La minuta entre gobierno y magisterio En la propuesta presentada ayer por la sección 22 al titular de Gobernación, misma que el funcionario se comprometió a dejar prácticamente en los mismos términos, se reitera, como demanda principal, la salida de Ulises Ruiz. El magisterio estableció, a partir de la Iniciativa Ciudadana de Diálogo por la Paz, la Democracia y la Justicia en Oaxaca, la inclusión de diversos sectores para elaborar una propuesta "vinculante de reformas legislativas, institucionales y administrativas" encaminadas a la transformación profunda de la entidad. Para ello, demandan el reconocimiento del Consejo Ciudadano de Seguridad -en el cual participe la APPO y enviados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros grupos defensores de garantías- para que desde ahí se diseñen las medidas de distensión y restablecimiento de la seguridad.
Seis mesas especiales, una exigencia La sección 22 exige la formación de seis "mesas especiales", integradas fundamentalmente por los ciudadanos, que atiendan el retiro de las barricadas, generación de garantías y medidas de seguridad local. El plan de distensión abarca la liberación de presos, cancelar órdenes de aprehensión, crear un fideicomiso en favor de las familias de "nuestros muertos y heridos", cumplimiento de las medidas cautelares y castigo a los culpables de los hechos de represión. El magisterio se compromete, de manera simultánea al cumplimiento de las exigencias anteriores, a entregar diversas instalaciones y vehículos gubernamentales, "en el entendido que la lucha principal en contra del señor Ulises Ruiz no ha terminado y que la devolución material no significa dejar de insistir en la ingobernabilidad en el estado, que continuaremos nuestra legítima y legal movilización y expresión social". En la última parte de la minuta se coloca la agenda magisterial, con el eje del convenio de rebonificación para este gremio. Con información de Claudio Bañuelos
Puede ser la última gran batalla contra el autoritarismo, afirma el líder zapoteco Tenemos la oportunidad de erradicar a los caciques de Oaxaca: Joel Aquino El de Ulises Ruiz no es un cacicazgo a la antigua sino delincuencial, expresa el dirigente
BLANCHE PETRICH Y ENRIQUE MENDEZ ENVIADOS
Joel Aquino Foto José Antonio López
Pese al peligro de que esta crisis desemboque en un baño de sangre, entiende que ésta es una "coyuntura única", ya que la confluencia de muchas fuerzas y sectores en un objetivo común -la caída del gobernador- ofrece "la posibilidad real de construir de manera colectiva una propuesta de nuevo gobierno donde la gente humilde, sobre todo la indígena, sea respetada". Aquino hace notar que aunque el foco visible del movimiento antiautoritario está en la ciudad capital y gira en torno al eje APPO-sección 22, en las comunidades indígenas de la sierras Norte y Sur, en la Mixe y la Mazateca y en la Cuenca y los Valles Centrales hay una reserva de la resistencia que está actuando en la misma dirección desde sus regiones. Son muchos los ejemplos pero elige hablar del de su propio pueblo, Yalálag, siempre inconforme, siempre confrontado con la autoridad priísta hasta que, con el costo de muchos muertos y presos, ha logrado imponer un gobierno de coalición donde se respeta la autonomía y los valores comunitarios. De Yalálag y pueblos conlindantes bajaron en marcha, apenas hace dos días, los zapotecos serranos. Llegaron marchando directamente al kiosco del zócalo, donde opera una especie de mando central de la APPO. Al frente marchaba Eulalia Sánchez, con sus 90 años bien puestos, y se dirigió al mitin en zapoteco. "Hizo un deslinde indispensable -cuenta Aquino- ya que, días antes, un grupo de autoridades menores de las comunidades de la Sierra Norte habían firmado un desplegado de respaldo a Ulises Ruiz. Por eso bajaron de la sierra. Por dignidad." De modo que Eulalia dejó bien claro que "nunca jamás" los serranos apoyarían a Ruiz Ortiz y pidió a los maestros "tener el valor de no retroceder y no cejar hasta que caiga".
Las organizaciones de la sierra, como muchas, no forman parte de la APPO. Pero a diferencia del pasado, explica el líder yalalteco, las resistencias "ahora sí estamos coordinadas, articuladas aunque cada una con sus modos propios, su autonomía". Así, el aislamiento de las luchas de antes ha quedado superado. Ahora lo que le pasa a algún pueblo atañe a todos. Y este ha sido el gran salto cualitativo en Oaxaca. "Por eso en la sierra aguantan los maestros días y días sin salario, con pura tortilla y sal." Pero otra cosa ha cambiado y es la "calidad" de los caciques. "Sabemos que desde tiempos de José Murat, pero sobre todo ahora con Ulises Ruiz, éste ya no es un cacicazgo a la antigua sino un cacicazgo delincuencial. Se han ligado con el crimen organizado, se han constituido en mafias." Aquino caracteriza a Ulises como un hombre "de poco entendimiento pero gran virulencia", y recuerda que llegó al gobierno con una marca de sangre. Sólo durante su campaña se produjeron dos asesinatos de líderes con el típico modus operandi de los caciques. El primero fue el del líder del Frente Huautleco Serafín García, en la Sierra Mazateca. Fue un ensayo para demostrar la capacidad de control de Elpidio Concha Altamirano, a quien llaman el "jefe paramilitar" de Ruiz Ortiz.
El segundo fue el de la maestra Guadalupe Avila Salinas, que era candidata a la presidencia municipal de Estancia Grande, en la región Costa. En esa zona, donde los finqueros son dueños de tierras, cosechas, tiendas, cargos políticos, transporte y vidas, es muy difícil que una mujer se lance a la lucha. Pero ella sí desafió al cacique, llevando por su cuenta un equipo de médicos para la población. Por haberse "saltado" la autoridad del presidente municipal, éste, personalmente, le vació el cargador de su pistola por la espalda. Aquino subraya el episodio como uno de los ejemplos más trágicos de los crímenes que llegan a desencadenarse en los territorios donde pesa más el cacique que cualquier ley. Guadalupe dejó dos hijos huérfanos. Su marido estaba de bracero en Estados Unidos. La comunidad lo mandó traer para que ocupara el lugar de su mujer en la contienda. Ahora él es el presidente municipal. La procuradora de Justicia en aquel entonces, Patricia Abraham, se encargó de encubrir a los asesinos y fue premiada con una diputación federal. Eso fue antes de que tomara posesión Ulises. Lo que vino después es peor: más asesinatos, emboscadas y atentados casi cada mes. Ayer se sumaron más muertos a la lista de sangre del actual mandatario.
Pero Joel Aquino apunta: "Si viene un gran golpe represivo estos días, habrá gente que diga que se han cerrado las vías políticas y que es necesario tomar las armas. Hay que distinguir: ésa no es la forma de pensar del grueso del movimiento. En los pueblos hay gran capacidad creativa y organizativa y los grupos armados que ya existen no han logrado entrar. En las zonas donde las autonomías son fuertes no florece la guerrilla. Todavía tenemos una gran reserva de fuerza para hacer valer la ley."
Los cauces institucionales ya se agotaron, afirma Forzoso, que la clase política pida la salida del mandatario: Rueda
FABIOLA MARTINEZ
El dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Rueda Pacheco, dijo que ante el "agotamiento de los cauces institucionales (para promover la salida del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz) es necesario que la clase política presione" para lograr ese fin. "Son los equilibrios políticos federales, nacionales, los que determinarán el futuro del señor Ulises. El regreso a clases o la salida (del mandatario) tampoco solucionan el conflicto, son apenas pequeñas facetas de la dimensión del problema, que requiere atención integral", agregó. Aseguró también que aun con el regreso a clases el gremio no claudica ni se desmarca de la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y que la seguridad de los involucrados en el conflicto y de los ciudadanos de aquella entidad es responsabilidad del gobierno federal. "El magisterio oaxaqueño no aceptará ni avalará operativos policiacos ni militares (tras el regreso a clases)", declaró por la mañana el dirigente, horas antes de los hechos violentos en la capital oaxaqueña, que ayer dejaron al menos tres muertos y varios heridos.
-En caso que Ulises Ruiz quiera reventar este proceso (el inicio del ciclo escolar 2006-2007), ¿exigirían al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, que vigile o controle al mandatario estatal? -Para nosotros, Ulises Ruiz no tiene injerencia en la solución del conflicto. Tratamos todos los asuntos con el gobierno federal, y es responsabilidad de éste generar las condiciones de estabilidad y seguridad que requiera el estado. Una comisión de 14 integrantes del magisterio oaxaqueño viajó ayer a la ciudad de México, con el mandato de su asamblea de firmar una minuta de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Llegaron, como en otras ocasiones, a un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, y tuvieron seis horas para detallar la contrapropuesta que harían en Bucareli. Previo al encuentro con el responsable de la política interna del país, el líder de la sección 22 -criticado por diversos grupos del gremio por haber incurrido en presuntos actos de corrupción y traición- expresó que no aceptarán operativos policiacos ni militares tras el regreso a clases. En entrevista, aseguró que en esta ocasión no detallarían la forma en que se restablecería el orden en Oaxaca (la APPO propuso que algún subsecretario federal tome el mando de las policías locales).
Lo importante ahora es el asunto educativo, es decir, la propuesta general al magisterio. "También exigiremos que haya garantías de seguridad para nuestros compañeros", declaró Rueda por la mañana. "Nosotros no vamos a ver hoy el asunto operativo de lo que determine el gobierno. Hoy veremos el conflicto educativo, exclusivamente. Venimos a eso", añadió. En cambio, Rueda delineó como estrategia que enviados de la Secretaría de Educación Pública federal garanticen la "recuperación", en los próximos días, de los planteles tomados (de un total de 14 mil registrados en la entidad), en algunos casos, por grupos priístas, padres de familia, autoridades municipales o un "número reducido de compañeros (profesores)".
SI ULISES NO SE VA, FeCal NO PASARÁ
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