- Quienes apoyan la reforma dijeron que el artículo es confuso y con fuerte contenido ideológico
- Agrio debate por los alcances del 27 constitucional en materia energética
- O no saben leer o nos quieren engañar; me dan ganas de mandarlos a la escuela, replica Arnaldo Córdova
- No sé por qué a la pasada sesión invitaron a Aguilar Camín; no sabe nada de esto, dice
Andrea Becerril y Víctor Ballinas¿Qué es lo que no les parece claro del artículo 27 constitucional?, preguntó el doctor Arnaldo Córdova a participantes en el tercer foro de debate sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) que ayer argumentaron que el ordenamiento es confuso, “con un fuerte contenido ideológico e histórico”, lo que dificulta su interpretación. El experto en derecho constitucional, politólogo e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que la “víctima” ayer del debate fue el artículo 27 constitucional y sostuvo que quienes dicen “que no lo entienden, que es poco claro o que no dice lo que dice”, lo llevaron a concluir que “o no saben leer o no saben derecho o nos quieren engañar”. La alusión no fue sólo para los ponentes de ayer; Córdova se refirió a lo expresado durante el foro del jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, quien sostuvo que todos los contratos firmados por Pemex son inconstitucionales. “No sé por qué lo invitaron, no sabe nada de esto, pero lo trajeron como experto.” Y no sólo eso, les dijo muy claramente: “Me dan ganas de volverlos a mandar a la escuela”. La referencia era clara a lo expresado por el catedrático de la Escuela Libre de Derecho Arturo Zaldívar, de que el artículo 27 es “un texto redactado de forma poco técnica para resolver problemas modernos y extraordinariamente complejos”. Tanto Córdova como el doctor Jaime Cárdenas y el ex ministro de la Corte Juventino Castro refutaron las afirmaciones hechas por Zaldívar y los también juristas Mario Becerra Pocoroba y Héctor Fix Fierro, quienes trataron de legitimar las cinco iniciativas de Felipe Calderón, expusieron que ese artículo 27 y su ley reglamentaria posibilitan la inversión privada en la refinación y transportación de hidrocarburos y sostuvieron que el proyecto presidencial no incluye contratos de riesgo.
Becerra, catedrático también de la Escuela Libre de Derecho, pidió avanzar a criterios más flexibles para interpretar la Constitución, en especial los artículos 25, 27 y 28, y expuso que se debe interpretar la ley conforme a la Constitución y la Constitución conforme a la ley.Sostuvo que “no necesariamente todas las actividades de la industria petrolera corresponden a áreas estratégicas”. Según su interpretación, el artículo 27 se refiere sólo a la explotación de petróleo como actividad exclusiva de la nación y deja fuera refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, que pueden ser realizados por particulares. Castro dejó en claro que existe “un intencionado propósito de introducir confusión sobre lo estructurado por la Constitución para las áreas prioritarias, ante lo decretado exclusivamente para las áreas estratégicas”. Hizo notar que el cuarto párrafo del artículo 27 dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales”, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Y lo ratifica, agregó, el cuarto párrafo del artículo 25, donde se precisa que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución”. Ese artículo, a su vez, añadió, en su párrafo cuarto ordena de qué manera se deben manejar tales áreas: “El Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y en las actividades de carácter prioritario, donde, de acuerdo con las leyes, participe el Estado por sí o con los sectores social y privado”.
Es decir, “el manejo de las áreas exclusivas se ordena como exclusivo y directo del Estado, y los sectores social y privado pueden auxiliarlo únicamente en tratándose de áreas prioritarias. Son dos mundos, dos enfrentamientos”.Y en realidad, el concepto provocó la confrontación entre los juristas que ayer expresaron que la reforma de Calderón es inconstitucional y los que propusieron a los legisladores interpretar la Carta Magna sin que sea trampa ni fraude, pero sí “de la forma que más le sirva al país”, según expresó Zaldívar. Córdova dijo a éste que “hasta en las escuelas de derecho se confunde la Constitución y se cree que es una ley como cualquier otra”, pero no es así, porque la Carta Magna “es un pacto, el pacto del pueblo mexicano, que dio lugar al Estado, es nuestro contrato social”. Agregó que le parece “una aberración eso de venir a decir aquí que la Constitución hay que interpretarla con base en una ley”. El otro tema de discusión entre los dos bandos fue el de los contratos de riesgo, prohibidos en la ley reglamentaria del 27 constitucional que, a juicio de Zaldívar y de Fix Fierro, no son equiparables a los contratos de desempeño incluidos en la reforma de Calderón.Jaime Cárdenas Gracia les dijo que esos contratos propuestos por el Ejecutivo para dar a empresas extranjeras la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas “sí tienen características de contratos de riesgo”, pues si bien no les da a los inversionistas un porcentaje del petróleo explotado, sí les permite que se lleven parte de la renta petrolera.Ante la insistencia de los defensores de la iniciativa de Calderón, de que fue hasta la reforma de 1960 en que se prohibieron los contratos y concesiones, que pueden volver a establecerse en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, el ex consejero del IFE y jurista dijo que tal interpretación es “no querer leer bien, lo digo con todo respeto, la Constitución”.
Ante la polarización, el ex ministro Castro y Castro aclaró: “No tengo pleito con nadie, nadie tiene pleito conmigo”, e igualmente Córdova dijo que él tampoco fue a pelear: “Vengo a discutir, nada más. No tenemos garantía de que los señores legisladores nos van a hacer caso”, e incluso consideró que el debate va “hacia un diálogo de sordos”.Diez legisladores de todas las fuerzas políticas formularon después preguntas a los ponentes. Los del PAN y el Verde (Arturo Escobar) se dirigieron a los juristas que están en favor de la reforma presidencial para que insistieran en sus argumentos. El diputado del PRD José Antonio Almazán señaló que “esas iniciativas entreguistas, de vendepatrias, no pasarán”, y a los ponentes que defendieron el proyecto de Calderón les dijo que “sus argumentos son cortos y pretenden ignorar el peso que tienen en la construcción de la identidad nacional el nacionalismo y el petróleo”. Rubén Camarillo, senador del PAN e impulsor de las iniciativas presidenciales reviró: “Los vendepatrias están allá afuera, no aquí adentro; si alguno se coló, ojalá lo identifiquemos para sacarlo a patadas”. En ese tono concluyó el tercer foro en Xicoténcatl.
Becerra, catedrático también de la Escuela Libre de Derecho, pidió avanzar a criterios más flexibles para interpretar la Constitución, en especial los artículos 25, 27 y 28, y expuso que se debe interpretar la ley conforme a la Constitución y la Constitución conforme a la ley.Sostuvo que “no necesariamente todas las actividades de la industria petrolera corresponden a áreas estratégicas”. Según su interpretación, el artículo 27 se refiere sólo a la explotación de petróleo como actividad exclusiva de la nación y deja fuera refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, que pueden ser realizados por particulares. Castro dejó en claro que existe “un intencionado propósito de introducir confusión sobre lo estructurado por la Constitución para las áreas prioritarias, ante lo decretado exclusivamente para las áreas estratégicas”. Hizo notar que el cuarto párrafo del artículo 27 dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales”, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Y lo ratifica, agregó, el cuarto párrafo del artículo 25, donde se precisa que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución”. Ese artículo, a su vez, añadió, en su párrafo cuarto ordena de qué manera se deben manejar tales áreas: “El Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y en las actividades de carácter prioritario, donde, de acuerdo con las leyes, participe el Estado por sí o con los sectores social y privado”.
Es decir, “el manejo de las áreas exclusivas se ordena como exclusivo y directo del Estado, y los sectores social y privado pueden auxiliarlo únicamente en tratándose de áreas prioritarias. Son dos mundos, dos enfrentamientos”.Y en realidad, el concepto provocó la confrontación entre los juristas que ayer expresaron que la reforma de Calderón es inconstitucional y los que propusieron a los legisladores interpretar la Carta Magna sin que sea trampa ni fraude, pero sí “de la forma que más le sirva al país”, según expresó Zaldívar. Córdova dijo a éste que “hasta en las escuelas de derecho se confunde la Constitución y se cree que es una ley como cualquier otra”, pero no es así, porque la Carta Magna “es un pacto, el pacto del pueblo mexicano, que dio lugar al Estado, es nuestro contrato social”. Agregó que le parece “una aberración eso de venir a decir aquí que la Constitución hay que interpretarla con base en una ley”. El otro tema de discusión entre los dos bandos fue el de los contratos de riesgo, prohibidos en la ley reglamentaria del 27 constitucional que, a juicio de Zaldívar y de Fix Fierro, no son equiparables a los contratos de desempeño incluidos en la reforma de Calderón.Jaime Cárdenas Gracia les dijo que esos contratos propuestos por el Ejecutivo para dar a empresas extranjeras la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas “sí tienen características de contratos de riesgo”, pues si bien no les da a los inversionistas un porcentaje del petróleo explotado, sí les permite que se lleven parte de la renta petrolera.Ante la insistencia de los defensores de la iniciativa de Calderón, de que fue hasta la reforma de 1960 en que se prohibieron los contratos y concesiones, que pueden volver a establecerse en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, el ex consejero del IFE y jurista dijo que tal interpretación es “no querer leer bien, lo digo con todo respeto, la Constitución”.
Ante la polarización, el ex ministro Castro y Castro aclaró: “No tengo pleito con nadie, nadie tiene pleito conmigo”, e igualmente Córdova dijo que él tampoco fue a pelear: “Vengo a discutir, nada más. No tenemos garantía de que los señores legisladores nos van a hacer caso”, e incluso consideró que el debate va “hacia un diálogo de sordos”.Diez legisladores de todas las fuerzas políticas formularon después preguntas a los ponentes. Los del PAN y el Verde (Arturo Escobar) se dirigieron a los juristas que están en favor de la reforma presidencial para que insistieran en sus argumentos. El diputado del PRD José Antonio Almazán señaló que “esas iniciativas entreguistas, de vendepatrias, no pasarán”, y a los ponentes que defendieron el proyecto de Calderón les dijo que “sus argumentos son cortos y pretenden ignorar el peso que tienen en la construcción de la identidad nacional el nacionalismo y el petróleo”. Rubén Camarillo, senador del PAN e impulsor de las iniciativas presidenciales reviró: “Los vendepatrias están allá afuera, no aquí adentro; si alguno se coló, ojalá lo identifiquemos para sacarlo a patadas”. En ese tono concluyó el tercer foro en Xicoténcatl.
Kikka Roja
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