El Transgresor

Rosalia Vergara

Ya sea por sus intrépidas y reveladoras palabras, o por turbias acciones de gobierno en las que paulatinamente afloran irregularidades, omisiones y quizá delitos, el ex presidente Fox está sometido ya al juicio de los ciudadanos. Pero también está cerca de que se le pida declarar... ante un juez.

El ex presidente Vicente Fox está en la mira de legisladores y representantes del Frente Amplio Progresista (FAP), quienes quieren verlo procesado judicialmente y que se le finquen responsabilidades penales porque durante su gestión realizó actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a sus intereses personal y de grupo. Fox podría ser sometido a investigación por la Procuraduría General de la República (PGR) después de que "confesó" haberse entrometido en el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador y en las pasadas elecciones presidenciales, coinciden los senadores Arturo Núñez y Ricardo Monreal, quienes coordinan sendas denuncias contra el ex presidente por las acciones mencionadas y por las acusaciones que hizo en su contra el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por la muerte de los mineros de Pasta de Conchos. A esto se suma la resolución que el pasado 6 de febrero emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los magistrados investiguen la responsabilidad de funcionarios federales y estatales en las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por policías del Estado de México y de la Federal Preventiva, el 4 de mayo del año pasado, en San Salvador Atenco. Vicente Fox no debe quedar impune ante la "confesión" de sus delitos, coincidieron los senadores, quienes el jueves 22 acudieron a la PGR a levantar la denuncia contra Fox por haber intervenido en el proceso de desafuero de López Obrador y posteriormente "desquitarse" en las elecciones presidenciales, como él mismo dijo en la "conferencia" que dio en Washington el lunes 12: "Yo tuve mi propio problema con el alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dieciocho meses antes de la elección, él rompió la ley. Decidió construir un camino en propiedad privada para poder llegar a un hospital que se construía en la parte de atrás. "Pero no tuvo el cuidado de respetar la ley ni de seguir los procedimientos adecuados para construir ese camino; violó la ley. Tenía un dilema de, por un lado, cumplir la ley y respetar la orden del juez o, por el otro, el reclamo de López Obrador de que su candidatura a la Presidencia se respetara. Fue una decisión difícil, y perdí, entonces me retiré. "Pagué el costo político, pero 18 meses más tarde yo obtuve la victoria. El día de la elección, el candidato de mi partido ganó". Para los legisladores perredistas, estas palabras son una "confesión" de que se entrometió en el desafuero del tabasqueño y posteriormente se "desquitó" interviniendo en el proceso electoral del 2 de julio de 2006, cuando le dio todo el apoyo del Estado a "su" candidato Felipe Calderón. Con su declaración, afirmó Monreal, se confirma que Fox sí intervino ilegalmente en las elecciones, como el PRD denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) después del 2 de julio.

Chantajes foxistas

El jueves 22 por la mañana, los legisladores perredistas y miembros del FAP Pablo Gómez, Claudia Cruz, María Rojo, Juan Guerra, Alfonso Suárez del Real, David Sánchez Carreón y Ricardo Monreal, así como el representante de Nueva Izquierda del PRD, Jesús Zambrano, y el coordinador del FAP, Jesús Ortega, presentaron en la PGR la denuncia de hechos contra Fox por abuso de poder, peculado, delitos contra la administración de justicia y coalición de servidores públicos, entre otros. Para ratificar y ser parte coadyuvante en la demanda se nombró al ex diputado federal, Jesús González Schmal, actual coordinador de Justicia y Derechos Humanos del FAP. La querella fue elaborada, entre otros, por Alvaro Arceo Corcuera, quien fue abogado de López Obrador en el caso de El Encino, y Horacio Duarte, representante del PRD ante el Consejo General del IFE; la coordinó el senador perredista Arturo Núñez. Dirigida al procurador Eduardo Medina Mora, la denuncia hace un desglose verbal de las palabras de Fox, quien para Núñez resultó ser mejor ex presidente que presidente, pues con sus "revelaciones" les ayuda a ventilar la verdad sobre el desafuero y el "fraudulento" proceso electoral. Para la parte acusadora, la historia que Fox contó en Washington constituye una violación al Código Penal Federal, al de Procedimientos Penales, al de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, entre otras normas, por lo que el ex mandatario, que ya no ostenta cargo alguno, puede ser sujeto a una averiguación previa. De acuerdo con la denuncia de 43 cuartillas, el acto confesado representa una deslealtad al ejercicio de la soberanía popular y contradice ilícitamente el compromiso de la rendición de protesta constitucional.

"En su confesión de Washington, Fox confirmó que durante el ejercicio del mandato recibido del pueblo, ejerció sus funciones en forma vil, por un interés personal, en al menos dos casos: el conflicto del desafuero y la elección presidencial. "Esto es, Fox realizó actos contra la soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a sus intereses personales y de grupo para impedir el recto ejercicio de los derechos del políticos del pueblo de México", se indica en la denuncia. Núñez, quien siguió de cerca la elaboración del texto, señaló que están usando grabaciones, videos, audios y notas periodísticas como elementos de prueba para configurar conductas delictivas de carácter grave "que puedan llevar a sancionar al ex presidente". Para Arturo Núñez, no son fortuitas las declaraciones de Fox. Su lectura política es que el ex mandatario está chantajeando a Felipe Calderón para que no afecte sus intereses y no se le olvide todo lo que hizo para que llegara a la Presidencia. Con sus declaraciones, dice el senador, "poco favor le hace a Calderón, a quien seguramente le está cobrando facturas por servicios en campaña, literalmente hablando. Y Calderón se tiene que callar, tiene que aguantarlo, y entonces aquél cada vez que sienta que se afectan sus intereses, como que no sale su embajador a Canadá, entonces presiona a Calderón con declaraciones para que se apure, se porte bien y se nombre a Emilio Goicoechea --ex secretario particular de Fox-- como embajador a como dé lugar". Expriísta y ex funcionario federal, Núñez considera que los panistas no han podido resolver que el presidente rompa lazos con su antecesor.

Aunque la sucesión presidencial era cosa pactada en la era priísta, continúa, "la ruptura entre ambos presidentes era casi una disfunción sistémica, no dependía sólo del carácter, temperamento o humor del presidente en turno, sino que era una necesidad política, y los panistas están debutando en esta situación. Nunca antes el PAN había tenido un ex presidente, y Calderón no sabe qué hacer con su antecesor que lo chantajea de esta manera". En su opinión, Fox y Calderón podrían tener arreglos "en lo oscurito" sobre algunas acciones de gobierno, pero el ex mandatario lo hace público, por eso "asumo que es un chantaje". "Todavía no saben acomodarse el ex presidente y el presidente. Están novatos en este tema los panistas, de tal manera que cada que hable Fox, nosotros --los perredistas, dice Núñez-- vamos a aprovechar sus confesiones, porque eso son, para recordarle a los mexicanos la ilegitimidad de origen del presidente Calderón".

Hechos de sangre

Ese mismo jueves 22, el senador Ricardo Monreal quería presentar en el Senado un punto de acuerdo para que se ordenara a la PGR y a la procuraduría de Coahuila que se investigue la veracidad de las declaraciones que hizo el gobernador Humberto Moreira sobre Vicente Fox el 19 de febrero, a un año de la explosión en la mina Pasta de Conchos. Y es que el mandatario estatal reveló en Saltillo que Fox le había pedido inventar culpables y distraer la atención del caso. Agregó que esa plática "perversa e inmoral" se realizó en Los Pinos en presencia del ex secretario del Trabajo, Francisco Salazar, actual secretario de Acción de Gobierno del Partido Acción Nacional (PAN). La discusión del punto de acuerdo de Monreal se suspendió ante la ausencia de senadores priístas y panistas. El perredista espera que el PRI lo apoye la próxima semana, pero advirtió que "si no surge del Senado este exhorto, nosotros vamos a presentar la denuncia penal". La denuncia sería presentada la semana entrante, porque "en Pasta de Conchos ocurrió homicidio tumultuoso", argumenta el senador, aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Grupo México, dueño de la mina, pretendieron ocultar información sobre la tragedia. Sin embargo, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y la Pastoral Laboral desmontaron las mentiras del consorcio minero y sacaron a la luz las criminales omisiones de la STPS. Con base en esos expedientes, se espera que pronto sean procesados funcionarios públicos y directivos del Grupo México (Proceso 1581). Para el senador perredista, "la finalidad de presentar estas denuncias es que el ex presidente sea procesado por los delitos que cometió".

Pero igual que su correligionario Arturo Núñez, desconfía de la PGR. Dependencia que, dice, tiene dos caminos: "Actuar como cómplice, que no le cuesta mucho trabajo, o con rectitud por el bien del país, de la salud de la República". Eventualmente, estas denuncias se sumarían a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el pasado 6 de febrero, para que el máximo tribunal investigue las actuaciones de las autoridades federales y estatales en las presuntas violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, Estado de México, en mayo de 2006. En esos días, dirigentes pobladores de Atenco consideraron que el Operativo Rescate -realizado por 3 mil efectivos estatales y de Policía Federal Preventiva- fue una venganza del entonces presidente Fox, porque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra impidió en 2001 la construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México en el municipio de Texcoco. La investigación, prevista en el artículo 97 de la Constitución en caso de que se cometan graves violaciones a las garantías individuales, estará a cargo de los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo, de Toluca, y Sergio Alejandro González Bernabé, de Oaxaca, quienes iniciarán sus trabajos cuando se integre el expediente con las posiciones de los ministros de la SCJN. Al dar a conocer su postura, el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia consideró que la gravedad de los hechos "está dada por la alteración que ha significado para la población de Atenco. Se nos trae a colación el Convenio suscribe por México, mediante el cual se proscribe la tortura, pero también todos los Estados signantes se comprometen a establecer provisiones para indemnizar a las víctimas de la tortura. ¿El Estado mexicano ha cumplido con esta obligación o no ha cumplido?", cuestionó.

El operativo de Atenco fue encabezado por el entonces comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, Wilfrido Robledo Madrid; el que fuera jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado; y el que fuera secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora. Por cierto, Medina Mora es hoy el titular de la PGR y deberá dar seguimiento a las demandas contra Fox. Pero el pasado 24 de enero reconoció que estuvo presente en el operativo de San Salvador Atenco, durante el conflicto de Sicartsa en Michoacán y en la entrada de la PFP a Oaxaca.

Proceso No. 01582, 18 febrero 2007, pág 12.

Kikka Roja