- Grave situación, señala la Corte en el caso Lydia Cacho
- Alarmante, la nula atención a menores víctimas de abuso
- La reparación del daño en ese tipo de casos es exigua
La periodista Lydia Cacho sigue en espera de que se le haga justicia Foto: Guillermo Sologuren
La comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Lydia Cacho determinó que "la desatención por parte de las autoridades a los menores que son víctimas de abusos de carácter sexual, es alarmante y debe calificarse, sin lugar a dudas, de grave violación de los derechos fundamentales" de este sector de la población. La investigación sostiene que es "correlativa y congruente" con la que difundió recientemente -el 15 de mayo de 2007- el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil en el caso de México, la cual estableció que este fenómeno "constituye hoy un grave problema que es necesario encarar, con una nueva batería de políticas públicas y programas de intervención y asistencia social innovadoras y creativas".
Esto revela, sostiene el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, que existe una "problemática de Estado" respecto a la obligación de velar por el respeto de los menores en México. Lo anterior lo fundamenta con el hecho de que autoridades federales, del Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Jalisco reportaron 9 mil 85 casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores. En este contexto, el informe, que al ser rechazado y aplazado por mayoría de ocho votos dejó el asunto sin resolver por un tiempo indefinido, dejó para mejor ocasión un pronunciamiento del máximo tribunal sobre el tema, que exhortaba a los congresos federal y estatales a crear fiscalías y tribunales o juzgados especiales en atención a menores, con procedimientos que garanticen la atención y reparación del daño a la víctima, su confidencialidad y trato digno, con personal e instrumental adecuados.
Además quedó así pendiente la definición de que es necesario establecer instituciones que sirvan para dar seguimiento y continuidad en la atención de víctimas y a sus familias, aun cuando aquellas lleguen a cumplir la mayoría de edad, pero que resientan o sufran un daño específico en su salud. El documento de Silva Meza "sugiere" también al Poder Ejecutivo federal y estatales que pugnen por el establecimiento y rehabilitación de las instituciones especializadas en atención a la salud, de esparcimiento, de recuperación y de ayuda física y sicológica de los menores, garantizando además su subsistencia "con presupuestos suficientes a cargo del erario". Silva Meza recomienda también "la inmediata emisión de leyes que garanticen la ejecución de las existentes y las reglamentaciones internacionales, con precisión de obligaciones y responsabilidades para las personas, empleados o funcionarios que intervengan en instituciones públicas y privadas en la atención de menores".
La comisión establece que "lo más alarmante del análisis practicado a los expedientes relacionados con delitos sexuales en agravio de menores" es que "se da mayor atención o prevalencia a los derechos del presunto responsable que a los de la víctima"; que se giran órdenes de captura o presentación que no se cumplimentan; que en algunas ocasiones los menores son careados con su agresor y que al notar que hay "imprecisiones", los jueces dan por no acreditado el delito, "sin mayor esfuerzo por llegar al conocimiento de la verdad". Después de analizar 87 expedientes a manera de muestreo, resulta que los menores son víctimas de delitos como violación, corrupción, violación equiparada, ataques al pudor, estupro y abusos deshonestos.
Datos proporcionados por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que tiene registros de 3 mil 513 órdenes de captura o citatorios, girados por autoridades jurisdiccionales por diversos delitos de índole sexual cometidos en agravio de infantes, así como 2 mil 75 personas registradas con el carácter de indiciado, procesado o sentenciado en asuntos de carácter sexual de este tipo. Añade el documento que la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo reportó mil 595 averiguaciones previas iniciadas por delitos sexuales en agravio de menores, que comprenden el periodo del 22 de febrero de 2004 al 31 de marzo de 2007. Mientras, la Procuraduría General de Justicia de Puebla dio cuenta de 950 averiguaciones previas de 2005 al 23 de marzo pasado, por el mismo tipo de delitos.
Por su lado, la Procuraduría General de la República informó a la comisión sobre la existencia de 240 averiguaciones previas y registros de delitos sexuales contra menores a escala nacional. El informe destaca que en la inmensa mayoría de los expedientes analizados queda en evidencia que durante el proceso judicial "no se brindó ayuda sicológica a la víctima ni se dio seguimiento para conocer su estado de salud, además de que la reparación del daño es exigua".
Esto revela, sostiene el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, que existe una "problemática de Estado" respecto a la obligación de velar por el respeto de los menores en México. Lo anterior lo fundamenta con el hecho de que autoridades federales, del Distrito Federal, Puebla, Quintana Roo y Jalisco reportaron 9 mil 85 casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores. En este contexto, el informe, que al ser rechazado y aplazado por mayoría de ocho votos dejó el asunto sin resolver por un tiempo indefinido, dejó para mejor ocasión un pronunciamiento del máximo tribunal sobre el tema, que exhortaba a los congresos federal y estatales a crear fiscalías y tribunales o juzgados especiales en atención a menores, con procedimientos que garanticen la atención y reparación del daño a la víctima, su confidencialidad y trato digno, con personal e instrumental adecuados.
Además quedó así pendiente la definición de que es necesario establecer instituciones que sirvan para dar seguimiento y continuidad en la atención de víctimas y a sus familias, aun cuando aquellas lleguen a cumplir la mayoría de edad, pero que resientan o sufran un daño específico en su salud. El documento de Silva Meza "sugiere" también al Poder Ejecutivo federal y estatales que pugnen por el establecimiento y rehabilitación de las instituciones especializadas en atención a la salud, de esparcimiento, de recuperación y de ayuda física y sicológica de los menores, garantizando además su subsistencia "con presupuestos suficientes a cargo del erario". Silva Meza recomienda también "la inmediata emisión de leyes que garanticen la ejecución de las existentes y las reglamentaciones internacionales, con precisión de obligaciones y responsabilidades para las personas, empleados o funcionarios que intervengan en instituciones públicas y privadas en la atención de menores".
La comisión establece que "lo más alarmante del análisis practicado a los expedientes relacionados con delitos sexuales en agravio de menores" es que "se da mayor atención o prevalencia a los derechos del presunto responsable que a los de la víctima"; que se giran órdenes de captura o presentación que no se cumplimentan; que en algunas ocasiones los menores son careados con su agresor y que al notar que hay "imprecisiones", los jueces dan por no acreditado el delito, "sin mayor esfuerzo por llegar al conocimiento de la verdad". Después de analizar 87 expedientes a manera de muestreo, resulta que los menores son víctimas de delitos como violación, corrupción, violación equiparada, ataques al pudor, estupro y abusos deshonestos.
Datos proporcionados por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que tiene registros de 3 mil 513 órdenes de captura o citatorios, girados por autoridades jurisdiccionales por diversos delitos de índole sexual cometidos en agravio de infantes, así como 2 mil 75 personas registradas con el carácter de indiciado, procesado o sentenciado en asuntos de carácter sexual de este tipo. Añade el documento que la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo reportó mil 595 averiguaciones previas iniciadas por delitos sexuales en agravio de menores, que comprenden el periodo del 22 de febrero de 2004 al 31 de marzo de 2007. Mientras, la Procuraduría General de Justicia de Puebla dio cuenta de 950 averiguaciones previas de 2005 al 23 de marzo pasado, por el mismo tipo de delitos.
Por su lado, la Procuraduría General de la República informó a la comisión sobre la existencia de 240 averiguaciones previas y registros de delitos sexuales contra menores a escala nacional. El informe destaca que en la inmensa mayoría de los expedientes analizados queda en evidencia que durante el proceso judicial "no se brindó ayuda sicológica a la víctima ni se dio seguimiento para conocer su estado de salud, además de que la reparación del daño es exigua".
Kikka Roja
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