Apenas un mes después de que Felipe Calderón visitó al Papa Benedicto XVI y abordó con el pontífice el tema de la libertad religiosa, el aparato eclesiástico mexicano –el cardenal Rivera Carrera, la Conferencia del Episcopado y el Colegio de Abogados Católicos– decidieron echar toda la carne al asador: Impulsan reformas constitucionales entre cuyos propósitos destaca uno insólito: que el gobierno destine a la Iglesia una parte de la recaudación fiscal para atender a sus pobres, desprotegidos, ancianos y enfermos… Rodrigo Vera
La jerarquía católica mexicana ya tiene lista su iniciativa de reformas constitucionales en materia religiosa, en las que pide, entre otros puntos, instrucción religiosa en las escuelas públicas, que sus sacerdotes puedan “asociarse con fines políticos” y que un porcentaje de los impuestos que recauda el Estado se destinen a las arcas de la Iglesia. Elaborada por los especialistas del Colegio de Abogados Católicos –un organismo de defensoría y apoyo jurídico al clero–, la iniciativa propone la supresión del Estado laico, ya que es “impositor (sic) de un sistema de pensamiento único” que se caracteriza por su “racionalismo radical”, y reclama cambios sustanciales en los artículos 3º, 24 y 130 de la Constitución. A través del senador panista Federico Doring, la Iglesia emprende un “cabildeo político” para conseguir el respaldo del Congreso de la Unión. Por lo pronto, se planea crear una comisión especial en el Senado que impulse estas reformas. Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos y principal artífice de la iniciativa, dice: “Nos iremos primero por la vía del Senado. Será un trabajo de cabildeo político, de negociación y sensibilización. Ya tenemos algunas pláticas ahí. El senador Federico Doring ya tiene acercamientos con algunos obispos, pues ha manifestado voluntad de modificar la Constitución”.
En estos días “entregaremos nuestra propuesta a los legisladores. Y así como el secretario de Hacienda acaba de ir al Congreso a presentar su reforma fiscal, también iremos nosotros a presentar nuestra reforma para trascender el Estado laico”. Por su lado, Döring explica la mecánica a seguir: “Yo he platicado ya con varios senadores. Y la idea es crear una comisión especial y plural para el próximo período ordinario de sesiones. Esta comisión realizará foros de consulta y pondrá el tema en el debate público. Lo sacará incluso de la esfera religiosa para ponerlo en una esfera social. “Algunos puntos serán viables y otros no. Yo mismo tengo algunas reservas. Calculamos que, en un año máximo, estaremos turnando la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, que será la que dictamine”. Döring señala que ha tenido encuentros con el presidente del Episcopado, Carlos Aguiar Retes, y con el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien le atribuye tener mayor injerencia en la actual propuesta. “Con el Episcopado y el cardenal hemos avanzado un poco. También me he reunido con otros miembros del Consejo Interreligioso, en el que hay gente de otras Iglesias, pues mi compromiso es empujar el tema con todos ellos”, dice el legislador.
Armando Martínez habla sobre el respaldo de la jerarquía a la iniciativa: “En las modificaciones al artículo 130, que piden derecho a la libertad de expresión de los sacerdotes, hay un consenso por parte de los obispos con quienes he platicado. Todos piden a gritos que ningún sacerdote sea llevado a la Inquisición del Estado por el solo hecho de expresarse libremente”. En la sala de su domicilio particular –decorada con crucifijos y reproducciones de cuadros religiosos del Greco y Rafael–, exclama: “¡Cuál tolerancia! ¡Es una falsa tolerancia la del Estado laico! Un modo de opresión a la realidad religiosa. Junto con Cuba, México es uno de los países más restrictivos en materia de libertad religiosa. Aquí es un tabú tocar a Benito Juárez. Respetamos la separación Iglesia-Estado que él instauró. Pero sí pedimos dejar ese laicismo que no es más que un adoctrinamiento de Estado”. El especialista extiende luego ante el reportero el texto de la iniciativa, en cuya argumentación se recalca: La característica esencial de la laicidad implica que el poder político no invada el terreno del poder religioso, ni el religioso el del político; sin embargo, en nuestra sociedad el laicismo se muestra como impositor (sic) de un sistema de pensamiento único, que no respeta la necesaria diferenciación entre los dos planos. La iniciativa menciona igualmente los “fueros de poder y privilegios” que para la “clase política” representa el Estado laico, del que destaca estas características: Impone su racionalismo radical y su religión secular, como principio exclusivo de integración social. Cualquier referencia a otros principios está abocada a ser declarada irracional y condenada a la exclusión. Propone después que el apartado I del artículo tercero constitucional –que actualmente se refiere a la educación laica– quede de la siguiente manera: I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de religión, dicha educación será aconfesional; sin embargo, en la educación básica que imparta el Estado se podrá, a solicitud de los padres o tutores, impartir educación religiosa en las escuelas públicas, de acuerdo a la solicitud de estos mismos y respetando la no imposición de la misma.
En el artículo 24 amplía la “libertad de culto” –como está ahora– con la inclusión del derecho a practicar “integralmente” la religión: Todo hombre es libre para profesar la religión que más le agrade y para practicarla integralmente siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y plantea que en el artículo 130 –apartado e– se estipule lo siguiente: e) Los ministros podrán asociarse con fines políticos. Podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa y en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. No podrán agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. Armando Martínez advierte que, por ser reglamentaria del artículo 130, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público deberá representar “un cambio muy drástico”. Indica que, entre otros aspectos, esta ley incluiría la llamada objeción de conciencia. “Aquí quedaría reglamentada la objeción de conciencia, porque ésta implica vivir integralmente la libertad religiosa. Es decir, será válido si un médico no quiere practicar un aborto, o si un legislador no quiere aprobar una ley porque su conciencia se lo impide”, puntualiza.
Y agrega que la nueva Ley de Asociaciones Religiosas podría, inclusive, ser también la reglamentaria del artículo 24 constitucional, que actualmente carece de reglamentación. Otra de las propuestas, prosigue Armando Martínez, es que un porcentaje de los impuestos recaudados por el Estado sean destinados a las Iglesias. “Sería una pequeña proporción de los impuestos que se pagan al fisco los que irían a las Iglesias, que a su vez deben ser transparentes en el uso y destino de los recursos”.
– ¿Una especie de diezmo con la intermediación del Estado?
– Mire, la Iglesia cumple un papel social que el Estado no le reconoce: atiende a los pobres y desprotegidos, a los migrantes, a los ancianos, a los enfermos. Por ejemplo, el 25% de los enfermos de sida en el mundo son atendidos por la Iglesia. Como contribuyentes, por qué no destinar entonces una parte de nuestros impuestos a esta labor social, vía financiamiento de Estado. “Esto quedaría brevemente estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas. Y, ya más a detalle, en alguna de las distintas leyes de la miscelánea fiscal, o inclusive en una ley que trate exclusivamente sobre este impuesto especial. Es precisamente lo que ahorita estamos consultando con los expertos”.
– ¿Y dónde quedará la propuesta del clero de poseer medios de comunicación masiva?
– Este tema forma parte de la libertad de expresión, por lo que se reglamentaría en la misma Ley de Asociaciones Religiosas. Actualmente ya se trasmiten por cable programas televisivos religiosos. Debe darse, pues, el siguiente paso.
– ¿Y la propuesta de que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular?
– Aunque sería deseable, en la iniciativa no incluimos esa propuesta por razones históricas y porque implica un cambio cultural muy fuerte. No quisimos irnos hasta la cocina. Además, el mismo Código de Derecho Canónico impide a los sacerdotes ocupar estos cargos. De modo que dejamos ese candado tal como está.
“Retroceso de 150 años”
Fue el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, quien el pasado domingo 8 preparó el terreno para presentar la iniciativa, al demandar que se reforme la Ley de Asociaciones Religiosas por violar las garantías de los ministros de culto. “Si queremos que México sea un país democrático, no puede negárseles a los religiosos el derecho de criticar”, manifestó. Y se quejó: “No podemos opinar sobre los partidos políticos; tampoco podemos reunirnos para asociarnos con fines políticos. Y aclaro: no es que la Iglesia esté buscando asociarse políticamente, pero independientemente de ello, las leyes no tienen por qué contradecirse y prohibirnos una actividad a la que tiene derecho cualquier otro ciudadano”. Indicó que “los ministros de culto, como cualquier otro ciudadano, legisladores, periodistas, intelectuales, estudiantes, amas de casa, etcétera, tenemos derechos fundamentales, entre ellos el de reunión y de libre expresión”. Al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer un boletín de prensa en el que se sumó al cardenal:
“El reconocimiento del derecho a la libertad religiosa implica necesariamente que los ciudadanos puedan ejercerlo en sus actividades privadas y públicas. Por ello, es contrario a la dignidad humana restringirlo al culto o impedir su ejercicio en campos como la educación pública, los medios de comunicación o la participación cívico-política”. El máximo organismo de la jerarquía católica agregó: “Cuando la Iglesia exige la libertad religiosa, no solicita una dádiva, un privilegio, una licencia que depende de situaciones contingentes, de estrategias políticas o de la voluntad de las autoridades, sino que está pidiendo el reconocimiento efectivo de un derecho inalienable”. Y dio su respaldo a la iniciativa “que busca que nuestra legislación garantice el derecho de todos los mexicanos a la plena libertad religiosa”, la cual pretende que se incluya en la reforma del Estado.
Fue precisamente el de la libertad religiosa uno de los temas que el Papa Benedicto XVI abordó con Felipe Calderón durante el encuentro que ambos sostuvieron en El Vaticano el pasado 4 de junio. Algunos analistas aseguraron entonces que el pontífice presionaría a Calderón para que se modificara la Constitución en ese terreno. Pero quedaba la duda de si esa maniobra sería instrumentada mediante una iniciativa presidencial o valiéndose de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso. Ahora, según parece, es la segunda opción la que gana terreno. Armando Martínez indica al respecto: “El Papa está muy preocupado por los países que, como México, padecen una opresión en su libertad religiosa. Inclusive, ya trató el tema con los obispos mexicanos que fueron a verlo a Roma en la pasada visita Ad limina. ¡Caray!, no es posible, por ejemplo, que la Secretaría de Gobernación tenga una oficina destinada al control de las asociaciones religiosas y realice espionaje de Estado”. Egresado de la Universidad Anáhuac –de los Legionarios de Cristo–, donde hizo una licenciatura en derecho y un doctorado en políticas de desarrollo, Armando Martínez estudió también derecho canónico en la Universidad Pontificia de México y en la Complutense de Madrid. Actualmente es director de la Escuela de Derecho de la Universidad del Pedregal, manejada por los lasallistas. También es abogado matrimonialista en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México. En noviembre de 2005 fundó el Colegio de Abogados Católicos, que actualmente –dice– afilia a 33 miembros y tiene sus oficinas en la parroquia de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis de México, a cargo del obispo auxiliar Jonás Guerrero. El imponente templo es un alarde arquitectónico de estilo modernista –con cafeterías, jardines y galerías de arte sacro– que se yergue frente a Perisur.
Comenta Martínez que el Colegio lleva la defensa penal de sacerdotes acusados de pederastia y otros delitos. Lo mismo brinda asesoría jurídica para que la Iglesia enfrente la actual agenda legislativa que va contra sus principios: la legalización de las sociedades de convivencia, la despenalización del aborto en la Ciudad de México y, próximamente, el debate sobre la eutanasia. De ahí que, ahora, el Colegio de Abogados Católicos haya elaborado esta iniciativa. Recalca el abogado que el propósito fundamental de la reforma es “pasar de un Estado laico a un Estado aconfesional, donde se respeten todas las confesiones religiosas. Es un replanteamiento filosófico del Estado mexicano”. La iniciativa, a su juicio, es realmente “ciudadana” porque se someterá a la discusión no sólo de los legisladores, sino también de otros “actores políticos”, “pensadores”, ministros de culto de las “demás Iglesias” y del pueblo mismo. Döring –quien siendo diputado, en la pasada legislatura, ya había presentado una propuesta para reformar el artículo 24– estima que será incluso una reforma por las “libertades de las minorías religiosas, pese a que se piensa que solo beneficiará a la Iglesia católica”. Recuerda que la iniciativa condensa aquellos ofrecimientos de campaña de Vicente Fox –el famoso ‘decálogo’– que no se concretaron, y que surgieron de un consenso previo con las Iglesias. Sin embargo, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de México (Confraternice) –que aglutina a 250 agrupaciones evangélicas– ha venido rechazando la iniciativa mediante comunicados de prensa. Su máximo líder, el pastor Arturo Farela Gutiérrez, advierte tajante: “Con esa iniciativa, la Iglesia católica intenta recuperar los espacios de poder político y económico que tuvo antes de las reformas juaristas del siglo XIX. Propone, pues, un retroceso de 150 años”.
– ¿Las Iglesias evangélicas ya fueron consultadas?
– No, para nada. Jamás se tomó el parecer de los 25 millones de evangélicos del país. No es realmente una iniciativa ciudadana. Fue elaborada por ese colegio de abogados que tiene mucha cercanía con el Arzobispado de México. “Claro, también hay legisladores de ultraderecha que quieren que la católica sea la religión de Estado. Concuerdan con la postura del Papa Benedicto XVI, quien acaba de decir que la Iglesia católica es la auténtica, lo cual es ofensivo para la Iglesia anglicana, metodista, luterana y para las Iglesias evangélicas, puesto que todas ellas fundamentan sus enseñanzas en la figura de Jesucristo, quien no estableció su Iglesia en Roma, sino en Jerusalén”.
– ¿Ve posibilidades de que la iniciativa se apruebe?
– Es poco probable que se den esas reformas. Es más, creo que ni siquiera obtendrá el apoyo de todos los legisladores del PAN. El avance democrático no tiene reversa.
proceso 1602
Kikka Roja
En estos días “entregaremos nuestra propuesta a los legisladores. Y así como el secretario de Hacienda acaba de ir al Congreso a presentar su reforma fiscal, también iremos nosotros a presentar nuestra reforma para trascender el Estado laico”. Por su lado, Döring explica la mecánica a seguir: “Yo he platicado ya con varios senadores. Y la idea es crear una comisión especial y plural para el próximo período ordinario de sesiones. Esta comisión realizará foros de consulta y pondrá el tema en el debate público. Lo sacará incluso de la esfera religiosa para ponerlo en una esfera social. “Algunos puntos serán viables y otros no. Yo mismo tengo algunas reservas. Calculamos que, en un año máximo, estaremos turnando la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, que será la que dictamine”. Döring señala que ha tenido encuentros con el presidente del Episcopado, Carlos Aguiar Retes, y con el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien le atribuye tener mayor injerencia en la actual propuesta. “Con el Episcopado y el cardenal hemos avanzado un poco. También me he reunido con otros miembros del Consejo Interreligioso, en el que hay gente de otras Iglesias, pues mi compromiso es empujar el tema con todos ellos”, dice el legislador.
Armando Martínez habla sobre el respaldo de la jerarquía a la iniciativa: “En las modificaciones al artículo 130, que piden derecho a la libertad de expresión de los sacerdotes, hay un consenso por parte de los obispos con quienes he platicado. Todos piden a gritos que ningún sacerdote sea llevado a la Inquisición del Estado por el solo hecho de expresarse libremente”. En la sala de su domicilio particular –decorada con crucifijos y reproducciones de cuadros religiosos del Greco y Rafael–, exclama: “¡Cuál tolerancia! ¡Es una falsa tolerancia la del Estado laico! Un modo de opresión a la realidad religiosa. Junto con Cuba, México es uno de los países más restrictivos en materia de libertad religiosa. Aquí es un tabú tocar a Benito Juárez. Respetamos la separación Iglesia-Estado que él instauró. Pero sí pedimos dejar ese laicismo que no es más que un adoctrinamiento de Estado”. El especialista extiende luego ante el reportero el texto de la iniciativa, en cuya argumentación se recalca: La característica esencial de la laicidad implica que el poder político no invada el terreno del poder religioso, ni el religioso el del político; sin embargo, en nuestra sociedad el laicismo se muestra como impositor (sic) de un sistema de pensamiento único, que no respeta la necesaria diferenciación entre los dos planos. La iniciativa menciona igualmente los “fueros de poder y privilegios” que para la “clase política” representa el Estado laico, del que destaca estas características: Impone su racionalismo radical y su religión secular, como principio exclusivo de integración social. Cualquier referencia a otros principios está abocada a ser declarada irracional y condenada a la exclusión. Propone después que el apartado I del artículo tercero constitucional –que actualmente se refiere a la educación laica– quede de la siguiente manera: I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de religión, dicha educación será aconfesional; sin embargo, en la educación básica que imparta el Estado se podrá, a solicitud de los padres o tutores, impartir educación religiosa en las escuelas públicas, de acuerdo a la solicitud de estos mismos y respetando la no imposición de la misma.
En el artículo 24 amplía la “libertad de culto” –como está ahora– con la inclusión del derecho a practicar “integralmente” la religión: Todo hombre es libre para profesar la religión que más le agrade y para practicarla integralmente siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y plantea que en el artículo 130 –apartado e– se estipule lo siguiente: e) Los ministros podrán asociarse con fines políticos. Podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa y en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones. No podrán agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. Armando Martínez advierte que, por ser reglamentaria del artículo 130, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público deberá representar “un cambio muy drástico”. Indica que, entre otros aspectos, esta ley incluiría la llamada objeción de conciencia. “Aquí quedaría reglamentada la objeción de conciencia, porque ésta implica vivir integralmente la libertad religiosa. Es decir, será válido si un médico no quiere practicar un aborto, o si un legislador no quiere aprobar una ley porque su conciencia se lo impide”, puntualiza.
Y agrega que la nueva Ley de Asociaciones Religiosas podría, inclusive, ser también la reglamentaria del artículo 24 constitucional, que actualmente carece de reglamentación. Otra de las propuestas, prosigue Armando Martínez, es que un porcentaje de los impuestos recaudados por el Estado sean destinados a las Iglesias. “Sería una pequeña proporción de los impuestos que se pagan al fisco los que irían a las Iglesias, que a su vez deben ser transparentes en el uso y destino de los recursos”.
– ¿Una especie de diezmo con la intermediación del Estado?
– Mire, la Iglesia cumple un papel social que el Estado no le reconoce: atiende a los pobres y desprotegidos, a los migrantes, a los ancianos, a los enfermos. Por ejemplo, el 25% de los enfermos de sida en el mundo son atendidos por la Iglesia. Como contribuyentes, por qué no destinar entonces una parte de nuestros impuestos a esta labor social, vía financiamiento de Estado. “Esto quedaría brevemente estipulado en la Ley de Asociaciones Religiosas. Y, ya más a detalle, en alguna de las distintas leyes de la miscelánea fiscal, o inclusive en una ley que trate exclusivamente sobre este impuesto especial. Es precisamente lo que ahorita estamos consultando con los expertos”.
– ¿Y dónde quedará la propuesta del clero de poseer medios de comunicación masiva?
– Este tema forma parte de la libertad de expresión, por lo que se reglamentaría en la misma Ley de Asociaciones Religiosas. Actualmente ya se trasmiten por cable programas televisivos religiosos. Debe darse, pues, el siguiente paso.
– ¿Y la propuesta de que los ministros de culto ocupen cargos de elección popular?
– Aunque sería deseable, en la iniciativa no incluimos esa propuesta por razones históricas y porque implica un cambio cultural muy fuerte. No quisimos irnos hasta la cocina. Además, el mismo Código de Derecho Canónico impide a los sacerdotes ocupar estos cargos. De modo que dejamos ese candado tal como está.
“Retroceso de 150 años”
Fue el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, quien el pasado domingo 8 preparó el terreno para presentar la iniciativa, al demandar que se reforme la Ley de Asociaciones Religiosas por violar las garantías de los ministros de culto. “Si queremos que México sea un país democrático, no puede negárseles a los religiosos el derecho de criticar”, manifestó. Y se quejó: “No podemos opinar sobre los partidos políticos; tampoco podemos reunirnos para asociarnos con fines políticos. Y aclaro: no es que la Iglesia esté buscando asociarse políticamente, pero independientemente de ello, las leyes no tienen por qué contradecirse y prohibirnos una actividad a la que tiene derecho cualquier otro ciudadano”. Indicó que “los ministros de culto, como cualquier otro ciudadano, legisladores, periodistas, intelectuales, estudiantes, amas de casa, etcétera, tenemos derechos fundamentales, entre ellos el de reunión y de libre expresión”. Al día siguiente, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer un boletín de prensa en el que se sumó al cardenal:
“El reconocimiento del derecho a la libertad religiosa implica necesariamente que los ciudadanos puedan ejercerlo en sus actividades privadas y públicas. Por ello, es contrario a la dignidad humana restringirlo al culto o impedir su ejercicio en campos como la educación pública, los medios de comunicación o la participación cívico-política”. El máximo organismo de la jerarquía católica agregó: “Cuando la Iglesia exige la libertad religiosa, no solicita una dádiva, un privilegio, una licencia que depende de situaciones contingentes, de estrategias políticas o de la voluntad de las autoridades, sino que está pidiendo el reconocimiento efectivo de un derecho inalienable”. Y dio su respaldo a la iniciativa “que busca que nuestra legislación garantice el derecho de todos los mexicanos a la plena libertad religiosa”, la cual pretende que se incluya en la reforma del Estado.
Fue precisamente el de la libertad religiosa uno de los temas que el Papa Benedicto XVI abordó con Felipe Calderón durante el encuentro que ambos sostuvieron en El Vaticano el pasado 4 de junio. Algunos analistas aseguraron entonces que el pontífice presionaría a Calderón para que se modificara la Constitución en ese terreno. Pero quedaba la duda de si esa maniobra sería instrumentada mediante una iniciativa presidencial o valiéndose de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso. Ahora, según parece, es la segunda opción la que gana terreno. Armando Martínez indica al respecto: “El Papa está muy preocupado por los países que, como México, padecen una opresión en su libertad religiosa. Inclusive, ya trató el tema con los obispos mexicanos que fueron a verlo a Roma en la pasada visita Ad limina. ¡Caray!, no es posible, por ejemplo, que la Secretaría de Gobernación tenga una oficina destinada al control de las asociaciones religiosas y realice espionaje de Estado”. Egresado de la Universidad Anáhuac –de los Legionarios de Cristo–, donde hizo una licenciatura en derecho y un doctorado en políticas de desarrollo, Armando Martínez estudió también derecho canónico en la Universidad Pontificia de México y en la Complutense de Madrid. Actualmente es director de la Escuela de Derecho de la Universidad del Pedregal, manejada por los lasallistas. También es abogado matrimonialista en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México. En noviembre de 2005 fundó el Colegio de Abogados Católicos, que actualmente –dice– afilia a 33 miembros y tiene sus oficinas en la parroquia de la Sexta Vicaría de la Arquidiócesis de México, a cargo del obispo auxiliar Jonás Guerrero. El imponente templo es un alarde arquitectónico de estilo modernista –con cafeterías, jardines y galerías de arte sacro– que se yergue frente a Perisur.
Comenta Martínez que el Colegio lleva la defensa penal de sacerdotes acusados de pederastia y otros delitos. Lo mismo brinda asesoría jurídica para que la Iglesia enfrente la actual agenda legislativa que va contra sus principios: la legalización de las sociedades de convivencia, la despenalización del aborto en la Ciudad de México y, próximamente, el debate sobre la eutanasia. De ahí que, ahora, el Colegio de Abogados Católicos haya elaborado esta iniciativa. Recalca el abogado que el propósito fundamental de la reforma es “pasar de un Estado laico a un Estado aconfesional, donde se respeten todas las confesiones religiosas. Es un replanteamiento filosófico del Estado mexicano”. La iniciativa, a su juicio, es realmente “ciudadana” porque se someterá a la discusión no sólo de los legisladores, sino también de otros “actores políticos”, “pensadores”, ministros de culto de las “demás Iglesias” y del pueblo mismo. Döring –quien siendo diputado, en la pasada legislatura, ya había presentado una propuesta para reformar el artículo 24– estima que será incluso una reforma por las “libertades de las minorías religiosas, pese a que se piensa que solo beneficiará a la Iglesia católica”. Recuerda que la iniciativa condensa aquellos ofrecimientos de campaña de Vicente Fox –el famoso ‘decálogo’– que no se concretaron, y que surgieron de un consenso previo con las Iglesias. Sin embargo, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas de México (Confraternice) –que aglutina a 250 agrupaciones evangélicas– ha venido rechazando la iniciativa mediante comunicados de prensa. Su máximo líder, el pastor Arturo Farela Gutiérrez, advierte tajante: “Con esa iniciativa, la Iglesia católica intenta recuperar los espacios de poder político y económico que tuvo antes de las reformas juaristas del siglo XIX. Propone, pues, un retroceso de 150 años”.
– ¿Las Iglesias evangélicas ya fueron consultadas?
– No, para nada. Jamás se tomó el parecer de los 25 millones de evangélicos del país. No es realmente una iniciativa ciudadana. Fue elaborada por ese colegio de abogados que tiene mucha cercanía con el Arzobispado de México. “Claro, también hay legisladores de ultraderecha que quieren que la católica sea la religión de Estado. Concuerdan con la postura del Papa Benedicto XVI, quien acaba de decir que la Iglesia católica es la auténtica, lo cual es ofensivo para la Iglesia anglicana, metodista, luterana y para las Iglesias evangélicas, puesto que todas ellas fundamentan sus enseñanzas en la figura de Jesucristo, quien no estableció su Iglesia en Roma, sino en Jerusalén”.
– ¿Ve posibilidades de que la iniciativa se apruebe?
– Es poco probable que se den esas reformas. Es más, creo que ni siquiera obtendrá el apoyo de todos los legisladores del PAN. El avance democrático no tiene reversa.
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