- El narcotráfico, meta secundaria, advierten académicos
- Militarizar el país busca crear un “frente de disciplina social”
Expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en seguridad pública y derechos humanos, aseguraron que con la decisión del gobierno federal de mantener al Ejército patrullando las calles para combatir al narcotráfico hasta el 2012, se concretan los “preparativos para militarizar todo el país, por lo que resta del sexenio y quizá para los próximos gobiernos”. Destacaron que al presentar una estrategia de combate al narcotráfico apoyada en el despliegue de las fuerzas armadas “enfrentamos no sólo una guerra declarada, sino un ejercicio de violencia que generará más violencia y muerte, porque en países donde se aplica una política de mano dura, pero no se atacan las bases que propician la delincuencia, hay un incremento de los delitos”.
Fernando Tenorio Tagle, especialista en seguridad pública y criminología, afirmó que los discursos “encubren muchas veces las verdaderas metas, ya que la creciente presencia de militares en las calles obedece más a un proceso de militarización del país que garantice un frente efectivo de disciplina social, y no tanto para combatir al narcotráfico, pues la delincuencia organizada es considera como tal no sólo por su capacidad operativa, sino porque está en estrecha vinculación con las instituciones del Estado”, concluyó.En tanto, Agustín Pérez Carrillo, experto en derechos humanos y seguridad pública, afirmó que la decisión viola el artículo 129 constitucional, que establece que las fuerzas armadas en tiempo de paz deberán estar destinadas a “actividades estrictamente militares”; además se pondrá en riesgo a “miles de civiles ante una guerra que no tenemos ninguna posibilidad de ganar”. Ignorar recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para retirar “paulatinamente” al Ejército de las calles propicia mayor “zozobra e inseguridad”, porque no existen señales para afirmar que en los hechos se están atacando problemas de fondo, advirtió.
Fernando Tenorio Tagle, especialista en seguridad pública y criminología, afirmó que los discursos “encubren muchas veces las verdaderas metas, ya que la creciente presencia de militares en las calles obedece más a un proceso de militarización del país que garantice un frente efectivo de disciplina social, y no tanto para combatir al narcotráfico, pues la delincuencia organizada es considera como tal no sólo por su capacidad operativa, sino porque está en estrecha vinculación con las instituciones del Estado”, concluyó.En tanto, Agustín Pérez Carrillo, experto en derechos humanos y seguridad pública, afirmó que la decisión viola el artículo 129 constitucional, que establece que las fuerzas armadas en tiempo de paz deberán estar destinadas a “actividades estrictamente militares”; además se pondrá en riesgo a “miles de civiles ante una guerra que no tenemos ninguna posibilidad de ganar”. Ignorar recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para retirar “paulatinamente” al Ejército de las calles propicia mayor “zozobra e inseguridad”, porque no existen señales para afirmar que en los hechos se están atacando problemas de fondo, advirtió.
Kikka Roja
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