PROCESO: Una Propuesta Reciclada: REPSOL saqueo impune

Las controvertidas iniciativas de reforma energética del gobierno federal enviadas al Senado no son nuevas. Ya en octubre de 2005 el director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Rafael Alexandri Rionda, dio a conocer el esquema: modificar las leyes “para evitar cuestionamientos de legalidad” y dar “incentivos” a los participantes. Ese anuncio se hizo en momentos en que la empresa española Repsol comenzaba a monopolizar la distribución de gas en el país. JESUSA CERVANTES / APRO Las iniciativas de reforma energética presentadas por el gobierno panista el martes 8 pretenden dar certeza jurídica, posibilidad de inversión con menor riesgo, así como esquivar posibles juicios de nulidad a los contratos que desde hace una década tienen en el país empresas extranjeras, asegura el catedrático de la UNAM Víctor Rodríguez-Padilla. Especialista en el análisis de los contratos que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad entregaron a inversionistas extranjeros a partir de 2003, Rodríguez-Padilla menciona que los que se elaboraron ex profeso para Repsol sólo benefician a esta compañía española y representan pérdidas para Pemex. En caso de concretarse las reformas que propone el gobierno federal, insiste, las ambigüedades de los contratos que le ha entregado a esa trasnacional petrolera Felipe Calderón quedarían zanjadas y legalizarían lo ya hecho. Repsol entró a México en 1997 al apoderarse de empresas mexicanas que contaban con permiso por 30 años para distribuir gas natural a industrias y casas-habitación. Su mayor logró fue cuando ganó la primera licitación de los cinco Contratos de Servicios Múltiples (CSM) en el que participaron empresas con capital extranjero para explorar y explotar yacimientos de gas en la Cuenca de Burgos. Eso sucedió el 16 de octubre de 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. El contrato tiene una vigencia de 20 años. Aquellos contratos fueron objeto de juicios administrativos para demandar su nulidad por violar el artículo 27 de la Constitución, la Ley Reglamentaria del 27 y la Ley de Adquisiciones de Obra Pública. Las demandas las encabezó Manuel Bartlett Díaz, quien entonces era senador; también los cuestionó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y en paralelo la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, A.C. (Uncip) demandó la nulidad del contrato entregado a Repsol. Al principio, el gobierno de Vicente Fox pretendía entregar ocho contratos, pero las demandas de juicio lo inhibieron y las empresas extranjeras desistieron. El 27 de abril de 2005, por ejemplo, el director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, aceptó: el esquema de CSM dejó de ser atractivo para la paraestatal. “Pemex está muy preocupado porque el mercado ya no reconoce como atractivo este esquema por todo el entorno que encierra”, arguyó. También dijo: “Ya causamos una incertidumbre en el mercado, donde los que invirtieron están teniendo que responder a demandas judiciales y dicen, ‘mejor me voy a Cuba o a otro lugar del mundo donde está abierto este tema’.” Ramírez Corzo mencionó también que los CSM son los que menos incentivos ofrecen al capital extranjero, por lo que adelantó que se cambiaría el esquema de obras y servicios por los “contratos-alianza”. Y explicó que mediante este mecanismo se “pagaría a la empresa una cuota por el volumen que produzca”. En la actualidad, en los CSM el pago es independiente de la producción que se tenga por cada yacimiento, dijo; de lo que se trata ahora es de “garantizar a los inversionistas la legalidad de los contratos”. Un mes después, en mayo de 2005, el funcionario encargado de materializar los CSM, Sergio Guaso Montoya, reconoció que “la legislación actual no permite claramente la explotación y exploración de los yacimientos de hidrocarburos, por lo que Pemex deberá modificar la redacción para evitar ambigüedades”. El anuncio de 2005 Por aquellas fechas, la ASF recomendó entregar nuevos contratos sólo si había “certeza en los términos”. Y el 27 de octubre de 2005, el entonces director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), Rafael Alexandri Rionda, adelantó lo que el martes 8 presentó Felipe Calderón: modificar las leyes “para evitar cuestionamientos de legalidad”. Dijo Alexandri Rionda: “Se deberán hacer nuevos modelos de ejecución que contengan incentivos que permitan atraer el interés de los privados… Necesitamos proponer cambios en leyes secundarias que permitan a Pemex contratar de distintas formas.” Pasaron tres años y Felipe Calderón Hinojosa concretó esos cambios. En las reformas entregadas el martes 8 al Senado de la República se prevén cambios a leyes secundarias que permitan nuevos contratos a la iniciativa privada, sin tener que enfrentar juicios de nulidad. Entre los cambios, el gobierno panista propone una nueva ley orgánica de Pemex que permita nuevos esquemas de trabajo y que a su vez ofrezcan “incentivos” a los participantes. Lo anterior se desprende del artículo 46 de la citada ley: “Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable (es decir, se puede modificar el contrato en años posteriores a su firma), o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad. Pemex podrá condicionar a que el proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes y podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicios, los cuales serán pagaderos únicamente en efectivo”. Para Víctor Rodríguez-Padilla, responsable de argumentar jurídicamente la inconstitucionalidad del CSM entregado a Repsol, explica que se trató de “un contrato de riesgo disfrazado”, puesto que la única que ganaba era la compañía, mientras que la paraestatal perdía. Dice que ese CSM permite a Repsol subcontratar toda la operación del yacimiento Reynosa-Monterrey, ubicado en la Cuenca de Burgos. Lo único que hace la trasnacional es administrar el contrato, ya que entregó a una empresa venezolana toda la operación. Así mismo, detalla que dicho contrato sólo exige a Repsol la inversión de 60 millones de dólares, los cuales desembolsó la empresa española sin ningún problema. “Pemex le dejó los yacimientos produciendo y con reserva, de tal manera que lo que genera ese bloque, lo que produce, lo usa para hacer la inversión que le demanda el gobierno; además de que le alcanza para subcontratar a una tercera empresa que es la que opera el yacimiento. Ni siquiera hay inversión de Repsol”, denuncia Rodríguez-Padilla. Y resume: “Repsol sólo entró como un gran contratista sin grandes riesgos ni inversiones. Y si la producción te da para subcontratar, significa que es demasiado lo que genera en recursos. Ese yacimiento sí es rentable y Pemex lo pudo haber hecho ahorrándose al intermediario de Repsol. Aquí lo curioso es que la empresa que le opera a Repsol (en este caso) es la misma que le opera en otros lugares del mundo”. Rodríguez-Padilla comenta que Pemex se escudó siempre en que no cuenta con el dinero ni la tecnología para “multiplicar la capacidad de ejecución”, cuando en realidad sí la tiene. En ese mismo año –2005– se selló el juicio promovido por Bartlett, ya que el juez en turno consideró que no tenía personalidad jurídica para impugnarlo. No sucedió lo mismo con la demanda de la Uncip, a pesar de los esfuerzos de Pemex por concluir el proceso. Luego de más de cuatro años de litigio, el pasado 28 de febrero el juez décimo primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal ordenó emplazar a Repsol para que argumente lo que a su juicio corresponda y evitar así la nulidad del CSM entregado por Felipe Calderón en 2003. El emplazamiento a Repsol fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 7, un día antes de que Calderón enviara su paquete de reformas en materia energética. El monopolio En 1997, Repsol llegó a México, cuando el gobierno zedillista abrió la distribución de gas natural para abastecer a casas y empresas. Y a partir de 2000, la empresa española empezó adquirir empresas y a monopolizar la distribución de dicho energético, Hoy, gracias a la Comisión Regu-ladora de Energía (CRE) y al aval de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), encargada de evitar los monopolios, Repsol tiene ocho de los 22 permisos a través de dos de sus filiales, Gas Natural México (GNM) y Comercializadora Metrogas. En su página electrónica, Repsol señala a la dupla gas-electricidad como una de sus grandes apuestas. La compañía abastece de gas natural a las industrias y casas-habitación de las zona norte y del bajío, así como el Distrito Federal. De acuerdo con documentos de la propia CRE, la mayor parte de los ocho permisos para distribución de gas fueron entregados a empresas mexicanas que poco a poco fueron absorbidas por la empresa española. Cada una de esas fusiones fue autorizada por la propia CRE y avalada por la Cofeco. El 31 de agosto de 2000, por ejemplo, la Cofeco autorizó la compra de Servicio de Energía de México y DF-Gas. Ambas tenían en su poder el permiso para abastecer durante 30 años la distribución de gas en el Distrito Federal. Al comprarlas, Repsol se quedó con todo el mercado. Lo mismo ocurrió con la empresa Metrogas, que fue adquirida por la empresa española ese mismo año. La Cofeco y la CRE sabían que Repsol estaba monopolizando la distribución domiciliaria de gas natural, pero no trataron de impedirlo. El único caso en que el gobierno frenó a la empresa española fue el 11 de mayo de 2000, cuando su filial Gas Natural México obtuvo de parte de la CRE el permiso número siete para abastecer a la zona occidente del país. Tras analizar el caso, la Cofeco concluyó que de otorgárselo contaría con siete permisos y monopolizaría el mercado. Para consolidar su dupla gas-electricidad, la compañía española adquirió ocho empresas: Administradora de Servicios de Energía de México, Comercializadora Metrogas, Energía y Confort Administración Personal, Gas Natural México (GN-M), Gas Natural Servicios, Sistema de Administración y Servicios, Trans-natural SRL de México y CH4 Energía. En el caso de esta última, Repsol contó con el aval del gobierno foxista, que incluso participó en su constitución. El 20 de diciembre de 2000, recién iniciada la gestión del guana-juatense, GNM se asoció con Pemex-Gas y Petroquímica Básica para constituir dicha empresa con un capital de 50% y 50%. GNM se dedica a la compra y venta de gas natural y todas las actividades relacionadas con la comer-cialización y servicios que se prestan “en el trayecto del gasoducto Palmi-llas-Toluca”. Es a través de éste que los corredores industriales más importantes del país se abastecen de gas. Rodríguez-Padilla asegura que el objetivo de Repsol es lograr la mayor renta del gas, es decir, llevarlo hasta la producción de energía, y para ello, dice, contó con el respaldo del gobierno de Felipe Calderón, quien se inventó un requerimiento innecesario de energía para poder entregarle el multimillonario contrato de gas licuado en Manzanillo en octubre de 2007. Tal como lo hizo cuatro años antes cuando era titular de la Sener, ahora Felipe Calderón, ya como titular del Ejecutivo federal, se inventó una demanda inexistente de gas y pagó a Repsol 183 mil millones de pesos para que traiga gas de Perú. Este proyecto consiste en cambiar a gas licuado el combustóleo que actualmente utiliza la planta de energía ubicada en Manzanillo y que es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “El contrato dice que Repsol entregará 500 millones de metros cúbicos de gas de Perú, pero la verdad es que dicha planta no requiere tanto, así, el excedente se enviará a dos plantas más que se edificarán, y se construirá también un gasoducto para que todo ese excedente se envíe a los consumidores de energía de la zona occidente”, dice el investigador de la UNAM. Acepta que el gas es más barato, como sostiene la CFE, pero aclara: el asunto es que no lo necesitamos, sólo se justifica el que irá a la planta de Manzanillo. “Lo que se usará en las dos plantas que se construirán de aquí a 2011 se puede traer de la planta de Rosarito o de Altamira, ahí hay excedentes y existen la red de interconexión. No es necesario construir un gasoducto, mucho menos comprar tanto gas”. Lo que ocurre, explica, es que a Repsol no le redituaba ganancias vender únicamente gas para la planta de Manzanillo. Critica a Felipe Calderón porque, arguye, “se inventó una demanda inexistente”. El mandatario pudo destinar esa suma millonaria a programas sociales. El de manzanillo es, dice, un contrato “ventajoso para Repsol e innecesario para México”, pues le da a la empresa española un aumento en sus acciones de la bolsa, le abre las puertas para solicitar millonarios créditos bancarios, así como para hacer futuros negocios. Así, según Rodríguez-Padilla, el negocio de Repsol es acumular tanto gas como sea posible, generar su propia energía y convertirse en el vendedor más grande del país del ramo. Y se está preparando para ello. El pasado 27 de diciembre, a través de Gas Natural México compró a EDF de Francia las cinco plantas de ciclo combinado que tenía en México, con lo que se convirtió en el único operador de gas y electricidad en el país. La operación fue avalada por la CRE “Su siguiente estrategia es absorber Iberdrola, la segunda generadora de energía en México”, concluye el investigador.

Kikka Roja