jorge carrasco araizaga
MÉXICO, DF, 12 de agosto (apro).- Ante “la justificada indignación” social por un nuevo repunte del secuestro en México, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió que tanto el Ejecutivo como el Legislativo hagan su tarea para facilitar las sentencias de los jueces contra los delincuentes. La ceremonia de toma de protesta de 38 nuevos jueces de distrito y magistrados de circuito, en el salón de plenos de la Corte, fue aprovechada por el máximo representante del Poder Judicial para fijar su posición ante la imparable inseguridad que vive México y recordar que la principal tarea recae en el Ejecutivo.
Ante la insistencia de Felipe Calderón para que el Congreso apruebe las leyes secundarias de la reforma judicial, el ministro subrayó que lo más importante es prevenir el delito y perseguir a los delincuentes y ambas tareas, enfatizó, son de la exclusiva competencia del Poder Ejecutivo federal o estatal. Sobre el Congreso, anotó que a éste corresponde la creación de leyes “útiles” que permitan sancionar los delitos, pues el derecho debe resolver las necesidades del momento. En un mensaje directo a los legisladores, aseguró que la modificación de las leyes penales debe traducirse no sólo en procedimientos ineludibles, sino en reglas claras, contundentes y precisas para facilitar la tarea de los jueces al momento de imponer sanciones. Al explicar la tarea que tiene cada uno de los tres poderes del Estado ante la crisis de inseguridad, atribuyó la de mayor responsabilidad al Ejecutivo. La más importante es la procuración de justicia, que consiste tanto en la prevención de los delitos como en la persecución de quien los comete, precisó.
Directo, se refirió al trabajo de las procuradurías de Justicia que, orgánicamente, dependen del Poder Ejecutivo: “Mucho contribuiría al sistema de justicia que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte pericial… con la calidad que amerita este sensible problema”. Al referirse a la prevención, expresó que “la educación es la mejor herramienta” para corregir la inercia delictiva. En el discurso que leyó ante los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura Federal y otros funcionarios del Poder Judicial, Ortiz Mayagoitia subrayó que la contribución de éste al sistema de justicia y seguridad pública deben ser sentencias justas, imparciales y objetivas, tarea que tienen jueces y magistrados locales y federales. Y concluyó: “es claramente justificada la indignación de la sociedad al sentir amenazadas su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”.
Reformar la normatividad penal, cuota para los integrantes del Legislativo, advierte
El Congreso, corresponsable de que falte seguridad: Ortiz Mayagoitia
El presidente de la SCJN justifica el clamor de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia
Se adhiere al llamado del presidente Calderón para que todas las fuerzas se unan contra este flagelo
Alfredo Méndez
En lo que fue el primer pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre el repunte de la violencia y los secuestros en el país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, justificó el clamor de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia pues, dijo, es una reacción natural “al sentir amenazada su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”. En la Corte y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, “no somos ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos”, puntualizó el ministro. Además, en una inusual crítica al Poder Legislativo, Ortiz Mayagoitia aseveró que para “consolidar y construir” nuestro sistema de justicia y de seguridad pública aún es necesario que el Congreso expida “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”, para que así “el derecho corresponda a las necesidades de su momento”.Las disposiciones jurídicas, precisó, particularmente las que establecen los delitos y castigos, “deben ser claras, contundentes y precisas”, tal como lo establece el artículo 14 constitucional.El ministro insistió en sus recomendaciones a los legisladores sobre que la ley debe determinar “procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”.En víspera de que el Congreso analice el proyecto de ley presentado por el presidente Felipe Calderón sobre el establecimiento de la cadena perpetua a los secuestradores, bajo determinadas circunstancias, Ortiz Mayagoitia señaló que “el debido proceso”, es decir, las formalidades que deben seguirse en los juicios, forman parte de las garantías más valiosas de los ciudadanos, además de ser “una condición de efectividad para el estado de derecho”.Durante una sesión de pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se tomó protesta a 38 jueces y magistrados federales, el ministro dejó en claro su adhesión al llamado del presidente Felipe Calderón para que todas las fuerzas del Estado mexicano se unan en la lucha contra el flagelo de la delincuencia.
Consideró que para construir y consolidar un sistema de justicia y de seguridad pública eficientes se requiere cumplir con tres tareas: la primera es de los legisladores, quienes deben redactar leyes útiles para el derecho; la segunda corresponde a los procuradores de Justicia, que están obligados a prevenir los delitos y a detener a los criminales; la tercera es de los jueces, quienes deben juzgar con independencia, objetividad e imparcialidad. De las tres tareas, la más importante es la que compete al ámbito de la procuración de justicia, aunque “la prevención no basta, es preciso adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”, consideró el presidente de la Suprema Corte.“Mucho contribuirá al sistema de justicia el que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados”, puntualizó el ministro Ortiz Mayagoitia.La cuota para los legisladores es reformar la normatividad penal, a fin de que los procedimientos judiciales sean ineludibles y faciliten a los juzgadores el imponer sanciones.Sobre la contribución de jueces, magistrados y ministros, dijo que les corresponde asumir su tarea “con toda seriedad, ejerciendo a cabalidad sus funciones y respetando nuestros límites constitucionales”. Agregó que el Poder Judicial “tiene la tarea de sentenciar todos los casos que se someten a su potestad, sujetando su autoridad al procedimiento que señalan las leyes.
Ante la insistencia de Felipe Calderón para que el Congreso apruebe las leyes secundarias de la reforma judicial, el ministro subrayó que lo más importante es prevenir el delito y perseguir a los delincuentes y ambas tareas, enfatizó, son de la exclusiva competencia del Poder Ejecutivo federal o estatal. Sobre el Congreso, anotó que a éste corresponde la creación de leyes “útiles” que permitan sancionar los delitos, pues el derecho debe resolver las necesidades del momento. En un mensaje directo a los legisladores, aseguró que la modificación de las leyes penales debe traducirse no sólo en procedimientos ineludibles, sino en reglas claras, contundentes y precisas para facilitar la tarea de los jueces al momento de imponer sanciones. Al explicar la tarea que tiene cada uno de los tres poderes del Estado ante la crisis de inseguridad, atribuyó la de mayor responsabilidad al Ejecutivo. La más importante es la procuración de justicia, que consiste tanto en la prevención de los delitos como en la persecución de quien los comete, precisó.
Directo, se refirió al trabajo de las procuradurías de Justicia que, orgánicamente, dependen del Poder Ejecutivo: “Mucho contribuiría al sistema de justicia que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados, con mejor sustento jurídico, respaldo técnico y soporte pericial… con la calidad que amerita este sensible problema”. Al referirse a la prevención, expresó que “la educación es la mejor herramienta” para corregir la inercia delictiva. En el discurso que leyó ante los ministros de la Corte, los consejeros de la Judicatura Federal y otros funcionarios del Poder Judicial, Ortiz Mayagoitia subrayó que la contribución de éste al sistema de justicia y seguridad pública deben ser sentencias justas, imparciales y objetivas, tarea que tienen jueces y magistrados locales y federales. Y concluyó: “es claramente justificada la indignación de la sociedad al sentir amenazadas su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”.
Reformar la normatividad penal, cuota para los integrantes del Legislativo, advierte
El Congreso, corresponsable de que falte seguridad: Ortiz Mayagoitia
El presidente de la SCJN justifica el clamor de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia
Se adhiere al llamado del presidente Calderón para que todas las fuerzas se unan contra este flagelo
Alfredo Méndez
En lo que fue el primer pronunciamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre el repunte de la violencia y los secuestros en el país, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, justificó el clamor de miles de ciudadanos en contra de la delincuencia pues, dijo, es una reacción natural “al sentir amenazada su tranquilidad y su seguridad personal y familiar”. En la Corte y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, “no somos ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública en nuestros tiempos”, puntualizó el ministro. Además, en una inusual crítica al Poder Legislativo, Ortiz Mayagoitia aseveró que para “consolidar y construir” nuestro sistema de justicia y de seguridad pública aún es necesario que el Congreso expida “leyes que resulten adecuadas, completas, sensibles, responsables y útiles”, para que así “el derecho corresponda a las necesidades de su momento”.Las disposiciones jurídicas, precisó, particularmente las que establecen los delitos y castigos, “deben ser claras, contundentes y precisas”, tal como lo establece el artículo 14 constitucional.El ministro insistió en sus recomendaciones a los legisladores sobre que la ley debe determinar “procedimientos ineludibles, para que los jueces puedan imponer legítimamente castigos y sanciones”.En víspera de que el Congreso analice el proyecto de ley presentado por el presidente Felipe Calderón sobre el establecimiento de la cadena perpetua a los secuestradores, bajo determinadas circunstancias, Ortiz Mayagoitia señaló que “el debido proceso”, es decir, las formalidades que deben seguirse en los juicios, forman parte de las garantías más valiosas de los ciudadanos, además de ser “una condición de efectividad para el estado de derecho”.Durante una sesión de pleno de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la que se tomó protesta a 38 jueces y magistrados federales, el ministro dejó en claro su adhesión al llamado del presidente Felipe Calderón para que todas las fuerzas del Estado mexicano se unan en la lucha contra el flagelo de la delincuencia.
Consideró que para construir y consolidar un sistema de justicia y de seguridad pública eficientes se requiere cumplir con tres tareas: la primera es de los legisladores, quienes deben redactar leyes útiles para el derecho; la segunda corresponde a los procuradores de Justicia, que están obligados a prevenir los delitos y a detener a los criminales; la tercera es de los jueces, quienes deben juzgar con independencia, objetividad e imparcialidad. De las tres tareas, la más importante es la que compete al ámbito de la procuración de justicia, aunque “la prevención no basta, es preciso adoptar acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”, consideró el presidente de la Suprema Corte.“Mucho contribuirá al sistema de justicia el que las investigaciones, las averiguaciones previas y los expedientes ministeriales y judiciales estén cada vez mejor integrados”, puntualizó el ministro Ortiz Mayagoitia.La cuota para los legisladores es reformar la normatividad penal, a fin de que los procedimientos judiciales sean ineludibles y faciliten a los juzgadores el imponer sanciones.Sobre la contribución de jueces, magistrados y ministros, dijo que les corresponde asumir su tarea “con toda seriedad, ejerciendo a cabalidad sus funciones y respetando nuestros límites constitucionales”. Agregó que el Poder Judicial “tiene la tarea de sentenciar todos los casos que se someten a su potestad, sujetando su autoridad al procedimiento que señalan las leyes.
Kikka Roja
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