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Tras un inexplicable jaloneo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Procuraduría General de la República (PGR) accedió ayer, finalmente, a hacer pública la información –solicitada por un particular a través de la primera dependencia– en torno a la investigación que se lleva a cabo por presunto lavado de dinero en contra de Manuel Carlos Mouriño Atanés, padre del actual titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño Terrazo. La PGR desistió, de tal forma, del extraño juicio de amparo que interpuso el pasado miércoles para bloquear el acceso del IFAI a los datos sobre las pesquisas referidas, y que, a decir de los consejeros de ese órgano gubernamental, carecía de “derecho jurídico” y era una “estrategia dilatoria” y un empeño por “chicanear” la legislación vigente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Debe advertirse que, en tanto no concluyan las investigaciones, Mouriño Atanés se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, resultaría irresponsable emitir juicio alguno sobre su situación legal. La PGR, sin embargo, al incurrir, como en tantos otros episodios, en un manejo turbio e irresponsable de la información, al aferrarse a argumentos deleznables e inverosímiles –como sostener que la revelación de los datos solicitados conllevaría un menoscabo en las relaciones entre México y España–, y al promover un juicio de amparo como si fuera defensora del empresario, consiguió sembrar –en caso de que no la hubiera– una enorme sospecha en el conjunto de la sociedad y empañar la imagen de Mouriño Atanés e incluso la del titular de la SG, pues se dio a la opinión pública la impresión, falsa o cierta, que el segundo utilizaba el poder que le otorga el ser coordinador del gabinete presidencial para encubrir a su padre.
Es un hecho que, en 2003, la instancia federal de procuración de justicia solicitó a Madrid información policial sobre Mouriño Atanés, así fuera al margen de los formalismos de una averiguación, y que el episodio no se originó únicamente en “notas periodísticas”, como lo aseguró su hijo. Ahora es inevitable demandar transparencia no sólo en torno a la respuesta recibida, sino también sobre las razones que llevaron a la PGR a pedir los datos referidos.
En todo caso, flaco favor le hizo la dependencia a un funcionario que carga un historial de sospechas por los contratos con Pemex que firmó, como representante de empresas de su familia, cuando era además un prominente servidor público del ramo energético –presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de Electricidad–, y cuya exculpación fulminante por diputados de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dejó satisfecha a la opinión pública, sino pareció más bien obedecer a un designio de dar carpetazo al más sustancial de los escándalos que ha enfrentado el gobierno calderonista.
Por lo demás, resulta inadmisible que la PGR argumente que el gobierno español no le había autorizado, hasta ayer, hacer pública la información solicitada por el IFAI. Tal aseveración, impresentable porque representa una claudicación de la soberanía nacional, reviste una afectación adicional a la imagen de Mouriño, si se toma en cuenta que éste ha sido señalado como representante de facto de los intereses corporativos españoles en el país, función incompatible con el cargo público que detenta. Lo cierto es que el secretario de Gobernación ha sido operador de reformas legales que, al menos en su forma original, no ocultaban la pretensión de entregar el petróleo nacional a empresas extranjeras, entre las cuales destacan algunos consorcios españoles.
Se ha querido reforzar tales señalamientos invocando, de manera improcedente, el origen peninsular del titular de la SG, quien ha comprobado su plena ciudadanía mexicana. Pero el despropósito de la PGR de invocar la supuesta conveniencia de autoridades españolas reavivará y dará combustible a tales acusaciones, las justas y las injustas.
En suma, el comportamiento turbio e indecoroso de la procuraduría ha acabado por lastimar la de por sí lastrada imagen pública del secretario de Gobernación, y cabe preguntarse si ello fue consecuencia únicamente de una torpeza monumental, porque pareciera una operación deliberada para erosionar, aún más, su prestigio.
Kikka Roja
Debe advertirse que, en tanto no concluyan las investigaciones, Mouriño Atanés se encuentra protegido por el principio de presunción de inocencia y, consecuentemente, resultaría irresponsable emitir juicio alguno sobre su situación legal. La PGR, sin embargo, al incurrir, como en tantos otros episodios, en un manejo turbio e irresponsable de la información, al aferrarse a argumentos deleznables e inverosímiles –como sostener que la revelación de los datos solicitados conllevaría un menoscabo en las relaciones entre México y España–, y al promover un juicio de amparo como si fuera defensora del empresario, consiguió sembrar –en caso de que no la hubiera– una enorme sospecha en el conjunto de la sociedad y empañar la imagen de Mouriño Atanés e incluso la del titular de la SG, pues se dio a la opinión pública la impresión, falsa o cierta, que el segundo utilizaba el poder que le otorga el ser coordinador del gabinete presidencial para encubrir a su padre.
Es un hecho que, en 2003, la instancia federal de procuración de justicia solicitó a Madrid información policial sobre Mouriño Atanés, así fuera al margen de los formalismos de una averiguación, y que el episodio no se originó únicamente en “notas periodísticas”, como lo aseguró su hijo. Ahora es inevitable demandar transparencia no sólo en torno a la respuesta recibida, sino también sobre las razones que llevaron a la PGR a pedir los datos referidos.
En todo caso, flaco favor le hizo la dependencia a un funcionario que carga un historial de sospechas por los contratos con Pemex que firmó, como representante de empresas de su familia, cuando era además un prominente servidor público del ramo energético –presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, coordinador de asesores del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, y subsecretario de Electricidad–, y cuya exculpación fulminante por diputados de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional no dejó satisfecha a la opinión pública, sino pareció más bien obedecer a un designio de dar carpetazo al más sustancial de los escándalos que ha enfrentado el gobierno calderonista.
Por lo demás, resulta inadmisible que la PGR argumente que el gobierno español no le había autorizado, hasta ayer, hacer pública la información solicitada por el IFAI. Tal aseveración, impresentable porque representa una claudicación de la soberanía nacional, reviste una afectación adicional a la imagen de Mouriño, si se toma en cuenta que éste ha sido señalado como representante de facto de los intereses corporativos españoles en el país, función incompatible con el cargo público que detenta. Lo cierto es que el secretario de Gobernación ha sido operador de reformas legales que, al menos en su forma original, no ocultaban la pretensión de entregar el petróleo nacional a empresas extranjeras, entre las cuales destacan algunos consorcios españoles.
Se ha querido reforzar tales señalamientos invocando, de manera improcedente, el origen peninsular del titular de la SG, quien ha comprobado su plena ciudadanía mexicana. Pero el despropósito de la PGR de invocar la supuesta conveniencia de autoridades españolas reavivará y dará combustible a tales acusaciones, las justas y las injustas.
En suma, el comportamiento turbio e indecoroso de la procuraduría ha acabado por lastimar la de por sí lastrada imagen pública del secretario de Gobernación, y cabe preguntarse si ello fue consecuencia únicamente de una torpeza monumental, porque pareciera una operación deliberada para erosionar, aún más, su prestigio.
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