EU: recesión y engaño
De acuerdo con un informe difundido ayer por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés), entidad oficial encargada de definir el principio y el fin de los ciclos de la economía estadunidense, el vecino país entró en recesión desde diciembre de 2007, cuando se alcanzó “el punto álgido de la actividad económica” y se llegó al “final de la expansión iniciada en noviembre de 2001”.
Es pertinente señalar que el diagnóstico de la NBER no parte de la definición “ortodoxa” de recesión –contracción del producto interno bruto de un país en por lo menos dos trimestres consecutivos–, sino de un análisis de indicadores como empleo, ingreso, producción industrial y comercio minorista, que, en efecto, han acusado un declive desde finales del año pasado en aquel país. Más allá de precisiones conceptuales, la declaración referida resulta por demás escandalosa en el presente, cuando los estragos de la crisis financiera mundial –originada en los descalabros del sector hipotecario estadunidense– han comenzado a manifestarse en toda su crudeza: es de suponer que, si las esferas gubernamentales de Washington hubieran dado a conocer desde un principio la gravedad de la situación que enfrentaban, se habría puesto sobre aviso a las autoridades de otros países para que tomaran las provisiones necesarias e hicieran frente a la crisis en ciernes. En cambio, al tardar 12 meses en reconocer el principio de una recesión, las autoridades del vecino país actuaron con sigilo inadmisible y con profunda insensibilidad en torno a las implicaciones de su conducta en el plano de la economía internacional.
Tal actitud, por lo demás, deja entrever, en el mejor de los casos, una falta de eficiencia de la administración Bush en el manejo de información crucial, y en el peor, un intento deliberado por engañar a la opinión pública nacional e internacional, acaso con intenciones electorales (para favorecer la continuidad del Partido Republicano en la Casa Blanca) o especulativas (para beneficiar al círculo de empresarios cercanos al todavía presidente, al otorgarles un margen de maniobra privilegiado para ajustarse a las nuevas circunstancias económicas). En cualquier caso, queda manifiesta una falta inaceptable de seriedad, responsabilidad y decencia del gobierno encabezado por George W. Bush, que se suma a la larga lista de agravios cometidos por el político texano a la población mundial, incluida la de su propio país.
En relación con México, el anuncio hecho ayer por la NBER alimenta los temores en torno a que pudieran producirse –o que, de hecho, ya hayan ocurrido– ocultaciones similares a las que cometió el gobierno estadunidense, lo que sería particularmente desastroso para la credibilidad de una administración que, a dos años de iniciada, no sólo mantiene el déficit de legitimidad con que arrancó, sino también es objeto de cuestionamientos cotidianos, incluso dentro de sus círculos más próximos, debido al nulo éxito de políticas en materia económica y de seguridad pública.
Hasta ahora, ante los descalabros financieros mundiales y las afectaciones que han provocado a la economía nacional, el discurso oficial se ha conducido con un optimismo injustificable, que pareciera formar parte de una política deliberada de maquillaje de la realidad: así, resultan inolvidables las declaraciones de principios de este año del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, de que el escenario de una eventual recesión en Estados Unidos le “emocionaba”, así como los alegatos inverosímiles de los encargados de la política económica en torno a la “solidez” de ésta. En el momento actual, urge que el gobierno comience a llamar a las cosas por su nombre, reconozca la magnitud del problema que enfrenta la economía mexicana, y defina y emprenda, a la brevedad, medidas concretas para enfrentarlo.
Es pertinente señalar que el diagnóstico de la NBER no parte de la definición “ortodoxa” de recesión –contracción del producto interno bruto de un país en por lo menos dos trimestres consecutivos–, sino de un análisis de indicadores como empleo, ingreso, producción industrial y comercio minorista, que, en efecto, han acusado un declive desde finales del año pasado en aquel país. Más allá de precisiones conceptuales, la declaración referida resulta por demás escandalosa en el presente, cuando los estragos de la crisis financiera mundial –originada en los descalabros del sector hipotecario estadunidense– han comenzado a manifestarse en toda su crudeza: es de suponer que, si las esferas gubernamentales de Washington hubieran dado a conocer desde un principio la gravedad de la situación que enfrentaban, se habría puesto sobre aviso a las autoridades de otros países para que tomaran las provisiones necesarias e hicieran frente a la crisis en ciernes. En cambio, al tardar 12 meses en reconocer el principio de una recesión, las autoridades del vecino país actuaron con sigilo inadmisible y con profunda insensibilidad en torno a las implicaciones de su conducta en el plano de la economía internacional.
Tal actitud, por lo demás, deja entrever, en el mejor de los casos, una falta de eficiencia de la administración Bush en el manejo de información crucial, y en el peor, un intento deliberado por engañar a la opinión pública nacional e internacional, acaso con intenciones electorales (para favorecer la continuidad del Partido Republicano en la Casa Blanca) o especulativas (para beneficiar al círculo de empresarios cercanos al todavía presidente, al otorgarles un margen de maniobra privilegiado para ajustarse a las nuevas circunstancias económicas). En cualquier caso, queda manifiesta una falta inaceptable de seriedad, responsabilidad y decencia del gobierno encabezado por George W. Bush, que se suma a la larga lista de agravios cometidos por el político texano a la población mundial, incluida la de su propio país.
En relación con México, el anuncio hecho ayer por la NBER alimenta los temores en torno a que pudieran producirse –o que, de hecho, ya hayan ocurrido– ocultaciones similares a las que cometió el gobierno estadunidense, lo que sería particularmente desastroso para la credibilidad de una administración que, a dos años de iniciada, no sólo mantiene el déficit de legitimidad con que arrancó, sino también es objeto de cuestionamientos cotidianos, incluso dentro de sus círculos más próximos, debido al nulo éxito de políticas en materia económica y de seguridad pública.
Hasta ahora, ante los descalabros financieros mundiales y las afectaciones que han provocado a la economía nacional, el discurso oficial se ha conducido con un optimismo injustificable, que pareciera formar parte de una política deliberada de maquillaje de la realidad: así, resultan inolvidables las declaraciones de principios de este año del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, de que el escenario de una eventual recesión en Estados Unidos le “emocionaba”, así como los alegatos inverosímiles de los encargados de la política económica en torno a la “solidez” de ésta. En el momento actual, urge que el gobierno comience a llamar a las cosas por su nombre, reconozca la magnitud del problema que enfrenta la economía mexicana, y defina y emprenda, a la brevedad, medidas concretas para enfrentarlo.
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