Ayer, en una jornada electoral ejemplar y tranquila, fue aprobada, por diferencia de casi 10 puntos porcentuales, la reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, que le permitirá postularse para la relección por tiempo indefinido. De tal forma, el chavismo mostró un avance importante, de casi dos millones de votos, con respecto a los sufragios obtenidos en diciembre de 2007, cuando se rechazó un paquete de enmiendas que incluía la relección indefinida restringida a la figura presidencial, a diferencia de ahora, que se extiende a cualquier cargo de elección popular.
Como todos los procesos electorales que han tenido lugar en Venezuela desde que Chávez arribó al poder, hace una década, el referendo de ayer constituyó un factor de polarización ciudadana, aglutinó declaraciones enconadas en favor y en contra de la propuesta chavista –posturas que, finalmente, no trastocaron la calma en que transcurrió la jornada comicial–, y no estuvo exento de acciones abiertamente injerencistas de actores foráneos, esta vez expresadas en la persona del eurodiputado español Luis Herrero, del Partido Popular, quien la víspera había calificado a Hugo Chávez de dictador y había criticado severamente al órgano electoral de Venezuela, inaceptable intervención en asuntos internos de ese país.
Es obligado destacar, a efecto de poner en contexto el hecho que se comenta, que la aprobación de estas enmiendas no constituye un acontecimiento aislado ni privativo de Venezuela, sino que forma parte de una suerte de oleada releccionista que se ha extendido por toda la región, en el contexto de la cual se han avanzado las reformas legales correspondientes en naciones con gobiernos de distinto signo político: desde los identificados con posturas progresistas (Ecuador, Bolivia y Venezuela) hasta países como Colombia, gobernado por la derecha y aliado regional de Estados Unidos, donde se discute la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe contienda por un tercer periodo presidencial el año próximo. Este fenómeno regional indica, por un lado, la articulación de discursos y programas gubernamentales coherentes con las demandas de sus respectivas poblaciones, y es indicativo, en los casos boliviano, ecuatoriano y venezolano, del hartazgo de la población hacia la clase política que emanó de los procesos de transición, plegada sistemáticamente a los designios neoliberales de Washington y los órganos financieros internacionales.
Por lo que se refiere en concreto a Venezuela, llama la atención que la oposición de ese país se empeñe en basar su estrategia argumentativa en el supuesto riesgo de que el actual presidente venezolano se vea fortalecido por una reforma constitucional como la aprobada. En contraste con el carácter autoritario y hasta dictatorial que se le achaca, Hugo Chávez ha demostrado una actitud respetuosa de la insitucionalidad política venezolana –ayer mismo llamó a fortalecer las instituciones del Estado– y del voto popular –incluso cuando éste no le ha favorecido–, así como una constante disposición a someterse, en una decena de ocasiones, a procesos de auscultación ciudadana: para ganar la Presidencia, para ser ratificado en el cargo, para aprobar la Constitución vigente, para dar curso a un referendo revocatorio exigido por la oposición y para relegirse, amén de elecciones legislativas y regionales.
Las advertencias del antichavismo, por lo demás, parecen soslayar que en Venezuela existe una autoridad electoral que se ha mostrado sólida e imparcial, y que hay elementos institucionales, como la posibilidad constitucional de realizar referendos revocatorios, que pueden fungir como contrapesos al régimen.
Finalmente, el resultado del referendo de ayer pone en relieve la existencia de una competencia política real en Venezuela, perspectiva que confirma que en ese país existen las condiciones necesarias para avanzar en las transformaciones sociales por la vía democrática y que debiera desactivar, de una vez por todas, los afanes golpistas acendrados en algunos sectores de la oposición expresados en abril de 2002.
Como todos los procesos electorales que han tenido lugar en Venezuela desde que Chávez arribó al poder, hace una década, el referendo de ayer constituyó un factor de polarización ciudadana, aglutinó declaraciones enconadas en favor y en contra de la propuesta chavista –posturas que, finalmente, no trastocaron la calma en que transcurrió la jornada comicial–, y no estuvo exento de acciones abiertamente injerencistas de actores foráneos, esta vez expresadas en la persona del eurodiputado español Luis Herrero, del Partido Popular, quien la víspera había calificado a Hugo Chávez de dictador y había criticado severamente al órgano electoral de Venezuela, inaceptable intervención en asuntos internos de ese país.
Es obligado destacar, a efecto de poner en contexto el hecho que se comenta, que la aprobación de estas enmiendas no constituye un acontecimiento aislado ni privativo de Venezuela, sino que forma parte de una suerte de oleada releccionista que se ha extendido por toda la región, en el contexto de la cual se han avanzado las reformas legales correspondientes en naciones con gobiernos de distinto signo político: desde los identificados con posturas progresistas (Ecuador, Bolivia y Venezuela) hasta países como Colombia, gobernado por la derecha y aliado regional de Estados Unidos, donde se discute la posibilidad de que el presidente Álvaro Uribe contienda por un tercer periodo presidencial el año próximo. Este fenómeno regional indica, por un lado, la articulación de discursos y programas gubernamentales coherentes con las demandas de sus respectivas poblaciones, y es indicativo, en los casos boliviano, ecuatoriano y venezolano, del hartazgo de la población hacia la clase política que emanó de los procesos de transición, plegada sistemáticamente a los designios neoliberales de Washington y los órganos financieros internacionales.
Por lo que se refiere en concreto a Venezuela, llama la atención que la oposición de ese país se empeñe en basar su estrategia argumentativa en el supuesto riesgo de que el actual presidente venezolano se vea fortalecido por una reforma constitucional como la aprobada. En contraste con el carácter autoritario y hasta dictatorial que se le achaca, Hugo Chávez ha demostrado una actitud respetuosa de la insitucionalidad política venezolana –ayer mismo llamó a fortalecer las instituciones del Estado– y del voto popular –incluso cuando éste no le ha favorecido–, así como una constante disposición a someterse, en una decena de ocasiones, a procesos de auscultación ciudadana: para ganar la Presidencia, para ser ratificado en el cargo, para aprobar la Constitución vigente, para dar curso a un referendo revocatorio exigido por la oposición y para relegirse, amén de elecciones legislativas y regionales.
Las advertencias del antichavismo, por lo demás, parecen soslayar que en Venezuela existe una autoridad electoral que se ha mostrado sólida e imparcial, y que hay elementos institucionales, como la posibilidad constitucional de realizar referendos revocatorios, que pueden fungir como contrapesos al régimen.
Finalmente, el resultado del referendo de ayer pone en relieve la existencia de una competencia política real en Venezuela, perspectiva que confirma que en ese país existen las condiciones necesarias para avanzar en las transformaciones sociales por la vía democrática y que debiera desactivar, de una vez por todas, los afanes golpistas acendrados en algunos sectores de la oposición expresados en abril de 2002.
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