Gobierno gestor de poderosos
Miguel Ángel Granados Chapa
29 Mar. 09
Luis Téllez es un ejemplo de la naturalidad con que un funcionario puede pasar de atender negocios privados a desempeñarse en el gobierno, antes de convertirse en secretario de Comunicaciones y Transportes trabajó en una empresa en la que sobresalen los apellidos Bush y Bin Laden
En medio de una crisis que cada día deja sin empleo, es decir, sin medios de subsistencia a miles de personas que no hallan remedio para su mal, el gobierno se mostró esta semana como desnudo gestor de los intereses del gran capital, como sería comprensible que hiciera si eso no implicara descuido de las necesidades de la mayoría de abajo.
Sólo en febrero 135 mil personas se quedaron sin trabajo en nuestro país. Si sumamos ese número a quienes padecieron ese infortunio en enero, la cifra llega a casi medio millón: 443 mil personas. Por supuesto, los negocios fallan no por causas atribuibles directamente al gobierno, sino a factores más generales, como los que en todo el mundo han puesto en jaque a la economía, adicionados a los que en el caso particular mexicano derivan de un debilitado mercado interno y de una falsa modernización. Pero el gobierno reacciona tardía e insuficientemente ante los problemas de la economía real, la de las empresas pequeñas y medianas, la del consumo de todos los días. Lo contrario podría si no suprimir sí aminorar los efectos adversos de la crisis. Pero el gobierno se aferra a fórmulas que sólo mejoren sus ingresos, como hace al fijar el precio del diesel, cuya carestía permanente mina la rentabilidad del estratégico transporte de pasajeros y de carga.
Las cosas son así no sólo por desatención gubernamental a problemas de la gente común, los de la mayoría. Resultan de ese modo por la imbricación estructural de los intereses del grupo gobernante y el de la cúpula empresarial, no en el sentido de quienes representan a la iniciativa privada sino el de los capitales de mayor dimensión, presencia e influencia en México. Los intereses del empresariado de alto coturno son gestionados por la política gubernamental por lo que si entran en colisión, tales intereses esperan el arbitraje de las autoridades más allá del funcionamiento de las instancias formales establecidas a ese propósito.
Con la sinceridad que a veces su simplonería dejaba escapar, Vicente Fox definió al suyo como un gobierno de empresarios para empresarios. Felipe Calderón no lo ha expresado con esa claridad, pero su actuación consolida ese credo. Por eso integró a su gobierno a funcionarios que, vinculados en algún momento a notorios grupos empresariales, expresan las opiniones e intereses de ésos y otros grupos desde el gobierno. Tal simbiosis explica, por ejemplo, la naturalidad con que Luis Téllez transita del ámbito de los negocios privados a los oficiales y de nuevo al terreno empresarial.
Téllez encarna típicamente esta condición dual, eventualmente generadora de conflictos de interés. Luego de su debut en los altos niveles de la administración pública al lado del secretario de Agricultura Carlos Hank González -figura paradigmática de la confusión entre dinero público y dinero privado-, Téllez fue quizá el colaborador de más confianza del presidente Zedillo, tan bien tratado por los consorcios internacionales en su actual retiro. Primero como jefe de la Oficina de la Presidencia (el mismo espacio que había ocupado José Córdoba con Carlos Salinas) y luego como secretario de Energía, Téllez tejió las relaciones que lo condujeron al sector privado durante el siguiente sexenio.
Inicialmente se incorporó al Grupo DESC, un vasto conglomerado de empresas surgido en los años setenta por iniciativa de Manuel Senderos Irigoyen a quien desde 1987 sucedió en la dirección del grupo su hijo Fernando Senderos Mestre (que de muchacho había sobresalido en los deportes hípicos). DESC (iniciales de Desarrollo Económico, SC, que como sociedad de fomento económico fue en 1973 el pie de cría del consorcio) tuvo entre sus directivos a Eduardo Medina Mora (hoy procurador general de la República y antes director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, y secretario de Seguridad Pública, disciplinas para las que sin duda no se formó en aquel gigantesco negocio que opera empresas de autopartes, petroquímicos, alimentos e inmobiliarias). Y también a Luis Téllez.
Inmediatamente después el ex secretario de Energía se trasnacionalizó. Abrió en México la oficina del Grupo Carlyle, donde según su dicho "hacía muy buena lana", una firma operadora de fondos de inversión que hasta antes de la actual crisis era un relevante foco de influencia en la economía y la política de Estados Unidos. Ello es así porque la dirigieron los dos George Bush que han ocupado la Presidencia norteamericana y porque la encabezaron James Baker y Frank Carlucci, secretarios de Estado y de Defensa, respectivamente. Entre sus fundadores cuenta asimismo la familia Bin Laden, tan conocida por su relación con el principal terrorista del mundo, animador de Al Qaeda, como por su papel en el desarrollo material de los países del Golfo Pérsico, como principal contratista de obras públicas en la región, desde su oficina en Arabia Saudita. Carlyle, el consorcio desde el que Téllez pasó al gobierno de Calderón, es un muy importante productor de armas: su empresa Raytheon, instalada cerca de Boston, fabrica los cohetes Tomahawk, que son disparados por los artefactos construidos en Arlington, Virginia, por United Defense Industries, otro de los negocios de Carlyle, que tiene importantes inversiones en la industria aeroespacial, la del transporte y las telecomunicaciones.
Este último fue uno de los espacios en que se desempeñó Téllez a su paso por la SCT, que duró del 1o. de diciembre de 2006 al 3 de marzo pasado. No pudo, en ese lapso, ordenar el sector de las telecomunicaciones, donde se originaron los conflictos cuya expresión pública dio lugar a su salida del gobierno formal (de donde deriva su actual incorporación a esa otra forma de regir porciones de la vida pública que es la administración del mercado bursátil).
Un panorama de los conflictos existentes en ese sector, junto con la insinuada demanda de arbitraje presidencial, fue expuesto el miércoles pasado por el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Alejandro Puente Córdoba, quien colocó como pieza principal de su composición de lugar una denuncia a Telmex y Telcel, las empresas de Carlos Slim, las cuales "no obstante que durante casi dos décadas han gozado de una regulación inconclusa, que les permitía imponer su dominancia en todos los mercados en que participan, se rehúsan a permitir que haya nuevas condiciones de juego más justas para todos los participantes, que repercutan en una baja de las tarifas".
Pero "no sólo eso: a través del abuso de recursos jurídicos, Telmex y Telcel pretenden evitar que las medidas regulatorias que ha diseñado el gobierno federal transformen el sector y buscan que permanezca el statu quo en contra del interés del país, por conservar sus prebendas.
"Telmex detuvo por más de dos años y medio la consolidación de las áreas de servicio local, en perjuicio de 33 millones de mexicanos. Las resoluciones de interconexión de larga distancia las mantiene detenidas desde el año pasado y ha anunciado públicamente que también evitará la aplicación del plan técnico fundamental de interconexión, y de la resolución de dominancia de la Comisión Federal de Competencia".
Además de apelar a los poderes Judicial y Legislativo "para que en el marco de sus competencias" actúen en la dirección deseada por los cableros (que ya prestan servicio de telefonía, en contraste con la imposibilidad de Telmex de ofrecer televisión, porque no se ha modificado su título de concesión), sin tener que decirlo expresamente Puente Córdoba instó a la intervención presidencial para dirimir el conflicto que expuso. Su modo de hacerlo consistió en reconocer que "no hay precedentes de una voluntad, como la que ahora vemos en el presidente Felipe Calderón, por generar un nuevo ambiente en el sector".
El Ejecutivo rehusó tomar partido públicamente y aun desestimó el estilo litigioso del dirigente de la Canitec: "pienso que no será y no podrá ser por la vía de las descalificaciones individuales, incluso personalizadas, como podrá avanzarse en el campo de una competencia ordenada entre proveedores del servicio de telecomunicaciones", en que "el potencial de crecimiento... es suficiente para todos".
Mantenido como asesor de Calderón no obstante que no pudo resolver ese conflicto, Téllez presidirá la Bolsa Mexicana de Valores, desde donde también se gobierna.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.comEn medio de una crisis que cada día deja sin empleo, es decir, sin medios de subsistencia a miles de personas que no hallan remedio para su mal, el gobierno se mostró esta semana como desnudo gestor de los intereses del gran capital, como sería comprensible que hiciera si eso no implicara descuido de las necesidades de la mayoría de abajo.
Sólo en febrero 135 mil personas se quedaron sin trabajo en nuestro país. Si sumamos ese número a quienes padecieron ese infortunio en enero, la cifra llega a casi medio millón: 443 mil personas. Por supuesto, los negocios fallan no por causas atribuibles directamente al gobierno, sino a factores más generales, como los que en todo el mundo han puesto en jaque a la economía, adicionados a los que en el caso particular mexicano derivan de un debilitado mercado interno y de una falsa modernización. Pero el gobierno reacciona tardía e insuficientemente ante los problemas de la economía real, la de las empresas pequeñas y medianas, la del consumo de todos los días. Lo contrario podría si no suprimir sí aminorar los efectos adversos de la crisis. Pero el gobierno se aferra a fórmulas que sólo mejoren sus ingresos, como hace al fijar el precio del diesel, cuya carestía permanente mina la rentabilidad del estratégico transporte de pasajeros y de carga.
Las cosas son así no sólo por desatención gubernamental a problemas de la gente común, los de la mayoría. Resultan de ese modo por la imbricación estructural de los intereses del grupo gobernante y el de la cúpula empresarial, no en el sentido de quienes representan a la iniciativa privada sino el de los capitales de mayor dimensión, presencia e influencia en México. Los intereses del empresariado de alto coturno son gestionados por la política gubernamental por lo que si entran en colisión, tales intereses esperan el arbitraje de las autoridades más allá del funcionamiento de las instancias formales establecidas a ese propósito.
Con la sinceridad que a veces su simplonería dejaba escapar, Vicente Fox definió al suyo como un gobierno de empresarios para empresarios. Felipe Calderón no lo ha expresado con esa claridad, pero su actuación consolida ese credo. Por eso integró a su gobierno a funcionarios que, vinculados en algún momento a notorios grupos empresariales, expresan las opiniones e intereses de ésos y otros grupos desde el gobierno. Tal simbiosis explica, por ejemplo, la naturalidad con que Luis Téllez transita del ámbito de los negocios privados a los oficiales y de nuevo al terreno empresarial.
Téllez encarna típicamente esta condición dual, eventualmente generadora de conflictos de interés. Luego de su debut en los altos niveles de la administración pública al lado del secretario de Agricultura Carlos Hank González -figura paradigmática de la confusión entre dinero público y dinero privado-, Téllez fue quizá el colaborador de más confianza del presidente Zedillo, tan bien tratado por los consorcios internacionales en su actual retiro. Primero como jefe de la Oficina de la Presidencia (el mismo espacio que había ocupado José Córdoba con Carlos Salinas) y luego como secretario de Energía, Téllez tejió las relaciones que lo condujeron al sector privado durante el siguiente sexenio.
Inicialmente se incorporó al Grupo DESC, un vasto conglomerado de empresas surgido en los años setenta por iniciativa de Manuel Senderos Irigoyen a quien desde 1987 sucedió en la dirección del grupo su hijo Fernando Senderos Mestre (que de muchacho había sobresalido en los deportes hípicos). DESC (iniciales de Desarrollo Económico, SC, que como sociedad de fomento económico fue en 1973 el pie de cría del consorcio) tuvo entre sus directivos a Eduardo Medina Mora (hoy procurador general de la República y antes director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, y secretario de Seguridad Pública, disciplinas para las que sin duda no se formó en aquel gigantesco negocio que opera empresas de autopartes, petroquímicos, alimentos e inmobiliarias). Y también a Luis Téllez.
Inmediatamente después el ex secretario de Energía se trasnacionalizó. Abrió en México la oficina del Grupo Carlyle, donde según su dicho "hacía muy buena lana", una firma operadora de fondos de inversión que hasta antes de la actual crisis era un relevante foco de influencia en la economía y la política de Estados Unidos. Ello es así porque la dirigieron los dos George Bush que han ocupado la Presidencia norteamericana y porque la encabezaron James Baker y Frank Carlucci, secretarios de Estado y de Defensa, respectivamente. Entre sus fundadores cuenta asimismo la familia Bin Laden, tan conocida por su relación con el principal terrorista del mundo, animador de Al Qaeda, como por su papel en el desarrollo material de los países del Golfo Pérsico, como principal contratista de obras públicas en la región, desde su oficina en Arabia Saudita. Carlyle, el consorcio desde el que Téllez pasó al gobierno de Calderón, es un muy importante productor de armas: su empresa Raytheon, instalada cerca de Boston, fabrica los cohetes Tomahawk, que son disparados por los artefactos construidos en Arlington, Virginia, por United Defense Industries, otro de los negocios de Carlyle, que tiene importantes inversiones en la industria aeroespacial, la del transporte y las telecomunicaciones.
Este último fue uno de los espacios en que se desempeñó Téllez a su paso por la SCT, que duró del 1o. de diciembre de 2006 al 3 de marzo pasado. No pudo, en ese lapso, ordenar el sector de las telecomunicaciones, donde se originaron los conflictos cuya expresión pública dio lugar a su salida del gobierno formal (de donde deriva su actual incorporación a esa otra forma de regir porciones de la vida pública que es la administración del mercado bursátil).
Un panorama de los conflictos existentes en ese sector, junto con la insinuada demanda de arbitraje presidencial, fue expuesto el miércoles pasado por el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Alejandro Puente Córdoba, quien colocó como pieza principal de su composición de lugar una denuncia a Telmex y Telcel, las empresas de Carlos Slim, las cuales "no obstante que durante casi dos décadas han gozado de una regulación inconclusa, que les permitía imponer su dominancia en todos los mercados en que participan, se rehúsan a permitir que haya nuevas condiciones de juego más justas para todos los participantes, que repercutan en una baja de las tarifas".
Pero "no sólo eso: a través del abuso de recursos jurídicos, Telmex y Telcel pretenden evitar que las medidas regulatorias que ha diseñado el gobierno federal transformen el sector y buscan que permanezca el statu quo en contra del interés del país, por conservar sus prebendas.
"Telmex detuvo por más de dos años y medio la consolidación de las áreas de servicio local, en perjuicio de 33 millones de mexicanos. Las resoluciones de interconexión de larga distancia las mantiene detenidas desde el año pasado y ha anunciado públicamente que también evitará la aplicación del plan técnico fundamental de interconexión, y de la resolución de dominancia de la Comisión Federal de Competencia".
Además de apelar a los poderes Judicial y Legislativo "para que en el marco de sus competencias" actúen en la dirección deseada por los cableros (que ya prestan servicio de telefonía, en contraste con la imposibilidad de Telmex de ofrecer televisión, porque no se ha modificado su título de concesión), sin tener que decirlo expresamente Puente Córdoba instó a la intervención presidencial para dirimir el conflicto que expuso. Su modo de hacerlo consistió en reconocer que "no hay precedentes de una voluntad, como la que ahora vemos en el presidente Felipe Calderón, por generar un nuevo ambiente en el sector".
El Ejecutivo rehusó tomar partido públicamente y aun desestimó el estilo litigioso del dirigente de la Canitec: "pienso que no será y no podrá ser por la vía de las descalificaciones individuales, incluso personalizadas, como podrá avanzarse en el campo de una competencia ordenada entre proveedores del servicio de telecomunicaciones", en que "el potencial de crecimiento... es suficiente para todos".
Mantenido como asesor de Calderón no obstante que no pudo resolver ese conflicto, Téllez presidirá la Bolsa Mexicana de Valores, desde donde también se gobierna.
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