LA JORNADA
Ante el incremento de los casos de influenza porcina en México y la expansión de ese padecimiento en distintos países –Estados Unidos, Canadá y España con casos confirmados; Brasil, Colombia, Francia, Reino Unido, Australia, Israel y Nueva Zelanda con casos por confirmar–, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó ayer su alarma epidemiológica del nivel 3 al 4 –en una escala de seis–, fase que considera un incremento significativo en el riesgo de una pandemia. Al respecto, el responsable de seguridad sanitaria del organismo, Keiji Fukuda, señaló que el virus A/H1N1, causante de la influenza porcina, está tan extendido que ya no tiene sentido intentar contenerlo, aunque afirmó que aún se encuentra en una etapa suave y que las muertes registradas en México se deben a que las personas infectadas padecían otras patologías.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, afirmó en conferencia de prensa que el país vive el momento más álgido de la epidemia causada por la gripe porcina; informó que el número de muertes posiblemente causadas por esta enfermedad asciende a 149 y que cerca de dos mil personas han ingresado en los hospitales a causa de neumonías severas. A raíz de lo anterior, dijo, el gobierno federal decidió suspender las actividades escolares en los 32 estados de la República hasta el próximo 6 de mayo. En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, decretó la alerta máxima en la capital del país, declaración que es de suponer generó justificadas y comprensibles inquietudes en la población capitalina, pese a que hasta el momento no se han suspendido los servicios de transporte público, no se ha ordenado el paro total de las actividades económicas ni se ha instaurado un estado de cuarentena para la población civil, aunque sí se decretó el cierre de los 35 mil restaurantes de la ciudad.
En el momento presente puede apreciarse en amplias franjas del territorio nacional, sobre todo en la capital del país y su área conurbada, un sentir generalizado de zozobra social que, paradójicamente, no ha derivado en sentido estricto de la existencia y difusión del virus mencionado, sino que ha sido inducido por la opacidad con que se han conducido hasta ahora las autoridades de salud de todos los niveles, desde los organismos internacionales hasta los gobiernos federal y estatales.
En menos de una semana, las autoridades sanitarias en México han transitado de la caracterización de los primeros brotes de influenza porcina como casos habituales fuera de temporada hasta la adopción de medidas como la ya comentada suspensión de clases en todo el país que hoy por hoy constituyen el principal indicador para la población en torno a la gravedad del asunto. Fuera de eso, los encargados de la salud pública han omitido proporcionar datos concisos y oportunos sobre las personas fallecidas, como edad, género y condiciones de salud previas, información que resulta de suma relevancia para explicar el desenlace fatal de muchos de los casos que se han registrado en el país, de acuerdo con lo señalado por el funcionario de la OMS. De igual forma, no se han proporcionado mapeos de los lugares de las muertes ni de los brotes de la enfermedad –que permitirían a la población evitar potenciales focos de infección–, ni se ha atinado a responder por qué un mismo padecimiento ha derivado en decenas de muertes en nuestro país y no ha ocurrido otro tanto en Estados Unidos ni en países desarrollados en los que se ha hecho presente el virus.
La falta de transparencia en la información oficial constituye, en la actual circunstancia, un factor de riesgo adicional para la salud pública. Es necesario, en suma, que las autoridades de todos los niveles de gobierno entiendan que, en situaciones como la actual, la calma de la población es un elemento indispensable para el pleno acatamiento de las medidas de prevención que se promueven, y que ésta depende, en buena medida, de la pulcritud, la veracidad y la oportunidad con la que las autoridades cumplan con su deber de informar.
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Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud federal, José Ángel Córdova Villalobos, afirmó en conferencia de prensa que el país vive el momento más álgido de la epidemia causada por la gripe porcina; informó que el número de muertes posiblemente causadas por esta enfermedad asciende a 149 y que cerca de dos mil personas han ingresado en los hospitales a causa de neumonías severas. A raíz de lo anterior, dijo, el gobierno federal decidió suspender las actividades escolares en los 32 estados de la República hasta el próximo 6 de mayo. En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, decretó la alerta máxima en la capital del país, declaración que es de suponer generó justificadas y comprensibles inquietudes en la población capitalina, pese a que hasta el momento no se han suspendido los servicios de transporte público, no se ha ordenado el paro total de las actividades económicas ni se ha instaurado un estado de cuarentena para la población civil, aunque sí se decretó el cierre de los 35 mil restaurantes de la ciudad.
En el momento presente puede apreciarse en amplias franjas del territorio nacional, sobre todo en la capital del país y su área conurbada, un sentir generalizado de zozobra social que, paradójicamente, no ha derivado en sentido estricto de la existencia y difusión del virus mencionado, sino que ha sido inducido por la opacidad con que se han conducido hasta ahora las autoridades de salud de todos los niveles, desde los organismos internacionales hasta los gobiernos federal y estatales.
En menos de una semana, las autoridades sanitarias en México han transitado de la caracterización de los primeros brotes de influenza porcina como casos habituales fuera de temporada hasta la adopción de medidas como la ya comentada suspensión de clases en todo el país que hoy por hoy constituyen el principal indicador para la población en torno a la gravedad del asunto. Fuera de eso, los encargados de la salud pública han omitido proporcionar datos concisos y oportunos sobre las personas fallecidas, como edad, género y condiciones de salud previas, información que resulta de suma relevancia para explicar el desenlace fatal de muchos de los casos que se han registrado en el país, de acuerdo con lo señalado por el funcionario de la OMS. De igual forma, no se han proporcionado mapeos de los lugares de las muertes ni de los brotes de la enfermedad –que permitirían a la población evitar potenciales focos de infección–, ni se ha atinado a responder por qué un mismo padecimiento ha derivado en decenas de muertes en nuestro país y no ha ocurrido otro tanto en Estados Unidos ni en países desarrollados en los que se ha hecho presente el virus.
La falta de transparencia en la información oficial constituye, en la actual circunstancia, un factor de riesgo adicional para la salud pública. Es necesario, en suma, que las autoridades de todos los niveles de gobierno entiendan que, en situaciones como la actual, la calma de la población es un elemento indispensable para el pleno acatamiento de las medidas de prevención que se promueven, y que ésta depende, en buena medida, de la pulcritud, la veracidad y la oportunidad con la que las autoridades cumplan con su deber de informar.
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