Ligan en Morelos a narcos y ex Gobierno Eduardo Becerra, Secretario de Gobierno durante la Administración de Sergio Estrada Cajigal en Morelos. Un mando ministerial aseguró en declaración grabada que el ex Secretario de Gobierno lo presionó para conseguir dinero con delincuentes REFORMA / Redacción reforma.com (26 mayo 2009).- La Procuraduría General de la República posee una declaración de Alberto Pliego, quien fuera jefe de la Policía ministerial de Morelos, en la que revela que desde la Secretaría de Gobierno, en la Administración de Sergio Estrada Cajigal, se solicitaban "donativos" a presuntos narcos para "obras" gubernamentales a cambio de protección de los delincuentes. Estrada Cajigal recientemente rompió con su sucesor, el panista Marco Adame, y tras ese cisma sobrevino una crisis de seguridad en la entidad. Pliego, quien falleció en el penal de alta seguridad del Altiplano, donde estaba procesado por presuntos nexos con el narco, aseguró en declaración grabada a la que tuvo acceso REFORMA que Eduardo Becerra, segundo de a bordo del entonces Gobernador Estrada Cajigal, lo presionó para conseguir el dinero con los delincuentes. "Empezó una presión hacia mi persona por parte del Secretario General de Gobierno (Eduardo Becerra). Me dijo: 'El Gobierno necesita donaciones, y hay personas que nos van a apoyar económicamente para sacar adelante muchas obras'. Y me dijo: 'Queremos que tú, comandante, seas el conducto para ir a ver estas personas que nos van a dar sus donativos'", aseguró Pliego. "Sin hacer muchas preguntas, pero como policía viejo, supe que ese dinero iba a venir del narcotráfico o del crimen organizado, y dije que no aceptaba. Esto aceleró mi cambio", añadió. Reordenarán Policía y PGJ Cuernavaca.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública aprobó la propuesta del Gobernador de Morelos, Marco Adame, para replantear los programas estatales de procuración de justicia y seguridad pública. Como parte de estas estrategias, se instruyó revisar y reordenar las estructuras de mando, control y supervisión para garantizar el correcto desempeño de las funciones asignadas a la Procuraduría General de Justicia y la SSP estatales. Las estrategias deberán ser aplicadas en menos de 30 días. Con información de Héctor Raúl González |
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