Narco y política
René Delgado
30 May. 09
La detención de los 10 munícipes michoacanos implica un cambio cualitativo en el combate al crimen organizado que, justamente, por eso exige enorme contundencia y transparencia en la acusación. Llevar la lucha contra el narcotráfico a la escala política es delicado, en temporada electoral lo es más. Toca fibras cívico-políticas ciudadanas y cimbra la estructura del poder formalmente establecida.
La detención debió marcar la conclusión de la indagatoria, no la integración o la ampliación de ésta. Hoy, conforme a los términos y los plazos establecidos por la ley, debió consignarse a los detenidos. Arraigarlos por más de un mes abre la puerta a la incertidumbre política cuando la única incertidumbre aceptable en el momento es la electoral. Y curiosamente el arraigo concluirá después de la elección.
Si ese arraigo no concluye con una consignación sellada por la pulcritud de la investigación y la contundencia de los cargos, la ciudadanía en vez de alegrarse tendrá motivos de preocupación. Podrá concluir de nuevo que, igual que Fox, la administración calderonista usa la ley como ariete político contra sus adversarios.
Pensar en una chicana amparada en la fuerza del Estado, vulneraría aún más la fragilidad del Estado de derecho.
* * *
Desde hace años, por no decir décadas, se añora que el combate al narcotráfico alcance a los políticos y los financieros que cooperan, facilitan, toleran o se asocian con la industria criminal y, en su complicidad, traicionan a la ciudadanía.
Hasta ahora, eso no había ocurrido. Caían funcionarios federales, estatales y municipales, sobre todo, adscritos a los aparatos relacionados con la prevención o la persecución del delito, pero resultaba insólita la caída de representantes con mandato popular. Tomada la decisión de escalar a ese nivel el combate al crimen, lo único que se puede esperar es contundencia y transparencia en los términos de la consignación.
Al comprensible sigilo con que se desplegó el operativo para detener a esos munícipes debe seguir, ahora, una amplia explicación oficial sobre la presunción de la conducta criminal de esos representantes populares. Si la autoridad no rinde cuentas sobre esa decisión y confina el asunto, como tantas otras veces, a la desmemoria, habrá abierto una puerta muy difícil de cerrar de nuevo.
Es obligado que con respaldo en la indagatoria, hasta donde lo permite su secrecía, se explique cómo fue que esos representantes traicionaron el mandato popular, cómo es que se pusieron al servicio del crimen y no de la comunidad. A la vez, es obligado que a esa operación en contra de miembros de la clase política siga otra y otra porque, desde la perspectiva ciudadana, el involucramiento de políticos y criminales muy lejos está de ser algo excepcional y de ningún modo se reduce al ámbito municipal.
No es hora de enlistar a los gobernadores, senadores y diputados que, en la opinión pública, por acción o por omisión, colaboran con el crimen y, aun hoy, se muestran como adalides de la lucha en contra de él.
* * *
Aunque algunos fanáticos calderonistas consideran que el combate al crimen tiene por única exigencia la decisión y la valentía presidencial, esa lucha demanda mucho más que eso, sobre todo si constituye una política de Estado y no una necesidad electoral.
Demanda inteligencia, estrategia, capacidad y congruencia y, si todavía hay oído en la administración federal, es evidente que ésta carga con cuatro desventajas: el uso pervertido del derecho y la justicia hecho por la anterior administración panista para eliminar de la competencia electoral a su principal adversario político; el uso de la polarización social para ganar elecciones sin constituir gobiernos o concretar proyectos; el manejo sesgado y discriminatorio de la información de inteligencia, según el sello político del gobierno de la entidad donde se planean operativos; y la ineficacia que, al menos hasta ahora, muestra el combate emprendido.
Con todo, la mayor desventaja de la administración calderonista radica en otro ámbito: a dos años y medio de su inicio no ha conseguido garantizar la integridad, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía. Podrá haber hecho mucho si se quiere pero ese objetivo sigue insatisfecho siendo que es el principal. Más de un ciudadano aún mira con desconfianza el quehacer de la administración porque, a fin de cuentas, cuando la violencia criminal organizada o desorganizada lo lastima no siente el respaldo del Estado.
* * *
La falta de inteligencia y estrategia en el combate al crimen lleva de un problema a otro a la administración sin que resuelva ninguno de ellos y sí, en cambio, provoca reacciones en cadena con derrames de muy fuerte toxicidad.
Si se echó mano de las Fuerzas Armadas en ese combate sólo en lo que se depuraba y profesionalizaba a la fuerza policial federal, a dos años y medio no se ve ese nuevo cuerpo. Por el contrario, poco a poco se entra en una suerte de lógica de guerra que, por necesidad, reposiciona al Ejército como elemento imprescindible y engrosa el calibre de las bocas de fuego.
Si se echó mano de grandes operativos para detener, a manera de redada, a delincuentes del fuero federal sin prever el efecto que eso tendría en el sistema carcelario nacional, la consecuencia está a la vista: los penales estatales sin condición para recluir y rehabilitar a los delincuentes del fuero federal se están convirtiendo en verdaderas ollas de presión a punto de estallar.
Si se echó mano de operativos que descontrolaban sin reducir considerablemente el tráfico de drogas, los criminales diversificaron su campo de acción a terrenos donde directamente golpean a la ciudadanía, particularmente la venta de protección en el ámbito de los negocios de servicios.
Si se echó mano de la persecución del delito como el eje del combate, despreciando la prevención del mismo y el fortalecimiento de la educación cívica, es claro que se narra un cuento de nunca acabar.
* * *
Por eso, si la administración calderonista tomó ya la decisión de llevar el combate al crimen al campo político, es menester que su actuación tenga por sello el de la pulcritud, contundencia y la certeza así como que al golpe dado deben seguir, de manera continua, otros porque son muchos los candidatos a vestir su traje a rayas.
Si la actuación de la administración reviste y cumple esa doble condición, el salto cualitativo dado en el combate al crimen puede perfilar un horizonte prometedor, si no es así el punto a dilucidar será la profundidad del abismo a donde se quiere arrojar.
kikka-roja.blogspot.com/
La detención debió marcar la conclusión de la indagatoria, no la integración o la ampliación de ésta. Hoy, conforme a los términos y los plazos establecidos por la ley, debió consignarse a los detenidos. Arraigarlos por más de un mes abre la puerta a la incertidumbre política cuando la única incertidumbre aceptable en el momento es la electoral. Y curiosamente el arraigo concluirá después de la elección.
Si ese arraigo no concluye con una consignación sellada por la pulcritud de la investigación y la contundencia de los cargos, la ciudadanía en vez de alegrarse tendrá motivos de preocupación. Podrá concluir de nuevo que, igual que Fox, la administración calderonista usa la ley como ariete político contra sus adversarios.
Pensar en una chicana amparada en la fuerza del Estado, vulneraría aún más la fragilidad del Estado de derecho.
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Desde hace años, por no decir décadas, se añora que el combate al narcotráfico alcance a los políticos y los financieros que cooperan, facilitan, toleran o se asocian con la industria criminal y, en su complicidad, traicionan a la ciudadanía.
Hasta ahora, eso no había ocurrido. Caían funcionarios federales, estatales y municipales, sobre todo, adscritos a los aparatos relacionados con la prevención o la persecución del delito, pero resultaba insólita la caída de representantes con mandato popular. Tomada la decisión de escalar a ese nivel el combate al crimen, lo único que se puede esperar es contundencia y transparencia en los términos de la consignación.
Al comprensible sigilo con que se desplegó el operativo para detener a esos munícipes debe seguir, ahora, una amplia explicación oficial sobre la presunción de la conducta criminal de esos representantes populares. Si la autoridad no rinde cuentas sobre esa decisión y confina el asunto, como tantas otras veces, a la desmemoria, habrá abierto una puerta muy difícil de cerrar de nuevo.
Es obligado que con respaldo en la indagatoria, hasta donde lo permite su secrecía, se explique cómo fue que esos representantes traicionaron el mandato popular, cómo es que se pusieron al servicio del crimen y no de la comunidad. A la vez, es obligado que a esa operación en contra de miembros de la clase política siga otra y otra porque, desde la perspectiva ciudadana, el involucramiento de políticos y criminales muy lejos está de ser algo excepcional y de ningún modo se reduce al ámbito municipal.
No es hora de enlistar a los gobernadores, senadores y diputados que, en la opinión pública, por acción o por omisión, colaboran con el crimen y, aun hoy, se muestran como adalides de la lucha en contra de él.
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Aunque algunos fanáticos calderonistas consideran que el combate al crimen tiene por única exigencia la decisión y la valentía presidencial, esa lucha demanda mucho más que eso, sobre todo si constituye una política de Estado y no una necesidad electoral.
Demanda inteligencia, estrategia, capacidad y congruencia y, si todavía hay oído en la administración federal, es evidente que ésta carga con cuatro desventajas: el uso pervertido del derecho y la justicia hecho por la anterior administración panista para eliminar de la competencia electoral a su principal adversario político; el uso de la polarización social para ganar elecciones sin constituir gobiernos o concretar proyectos; el manejo sesgado y discriminatorio de la información de inteligencia, según el sello político del gobierno de la entidad donde se planean operativos; y la ineficacia que, al menos hasta ahora, muestra el combate emprendido.
Con todo, la mayor desventaja de la administración calderonista radica en otro ámbito: a dos años y medio de su inicio no ha conseguido garantizar la integridad, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía. Podrá haber hecho mucho si se quiere pero ese objetivo sigue insatisfecho siendo que es el principal. Más de un ciudadano aún mira con desconfianza el quehacer de la administración porque, a fin de cuentas, cuando la violencia criminal organizada o desorganizada lo lastima no siente el respaldo del Estado.
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La falta de inteligencia y estrategia en el combate al crimen lleva de un problema a otro a la administración sin que resuelva ninguno de ellos y sí, en cambio, provoca reacciones en cadena con derrames de muy fuerte toxicidad.
Si se echó mano de las Fuerzas Armadas en ese combate sólo en lo que se depuraba y profesionalizaba a la fuerza policial federal, a dos años y medio no se ve ese nuevo cuerpo. Por el contrario, poco a poco se entra en una suerte de lógica de guerra que, por necesidad, reposiciona al Ejército como elemento imprescindible y engrosa el calibre de las bocas de fuego.
Si se echó mano de grandes operativos para detener, a manera de redada, a delincuentes del fuero federal sin prever el efecto que eso tendría en el sistema carcelario nacional, la consecuencia está a la vista: los penales estatales sin condición para recluir y rehabilitar a los delincuentes del fuero federal se están convirtiendo en verdaderas ollas de presión a punto de estallar.
Si se echó mano de operativos que descontrolaban sin reducir considerablemente el tráfico de drogas, los criminales diversificaron su campo de acción a terrenos donde directamente golpean a la ciudadanía, particularmente la venta de protección en el ámbito de los negocios de servicios.
Si se echó mano de la persecución del delito como el eje del combate, despreciando la prevención del mismo y el fortalecimiento de la educación cívica, es claro que se narra un cuento de nunca acabar.
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Por eso, si la administración calderonista tomó ya la decisión de llevar el combate al crimen al campo político, es menester que su actuación tenga por sello el de la pulcritud, contundencia y la certeza así como que al golpe dado deben seguir, de manera continua, otros porque son muchos los candidatos a vestir su traje a rayas.
Si la actuación de la administración reviste y cumple esa doble condición, el salto cualitativo dado en el combate al crimen puede perfilar un horizonte prometedor, si no es así el punto a dilucidar será la profundidad del abismo a donde se quiere arrojar.
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