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Tentación autoritaria
Javier González Garza
30 May. 09
Con reformas legales el Ejecutivo pretende obtener poderes absolutos en su lucha contra la delincuencia; si bien se requiere ese combate no se debe permitir un Estado discrecional
El futuro de un país está representado por sus jóvenes. La etapa de formación en la educación primaria es fundamental. Pero también la etapa de los 12 a los 29 años es determinante. Ese periodo de preparación educativa y para el trabajo debería representar, para cualquier país, la mejor y la mayor inversión. Una inversión sostenida en el tiempo en la educación de los jóvenes es altamente rentable.
Hoy en México no existe oferta de trabajo, menos aún para los jóvenes, ni manera de completar la educación, por la insuficiente oferta educativa o por las condiciones sociales. Conocemos la frustración de un joven que habiendo cursado una carrera universitaria no encuentra trabajo, pero ¿qué sucede con aquellos jóvenes que no tienen siquiera la posibilidad de estudiar ni de trabajar? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su esperanza?
El rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, ha señalado que 7.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, no estudian ni trabajan, que 6 millones de mexicanos no saben leer ni escribir, entonces entendemos que lejos de ser un problema individual es una catástrofe nacional. Pensemos en la inserción social de estos jóvenes. ¿Quién les ofrecerá empleo o una forma de vida? O de otra forma, ¿qué hará el país, sus instituciones, dentro de cinco años con estos 7.5 millones de adultos?
Coincidiendo con las preocupaciones anteriores impulsamos y aprobamos en la Cámara de Diputados la propuesta para que la educación que imparte el Estado sea obligatoria hasta el bachillerato. Ello tendrá consecuencias importantes, pues se debe ampliar la cobertura educativa a ese nivel para cumplir esta obligación. En la Ciudad de México, el gobierno local otorga una beca a todos los estudiantes de bachillerato y, según reporta la UNAM, en el ciclo 2007-2008 de la totalidad de los estudiantes que recibieron dicha beca, ninguno desertó. Es imperativo que ese programa se extienda a nivel nacional y que pueda establecerse un programa similar para otros niveles educativos. Si no resolvemos rápido esta situación, la deuda con los jóvenes seguirá creciendo y luego no habrá con qué pagarla.
El gobierno federal no quiere discutir éste y otros temas torales. Está preocupado por las elecciones y sólo le interesa el número de diputados que tendrá en la próxima legislatura. Sin importarle la alarmante situación económica y los estragos que causa a la población, sin importarle el riesgo evidente que implica seguir descuidando a los jóvenes ha diseñado una campaña efectista centrada en una sola cosa, el denominado "valor del presidente". Con operaciones ilegales y electoreras llaman a "apoyar al presidente" en "su lucha". Son ilegales porque, sin prejuzgar la responsabilidad de los detenidos en Michoacán, las fuerzas federales comandadas por Calderón no respetaron ninguno de los procedimientos legales, ni siquiera el 119 constitucional. Y ayer nos enteramos de que el procurador general de la República obtuvo el arraigo por 40 días de los detenidos. En otras palabras, sabremos hasta el 8 de julio, ya conocido el resultado electoral, si se les acusa de algo y en todo caso de qué se les acusa.
Mientras tanto no quieren mirar y mucho menos discutir los temas del desempleo, la crisis económica, ni los recortes anunciados por el secretario de Hacienda, ni mencionar la falta de protección a los jóvenes. Tampoco quieren explicar por qué esta administración ha elevado el gasto corriente en sueldos y prestaciones como ninguna otra en la historia. Obviamente tampoco quieren discutir sus promesas incumplidas de la campaña de 2006. Eso deberá esperar hasta mucho después de las elecciones.
Un problema no menor es el autoritarismo. Empezando por la absurda figura del "arraigo", que ahora, gracias al voto del PAN y del PRI se permite la detención hasta por 90 días sin que la autoridad establezca siquiera cargos. En otras palabras: te apreso para luego ver si te acuso de algo. Pero tenemos más muestras de ello.
En abril el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa de ley en la cual, sucintamente, plantea arrogarse poderes absolutos. Hoy el artículo 29 constitucional prevé la posibilidad de suspender garantías, cuando la sociedad estuviera en grave peligro, pero puntualiza el procedimiento, limita su duración e incluso su localización, pudiendo ser sólo en un municipio, estado o región del país. Pero Calderón propone evitar todo este engorroso procedimiento y que sea sólo el titular del Ejecutivo (o sea él mismo), quien pueda decretar dicha suspensión.
Otro ejemplo es el que nos proporcionó el propio Calderón cuando mediante un decreto instituyó un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, y en el mismo decreto anunció que el único mando de dicha entidad era él mismo. Luego de las críticas y denuncias por la ilegalidad tuvo que corregir el garrafal error mediante un decreto más.
Que se entienda bien; todos queremos combatir al narcotráfico y al crimen organizado, pero el método importa. Lo que no queremos en México es un Estado policiaco, autoritario y discrecional que, con el pretexto de combatir aquel flagelo, acabe con los derechos y libertades.
kikka-roja.blogspot.com/
Hoy en México no existe oferta de trabajo, menos aún para los jóvenes, ni manera de completar la educación, por la insuficiente oferta educativa o por las condiciones sociales. Conocemos la frustración de un joven que habiendo cursado una carrera universitaria no encuentra trabajo, pero ¿qué sucede con aquellos jóvenes que no tienen siquiera la posibilidad de estudiar ni de trabajar? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su esperanza?
El rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, ha señalado que 7.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, no estudian ni trabajan, que 6 millones de mexicanos no saben leer ni escribir, entonces entendemos que lejos de ser un problema individual es una catástrofe nacional. Pensemos en la inserción social de estos jóvenes. ¿Quién les ofrecerá empleo o una forma de vida? O de otra forma, ¿qué hará el país, sus instituciones, dentro de cinco años con estos 7.5 millones de adultos?
Coincidiendo con las preocupaciones anteriores impulsamos y aprobamos en la Cámara de Diputados la propuesta para que la educación que imparte el Estado sea obligatoria hasta el bachillerato. Ello tendrá consecuencias importantes, pues se debe ampliar la cobertura educativa a ese nivel para cumplir esta obligación. En la Ciudad de México, el gobierno local otorga una beca a todos los estudiantes de bachillerato y, según reporta la UNAM, en el ciclo 2007-2008 de la totalidad de los estudiantes que recibieron dicha beca, ninguno desertó. Es imperativo que ese programa se extienda a nivel nacional y que pueda establecerse un programa similar para otros niveles educativos. Si no resolvemos rápido esta situación, la deuda con los jóvenes seguirá creciendo y luego no habrá con qué pagarla.
El gobierno federal no quiere discutir éste y otros temas torales. Está preocupado por las elecciones y sólo le interesa el número de diputados que tendrá en la próxima legislatura. Sin importarle la alarmante situación económica y los estragos que causa a la población, sin importarle el riesgo evidente que implica seguir descuidando a los jóvenes ha diseñado una campaña efectista centrada en una sola cosa, el denominado "valor del presidente". Con operaciones ilegales y electoreras llaman a "apoyar al presidente" en "su lucha". Son ilegales porque, sin prejuzgar la responsabilidad de los detenidos en Michoacán, las fuerzas federales comandadas por Calderón no respetaron ninguno de los procedimientos legales, ni siquiera el 119 constitucional. Y ayer nos enteramos de que el procurador general de la República obtuvo el arraigo por 40 días de los detenidos. En otras palabras, sabremos hasta el 8 de julio, ya conocido el resultado electoral, si se les acusa de algo y en todo caso de qué se les acusa.
Mientras tanto no quieren mirar y mucho menos discutir los temas del desempleo, la crisis económica, ni los recortes anunciados por el secretario de Hacienda, ni mencionar la falta de protección a los jóvenes. Tampoco quieren explicar por qué esta administración ha elevado el gasto corriente en sueldos y prestaciones como ninguna otra en la historia. Obviamente tampoco quieren discutir sus promesas incumplidas de la campaña de 2006. Eso deberá esperar hasta mucho después de las elecciones.
Un problema no menor es el autoritarismo. Empezando por la absurda figura del "arraigo", que ahora, gracias al voto del PAN y del PRI se permite la detención hasta por 90 días sin que la autoridad establezca siquiera cargos. En otras palabras: te apreso para luego ver si te acuso de algo. Pero tenemos más muestras de ello.
En abril el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa de ley en la cual, sucintamente, plantea arrogarse poderes absolutos. Hoy el artículo 29 constitucional prevé la posibilidad de suspender garantías, cuando la sociedad estuviera en grave peligro, pero puntualiza el procedimiento, limita su duración e incluso su localización, pudiendo ser sólo en un municipio, estado o región del país. Pero Calderón propone evitar todo este engorroso procedimiento y que sea sólo el titular del Ejecutivo (o sea él mismo), quien pueda decretar dicha suspensión.
Otro ejemplo es el que nos proporcionó el propio Calderón cuando mediante un decreto instituyó un cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, y en el mismo decreto anunció que el único mando de dicha entidad era él mismo. Luego de las críticas y denuncias por la ilegalidad tuvo que corregir el garrafal error mediante un decreto más.
Que se entienda bien; todos queremos combatir al narcotráfico y al crimen organizado, pero el método importa. Lo que no queremos en México es un Estado policiaco, autoritario y discrecional que, con el pretexto de combatir aquel flagelo, acabe con los derechos y libertades.
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