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Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó ayer que las propuestas fiscales elaboradas por el gobierno federal y dadas a conocer el martes pasado podrían, en caso de ser aprobadas por la Cámara de Diputados, incrementar en cuatro millones el universo de contribuyentes, el cual se estima actualmente en 24 millones de personas –físicas y morales, cabe suponer–, es decir, aumentaría en casi 20 por ciento el número de causantes hasta ahora registrados. El funcionario agregó que el proyectado impuesto de 2 por ciento al consumo de todos los bienes y servicios –adicional al IVA y a otros gravámenes ya existentes– permitirá detectar a quienes aprovechan lagunas en las disposiciones sobre el impuesto sobre la renta (ISR) y el IVA e ir por ellos.
Ciertamente, es razonable suponer que muchos ciudadanos, posiblemente más que los cuatro millones a los que el SAT aspira a reclutar con el paquete de nuevos impuestos y el incremento de los que ya están en vigor, se abstienen de cumplir con algunas obligaciones fiscales. En casi todos los casos, este segmento de la población se encuentra en la economía informal, la cual ha crecido en las dos décadas recientes hasta ocupar un sitio posiblemente mayoritario en la economía a secas, debido a las estrategias antipopulares implantadas principalmente desde la propia Secretaría de Hacienda: contención salarial, recorte generalizado de programas de bienestar social, entrega del mercado interno a los intereses trasnacionales, concentración desmedida de la riqueza, beneficios a los grandes capitales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, adelgazamiento de los sectores productivos del Estado y ensanchamiento desmedido de los improductivos –como la proliferación de altos cargos burocráticos, consultorías y asesorías, repartición masiva de contratos de servicios–, abandono de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios agrícolas y concesión de favores a los empresarios agroindustriales y agroexportadores.
Tampoco pagan ISR ni IETU los casi tres millones de desempleados –más de la mitad de ellos han caído en esa categoría en lo que va del gobierno que encabeza Felipe Calderón– ni los seis millones de conciudadanos que, en el curso de esta administración, han caído en la pobreza para sumarse a los 44.7 millones de personas en esa condición con que terminó el gobierno foxista. Sin embargo, desempleados o pobres –que no es necesariamente lo mismo– contribuyen, en tanto que consumidores, con el IVA. En cuanto al 18 por ciento de la población que oficialmente se encuentra en situación de pobreza alimentaria, parece lógico suponer que no pagan ni siquiera ese último gravamen por la simple razón de que su consumo es ínfimo y se sitúa en un nivel de mera supervivencia.
En contraste, en la economía formal existe un pequeño y poderosísimo sector empresarial que prácticamente no paga impuestos, en virtud de acuerdos implícitos o explícitos, regímenes especiales o exenciones discrecionales otorgadas por la alta burocracia gubernamental.
No es posible saber el monto que el fisco podría obtener si se revirtiera semejante anomalía pues, hasta ahora, las autoridades han respondido con el silencio y la opacidad a las reiteradas demandas de que se transparente la información fiscal de los más poderosos grupos empresariales. Pero, en tanto no se hagan públicos los datos correspondientes, resulta lícito sospechar que en la política recaudatoria del gobierno prevalece una gravísima injusticia que distorsiona el funcionamiento económico en su conjunto e impide la aplicación de un programa viable y serio de reactivación económica.
Cabe dudar que, en el panorama social devastado por décadas de neoliberalismo y por muchos meses de indolencia e imprevisión oficiales ante la crisis económica global, el SAT logre reclutar a cuatro millones de nuevos causantes. Cuando el poder público hace las cuentas al estilo de la lechera de la fábula –como las hizo el gobierno calderonista en los primeros momentos de la presente recesión mundial–, las consecuencias suelen ser catastróficas. Sería mucho más simple (y, desde luego, mucho más ético, y seguramente más benéfico para la economía nacional) que las autoridades fiscales empezaran por cobrar en forma correcta los impuestos al puñado de grandes fortunas personales y a los corporativos nacionales y extranjeros que, hasta ahora, y según todos los datos disponibles, eluden las obligaciones fiscales impuestas al resto de las personas físicas y morales.
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Ciertamente, es razonable suponer que muchos ciudadanos, posiblemente más que los cuatro millones a los que el SAT aspira a reclutar con el paquete de nuevos impuestos y el incremento de los que ya están en vigor, se abstienen de cumplir con algunas obligaciones fiscales. En casi todos los casos, este segmento de la población se encuentra en la economía informal, la cual ha crecido en las dos décadas recientes hasta ocupar un sitio posiblemente mayoritario en la economía a secas, debido a las estrategias antipopulares implantadas principalmente desde la propia Secretaría de Hacienda: contención salarial, recorte generalizado de programas de bienestar social, entrega del mercado interno a los intereses trasnacionales, concentración desmedida de la riqueza, beneficios a los grandes capitales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, adelgazamiento de los sectores productivos del Estado y ensanchamiento desmedido de los improductivos –como la proliferación de altos cargos burocráticos, consultorías y asesorías, repartición masiva de contratos de servicios–, abandono de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios agrícolas y concesión de favores a los empresarios agroindustriales y agroexportadores.
Tampoco pagan ISR ni IETU los casi tres millones de desempleados –más de la mitad de ellos han caído en esa categoría en lo que va del gobierno que encabeza Felipe Calderón– ni los seis millones de conciudadanos que, en el curso de esta administración, han caído en la pobreza para sumarse a los 44.7 millones de personas en esa condición con que terminó el gobierno foxista. Sin embargo, desempleados o pobres –que no es necesariamente lo mismo– contribuyen, en tanto que consumidores, con el IVA. En cuanto al 18 por ciento de la población que oficialmente se encuentra en situación de pobreza alimentaria, parece lógico suponer que no pagan ni siquiera ese último gravamen por la simple razón de que su consumo es ínfimo y se sitúa en un nivel de mera supervivencia.
En contraste, en la economía formal existe un pequeño y poderosísimo sector empresarial que prácticamente no paga impuestos, en virtud de acuerdos implícitos o explícitos, regímenes especiales o exenciones discrecionales otorgadas por la alta burocracia gubernamental.
No es posible saber el monto que el fisco podría obtener si se revirtiera semejante anomalía pues, hasta ahora, las autoridades han respondido con el silencio y la opacidad a las reiteradas demandas de que se transparente la información fiscal de los más poderosos grupos empresariales. Pero, en tanto no se hagan públicos los datos correspondientes, resulta lícito sospechar que en la política recaudatoria del gobierno prevalece una gravísima injusticia que distorsiona el funcionamiento económico en su conjunto e impide la aplicación de un programa viable y serio de reactivación económica.
Cabe dudar que, en el panorama social devastado por décadas de neoliberalismo y por muchos meses de indolencia e imprevisión oficiales ante la crisis económica global, el SAT logre reclutar a cuatro millones de nuevos causantes. Cuando el poder público hace las cuentas al estilo de la lechera de la fábula –como las hizo el gobierno calderonista en los primeros momentos de la presente recesión mundial–, las consecuencias suelen ser catastróficas. Sería mucho más simple (y, desde luego, mucho más ético, y seguramente más benéfico para la economía nacional) que las autoridades fiscales empezaran por cobrar en forma correcta los impuestos al puñado de grandes fortunas personales y a los corporativos nacionales y extranjeros que, hasta ahora, y según todos los datos disponibles, eluden las obligaciones fiscales impuestas al resto de las personas físicas y morales.
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