Gómez Urrutia y Germán Larrea
Miguel Ángel Granados Chapa
11 Sep. 09
El martes 8 concluyó la huelga, iniciada precisamente un mes atrás, en la planta siderúrgica de ArcelorMittal, situada en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se trata de la empresa fundada en los años setenta por el gobierno federal y privatizada después al Grupo Villarreal, que a su vez la vendió al consorcio indio Mittal. El sindicato de trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos y similares encabezado a distancia por Napoleón Gómez Urrutia obtuvo muy buenos resultados en este lance: 8 por ciento de aumento al salario más 7 por ciento en prestaciones, así como el pago de ciento por ciento de los salarios caídos.
Lograr incrementos salariales en tasas superiores casi en 100 por ciento a los aumentos contractuales en general, es una de las razones que explica la permanencia de Gómez Urrutia al frente del sindicato minero, a pesar de los embates que el gobierno, en clara asociación con el Grupo México, ha generado contra el dirigente sindical. Uno de los modos más agresivos de este combate se manifestó una vez más hace una semana, en que fue expedida una nueva orden de aprehensión contra el dirigente del sindicato minero -desconocido por la Secretaría del Trabajo pero reconocido por la mayoría de las secciones que integran esa organización. El nuevo mandato judicial busca reforzar el trámite de extradición solicitado por el gobierno mexicano contra Gómez Urrutia, que vive en Vancouver cobijado por los gremios de la minería y metalurgia canadiense e internacional.
Después de 40 meses de investigación, reconoció el Ministerio Público al informar gozoso de la nueva orden de aprehensión, pudo fincarse una acusación por lavado de dinero contra el dirigente gremial. Es sólo un enfoque distinto al que sirvió para iniciar cuatro procesos más contra Gómez Urrutia, que ha salido indemne de tres. Todos giran, con diversas modalidades, en torno de un fideicomiso por 55 millones de dólares de cuyo destino y situación actual el sindicato ha informado con suficiencia, pero que ha servido a diversos gru- púsculos para atacar judicialmente al líder minero, en juicios notoriamente patrocinados por el Grupo México de Germán Larrea. Entre ese consorcio y el sindicato minero no ha dejado de haber conflictos en casi una década. Actualmente, el principal litigio es la huelga en la histórica mina de Cananea, iniciada en julio de 2007 y que persiste a pesar de los intentos empresariales -con apoyo del gobierno- de hacerla pasar como un acto ilegal. Tres veces la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se propuso ese objetivo y otras tantas el gremio ha salido avante merced a amparos concedidos por la justicia federal.
El Grupo México obtuvo la semana pasada una victoria judicial en Texas, como parte de un proceso que lo llevó a perder el control de la poderosa y emblemática Asarco y a recuperarlo ahora, a un costo muy elevado. En 1999 Grupo México adquirió la mayoría de las acciones de esa empresa norteamericana, que posee minas de cobre en Arizona y una refinería en Texas. En 2005, Asarco en manos de Larrea fue llevada a la quiebra por su incapacidad de resolver demandas de grupos civiles por el deterioro ambiental que causa su operación deficiente en términos ecológicos. Ese problema era concomitante con una huelga prolongada -en la que por supuesto no participaba Gómez Urrutia, lo cual muestra que la constante en los conflictos laborales de sus empresas es el propio Larrea y no el dirigente sindical mexicano. En otra perspectiva, el Grupo México fue denunciado por accionistas de Asarco por el daño provocado por la transferencia fraudulenta -así la calificó un juez- de acciones de la filial peruana de aquel consorcio, la Southern Cooper, que explota cobre en Perú.
Al formular una oferta que un juez de quiebras en Corpus Christie consideró conveniente para el interés de los acreedores, Grupo México quedó en posición de recuperar el control de Asarco. Debe desembolsar para ello más de 2 mil 200 millones de dólares, con lo que superó el ofrecimiento de Sterlite Industries -empresa india, como Mittal. La operación permitirá al negocio de Larrea poner en el mercado 200 mil toneladas de cobre al año, y contar con una reserva de 78 millones de toneladas. Las vicisitudes de Grupo México en torno a Asarco no han concluido todavía, pues está en curso el litigio causado por su conducta en el caso de la empresa situada en Perú.
Así de oscilante es el desempeño empresarial de Larrea, que ha diversificado sus operaciones en México. Hace no mucho entró en el mercado del entretenimiento. Adquirió primero una pequeña cadena de exhibición cinematográfica, MM, y hace casi un año la amplió considerablemente al hacerse de Cinemex, que junto con Cinemark y Cinépolis dominan esa actividad en México. Se ha dedicado a expoliar a su clientela -sus invitados, como los consideraba la anterior administración-, como lo resume la columna de negocios Capitanes: "en diciembre subió el precio de los boletos; en marzo canceló su Membresía Cinemex y, otra vez, el viernes, volvió a subir su tarifa, de 55 a 58 pesos. Eso sin contar que los cines trabajan con el mínimo de personal, lo que resulta en que en una función y otra también, algún 'invitado' tenga que salir a avisar que la proyección está mal, porque del 'cácaro' ni sus luces. Pero no sólo los 'invitados' sufren. A los empleados les rasuraron su reparto de utilidades desde este año. Además, la dirección ya dijo que en el 2010 ni eso recibirán" (Reforma, 9 de septiembre).
Cajón de Sastre
A los 84 años de edad murió Margarita García Flores, adelantada del feminismo político priista. Nació en Monterrey el 4 de julio de 1925 y se graduó de abogada en la Universidad de Nuevo León. Aun antes de que las mujeres pudieran votar fue la primera secretaria de Acción Femenil del Comité Nacional priista en el año mismo del nacimiento del Partido Revolucionario Institucional. Al mediar el siglo pasado, apenas otorgada la posibilidad del voto a las mujeres en elecciones municipales, fue regidora en el ayuntamiento regiomontano. Y apenas pudo ser candidata a diputada federal, después del reconocimiento del derecho político más elemental, el voto activo y pasivo en 1953, entró en la Cámara de Diputados por primera vez en 1955. Volvería al Congreso en 1973 y fue también senadora suplente. En la administración desempeñó cargos variados como delegada del gobierno del DF en Cuajimalpa y jefa de prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para muchas militantes priistas fue una figura emblemática durante largo tiempo, aun en su retiro.
Lograr incrementos salariales en tasas superiores casi en 100 por ciento a los aumentos contractuales en general, es una de las razones que explica la permanencia de Gómez Urrutia al frente del sindicato minero, a pesar de los embates que el gobierno, en clara asociación con el Grupo México, ha generado contra el dirigente sindical. Uno de los modos más agresivos de este combate se manifestó una vez más hace una semana, en que fue expedida una nueva orden de aprehensión contra el dirigente del sindicato minero -desconocido por la Secretaría del Trabajo pero reconocido por la mayoría de las secciones que integran esa organización. El nuevo mandato judicial busca reforzar el trámite de extradición solicitado por el gobierno mexicano contra Gómez Urrutia, que vive en Vancouver cobijado por los gremios de la minería y metalurgia canadiense e internacional.
Después de 40 meses de investigación, reconoció el Ministerio Público al informar gozoso de la nueva orden de aprehensión, pudo fincarse una acusación por lavado de dinero contra el dirigente gremial. Es sólo un enfoque distinto al que sirvió para iniciar cuatro procesos más contra Gómez Urrutia, que ha salido indemne de tres. Todos giran, con diversas modalidades, en torno de un fideicomiso por 55 millones de dólares de cuyo destino y situación actual el sindicato ha informado con suficiencia, pero que ha servido a diversos gru- púsculos para atacar judicialmente al líder minero, en juicios notoriamente patrocinados por el Grupo México de Germán Larrea. Entre ese consorcio y el sindicato minero no ha dejado de haber conflictos en casi una década. Actualmente, el principal litigio es la huelga en la histórica mina de Cananea, iniciada en julio de 2007 y que persiste a pesar de los intentos empresariales -con apoyo del gobierno- de hacerla pasar como un acto ilegal. Tres veces la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se propuso ese objetivo y otras tantas el gremio ha salido avante merced a amparos concedidos por la justicia federal.
El Grupo México obtuvo la semana pasada una victoria judicial en Texas, como parte de un proceso que lo llevó a perder el control de la poderosa y emblemática Asarco y a recuperarlo ahora, a un costo muy elevado. En 1999 Grupo México adquirió la mayoría de las acciones de esa empresa norteamericana, que posee minas de cobre en Arizona y una refinería en Texas. En 2005, Asarco en manos de Larrea fue llevada a la quiebra por su incapacidad de resolver demandas de grupos civiles por el deterioro ambiental que causa su operación deficiente en términos ecológicos. Ese problema era concomitante con una huelga prolongada -en la que por supuesto no participaba Gómez Urrutia, lo cual muestra que la constante en los conflictos laborales de sus empresas es el propio Larrea y no el dirigente sindical mexicano. En otra perspectiva, el Grupo México fue denunciado por accionistas de Asarco por el daño provocado por la transferencia fraudulenta -así la calificó un juez- de acciones de la filial peruana de aquel consorcio, la Southern Cooper, que explota cobre en Perú.
Al formular una oferta que un juez de quiebras en Corpus Christie consideró conveniente para el interés de los acreedores, Grupo México quedó en posición de recuperar el control de Asarco. Debe desembolsar para ello más de 2 mil 200 millones de dólares, con lo que superó el ofrecimiento de Sterlite Industries -empresa india, como Mittal. La operación permitirá al negocio de Larrea poner en el mercado 200 mil toneladas de cobre al año, y contar con una reserva de 78 millones de toneladas. Las vicisitudes de Grupo México en torno a Asarco no han concluido todavía, pues está en curso el litigio causado por su conducta en el caso de la empresa situada en Perú.
Así de oscilante es el desempeño empresarial de Larrea, que ha diversificado sus operaciones en México. Hace no mucho entró en el mercado del entretenimiento. Adquirió primero una pequeña cadena de exhibición cinematográfica, MM, y hace casi un año la amplió considerablemente al hacerse de Cinemex, que junto con Cinemark y Cinépolis dominan esa actividad en México. Se ha dedicado a expoliar a su clientela -sus invitados, como los consideraba la anterior administración-, como lo resume la columna de negocios Capitanes: "en diciembre subió el precio de los boletos; en marzo canceló su Membresía Cinemex y, otra vez, el viernes, volvió a subir su tarifa, de 55 a 58 pesos. Eso sin contar que los cines trabajan con el mínimo de personal, lo que resulta en que en una función y otra también, algún 'invitado' tenga que salir a avisar que la proyección está mal, porque del 'cácaro' ni sus luces. Pero no sólo los 'invitados' sufren. A los empleados les rasuraron su reparto de utilidades desde este año. Además, la dirección ya dijo que en el 2010 ni eso recibirán" (Reforma, 9 de septiembre).
Cajón de Sastre
A los 84 años de edad murió Margarita García Flores, adelantada del feminismo político priista. Nació en Monterrey el 4 de julio de 1925 y se graduó de abogada en la Universidad de Nuevo León. Aun antes de que las mujeres pudieran votar fue la primera secretaria de Acción Femenil del Comité Nacional priista en el año mismo del nacimiento del Partido Revolucionario Institucional. Al mediar el siglo pasado, apenas otorgada la posibilidad del voto a las mujeres en elecciones municipales, fue regidora en el ayuntamiento regiomontano. Y apenas pudo ser candidata a diputada federal, después del reconocimiento del derecho político más elemental, el voto activo y pasivo en 1953, entró en la Cámara de Diputados por primera vez en 1955. Volvería al Congreso en 1973 y fue también senadora suplente. En la administración desempeñó cargos variados como delegada del gobierno del DF en Cuajimalpa y jefa de prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para muchas militantes priistas fue una figura emblemática durante largo tiempo, aun en su retiro.
miguelangel@granadoschapa.com
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