Monsanto 2, México cero
Miguel Ángel Granados Chapa
20 Oct. 09
La Presidencia de la República anunció el viernes pasado que la Secretaría de Agricultura y la del Medio Ambiente autorizaron "la expedición de los primeros dos permisos, de un total de 35 solicitudes, para la realización de siembras experimentales de maíz genéticamente modificado". De inmediato, agrupaciones que estaban en alerta ante la inminencia de tales autorizaciones se manifestaron en contra, pidieron su revocación y una moratoria que impida tales siembras.
El comunicado 210 calla las circunstancias precisas de tales permisos. Omite decir que se otorgaron a Monsanto, la poderosa empresa trasnacional que con esos experimentos busca crear artificialmente un mercado de semillas que le genere regalías y haga depender a la agricultura maicera mexicana de esa trasnacional, que ha presentado la mayor parte de las peticiones que se ventilan ante las autoridades. También es omiso el boletín respecto de la ubicación de los predios correspondientes. Dice ese documento que "las siembras se harán en terrenos controlados y totalmente aislados de otro tipo de cultivos. En los estados donde se autorizaron las siembras experimentales no hay presencia de maíces criollos". Al parecer, no hay tales "estados". Se trata sólo de Tamaulipas, donde, a diferencia del dicho gubernamental, sí hay maíz criollo: es zona de colecta del grano tuxpeño y vandeño.
El comunicado asegura que para "establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales, se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas presentadas por expertos y por la ciudadanía en el proceso de consulta pública... que se llevó a cabo en cumplimiento de la ley (de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados) con el apoyo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados".
Los opositores a estas autorizaciones solicitarán la revisión de los permisos, recurso previsto en la propia ley. Lo juzgan necesario porque ese ordenamiento ha sido violado por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente. La vulneración es de fondo y forma: por un lado, las autorizaciones se acordaron sin que se haya establecido el régimen especial de protección al maíz, ordenado en el artículo dos; y por otra parte, las autorizaciones no se notificaron al Registro Nacional de Organismos Genéticamente Modificados, como debieron hacerlo las autoridades según lo dispone la propia ley.
Hay más: Greenpeace México recuerda que además de la norma mexicana "se está violando el principio precautorio establecido por el Protocolo de Cartagena, en su artículo primero sobre Seguridad de la biotecnología moderna, que señala que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica".
Por su parte, ayer la Red de defensa del maíz nativo recordó que está en curso una controversia constitucional emprendida por el ayuntamiento de Tepoztlán contra la omisión relativa al Régimen de protección especial al maíz. Y, añadimos por nuestra parte, si bien no se otorgó a la autoridad municipal la suspensión de los actos impugnados, un mínimo respeto a la legalidad debió haber impedido la entrega de esos dos primeros permisos, cuya urgencia corresponde sólo a los intereses de Monsanto y Pioneer.
En esa misma comunicación, que resume las opiniones de varias personas y grupos reunidos ayer en conferencia de prensa, la Red de defensa del maíz nativo precisa que las variedades autorizadas son obsoletas, fueron diseñadas para la agricultura industrial y durante 13 años que han sido usadas en Estados Unidos sólo incrementaron en 2.3 por ciento los rendimientos. A cambio de ese magro progreso, es abultado el riesgo de que se contaminen los campos donde se cultivan 59 razas y miles de variedades nativas en México.
Greenpeace, que forma parte de esa red, emprendió una campaña de protesta que incluyó poner de luto a los héroes de la independencia y a la columna misma que recuerda esa hazaña histórica, en el paseo de la Reforma. Ha intensificado, además, su campaña de telefonemas titulada "¡Llámale a Felipe!". Consiste en marcar los números telefónicos 5523-8939 (en el DF) y 01800-836-5480, escoger el número cuatro y entre las opciones ofrecidas por una grabadora marcar cero y al final uno. Establecida la comunicación es posible dejar un mensaje al presidente de la República solicitando la revocación de los permisos expedidos el viernes.
En una obvia campaña de relaciones públicas para diluir la inconformidad con tales autorizaciones, la Secretaría de Agricultura convocó en domingo, anteayer, a la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Los reunidos, dice el boletín oficial, "acordaron avanzar en las acciones de cuidado y conservación de los maíces criollos, a través de programas que garanticen su preservación y que pueden traer beneficios económicos a los agricultores". Se insistió en ese punto, que reduce a los rendimientos la política gubernamental respecto de ese grano. Desde su formación de economista y empresario agrícola, el secretario Francisco Mayorga "señaló a los productores la importancia de establecer medidas que además de proteger en campo a los maíces criollos, fomenten una derrama económica a su favor". Lo cual estaría muy bien si ellos fueran los únicos maiceros del país.
Cajón de Sastre
Súbitamente murió Roberto Ducoing Espinosa, miembro relevante de la generación 1960 de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Tenía 71 años de edad y había librado con suficiencia males de salud y hasta una lesión por bala que le fue inferida en un asalto. Durante la época estudiantil fue un dirigente activo de la hoy Facultad, y antes de dedicarse, en las postrimerías de su vida a actividades privadas, había tenido tareas en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. La generación a la que pertenece se disponía, con su participación, a celebrar el cincuentenario de su ingreso a la Universidad Nacional, que se cumplirá en febrero próximo. Echaremos de menos su amigable presencia, como la de otros miembros de la propia generación que han fallecido prematuramente.
El comunicado 210 calla las circunstancias precisas de tales permisos. Omite decir que se otorgaron a Monsanto, la poderosa empresa trasnacional que con esos experimentos busca crear artificialmente un mercado de semillas que le genere regalías y haga depender a la agricultura maicera mexicana de esa trasnacional, que ha presentado la mayor parte de las peticiones que se ventilan ante las autoridades. También es omiso el boletín respecto de la ubicación de los predios correspondientes. Dice ese documento que "las siembras se harán en terrenos controlados y totalmente aislados de otro tipo de cultivos. En los estados donde se autorizaron las siembras experimentales no hay presencia de maíces criollos". Al parecer, no hay tales "estados". Se trata sólo de Tamaulipas, donde, a diferencia del dicho gubernamental, sí hay maíz criollo: es zona de colecta del grano tuxpeño y vandeño.
El comunicado asegura que para "establecer las medidas de bioseguridad que se aplicarán en las siembras experimentales, se tomaron en cuenta opiniones técnicas y científicas presentadas por expertos y por la ciudadanía en el proceso de consulta pública... que se llevó a cabo en cumplimiento de la ley (de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados) con el apoyo de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados".
Los opositores a estas autorizaciones solicitarán la revisión de los permisos, recurso previsto en la propia ley. Lo juzgan necesario porque ese ordenamiento ha sido violado por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente. La vulneración es de fondo y forma: por un lado, las autorizaciones se acordaron sin que se haya establecido el régimen especial de protección al maíz, ordenado en el artículo dos; y por otra parte, las autorizaciones no se notificaron al Registro Nacional de Organismos Genéticamente Modificados, como debieron hacerlo las autoridades según lo dispone la propia ley.
Hay más: Greenpeace México recuerda que además de la norma mexicana "se está violando el principio precautorio establecido por el Protocolo de Cartagena, en su artículo primero sobre Seguridad de la biotecnología moderna, que señala que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente y de la diversidad biológica".
Por su parte, ayer la Red de defensa del maíz nativo recordó que está en curso una controversia constitucional emprendida por el ayuntamiento de Tepoztlán contra la omisión relativa al Régimen de protección especial al maíz. Y, añadimos por nuestra parte, si bien no se otorgó a la autoridad municipal la suspensión de los actos impugnados, un mínimo respeto a la legalidad debió haber impedido la entrega de esos dos primeros permisos, cuya urgencia corresponde sólo a los intereses de Monsanto y Pioneer.
En esa misma comunicación, que resume las opiniones de varias personas y grupos reunidos ayer en conferencia de prensa, la Red de defensa del maíz nativo precisa que las variedades autorizadas son obsoletas, fueron diseñadas para la agricultura industrial y durante 13 años que han sido usadas en Estados Unidos sólo incrementaron en 2.3 por ciento los rendimientos. A cambio de ese magro progreso, es abultado el riesgo de que se contaminen los campos donde se cultivan 59 razas y miles de variedades nativas en México.
Greenpeace, que forma parte de esa red, emprendió una campaña de protesta que incluyó poner de luto a los héroes de la independencia y a la columna misma que recuerda esa hazaña histórica, en el paseo de la Reforma. Ha intensificado, además, su campaña de telefonemas titulada "¡Llámale a Felipe!". Consiste en marcar los números telefónicos 5523-8939 (en el DF) y 01800-836-5480, escoger el número cuatro y entre las opciones ofrecidas por una grabadora marcar cero y al final uno. Establecida la comunicación es posible dejar un mensaje al presidente de la República solicitando la revocación de los permisos expedidos el viernes.
En una obvia campaña de relaciones públicas para diluir la inconformidad con tales autorizaciones, la Secretaría de Agricultura convocó en domingo, anteayer, a la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México. Los reunidos, dice el boletín oficial, "acordaron avanzar en las acciones de cuidado y conservación de los maíces criollos, a través de programas que garanticen su preservación y que pueden traer beneficios económicos a los agricultores". Se insistió en ese punto, que reduce a los rendimientos la política gubernamental respecto de ese grano. Desde su formación de economista y empresario agrícola, el secretario Francisco Mayorga "señaló a los productores la importancia de establecer medidas que además de proteger en campo a los maíces criollos, fomenten una derrama económica a su favor". Lo cual estaría muy bien si ellos fueran los únicos maiceros del país.
Cajón de Sastre
Súbitamente murió Roberto Ducoing Espinosa, miembro relevante de la generación 1960 de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Tenía 71 años de edad y había librado con suficiencia males de salud y hasta una lesión por bala que le fue inferida en un asalto. Durante la época estudiantil fue un dirigente activo de la hoy Facultad, y antes de dedicarse, en las postrimerías de su vida a actividades privadas, había tenido tareas en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. La generación a la que pertenece se disponía, con su participación, a celebrar el cincuentenario de su ingreso a la Universidad Nacional, que se cumplirá en febrero próximo. Echaremos de menos su amigable presencia, como la de otros miembros de la propia generación que han fallecido prematuramente.
miguelangel@granadoschapa.com
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