Horizonte político
José A. Crespo
Shock eléctrico
Nadie creyó que la negativa de Javier Lozano a tomarle nota a Martín Esparza se debiera al interés del gobierno federal por democratizar el sindicalismo. Por ejemplo, **Lozano no ha cumplido sucesivos fallos judiciales que desde hace dos años le instruyen dejar sin efecto la toma de nota al secretario general del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Y ni qué decir de la estrecha alianza del gobierno federal con Elba Esther Gordillo, a la que se le han dado cargos y canonjías como a ningún otro aliado del gobierno, sin que ello le quite el sueño a Felipe Calderón. Pero, del otro lado, los partidos de izquierda, con gran simplismo, consideran cualquier cuestionamiento al viejo sindicalismo autoritario como un rechazo a todo sindicalismo, a su concepto mismo. Evidentemente no es así.
El motor aducido por el gobierno para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC), es la búsqueda de una racionalidad administrativa en el estratégico rubro de la electricidad: la empresa es un auténtico elefante blanco, torpe e ineficiente, que devora cerca de 40 mil millones de pesos al año, emplea cinco veces más personal del requerido y ofrece a sus trabajadores privilegios que ni en Suecia disfrutan. La crisis económica y el hoyo fiscal han motivado que el gobierno emprenda lo que muchos antes han preferido eludir, por el costo político que supone enfrentar a un sindicato que disfraza sus injustificables privilegios —que ni los trabajadores suecos tienen— de “nacionalismo energético” y “autonomía sindical”. Andrés López Obrador ha condenado con razón los privilegios de los grandes consorcios, pero que ni se mencionen los de sus aliados políticos. Los gobiernos han sido corresponsables de tales canonjías, es cierto, pero por eso mismo procede, por fin, ponerles término. Coincido con René Delgado quien el sábado escribió: “El (SME) defiende privilegios, no derechos, supuestas conquistas que junto con la mala administración de la empresa terminaron por quebrar precisamente la fuente de trabajo… Sexenio tras sexenio ha resistido el saneamiento de la empresa hasta hacerla inviable, y eso vulnera el principal derecho laboral: el trabajo” (Reforma, 10/X/09). El SME jaló la cuerda hasta reventarla. Terminó por matar su gallina de los huevos de oro.
La izquierda alega, por otro lado, que el gobierno en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales. ¿Hay acaso alguna iniciativa que sugiera tal propósito? ¿Podría este gobierno dar semejante paso cuando ya vimos lo que ocurrió con su iniciativa sobre la reforma petrolera? ¿Podría realizarse la respectiva modificación constitucional sin el concurso del PRI, buena parte del cual sigue atrincherado en el añejo nacionalismo revolucionario, lo mismo que el PRD? Se ve difícil. Pareciera que, para la izquierda, entre los extremos de mantener empresas públicas en profunda ineficiencia y su entrega a las transnacionales no existen opciones intermedias. Ante la eterna amenaza de la privatización total, mejor la quiebra financiera ad infinitum. O el añejo populismo corporativo o el entreguismo incondicional. En México no puede avanzarse hacia una posición de mayor equilibrio y racionalidad sin que se denuncie como un “primer paso” para la entrega de la empresa al imperialismo transnacional.
Afirma el SME que LyF no pertenece al gobierno federal, sino al pueblo de México y a los trabajadores de la empresa. No pertenece, en efecto, al gobierno federal, pero tampoco a los trabajadores (como en los hechos ocurría), sino al Estado. Es decir, teórica y retóricamente, al pueblo. En cuyo caso, como accionista teórico de este voraz elefante blanco, respaldo su liquidación, lo que no obsta para exigir al gobierno que tome muchas otras medidas de austeridad y recortes en su propia, inflada y cara burocracia. Probablemente la mayoría de la sociedad tomará esta decisión como algo positivo, si no se sale de control; algo que distinguirá al actual gobierno de la anodina gestión de Vicente Fox. Pero también parece haber amplia coincidencia, entre quienes respaldan el decreto, de que Calderón debe también tomar medidas correctivas respecto del sindicato petrolero, el magisterial y otros. Algo que quitaría cualquier sesgo partidista a la eventual desaparición del SME, pero cuya realización parece poco probable. Habrá, con todo, una renovada presión de la opinión pública en ese sentido.
La izquierda alega que el régimen en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales.
El motor aducido por el gobierno para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC), es la búsqueda de una racionalidad administrativa en el estratégico rubro de la electricidad: la empresa es un auténtico elefante blanco, torpe e ineficiente, que devora cerca de 40 mil millones de pesos al año, emplea cinco veces más personal del requerido y ofrece a sus trabajadores privilegios que ni en Suecia disfrutan. La crisis económica y el hoyo fiscal han motivado que el gobierno emprenda lo que muchos antes han preferido eludir, por el costo político que supone enfrentar a un sindicato que disfraza sus injustificables privilegios —que ni los trabajadores suecos tienen— de “nacionalismo energético” y “autonomía sindical”. Andrés López Obrador ha condenado con razón los privilegios de los grandes consorcios, pero que ni se mencionen los de sus aliados políticos. Los gobiernos han sido corresponsables de tales canonjías, es cierto, pero por eso mismo procede, por fin, ponerles término. Coincido con René Delgado quien el sábado escribió: “El (SME) defiende privilegios, no derechos, supuestas conquistas que junto con la mala administración de la empresa terminaron por quebrar precisamente la fuente de trabajo… Sexenio tras sexenio ha resistido el saneamiento de la empresa hasta hacerla inviable, y eso vulnera el principal derecho laboral: el trabajo” (Reforma, 10/X/09). El SME jaló la cuerda hasta reventarla. Terminó por matar su gallina de los huevos de oro.
La izquierda alega, por otro lado, que el gobierno en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales. ¿Hay acaso alguna iniciativa que sugiera tal propósito? ¿Podría este gobierno dar semejante paso cuando ya vimos lo que ocurrió con su iniciativa sobre la reforma petrolera? ¿Podría realizarse la respectiva modificación constitucional sin el concurso del PRI, buena parte del cual sigue atrincherado en el añejo nacionalismo revolucionario, lo mismo que el PRD? Se ve difícil. Pareciera que, para la izquierda, entre los extremos de mantener empresas públicas en profunda ineficiencia y su entrega a las transnacionales no existen opciones intermedias. Ante la eterna amenaza de la privatización total, mejor la quiebra financiera ad infinitum. O el añejo populismo corporativo o el entreguismo incondicional. En México no puede avanzarse hacia una posición de mayor equilibrio y racionalidad sin que se denuncie como un “primer paso” para la entrega de la empresa al imperialismo transnacional.
Afirma el SME que LyF no pertenece al gobierno federal, sino al pueblo de México y a los trabajadores de la empresa. No pertenece, en efecto, al gobierno federal, pero tampoco a los trabajadores (como en los hechos ocurría), sino al Estado. Es decir, teórica y retóricamente, al pueblo. En cuyo caso, como accionista teórico de este voraz elefante blanco, respaldo su liquidación, lo que no obsta para exigir al gobierno que tome muchas otras medidas de austeridad y recortes en su propia, inflada y cara burocracia. Probablemente la mayoría de la sociedad tomará esta decisión como algo positivo, si no se sale de control; algo que distinguirá al actual gobierno de la anodina gestión de Vicente Fox. Pero también parece haber amplia coincidencia, entre quienes respaldan el decreto, de que Calderón debe también tomar medidas correctivas respecto del sindicato petrolero, el magisterial y otros. Algo que quitaría cualquier sesgo partidista a la eventual desaparición del SME, pero cuya realización parece poco probable. Habrá, con todo, una renovada presión de la opinión pública en ese sentido.
La izquierda alega que el régimen en realidad pretende privatizar la energía eléctrica, entregarla de lleno a las transnacionales.
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