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Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció que el gobierno federal destinará en los próximos dos años unos 5 mil millones de pesos para mejorar la red de distribución eléctrica en el centro del país, la cual pertenecía, hasta hace un mes, a Luz y Fuerza del Centro (LFC), organismo descentralizado extinguido mediante un decreto presidencial.
Como se recordará, un día después de ordenar la liquidación de LFC, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, justificó esa medida con el argumento de que la situación financiera de la institución hacía "inviable" su operación. Se alegó, asimismo, que ese organismo requería de inversiones y gastos que el gobierno consideraba improcedentes.
Efectivamente, Luy y Fuerza acusaba un severo deterioro debido a la determinación oficial –mantenida a lo largo de cuatro gestiones, incluida la actual– de propiciar su obsolescencia y negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración, como lo ha documentado de manera exhaustiva y fehaciente el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Un ejemplo revelador de ese designio es la persistente negativa de la dirección de LFC a adoptar un sistema de cobros moderno y el empeño en mantener el que funcionó hasta el mes pasado, que databa de hace cuatro décadas.
Por otra parte, la ruinosa circunstancia de LFC se agravó por las numerosas omisiones en el cobro de las cuentas de dependencias oficiales y empresas privadas, como se documentó en estas páginas el pasado 13 de octubre, situación que fue propiciada por la dirección de la empresa.
A un mes de distancia del golpe gubernamental contra la entidad pública y su sindicato, no sólo ha crecido la confrontación política, laboral y judicial generada por esa medida, sino que se ha hecho evidente la incapacidad de la CFE para garantizar el suministro eléctrico en el centro del país, como muestran los frecuentes y prolongados cortes en el servicio.
En tales circunstancias, se anuncia que el gobierno destinará a ese otro organismo recursos que en su momento fueron negados a LFC, lo que pone de manifiesto la falsedad de los argumentos oficiales y deja en claro que el decreto publicado el 10 de octubre en una edición nocturna y furtiva del Diario Oficial de la Federación no tenía como objetivo corregir una condición financiera distorsionada, sino dar un golpe a una organización sindical independiente y facilitar la transferencia a manos privadas de tramos de la infraestructura de la paraestatal, particularmente su red de fibra óptica, codiciada desde el sexenio pasado por la corporación WL Comunicaciones, a fin de colocar a ése y otros actores en el mercado del triple play (telefonía, televisión e Internet).
Las conductas oficiales mendaces se ponen de manifiesto más temprano que tarde. Así ocurrió el año pasado cuando la actual administración intentó otorgar a empresas particulares, mediante argumentos falaces (como la supuesta urgencia de explotar el "tesoro de aguas profundas"), segmentos fundamentales de la industria petrolera. Ello, lejos de contribuir a desactivar los conflictos creados por el afán privatizador y de desmantelamiento de la propiedad pública, incrementa la desconfianza en los propósitos gubernamentales y contribuye a ahondar y agravar la fractura política que vive el país desde julio de 2006.
kikka-roja.blogspot.com/
Como se recordará, un día después de ordenar la liquidación de LFC, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, justificó esa medida con el argumento de que la situación financiera de la institución hacía "inviable" su operación. Se alegó, asimismo, que ese organismo requería de inversiones y gastos que el gobierno consideraba improcedentes.
Efectivamente, Luy y Fuerza acusaba un severo deterioro debido a la determinación oficial –mantenida a lo largo de cuatro gestiones, incluida la actual– de propiciar su obsolescencia y negarle recursos para el mantenimiento y la actualización de su infraestructura, de sus instrumentos de trabajo y de su administración, como lo ha documentado de manera exhaustiva y fehaciente el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Un ejemplo revelador de ese designio es la persistente negativa de la dirección de LFC a adoptar un sistema de cobros moderno y el empeño en mantener el que funcionó hasta el mes pasado, que databa de hace cuatro décadas.
Por otra parte, la ruinosa circunstancia de LFC se agravó por las numerosas omisiones en el cobro de las cuentas de dependencias oficiales y empresas privadas, como se documentó en estas páginas el pasado 13 de octubre, situación que fue propiciada por la dirección de la empresa.
A un mes de distancia del golpe gubernamental contra la entidad pública y su sindicato, no sólo ha crecido la confrontación política, laboral y judicial generada por esa medida, sino que se ha hecho evidente la incapacidad de la CFE para garantizar el suministro eléctrico en el centro del país, como muestran los frecuentes y prolongados cortes en el servicio.
En tales circunstancias, se anuncia que el gobierno destinará a ese otro organismo recursos que en su momento fueron negados a LFC, lo que pone de manifiesto la falsedad de los argumentos oficiales y deja en claro que el decreto publicado el 10 de octubre en una edición nocturna y furtiva del Diario Oficial de la Federación no tenía como objetivo corregir una condición financiera distorsionada, sino dar un golpe a una organización sindical independiente y facilitar la transferencia a manos privadas de tramos de la infraestructura de la paraestatal, particularmente su red de fibra óptica, codiciada desde el sexenio pasado por la corporación WL Comunicaciones, a fin de colocar a ése y otros actores en el mercado del triple play (telefonía, televisión e Internet).
Las conductas oficiales mendaces se ponen de manifiesto más temprano que tarde. Así ocurrió el año pasado cuando la actual administración intentó otorgar a empresas particulares, mediante argumentos falaces (como la supuesta urgencia de explotar el "tesoro de aguas profundas"), segmentos fundamentales de la industria petrolera. Ello, lejos de contribuir a desactivar los conflictos creados por el afán privatizador y de desmantelamiento de la propiedad pública, incrementa la desconfianza en los propósitos gubernamentales y contribuye a ahondar y agravar la fractura política que vive el país desde julio de 2006.
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