Ricardo Monreal Ávila
2009-11-10•Acentos
Son diferentes en sus objetivos, recursos y promotores, pero son similares en sus “daños colaterales” fiscales, económicos, sociales y políticos: la guerra del gobierno de George W. Bush contra el terrorismo en Irak y la guerra del gobierno mexicano contra el crimen organizado (en realidad debería llamarse “crimen protegido”, porque a partir de esa protección oficial se organiza, crece y reproduce).
Ambas acciones se iniciaron con amplios apoyos ciudadanos, pero a medida que se prolongaron sin dar resultados tangibles, las cruzadas fueron perdiendo credibilidad y acuerdo sociales. Después de haber concitado rangos de aceptación de 85 por ciento, la guerra contra Irak terminó con 45 por ciento de aprobación, mientras que la guerra contra el crimen en México ronda 65 por ciento, y dos de cada tres mexicanos sienten que el gobierno está perdiendo la batalla.
Un indicador relevante es cuando estas modernas Cruzadas empiezan a ser cuestionadas desde adentro. Tenemos cinco ejemplos: la postura del ex subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones, recomendando a los productores del campo seguir el modelo de negocios de los narcotraficantes (no hay que combatirlos, hay que imitarlos, es el mensaje implícito). El “ya basta” y “no se hagan güeyes” del alcalde panista de Garza García en Nuevo León, Mauricio Fernández, justificando la creación de “grupos limpieza” en su municipio ante el fracaso de las estrategias federal y estatal contra el crimen y al amparo de la desesperación ciudadana. El juicio severo del ex presidente Fox, señalando que la incursión del Ejército en esta guerra incrementó la violencia y desbordó el problema de la inseguridad. El libro de dos cercanos colaboradores del ex presidente, Rubén Aguilar Valenzuela y Jorge G. Castañeda, El narco: la guerra fallida, en el que cuestionan de manera integral la estrategia seguida y retoman la tesis de la izquierda y de López Obrador sobre los verdaderos fines de esta embestida: legitimar de facto al gobierno de Calderón, ante su déficit de legitimidad política de origen. Por último, la simbólica y significativa ubicación que el mismo Felipe Calderón dio a la lucha contra el crimen en el decálogo de relanzamiento de su gobierno: el décimo lugar, el último.
Es decir, la estrategia contra el crimen ya no convence ni a los de casa. Un proceso similar vivió Bush al interior de su equipo de gobierno, del Partido Republicano y, en general, en la opinión pública de EU a partir de 2005.
Otro parámetro indispensable para medir la eficacia de una guerra como la lanzada por el gobierno mexicano es el costo fiscal. Si bien una cruzada contra el terrorismo, contra el crimen o contra cualquier otra amenaza social “no tiene precio” en términos de búsqueda de legitimidad o popularidad, al final sí tiene un costo para la sociedad y el gobierno en términos fiscales, es decir, en términos de economía y bienestar para la población.
En estos años de guerra no convencional, el gasto asignado a la seguridad ha aumentado de manera sostenida, mientras que los recursos destinados a otros rubros, como el desarrollo social o la educación superior, se han estancado o disminuido. En los últimos nueves meses, de acuerdo con los datos del “Informe de las finanzas públicas” al tercer trimestre de 2009, el gasto asignado a las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, creció 35 por ciento por arriba del aumento en los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (El Universal, 3 de noviembre 2009).
En su edición más reciente, la revista Expansión (número 1028) publica un reportaje que describe puntualmente la economía de guerra que experimenta el país: “El Ejército sale de compras. El Ejército aumentó 60 por ciento sus compras en la guerra contra el crimen organizado. Las Pymes quieren aprovechar la oportunidad”. Y consigna que mientras el gasto militar en el resto del mundo crece a un ritmo de 4 por ciento, en México lo ha hecho a un ritmo de 11 por ciento “desde que asumió el gobierno Felipe Calderón”.
Bush y su cruzada antiterrorista siguió la misma ruta. Primero subió el gasto militar, después invirtió las prioridades del gasto público, posteriormente disparó el déficit público y terminó aumentando los impuestos, dándole un tiro en la sien a la economía estadunidense, sentada sobre esas bombas de tiempo que eran las hipotecas subprime.
Cuando el gobierno de un país en crisis contrata más policías que ingenieros, gasta más en armas que en nuevas aulas, o apuesta más a la economía de guerra que a la economía del conocimiento, ese país es algo más que un “estado fallido”. Es una nación inviable.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mxAmbas acciones se iniciaron con amplios apoyos ciudadanos, pero a medida que se prolongaron sin dar resultados tangibles, las cruzadas fueron perdiendo credibilidad y acuerdo sociales. Después de haber concitado rangos de aceptación de 85 por ciento, la guerra contra Irak terminó con 45 por ciento de aprobación, mientras que la guerra contra el crimen en México ronda 65 por ciento, y dos de cada tres mexicanos sienten que el gobierno está perdiendo la batalla.
Un indicador relevante es cuando estas modernas Cruzadas empiezan a ser cuestionadas desde adentro. Tenemos cinco ejemplos: la postura del ex subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa, Jeffrey Max Jones, recomendando a los productores del campo seguir el modelo de negocios de los narcotraficantes (no hay que combatirlos, hay que imitarlos, es el mensaje implícito). El “ya basta” y “no se hagan güeyes” del alcalde panista de Garza García en Nuevo León, Mauricio Fernández, justificando la creación de “grupos limpieza” en su municipio ante el fracaso de las estrategias federal y estatal contra el crimen y al amparo de la desesperación ciudadana. El juicio severo del ex presidente Fox, señalando que la incursión del Ejército en esta guerra incrementó la violencia y desbordó el problema de la inseguridad. El libro de dos cercanos colaboradores del ex presidente, Rubén Aguilar Valenzuela y Jorge G. Castañeda, El narco: la guerra fallida, en el que cuestionan de manera integral la estrategia seguida y retoman la tesis de la izquierda y de López Obrador sobre los verdaderos fines de esta embestida: legitimar de facto al gobierno de Calderón, ante su déficit de legitimidad política de origen. Por último, la simbólica y significativa ubicación que el mismo Felipe Calderón dio a la lucha contra el crimen en el decálogo de relanzamiento de su gobierno: el décimo lugar, el último.
Es decir, la estrategia contra el crimen ya no convence ni a los de casa. Un proceso similar vivió Bush al interior de su equipo de gobierno, del Partido Republicano y, en general, en la opinión pública de EU a partir de 2005.
Otro parámetro indispensable para medir la eficacia de una guerra como la lanzada por el gobierno mexicano es el costo fiscal. Si bien una cruzada contra el terrorismo, contra el crimen o contra cualquier otra amenaza social “no tiene precio” en términos de búsqueda de legitimidad o popularidad, al final sí tiene un costo para la sociedad y el gobierno en términos fiscales, es decir, en términos de economía y bienestar para la población.
En estos años de guerra no convencional, el gasto asignado a la seguridad ha aumentado de manera sostenida, mientras que los recursos destinados a otros rubros, como el desarrollo social o la educación superior, se han estancado o disminuido. En los últimos nueves meses, de acuerdo con los datos del “Informe de las finanzas públicas” al tercer trimestre de 2009, el gasto asignado a las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la República, creció 35 por ciento por arriba del aumento en los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (El Universal, 3 de noviembre 2009).
En su edición más reciente, la revista Expansión (número 1028) publica un reportaje que describe puntualmente la economía de guerra que experimenta el país: “El Ejército sale de compras. El Ejército aumentó 60 por ciento sus compras en la guerra contra el crimen organizado. Las Pymes quieren aprovechar la oportunidad”. Y consigna que mientras el gasto militar en el resto del mundo crece a un ritmo de 4 por ciento, en México lo ha hecho a un ritmo de 11 por ciento “desde que asumió el gobierno Felipe Calderón”.
Bush y su cruzada antiterrorista siguió la misma ruta. Primero subió el gasto militar, después invirtió las prioridades del gasto público, posteriormente disparó el déficit público y terminó aumentando los impuestos, dándole un tiro en la sien a la economía estadunidense, sentada sobre esas bombas de tiempo que eran las hipotecas subprime.
Cuando el gobierno de un país en crisis contrata más policías que ingenieros, gasta más en armas que en nuevas aulas, o apuesta más a la economía de guerra que a la economía del conocimiento, ese país es algo más que un “estado fallido”. Es una nación inviable.
kikka-roja.blogspot.com/
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