El Observador
Samuel García
2009-11-10•Negocios
Quizá lo mejor que produjo el estéril debate fiscal previo a la aprobación de la Ley de Ingresos por el Congreso, ha sido una mayor exposición pública del hartazgo general que existe en amplios grupos de la sociedad con una clase política que ha impuesto tradicionalmente sus intereses privados por sobre los públicos.
Debido a este hartazgo manifiesto, los políticos han debido reconocer públicamente que la Ley de Ingresos que aprobaron —con todo y los incrementos de impuestos— es una respuesta mediocre a los problemas del país.
Ese mismo creciente hartazgo generalizado ha unificado voces —en otras épocas distantes— que ponen en riesgo los privilegios actuales de la propia clase política y, por lo tanto, debe convertirse en una poderosa herramienta de presión para los cambios.
En los últimos dos días he escuchado en la Cumbre de Negocios de Monterrey algunas opiniones en ese sentido que no deben menospreciarse, pero sí estar atentos a su realización y buscar su profundización.
Ayer Felipe Calderón volvió a insistir ante los empresarios allí reunidos en impulsar la competencia en los mercados, especialmente en sectores relevantes y esa intención se debe traducir en iniciativas de reformas legales que, sin demora, fortalezcan la posición legal y los objetivos del órgano regulador y de supervisión; pero también deben dar origen a nuevas iniciativas que abran espacios a nuevos jugadores en los mercados quitando las barreras que hoy les impiden participar. Calderón aún tiene que demostrar que está dispuesto a pasar del discurso a los hechos no sólo con el envío de iniciativas al Congreso que promuevan con firmeza la competencia en mercados estratégicos, sino también con acciones en su propio ámbito que no requieren del Congreso para su implementación. También estamos por ver si los intereses privados de los senadores y diputados siguen o no por encima de los intereses públicos cuando reciban estas iniciativas y que seguramente vendrán acompañadas de una brutal presión por parte de los intereses empresariales afectados. Con todo, no quiero ser pesimista de antemano y quiero creer no sólo que a la insistencia de Calderón sobre el tema de la competencia le seguirán acciones concretas de su gobierno, sino también que la presión del hartazgo social tendrá efectos positivos sobre la decisión de los legisladores.
Grandes empresarios del país como Carlos Slim, Daniel Servitje y Roberto González Barrera insistieron en la mediocridad de la recién aprobada Ley de Ingresos, en la ausencia de políticas de largo plazo para el crecimiento y en la necesidad de cambios estructurales en el ámbito fiscal, educativo y político. Incluso Roberto González Barrera sentenció que “el sistema mexicano está agotado.”
Todo ese diagnóstico está muy bien. El asunto es cómo comenzar a desmontar un sistema construido en base a la protección del rentismo que permite la supervivencia y reproducción de sindicatos, monopolios públicos y privados, partidos políticos y empresarios subsidiados y protegidos. Porque esa es la explicación de la parálisis económica que ha vivido la economía mexicana en las últimas décadas y que hoy tanto se reclama.
Bien los discursos, pero aún están lejos de iniciar cambios efectivos. Mientras tanto, el hartazgo se generaliza.
sgarcia@elsemanario.com.mxDebido a este hartazgo manifiesto, los políticos han debido reconocer públicamente que la Ley de Ingresos que aprobaron —con todo y los incrementos de impuestos— es una respuesta mediocre a los problemas del país.
Ese mismo creciente hartazgo generalizado ha unificado voces —en otras épocas distantes— que ponen en riesgo los privilegios actuales de la propia clase política y, por lo tanto, debe convertirse en una poderosa herramienta de presión para los cambios.
En los últimos dos días he escuchado en la Cumbre de Negocios de Monterrey algunas opiniones en ese sentido que no deben menospreciarse, pero sí estar atentos a su realización y buscar su profundización.
Ayer Felipe Calderón volvió a insistir ante los empresarios allí reunidos en impulsar la competencia en los mercados, especialmente en sectores relevantes y esa intención se debe traducir en iniciativas de reformas legales que, sin demora, fortalezcan la posición legal y los objetivos del órgano regulador y de supervisión; pero también deben dar origen a nuevas iniciativas que abran espacios a nuevos jugadores en los mercados quitando las barreras que hoy les impiden participar. Calderón aún tiene que demostrar que está dispuesto a pasar del discurso a los hechos no sólo con el envío de iniciativas al Congreso que promuevan con firmeza la competencia en mercados estratégicos, sino también con acciones en su propio ámbito que no requieren del Congreso para su implementación. También estamos por ver si los intereses privados de los senadores y diputados siguen o no por encima de los intereses públicos cuando reciban estas iniciativas y que seguramente vendrán acompañadas de una brutal presión por parte de los intereses empresariales afectados. Con todo, no quiero ser pesimista de antemano y quiero creer no sólo que a la insistencia de Calderón sobre el tema de la competencia le seguirán acciones concretas de su gobierno, sino también que la presión del hartazgo social tendrá efectos positivos sobre la decisión de los legisladores.
Grandes empresarios del país como Carlos Slim, Daniel Servitje y Roberto González Barrera insistieron en la mediocridad de la recién aprobada Ley de Ingresos, en la ausencia de políticas de largo plazo para el crecimiento y en la necesidad de cambios estructurales en el ámbito fiscal, educativo y político. Incluso Roberto González Barrera sentenció que “el sistema mexicano está agotado.”
Todo ese diagnóstico está muy bien. El asunto es cómo comenzar a desmontar un sistema construido en base a la protección del rentismo que permite la supervivencia y reproducción de sindicatos, monopolios públicos y privados, partidos políticos y empresarios subsidiados y protegidos. Porque esa es la explicación de la parálisis económica que ha vivido la economía mexicana en las últimas décadas y que hoy tanto se reclama.
Bien los discursos, pero aún están lejos de iniciar cambios efectivos. Mientras tanto, el hartazgo se generaliza.
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La trampa del déficit público
El Observador
Samuel García
2009-10-28•Negocios
Hay medias verdades que a fuerza de repetirlas se convierten en verdades aceptadas. Provocada o no, pero es el caso de la discusión sobre el déficit fiscal.
He escuchado en repetidas ocasiones en los últimos días de intensa discusión sobre las finanzas públicas, que “no hay problema que el déficit pase de 0.5 por ciento del PIB propuesto por el gobierno a través de la secretaría de Hacienda, a 1 por ciento del PIB como parece ser que propondrán los senadores, porque éste es un porcentaje todavía bajo en relación con los niveles de déficit que en estos tiempos de crisis observan muchas economías del mundo”.
Francamente no sé como se generalizó aquello de que el déficit del sector público es de 0.5 por ciento y que los diputados lo incrementaron a 0.75 por ciento. Lo cierto es que he escuchado a prominentes comentaristas y analistas en la radio y la televisión aceptando este dato como bueno. Tampoco, por cierto, he visto aclaraciones de los funcionarios de Hacienda sobre el asunto.
Lo cierto es que el déficit público tradicional estimado para 2009 es de 2.1 por ciento del PIB, mayor al que se había aprobado inicialmente (1.9 por ciento) y que en cifras absolutas es poco mayor a 250 mil millones de pesos. Pero si a esta cifra se le agregan las necesidades de créditos por deudas con Pidiregas, IPAB y otros, el déficit ampliado estimado para 2009 alcanza 3.3 por ciento del PIB; casi 400 mil millones de pesos.
Esa es la cifra del déficit público que tiene el país, y sobre la que se deberá discutir en qué proporción se incrementa para 2010, si es que los legisladores deciden hacerlo; como lo han propuesto en los últimos días.
En la propuesta de Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo a los diputados se propuso incrementar este déficit en 0.5 por ciento o 60 mil millones de pesos adicionales, para alcanzar un déficit ampliado de 3.8 por ciento del PIB o 455 mil millones de pesos en números redondos.
Al aprobar la Ley de Ingresos los diputados incrementaron el déficit aún más. Llevaron el incremento a 0.75 por ciento del PIB para alcanzar un déficit ampliado de 4.05 por ciento del PIB o 485 mil millones de pesos.
Si los senadores, en su revisión de lo aprobado por los diputados, consideran que el déficit ampliado del sector público puede incrementarse no sólo 0.75 por ciento, sino 1 por ciento del PIB, el déficit ampliado alcanzaría 4.3 por ciento del PIB o poco más de 510 mil millones de pesos.
Como se ve, las cifras alcanzan una dimensión distinta cuando se pasa de una discusión basada sólo en incrementos porcentuales, a una en la que se toman en cuenta los montos totales del sobregiro por parte del sector público. La perspectiva del endeudamiento propuesto, cambia radicalmente.
Se puede discutir si 4 por ciento es poco o mucho. Para el caso de una economía como la mexicana un déficit de 4 por ciento del PIB parece alto por una sencilla razón: Más allá del crecimiento económico estimado para el próximo año (3 por ciento), no se tienen perspectivas fundadas que nos hagan pensar en que se tendrán recursos fiscales adicionales que financien y reduzcan este déficit en los próximos años. Y es que ni ingresos fiscales por mayores ventas petroleras, ni ingresos tributarios adicionales por una reforma fiscal de fondo, aparecen ya en la lista de soluciones.
Siendo así, ¿no debería imponerse la prudencia? Y en el fondo de la discusión, ¿Para qué incrementar el endeudamiento del país y el déficit público? ¿Para incrementar aún más el gasto?
sgarcia@elsemanario.com.mxHe escuchado en repetidas ocasiones en los últimos días de intensa discusión sobre las finanzas públicas, que “no hay problema que el déficit pase de 0.5 por ciento del PIB propuesto por el gobierno a través de la secretaría de Hacienda, a 1 por ciento del PIB como parece ser que propondrán los senadores, porque éste es un porcentaje todavía bajo en relación con los niveles de déficit que en estos tiempos de crisis observan muchas economías del mundo”.
Francamente no sé como se generalizó aquello de que el déficit del sector público es de 0.5 por ciento y que los diputados lo incrementaron a 0.75 por ciento. Lo cierto es que he escuchado a prominentes comentaristas y analistas en la radio y la televisión aceptando este dato como bueno. Tampoco, por cierto, he visto aclaraciones de los funcionarios de Hacienda sobre el asunto.
Lo cierto es que el déficit público tradicional estimado para 2009 es de 2.1 por ciento del PIB, mayor al que se había aprobado inicialmente (1.9 por ciento) y que en cifras absolutas es poco mayor a 250 mil millones de pesos. Pero si a esta cifra se le agregan las necesidades de créditos por deudas con Pidiregas, IPAB y otros, el déficit ampliado estimado para 2009 alcanza 3.3 por ciento del PIB; casi 400 mil millones de pesos.
Esa es la cifra del déficit público que tiene el país, y sobre la que se deberá discutir en qué proporción se incrementa para 2010, si es que los legisladores deciden hacerlo; como lo han propuesto en los últimos días.
En la propuesta de Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo a los diputados se propuso incrementar este déficit en 0.5 por ciento o 60 mil millones de pesos adicionales, para alcanzar un déficit ampliado de 3.8 por ciento del PIB o 455 mil millones de pesos en números redondos.
Al aprobar la Ley de Ingresos los diputados incrementaron el déficit aún más. Llevaron el incremento a 0.75 por ciento del PIB para alcanzar un déficit ampliado de 4.05 por ciento del PIB o 485 mil millones de pesos.
Si los senadores, en su revisión de lo aprobado por los diputados, consideran que el déficit ampliado del sector público puede incrementarse no sólo 0.75 por ciento, sino 1 por ciento del PIB, el déficit ampliado alcanzaría 4.3 por ciento del PIB o poco más de 510 mil millones de pesos.
Como se ve, las cifras alcanzan una dimensión distinta cuando se pasa de una discusión basada sólo en incrementos porcentuales, a una en la que se toman en cuenta los montos totales del sobregiro por parte del sector público. La perspectiva del endeudamiento propuesto, cambia radicalmente.
Se puede discutir si 4 por ciento es poco o mucho. Para el caso de una economía como la mexicana un déficit de 4 por ciento del PIB parece alto por una sencilla razón: Más allá del crecimiento económico estimado para el próximo año (3 por ciento), no se tienen perspectivas fundadas que nos hagan pensar en que se tendrán recursos fiscales adicionales que financien y reduzcan este déficit en los próximos años. Y es que ni ingresos fiscales por mayores ventas petroleras, ni ingresos tributarios adicionales por una reforma fiscal de fondo, aparecen ya en la lista de soluciones.
Siendo así, ¿no debería imponerse la prudencia? Y en el fondo de la discusión, ¿Para qué incrementar el endeudamiento del país y el déficit público? ¿Para incrementar aún más el gasto?
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