El 4 de agosto de 1968, el Partido Comunista Mexicano, mediante un desplegado publicado en el periódico El Día, rechazó las acusaciones gubernamentales de ser el causante del conflicto estudiantil, y explicó “que siendo un partido de oposición al régimen, que lucha por una sociedad socialista, jamás ha incitado a nadie a utilizar medios anárquicos”.
Asimismo denunció que “la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (era la responsable) de difundir documentos apócrifos, como el titulado ‘¡La juventud al poder!’”, que se distribuía con la supuesta autoría de la Juventud Comunista. Esa fue la primera ocasión en que se puso en evidencia la participación de la agencia de espionaje estadunidense en los sucesos de 1968.
Años después se descubriría por documentos desclasificados del gobierno estadunidense y el libro Our man in México: Winston Scott and the hiddson history, de Jefferson Morley, que Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, así como otros funcionarios, por ejemplo Fernando Gutiérrez Barrios, fueron cooptados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) desde 1966, durante la llamada Operación Litempo.
Ese 4 de agosto, profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) manifestaban, en un desplegado publicado en El Día, su apoyo a los estudiantes, al igual que lo hicieron los académicos de Chapingo y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, en el número 12 de la revista Historia y sociedad.
La participación del MURO
En contraparte, según reportes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) de la Secretaría de Gobernación, los integrantes del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), de filiación ultraderechista, “distribuyen volantes con la leyenda Autonomía sí, comunismo no, agregan que el MURO se pronuncia por la defensa de la autonomía universitaria y hacen un llamado a los verdaderos estudiantes para repudiar a los culpables de la violación: los agitadores comunistas”.
Otro informe de la DGIPS, éste fechado el 3 de agosto a las 21:15 horas, refiere que los miembros del MURO aseguran “que grupos apátridas, dirigidos desde el extranjero por expertos motineros de Rusia y Cuba”, promueven la rebelión estudiantil.
A su vez, el Partido Popular Socialista (PPS), la llamada “izquierda leal” al gobierno, afirmó en un desplegado el 5 de agosto, también en el periódico El Día, que “en los últimos sucesos está la mano de los enemigos de la marcha democrática de México (…) la CIA, a través de sus voceros extranjeros o nacionales a su servicio; es una de las fuerzas instigadoras del movimiento estudiantil. Imaginar que dejara de actuar en México sería vivir fuera de la realidad.
“Junto a la CIA, la acción de grupos de extrema derecha como el llamado MURO han actuado y siguen actuando impunemente como agentes provocadores, cuyos propósitos, aunados a los de otras fuerzas negativas, es producir una división entre los sectores del pueblo y el gobierno (…) y derivar todo ello en una acción represiva anticomunista en gran escala”, concluía el PPS
Ramón Ramírez señala en su libro El movimiento estudiantil de México que el conflicto fue un problema que, por su alcance, conmovió “justamente a todo el país e inquietó al gobierno, a los grupos políticos, a las organizaciones sindicales y, en general, a los más representativos exponentes de la intelectualidad”.
Y Ramírez agrega una caracterización mucho más apegada a la realidad que las vertidas por los difusores de la conjura extranjera, al decir que se trataba de “un movimiento de carácter democrático-popular” que pretendía “el cumplimiento de la Constitución y, en consecuencia, el respeto a las garantías individuales y colectivas; el derecho de libre asociación y de expresión del pensamiento; el derecho de manifestación y protesta; la derogación de algunos artículos del Código Penal, que desvirtúan y atentan contra el propio espíritu de la Constitución, así como la libertad de los presos políticos.
“Se trata, reiteramos, de un movimiento en el que se sintetiza un conjunto de reivindicaciones progresistas y democráticas amparadas por los preceptos constitucionales”.
A principios de agosto, los estudiantes habían logrado ya el apoyo de alumnos de instituciones privadas de educación superior, como las universidades Iberoamericana y La Salle, en el Distrito Federal, así como de las universidades públicas de Veracruz, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Morelos.
En los siguientes cinco días se conformaría el Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por tres representantes de cada escuela. La dirección del movimiento se integró con 210 estudiantes, era colectiva y ampliamente respetada.
El CNH tenía como órgano máximo la Asamblea Plenaria, con soberanía y poder de decisión, pero quienes la integraban eran representantes de los comités de Lucha o de Huelga de cada escuela o facultad, los cuales tenían comisiones de propaganda, finanzas e información, y delegaban funciones en las brigadas políticas, de asuntos jurídicos y de relaciones con el resto de la República.
En las comisiones participaban dos alumnos representantes de la UNAM, dos del IPN, uno de Chapingo y otro de las escuelas normales.
Además, en los planteles había asambleas permanentes de alumnos y los comités estaban estructurados de manera muy similar al CNH.
De manera paralela se creó la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráticas, integrada por dos representantes de cada escuela o facultad. “Desde su constitución, quedó bien manifiesto que su propósito no era suplantar ninguna de las funciones de dirección del movimiento estudiantil –el CNH–, sino coordinar esfuerzos con los estudiantes; se trata, por tanto, de una organización (…) cuya función no ha sido otra que fortalecer (el movimiento) ante la opinión pública y en el seno del propio profesorado”, señala Ramón Ramírez en su libro.
Así, se daría a conocer el pliego petitorio del movimiento, cuyo contenido fue:
“Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos:
“1. Libertad a presos políticos.
“2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías.
“3. Extinción del Cuerpo de Granaderos, instrumento directo en la represión, y la no creación de cuerpos semejantes.
“4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal (delito de disolución social), instrumentos jurídicos de la agresión.
“5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante.
“6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y Ejército.”
El llamado Libro blanco del 68, elaborado por la Procuraduría General de la República, asegura que luego de que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos “perdió la poca fuerza que le quedaba entre el alumnado del IPN”, el 5 de agosto “comenzó entonces la guerra de panfletos y volantes”, y “se atribuyó la promoción del conflicto a los ultras de izquierda y a la labor de la CIA”.
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