Además de la impunidad, la falta de crecimiento económico y de generación de empleos provocan actos ilícitos por la “desesperación” de las personas de no encontrar una fuente de trabajo, afirmó este miércoles el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo-Loza. Otro factor que origina la ola de delincuencia es el nulo crecimiento de la economía: “seguimos sin avanzar en competitividad” y no se generan puestos de ocupación, afirmó el empresario. “Hay mucha gente de 30 años que busca una oportunidad de empleo y no la encuentra. Es más fácil que esa gente se vincule al crimen organizado por la desesperación de no hallar una oportunidad. (Ellos) representan un blanco fácil para el narcotráfico”, expresó Paredes Arroyo-Loza en entrevista.
Es vulnerable un joven que apenas empieza y no tiene oportunidades, por tanto, es necesario “entrar fuerte” en materia de competitividad, para que la iniciativa privada pueda desarrollarse y generar fuentes de trabajo, señaló.
Las empresas privadas, explicó el dirigente del CCE, son las mayores creadoras de empleo y no el gobierno. De allí la urgencia de “avanzar en temas que generen competitividad”, como la desregulación. No obstante, el principal problema de la inseguridad radica en la impunidad, pues sólo uno de cada cien crímenes que se cometen es sentenciado, reiteró el empresario. El lunes, el gobierno federal convocó a acuerdos nacionales para depurar los cuerpos de seguridad pública. En tanto, el Gobierno del Distrito Federal anunció 20 acciones para combatir la delincuencia, entre ellas poner fin a la Policía Judicial. Paredes Arroyo-Loza reconoció que el presidente Felipe Calderón ha expresado su preocupación por la inseguridad en el país, aunque la “realidad es que el Estado no está cumpliendo su tarea de garantizar la seguridad de los ciudadanos”. Las medidas anunciadas pueden contribuir a mejorar la seguridad, planteó el empresario, pero desde el punto de vista del CCE es necesario acabar inmediatamente con la impunidad mediante la aprobación de las leyes secundarias en materia de seguridad y justicia penal.
“El CCE está claro en que va con todo para materializar la reforma de seguridad y justicia penal, y el Congreso debe asumir su responsabilidad”, añadió. Paredes Arroyo-Loza consideró importante cambiar el sistema de impartición de justicia y definir “quién tiene facultades de prevención de delitos, quién de investigación y quién de procuración de justicia”. Ejemplificó que la gente tiene miedo de acudir a una agencia del Ministerio Público porque piensa que los funcionarios están involucrados con la delincuencia organizada.
En múltiples casos, los agentes dependen de los gobiernos de los estados y eso influye en que la procuración de justicia “no sea transparente o que esté manipulada”. La mayoría de los delitos en el país, dijo el empresario, es del fuero común. Indicó además que en México hay muchos policías que saben leer, pero no todos, por lo que también es importante emprender acciones para que la población recupere la confianza en las fuerzas del orden. Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia Núñez, aseveró que los niveles de inseguridad en el país son ya “insostenibles”, lo cual ha frenado las inversiones.
Indicó que la inseguridad provoca que la sociedad “esté levantando la voz” y por ello se llevarán a cabo marchas en demanda de solucionar esta problemática. “Hay inversiones que están detenidas, aunque no hay datos al respecto”, indicó Plascencia Núñez, quien denunció que para los industriales la inseguridad es más severa en estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. En esas entidades se está generando un tipo de inseguridad diferente al que estaban acostumbrados los industriales, señaló la organización patronal.
Industriales de Nuevo León padecen cada día al menos un secuestro o una extorsión, pero no denuncian los delitos porque temen ser objeto de represalias, aseguró la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra).En tanto, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, anunció que con la finalidad de reducir la incidencia de plagios su administración depurará los cuerpos policiacos y creará áreas específicas en la procuraduría mexiquense para atender delitos de secuestro y narcomenudeo.Por otra parte, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, se pronunció en favor de aplicar la cadena perpetua a secuestradores.El director de la Caintra en Nuevo León, Guillermo Dillon Montaña, sostuvo que los agremiados padecen cada día un secuestro o una extorsión, pero “debido a la infiltración del hampa en los cuerpos policiacos” no presentan denuncias.Manuel Zambrano, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Nuevo León, dijo que además de secuestros, robos y asaltos, los empresarios de la entidad son víctimas de presiones por parte de supuestos integrantes de bandas del crimen organizado que les cobran “protección”.Peña Nieto manifestó que, “en breve”, se pondrá en marcha un servicio “de denuncia exprés” para que se dé cuenta a las autoridades sobre casos de secuestro y narcomenudeo.Por otra parte, Osuna Millán adelantó que enviará una iniciativa para reformar el Código Penal del estado de Baja California con el propósito de establecer la cadena perpetua para personas que secuestren a menores de edad o adultos mayores y mutilen a sus víctimas, lo mismo que cuando los plagiarios sean policías o hayan formado parte de corporaciones policiacas.Mientras, una encuesta aplicada por una empresa que dirige el catedrático Agustín Osornio Soto, de la Universidad Autónoma de Querétaro, señaló que 47 por ciento de 700 personas interrogadas en los municipios de El Marqués, Corregidora y Querétaro dijeron que están en favor de la pena de muerte para los delitos de homicidio, secuestro y violación.
Capturan a secuestradores en Querétaro y Tamaulipas
Agentes de la Policía Investigadora Ministerial de Querétaro liberaron a una joven de 22 años y detuvieron a seis presuntos secuestradores, integrantes de la banda Los Polleros, que desde el pasado 5 de agosto la mantenían cautiva en Zimapán, Hidalgo, y exigían 400 mil pesos de rescate.Éste es el primer secuestro que se documenta este año en forma oficial en Querétaro, entidad donde, de acuerdo con cifras del gobierno local, ocurre un plagio al año desde 2004, excepto 2007, cuando no se documentó ningún ilícito de ese tipo.Por su parte, la Policía Ministerial de Tamaulipas arrestó a Jesús Alberto Armenta y Lázaro Samaniego, acusados por el secuestro y asesinato del comerciante Noé Villegas Trejo, a quien dieron muerte a pesar de que cobraron un rescate de 248 mil pesos.David Carrizales, Israel Dávila, Antonio Heras, Mariana Chávez, Carlos Figueroa y Sergio Ocampo
EditorialPoder Judicial: inseguridad y responsabilidadesAyer, al referirse al avance de la violencia y el crimen organizado en el país, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que el organismo que él encabeza, y el Poder Judicial en su conjunto, no son “ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública” y demandó “acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”. En particular, el magistrado identificó como factores que detonan el desarrollo de la delincuencia la “falta de claridad” en las leyes, así como los escasos resultados de las autoridades en lo que se refiere a la detención de los delincuentes y la mala integración de los expedientes por los agentes del Ministerio Público.
Es sin duda positivo que el Poder Judicial asuma una postura frente a un flagelo que agravia y vulnera a la sociedad en todos sus ámbitos. El auge de las expresiones criminales demanda el involucramiento de todos los niveles de gobierno y todas las vertientes del poder público para contener ese fenómeno. Sin embargo, no queda claro si los señalamientos de Ortiz Mayagoitia obedecen a preocupaciones genuinas en torno a la seguridad, o si son un intento por trasladar al Legislativo y al Ejecutivo el conjunto de las responsabilidades en esa materia y soslayar las deficiencias que acusan los órganos de impartición de justicia.
En relación con el combate a la delincuencia, diversos especialistas han señalado que la cuestión central no radica en el grado de severidad de las leyes, sino en que quienes delinquen no permanezcan impunes. Al respecto, es conocido que la deficiencia de los procesos judiciales permite, en muchos casos, que los delincuentes arrestados no pisen las cárceles. Esto constituye un factor que potencia el auge de la inseguridad y la proliferación del crimen organizado, y evidencia, por añadidura, al Poder Judicial como garante de la impunidad.
Adicionalmente, lo dicho por Ortiz Mayagoitia no es consistente con los resultados que el organismo que encabeza ha entregado a la sociedad en tiempos recientes. Como señaló el propio ministro presidente de la Corte, México requiere de un Poder Judicial que actúe “de forma imparcial, objetiva e independiente”, elementos que, ciertamente, no se han observado en algunos de los rumbos de acción del máximo tribunal, que se ha ceñido a los designios de la clase político-empresarial que detenta el poder en el país: en el sexenio pasado, la SCJN convalidó el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, montado por el ex presidente Vicente Fox para golpear e inhabilitar políticamente al tabasqueño; en el actual ciclo de gobierno, el organismo avaló el nuevo sistema de pensiones del ISSSTE –un atropello para los trabajadores del Estado– y, más recientemente, dio entrada a los juicios de amparo que los empresarios interpusieron contra la reforma electoral, con lo que se redujo a institución gestora de los intereses del poder económico. Estos elementos, en conjunto, han evidenciado una descomposición profunda del organismo y lo han hundido en el descrédito y la falta de confianza por parte de la ciudadanía.
Ante el panorama actual en materia de delincuencia, es urgente un mecanismo de impartición de justicia eficiente, que haga valer el estado de derecho y trabaje para beneficio de la nación y sus habitantes. En lugar de repartir culpas, es urgente que el Poder Judicial en su conjunto, empezando por la SCJN, voltee hacia sí mismo, asuma la cuota de responsabilidad que le corresponde y actúe en consecuencia.
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