Días de saqueo y represión Miguel Ángel Granados Chapa 12 Oct. 08 Merece explicación mayor el programa de contingencia anunciado por Calderón ante la crisis, pues puede ocurrir que lo planteado como novedad sean medidas ya anunciadas en meses anteriores Renuentes al aprendizaje que ofrece la experiencia, hemos vivido esta semana lo ya vivido: las reservas del Banco de México se escurren velozmente como agua entre las manos, y el exceso de las fuerzas federales al pretender imponer la ley no hace más que agrandar los problemas y generar otros. Esa vuelta atrás, ese retroceso tomó sólo tres días: de miércoles a viernes las crisis que se acumulan aumentaron su riesgo exponencialmente y amenazan crecer todavía más a partir de mañana. En esos días, el banco central mermó en casi 11 por ciento sus reservas en el inútil intento de frenar la devaluación del peso frente al dólar, que se aceleró en sólo unas horas, notoriamente al influjo de la especulación. El martes, el Banco de México anunció la colocación de 2 mil 500 millones de dólares, más 400 millones más cada día que fuera necesario, para equilibrar el mercado de cambios, que súbitamente había perdido la placidez de la sobrevaloración del peso. La puesta en marcha de la medida no fue exitosa: sólo se vendieron el miércoles poco menos de mil millones de dólares, porque el precio no satisfizo a los adquirientes. El jueves el mercado se animó y las divisas subastadas se agotaron. El viernes la demanda creció aceleradamente y el banco central tuvo que vender, en sólo unas horas, 6 mil 400 millones de dólares. Es decir, en sólo tres días, sin que eso detuviera la devaluación de la moneda mexicana (pues al cabo de esas intensas jornadas el dólar se cotizó por encima de los 13 pesos) fueron adquiridos por particulares casi 9 mil millones de dólares, monto en el que disminuyeron las reservas, que en la semana anterior sumaban poco más de 84 mil millones de dólares. Si se mantuviera la velocidad con que mermaron las reservas en esas 72 horas, el país las perdería todas antes de que concluya octubre. El resultado sería semejante al padecido por México en crisis cambiarias como las de 1976, 1982 y 1987, en que montos menores de reservas se agotaron en lo que fue, netamente, una mera transferencia de recursos públicos a especuladores. El trágico lamento y la patética bravata de López Portillo: ¡ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!, estarían en posibilidad de consumarse de nuevo. Veremos en los próximos días, en las próximas horas, si ese derrotero ya conocido se nos impone una vez más. Es probable que los bancos comerciales que adquirieron los caudales ofrecidos por el central los hayan enviado al exterior, a las matrices de los que operan en México. El jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Zamarripa Escamilla, dijo que su oficina detectó un flujo de divisas en esa dirección. Dinero mexicano contribuiría de ese modo a aliviar las necesidades de liquidez de los establecimientos metropolitanos de que dependen Banamex, BBVA Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC. Es posible que las remesas de las sucursales a las matrices estuvieran rebasando los límites establecidos, y eso explicara la voracidad con que fueron engullidas las sumas subastadas por el Banco de México. (Un provecho cierto, comprobable, estaban ésos y otros bancos obteniendo de la actual delicada coyuntura: la diferencia entre el precio de compra y de venta de la divisa norteamericana llegó a más de un peso, hasta 1.70 en algunos momentos, con lo que la ganancia bancaria en las operaciones con el público habría crecido sin control hasta significar 10 veces más del diferencial admitido en jornadas menos turbulentas). La voracidad del mercado cambiario (así como la veloz disminución en el precio de la mezcla mexicana en el mercado mundial petrolero) hizo que perdiera centralidad el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE), presentado por la Presidencia de la República, inesperadamente, el miércoles y detallado el jueves en sendos mensajes por televisión encadenada a cargo de Felipe Calderón. Después de un lapso prolongado en exceso en que el gobierno rehusaba admitir el efecto de la crisis financiera mundial en la vida mexicana, las autoridades federales se vieron constreñidas a actuar. El banco central lo hizo en el sentido y con los resultados sabidos. El Ejecutivo, por su parte, transitó en dos vías. Por un lado, ajustó los criterios económicos que apenas un mes atrás había presentado ante el Congreso como fundamento de la legislación financiera que regirá el año próximo, cuyos datos axiales eran ya inservibles. Y por otro, formuló un plan de acción inmediata, sorpresivo también por su contenido. Se trata de un programa explícitamente contracíclico (el propio Calderón usó la palabra, que es anatema para el credo liberal, mercadólatra, a que su gobierno estaba afiliado), es decir, que propuso aumentar el gasto público en vez de achicarlo como recomienda la ortodoxia. En otra herejía, aunque en este caso sin reconocerlo expresamente, Calderón propuso también un manejo de la deuda y las finanzas públicas que supone admitir que el presupuesto de 2009 sea deficitario (como lo son los planes de gasto de todos los países, Estados Unidos particularmente, que recomiendan o instruyen a otros a no recorrer la senda por la que ellos transitan). A pesar de que el jueves Calderón ofreció pormenores sobre su programa de emergencia, se precisan explicaciones adicionales, no sea que el gobierno esté anunciando como novedades medidas adoptadas con anterioridad. Eso podría ocurrir con el gasto en infraestructura, que destinará 10 mil 700 millones de pesos a carreteras y casi otro tanto a ampliar, mejorar y mantener instalaciones petroleras o eléctricas. Hay que recordar que en mayo pasado se constituyó el Fondo Nacional de Infraestructura, que contó con 60 mil millones de pesos de los cuales están ya comprometidos la mitad. Los 20 mil millones mencionados ahora por Calderón, ¿son parte de los 30 mil disponibles en ese fondo o tienen otro carácter?, pues sólo así tendrían el efecto estimulante de la economía que caracteriza al programa de emergencia presentado esta semana. Lo mismo cabría preguntar respecto de los más de 7 mil millones de pesos que apoyarían la producción agrícola, pues las Acciones de Apoyo a la Economía Familiar, anunciadas también en mayo, incluían partidas para financiar la tecnificación rural. ¿Qué fue de aquéllas? ¿Son las mismas que ahora se presentan como nuevas? El programa emergente de Calderón incluye también 5 mil 500 millones de pesos para infraestructura de seguridad, es decir, "nuevos penales y centros penitenciarios, nuevas estaciones de policía y también nuevos cuarteles e infraestructura militar". A este respecto, amén de indagar también si se trata de gasto adicional o es parte del que concreta los compromisos del Ejecutivo ante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cabe preguntarse si esas nuevas instalaciones albergarán a delincuentes o a ciudadanos que participan en movilizaciones sociales que infringen la ley al impedir la circulación en carreteras federales o, peor aún, a gente detenida sin causa por la arbitrariedad y la impericia policiaca. Que eso puede ocurrir quedó patente los mismos días de la agitación financiera y del activismo gubernamental en la materia, en Morelos. Lejos de resolver el grave problema de una huelga magisterial decretada por las bases al margen de su dirección seccional y nacional (y aun contra ellas), el excesivo uso de la fuerza, particularmente en Xoxocotla, ha creado un nuevo problema, o dio relevancia a uno de los aspectos de la movilización de los profesores, que es la solidaridad que les brinda una parte de la población, especialmente la que ha sufrido embates de autoridades arbitrarias y abusivas y cree en la necesidad de la autodefensa. Ciertamente el daño a los escolares y a sus familias, causado por el paro magisterial, es de tal modo severo que debe ser frenado cuanto antes. Pero convertir en elemento central de la estrategia contra la huelga el ataque a los pobladores que apoyan a los huelguistas, y el modo en que se hizo, revela o una miopía inadmisible o la decisión de imponer soluciones de fuerza a problemas políticos. Especialmente grave es la incorporación del Ejército a la represión. No hubo soldados en Atenco ni en Oaxaca. Que los haya en Morelos no debe permitirse. Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com |
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