El titular de la Secretaría de Salud federal (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, reconoció ayer, en una conferencia conjunta con su homólogo del Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued, y con el encargado del despacho de la Secretaría de Salud del estado de México, Roberto Martínez Poblete, que el país enfrenta una epidemia de influenza causada, hasta donde se sabe, por una nueva cepa del virus de la gripe porcina. El funcionario señaló que el número de muertes atribuidas a esta enfermedad asciende a 20 en el país, aunque se estudia otro medio centenar de defunciones que podrían estar relacionadas, y advirtió que la forma más eficaz de hacer frente a la situación es mediante el uso de antivirales, no de vacunas.
Debe señalarse, por principio de cuentas, que la confirmación de que el país se enfrenta a una epidemia causada por un nuevo virus hace necesario que la población acate las recomendaciones enunciadas por las autoridades sanitarias: lavarse las manos con frecuencia, no compartir vasos ni cubiertos, no acudir a lugares concurridos, usar tapabocas y no automedicarse, entre otras. No obstante, las declaraciones vertidas ayer alimentan la impresión generalizada de que las medidas anunciadas por el gobierno federal la noche del pasado jueves –la suspensión de clases en todos los niveles, en planteles tanto públicos como privados–, más otras de mayor calado, debieron tomarse antes, a efecto de prevenir una situación de mayor gravedad, como la que hoy se presenta. Porque, nueva o no, la enfermedad en cuestión había comenzado a manifestarse de manera atípica desde hace más de una semana en la capital del país, y en entidades como el estado de México y San Luis Potosí, y eso tendría que haber bastado para que las autoridades pusieran mayor atención y concretaran un paquete de acciones que impidieran la multiplicación de estos casos.
En cambio, el discurso gubernamental ante esta emergencia ha estado marcado por desatinos e imprecisiones que, a querer o no, han acabado por generar un sentimiento de confusión, incertidumbre y zozobra en la población. Es inevitable recordar que desde el pasado jueves, antes de anunciar la suspensión de las actividades escolares, el propio Córdova Villalobos llamó a la población a mantener la calma y señaló que no se trataba de una epidemia descontrolada, sino de casos habituales fuera de temporada. En esa misma oportunidad aseguró que se comprarían 300 mil dosis de vacunas, adicionales a las 200 mil que había donado ya un laboratorio y a las 50 mil en posesión del sistema de salud pública. Horas más tarde se emitió la resolución de suspender las actividades en los ciclos de educación básica, media superior y superior, en una decisión que alentó la alarma de la población y que se tomó, para colmo, sin haber convocado al Consejo de Salubridad General, órgano encargado de la emisión de disposiciones sanitarias como la comentada e integrado por las autoridades de salud de todo el país, y que, sin embargo, apenas sesionó ayer por la tarde y sin arribar a ningún acuerdo.
Asimismo, la supuesta inutilidad de la aplicación de las vacunas siembra dudas adicionales, pues si la respuesta a la enfermedad no pasa por la aplicación de la vacuna, no queda claro por qué entonces el virus parece atacar principalmente a aquellos sectores de la población a los que tradicionalmente no se aplica la inyección preventiva, administrada a los menores de tres años y a los adultos mayores.
Por lo demás, como se advirtió ayer en este mismo espacio, el hecho de que las medidas preventivas adoptadas hasta ahora se hayan enfocado a la capital del país y municipios conurbados del estado de México, y no se extendieran a otras entidades, genera suspicacias, y hace obligado preguntarse si no se está desprotegiendo a amplias franjas de la población en el resto del territorio nacional ante la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad.
Es necesario, pues, que las autoridades de salud corrijan estas deficiencias cuanto antes, a efecto de proyectar un sentir de seguridad y claridad en el rumbo y de mejorar, en esa medida, el entendimiento entre el gobierno y la sociedad, elemento por demás necesario para afrontar, sin escenarios de pánico y con pleno acatamiento de las recomendaciones sanitarias, una situación como la que hoy se vive.
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Debe señalarse, por principio de cuentas, que la confirmación de que el país se enfrenta a una epidemia causada por un nuevo virus hace necesario que la población acate las recomendaciones enunciadas por las autoridades sanitarias: lavarse las manos con frecuencia, no compartir vasos ni cubiertos, no acudir a lugares concurridos, usar tapabocas y no automedicarse, entre otras. No obstante, las declaraciones vertidas ayer alimentan la impresión generalizada de que las medidas anunciadas por el gobierno federal la noche del pasado jueves –la suspensión de clases en todos los niveles, en planteles tanto públicos como privados–, más otras de mayor calado, debieron tomarse antes, a efecto de prevenir una situación de mayor gravedad, como la que hoy se presenta. Porque, nueva o no, la enfermedad en cuestión había comenzado a manifestarse de manera atípica desde hace más de una semana en la capital del país, y en entidades como el estado de México y San Luis Potosí, y eso tendría que haber bastado para que las autoridades pusieran mayor atención y concretaran un paquete de acciones que impidieran la multiplicación de estos casos.
En cambio, el discurso gubernamental ante esta emergencia ha estado marcado por desatinos e imprecisiones que, a querer o no, han acabado por generar un sentimiento de confusión, incertidumbre y zozobra en la población. Es inevitable recordar que desde el pasado jueves, antes de anunciar la suspensión de las actividades escolares, el propio Córdova Villalobos llamó a la población a mantener la calma y señaló que no se trataba de una epidemia descontrolada, sino de casos habituales fuera de temporada. En esa misma oportunidad aseguró que se comprarían 300 mil dosis de vacunas, adicionales a las 200 mil que había donado ya un laboratorio y a las 50 mil en posesión del sistema de salud pública. Horas más tarde se emitió la resolución de suspender las actividades en los ciclos de educación básica, media superior y superior, en una decisión que alentó la alarma de la población y que se tomó, para colmo, sin haber convocado al Consejo de Salubridad General, órgano encargado de la emisión de disposiciones sanitarias como la comentada e integrado por las autoridades de salud de todo el país, y que, sin embargo, apenas sesionó ayer por la tarde y sin arribar a ningún acuerdo.
Asimismo, la supuesta inutilidad de la aplicación de las vacunas siembra dudas adicionales, pues si la respuesta a la enfermedad no pasa por la aplicación de la vacuna, no queda claro por qué entonces el virus parece atacar principalmente a aquellos sectores de la población a los que tradicionalmente no se aplica la inyección preventiva, administrada a los menores de tres años y a los adultos mayores.
Por lo demás, como se advirtió ayer en este mismo espacio, el hecho de que las medidas preventivas adoptadas hasta ahora se hayan enfocado a la capital del país y municipios conurbados del estado de México, y no se extendieran a otras entidades, genera suspicacias, y hace obligado preguntarse si no se está desprotegiendo a amplias franjas de la población en el resto del territorio nacional ante la posibilidad de nuevos brotes de la enfermedad.
Es necesario, pues, que las autoridades de salud corrijan estas deficiencias cuanto antes, a efecto de proyectar un sentir de seguridad y claridad en el rumbo y de mejorar, en esa medida, el entendimiento entre el gobierno y la sociedad, elemento por demás necesario para afrontar, sin escenarios de pánico y con pleno acatamiento de las recomendaciones sanitarias, una situación como la que hoy se vive.
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