MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Meter a 200 niños en una bodega, como si fueran papelería o placas de circulación vehicular, es un buen negocio para todos. O para casi todos. Lo es para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ahorra más de 3 mil pesos por cada niño embodegado. Lo es para el concesionario de la operación, que asegura recibir un pago de 2 mil 500 pesos por cada niño que guarda en la bodega, es decir, medio millón de pesos al mes. Y, digámoslo sin ningún ánimo de humor negro, porque la gravedad del asunto impide siquiera ironizar con él, para los agentes de servicios funerarios de Hermosillo, que el fin de semana pasado tuvieron que atender 44 sepelios, para pagar cada uno de los cuales las familias respectivas dispusieron de 150 mil pesos.
En esa cifra, también hay que decirlo crudamente, tasó el IMSS la vida de cada una de las víctimas del crimen colectivo ocurrido en la guardería ABC. Y a ese precio se reducirán sus erogaciones si no hay acciones civiles que hagan pagar al órgano de la seguridad social federal indemnizaciones a los deudos por la suprema irresponsabilidad en que incurrió de principio a fin en este caso, desde que subrogó el servicio de guardería hasta que a finales de mayo avaló el funcionamiento de un sistema de prevención cuya ausencia real quedó trágicamente demostrada el 5 de junio.
El esfuerzo de examinar con racionalidad esa larga cadena de favoritismos y descuidos criminales se estrella contra la indignación que causa la muerte de 44 muchachitos, desde recién nacidos hasta apenas unos meses de edad. Todo es repugnante, todo se cifra en sólo la gana de hacer negocio, no en el afán de prestar un servicio. Con claro abandono de sus responsabilidades, que nacen del carácter tripartido de su financiamiento, el IMSS resolvió en el sexenio pasado no construir una guardería más. Sólo mantiene 142 atendidas por su propio personal, y en cambio ha subrogado una cantidad 10 veces mayor: mil 420, de las que 88 están en Sonora. La que se quemó, la ABC, fue subrogada en 2001, en la primera tanda de las ofrecidas por el gobierno de Vicente Fox a los particulares, acaso como parte de su política de que cada mexicano tuviera tele, vocho y changarro.
Las propietarias del espacio donde se embodegaron 200 niños, como muchas otras personas, pertenecen a la cúpula del poder político y económico de Sonora. Gobierne quien gobierne el país y su estado, tienen asegurados sus privilegios, como el acceso a oportunidades de negocios como la que significó la parcial privatización del IMSS emprendida por Ernesto Zedillo y confirmada por los panistas Fox y Calderón.
La designación de la actual coordinadora de Guarderías en el IMSS ilustra con claridad el desdén con que se mira esa función. Carla Rochín Nieto es una militante panista que hizo política local en Guanajuato y se desempeñó en cargos de relaciones públicas en el ayuntamiento panista de Salamanca y en el gobierno guanajuatense de esa misma filiación. Fue diputada federal en la legislatura anterior, y en diciembre de 2006 se la designó directora del Museo de Culturas Populares, dentro del Conaculta. Ajena a la comunidad próxima a la materia de ese establecimiento, y mal avenida con Sergio Vela, fue despedida por éste en julio de 2007, lo que causó mala impresión en la casa presidencial, de donde surgió la orden de encontrar un rápido acomodo a la exdiputada. La instrucción fue puntualmente cumplida: la guardaron en la oficina de Guarderías, sin que contara con las calificaciones adecuadas. No hacía falta, pues ya estaba echada a andar la política de contratismo que se evidenció meses después, cuando se licitó la subrogación de 150 guarderías. Para obtener la franquicia correspondiente se apuntaron 600 solicitantes, alentados por la información de la coordinadora, que ponderaba la condición de "muy buen negocio" que se hacía en esta actividad.
Conforme a sus datos, ¡vaya si lo es! Aseguró en mayo del año pasado que quien pretendiera establecer una guardería necesitaba un capital de inversión de 2.5 millones de pesos, y que su recuperación estaba "garantizada en un periodo de tres años", con altas tasas de utilidad, superiores en mucho a las de otras actividades económicas: entre 25 y 35%. (Reforma, 13 de mayo de 2008.)
Puesto que los ingresos son fijos en una alta proporción (65%, y el 35% restante depende de la asistencia cotidiana de los niños), el mejor modo de incrementar la utilidad es reduciendo al mínimo el costo de la operación, los gastos de instalación y funcionamiento. Eso explica las precarias condiciones de establecimientos como la ABC de Hermosillo, instalada en condiciones de privilegio para los negociantes, de grave riesgo en cambio para sus usuarios: Se admitió convertir una antigua nave industrial en espacio para tres bodegas, bajo un mismo techo: una de papelería, una de placas de tránsito (ambas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal) y la tercera para embodegar niños.
Admitir esa incómoda vecindad tenía al parecer una ventaja financiera nada despreciable: El gobierno del estado paga la renta de los tres espacios, incluido el de uso particular. A menos que se muestre alguna información de subarrendamiento formal, resulta que en una especie de subsidio local la guardería funcionaba en un espacio que no generaba costos. Y para que se vea de qué manera se trata de un negocio redondo, ahora sabemos que el propietario del edificio incendiado se llama José Manuel Matiella Urquides, pariente de uno de los copropietarios de la bodega de niños, Gildardo Urquides Serrano, exsecretario de finanzas del PRI. ¡Ah!, un dato más: La renta a cargo del gobierno estatal se elevó súbitamente en escala abrumadora; en 2007 el monto mensual era de 38 mil pesos y subió al año siguiente a 39 mil 500 pesos, un incremento razonable. Pero no lo es el salto descomunal que dio al comenzar este año: ahora el gobierno del estado cubre a Matiella Urquides ¡medio millón de pesos al mes! (Reforma, 12 de junio.)
El incremento del número de guarderías subrogadas era ya preocupante al comienzo de la administración calderoniana: Apenas en el primer receso de la LX Legislatura, en enero de 2007, los senadores zacatecanos Claudia Corichi y Tomás Torres Mercado propusieron que la Permanente solicitara la presencia de los directores del IMSS y el ISSSTE, para que informaran sobre ese asunto. La propuesta pasó inadvertida durante meses y aun años, aunque su propósito fuera el de sólo obtener información. Apenas se le retomó en abril pasado, es decir, en el último período de sesiones ordinarias de la legislatura, pero no se ha consumado, siendo que ahora sería en extremo útil su cumplimiento. El 21 de abril fue aprobado el punto de acuerdo que durante ya casi dos meses ha sido mera expresión de un buen deseo.
Mientras tanto, 44 pequeños féretros fueron sepultados hace una semana, en actos que beneficiaron a las empresas funerarias de Hermosillo. Porque, como ya explicamos, la subrogación de guarderías, y el descuido criminal de su funcionamiento, es para muchos solamente un buen negocio.
kikka-roja.blogspot.com/
En esa cifra, también hay que decirlo crudamente, tasó el IMSS la vida de cada una de las víctimas del crimen colectivo ocurrido en la guardería ABC. Y a ese precio se reducirán sus erogaciones si no hay acciones civiles que hagan pagar al órgano de la seguridad social federal indemnizaciones a los deudos por la suprema irresponsabilidad en que incurrió de principio a fin en este caso, desde que subrogó el servicio de guardería hasta que a finales de mayo avaló el funcionamiento de un sistema de prevención cuya ausencia real quedó trágicamente demostrada el 5 de junio.
El esfuerzo de examinar con racionalidad esa larga cadena de favoritismos y descuidos criminales se estrella contra la indignación que causa la muerte de 44 muchachitos, desde recién nacidos hasta apenas unos meses de edad. Todo es repugnante, todo se cifra en sólo la gana de hacer negocio, no en el afán de prestar un servicio. Con claro abandono de sus responsabilidades, que nacen del carácter tripartido de su financiamiento, el IMSS resolvió en el sexenio pasado no construir una guardería más. Sólo mantiene 142 atendidas por su propio personal, y en cambio ha subrogado una cantidad 10 veces mayor: mil 420, de las que 88 están en Sonora. La que se quemó, la ABC, fue subrogada en 2001, en la primera tanda de las ofrecidas por el gobierno de Vicente Fox a los particulares, acaso como parte de su política de que cada mexicano tuviera tele, vocho y changarro.
Las propietarias del espacio donde se embodegaron 200 niños, como muchas otras personas, pertenecen a la cúpula del poder político y económico de Sonora. Gobierne quien gobierne el país y su estado, tienen asegurados sus privilegios, como el acceso a oportunidades de negocios como la que significó la parcial privatización del IMSS emprendida por Ernesto Zedillo y confirmada por los panistas Fox y Calderón.
La designación de la actual coordinadora de Guarderías en el IMSS ilustra con claridad el desdén con que se mira esa función. Carla Rochín Nieto es una militante panista que hizo política local en Guanajuato y se desempeñó en cargos de relaciones públicas en el ayuntamiento panista de Salamanca y en el gobierno guanajuatense de esa misma filiación. Fue diputada federal en la legislatura anterior, y en diciembre de 2006 se la designó directora del Museo de Culturas Populares, dentro del Conaculta. Ajena a la comunidad próxima a la materia de ese establecimiento, y mal avenida con Sergio Vela, fue despedida por éste en julio de 2007, lo que causó mala impresión en la casa presidencial, de donde surgió la orden de encontrar un rápido acomodo a la exdiputada. La instrucción fue puntualmente cumplida: la guardaron en la oficina de Guarderías, sin que contara con las calificaciones adecuadas. No hacía falta, pues ya estaba echada a andar la política de contratismo que se evidenció meses después, cuando se licitó la subrogación de 150 guarderías. Para obtener la franquicia correspondiente se apuntaron 600 solicitantes, alentados por la información de la coordinadora, que ponderaba la condición de "muy buen negocio" que se hacía en esta actividad.
Conforme a sus datos, ¡vaya si lo es! Aseguró en mayo del año pasado que quien pretendiera establecer una guardería necesitaba un capital de inversión de 2.5 millones de pesos, y que su recuperación estaba "garantizada en un periodo de tres años", con altas tasas de utilidad, superiores en mucho a las de otras actividades económicas: entre 25 y 35%. (Reforma, 13 de mayo de 2008.)
Puesto que los ingresos son fijos en una alta proporción (65%, y el 35% restante depende de la asistencia cotidiana de los niños), el mejor modo de incrementar la utilidad es reduciendo al mínimo el costo de la operación, los gastos de instalación y funcionamiento. Eso explica las precarias condiciones de establecimientos como la ABC de Hermosillo, instalada en condiciones de privilegio para los negociantes, de grave riesgo en cambio para sus usuarios: Se admitió convertir una antigua nave industrial en espacio para tres bodegas, bajo un mismo techo: una de papelería, una de placas de tránsito (ambas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal) y la tercera para embodegar niños.
Admitir esa incómoda vecindad tenía al parecer una ventaja financiera nada despreciable: El gobierno del estado paga la renta de los tres espacios, incluido el de uso particular. A menos que se muestre alguna información de subarrendamiento formal, resulta que en una especie de subsidio local la guardería funcionaba en un espacio que no generaba costos. Y para que se vea de qué manera se trata de un negocio redondo, ahora sabemos que el propietario del edificio incendiado se llama José Manuel Matiella Urquides, pariente de uno de los copropietarios de la bodega de niños, Gildardo Urquides Serrano, exsecretario de finanzas del PRI. ¡Ah!, un dato más: La renta a cargo del gobierno estatal se elevó súbitamente en escala abrumadora; en 2007 el monto mensual era de 38 mil pesos y subió al año siguiente a 39 mil 500 pesos, un incremento razonable. Pero no lo es el salto descomunal que dio al comenzar este año: ahora el gobierno del estado cubre a Matiella Urquides ¡medio millón de pesos al mes! (Reforma, 12 de junio.)
El incremento del número de guarderías subrogadas era ya preocupante al comienzo de la administración calderoniana: Apenas en el primer receso de la LX Legislatura, en enero de 2007, los senadores zacatecanos Claudia Corichi y Tomás Torres Mercado propusieron que la Permanente solicitara la presencia de los directores del IMSS y el ISSSTE, para que informaran sobre ese asunto. La propuesta pasó inadvertida durante meses y aun años, aunque su propósito fuera el de sólo obtener información. Apenas se le retomó en abril pasado, es decir, en el último período de sesiones ordinarias de la legislatura, pero no se ha consumado, siendo que ahora sería en extremo útil su cumplimiento. El 21 de abril fue aprobado el punto de acuerdo que durante ya casi dos meses ha sido mera expresión de un buen deseo.
Mientras tanto, 44 pequeños féretros fueron sepultados hace una semana, en actos que beneficiaron a las empresas funerarias de Hermosillo. Porque, como ya explicamos, la subrogación de guarderías, y el descuido criminal de su funcionamiento, es para muchos solamente un buen negocio.
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