ÁLVARO DELGADO
En efecto, se trata del nombramiento de dos personajes desprovistos de la probidad y la eficacia en el servicio público que Calderón proclamó en su discurso de 41 minutos, el miércoles 4, cuya retahíla de lugares comunes y el anodino decálogo de buenas intenciones quieren ser vendidos --¡vaya despropósito!-- como "golpe de timón".
Peor aún: Chávez Chávez, exprocurador de Justicia de Chihuahua, y Suárez Coppel, operador de Francisco Gil Díaz, son emblemas de la impunidad desde el poder.
Chávez Chávez es socio del despacho de Antonio Lozano Gracia, exprocurador general de la República los primeros dos años del sexenio de Ernesto Zedillo y forma parte del elenco de abogados afines a Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont, actual secretario de Gobernación, cuyo éxito en los litigios ha estado asociado al tráfico de influencias.
Representante legal de los negocios de Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), entre ellos la empresa Electronic Publishing SA de CV --mediante la cual obtuvo contratos multimillonarios en el gobierno de Vicente Fox, justamente por el tráfico de influencias--, Chávez Chávez actuó con impunidad como procurador de Chihuahua en el sexenio de Francisco Barrio, actual embajador en Canadá.
No sólo fue incapaz de evitar y castigar la matanza de mujeres en Ciudad Juárez, un asunto que merece hasta ahora el desprecio de los panistas de esa entidad y de México, sino que dejó libres a delincuentes que formaban parte de una banda de asaltabancos sólo porque eran miembros del PAN.
El jefe de la banda de asaltabancos era Luis Humberto Prieto Tovalí, quien fue candidato a diputado federal del PAN por el distrito VIII, cuya compañera de fórmula era Leticia Macías, esposa de Carlos Borruel, actual alcalde de Chihuahua capital y, junto con Madero, uno de los prospectos a ser candidato al gobierno estatal el próximo año.
La captura de la banda se efectuó el 18 de septiembre de 2007, tres meses después que Prieto Tovalí fue candidato del PAN, y se produjo luego de asaltar un banco en Ciudad Aldama, que para su mala suerte se ubicaba a unos metros de la comandancia de la Policía Judicial estatal, con cuyos elementos se enfrentó y resultó herido un comandante.
En el choque a balazos tras el asalto, del que los ladrones se apoderaron de 120 mil pesos, resultó herido el propio Prieto Tovalí, de 35 años de edad, y fueron capturados Sergio Núñez, de 25, y Arturo Chávez Valdés, de 29, quienes estaban en posesión de rifles AK-47 y pistolas.
Esta información fue ocultada deliberadamente por Chávez Chávez; por el administrador de la dependencia, Manuel Soledad Villanueva, y por el vocero en la zona centro, Aurelio Meléndez, quienes ya antes habían ocultado también que la banda había cometido asaltos desde 1996.
Ese año, según información difundida en su oportunidad en Chihuahua, Prieto Tovalí fue detenido por robo y tentativa de homicidio, pero fue puesto en libertad por órdenes de Chávez Chávez, a quien Calderón le confía ahora el cargo de procurador general de la República.
Una posible explicación de la impunidad de que gozaba Prieto Tovalí es que, un año antes de su primera captura, en junio de 1995, se convirtió en socio de la empresa Servicios de Impresión del Norte, S. de R.L, dedicada a fabricar artículos impresos al PAN.
Y lo más importante: Sus socios eran Manuel Soledad Villanueva, administrador de la Procuraduría de Justicia con Chávez Chávez, y Manuel Carreón Chávez, secretario general del PAN, justamente quien lo registró como candidato a diputado federal.
Por eso se entiende que el seguro procurador general de la República --porque Manlio Fabio Beltrones ya lo pactó, junto con los senadores perredistas que están vueltos locos con la opulencia, empezando por Carlos Navarrete-- jamás ha dicho una sola palabra al respecto.
Pero sí es preocupante el nombramiento de Chávez Chávez, quien fue también subsecretario de Gobernación con Carlos Abascal y antes de ello delegado de la PGR en Chihuahua, lo es todavía más el del nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, involucrado en numerosos casos de corrupción en la propia paraestatal.
Desde hace días se había filtrado que el sustituto de Jesús Reyes Heroles sería Francisco Gil Díaz, pero no hubo necesidad de tanto descaro, porque Suárez Coppel, quien fue su coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda, representa exactamente los mismos intereses.
La relación es hasta familiar: A la muerte de su padre, en 1951, Gil Díaz fue ayudado por dos familias de Sinaloa, Arregui y Coppel, a las que les devolvería el favor en el sexenio de Fox: Roberto Patrón Arregui fue jefe de la aduana de Manzanillo, la más importante del país, y a Suárez Copel lo hizo coordinador de asesores en la Secretaría de Hacienda y después director corporativo de Finanzas de Pemex.
Aunque Suárez Coppel dejó formalmente el cargo, lo sustituyó su sobrino Esteban Levín Balcells, hijo de Oscar Levín Coppel, diputado federal priista que durante el foxismo fue director de la Casa de Moneda y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef).
Desde su cargo en Pemex, Suárez Coppel se involucró en actos de corrupción y tráfico de influencias, como la asignación de multimillonarios contratos sin licitar y en el escándalo de los hijos de Marta Sahagún en la asignación también de multimillonarios contratos a la empresa Oceanografía SA.
Por ejemplo, en solo un año asignó más de 30 contratos por 140 millones de pesos a consultores mexicanos y 37 millones de dólares en asesores internacionales, supuestamente para saber cómo podía ser más eficiente su gestión.
En su libro Los hijos de Marta, que se ha convertido en una referencia en la corrupción de la parentela de Fox, la reportera Jesusa Cervantes detalla la participación de Suárez Coppel en una extensa red de corrupción en Pemex, que inclusive fue investigada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En sus conclusiones, la indagatoria señala a Juan Marcos Issa como el líder de la organización presuntamente delictiva –"él decide las acciones a seguir"--, un personaje vinculado a las esferas del gobierno federal, pero también de perredistas como Graco Ramírez, a quien presuntamente financió para su campaña a senador.
En el informe del Cisen se cita la influencia de Suárez Coppel en los negocios de la paraestatal, quien "presume que su permanencia en Pemex obedece al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz", y hasta se le cita textualmente: "Directores vienen y van, pero a mí me puso Paco…"
Apuntes
Después de que el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) anuló las elecciones en las delegaciones capitalinas de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, por rebase de gastos de campaña de los panistas Carlos Orvañanos y Demetrio Sodi, se puede anticipar lo que sigue: Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, jueces de consigna, devolverán al PAN esos triunfos ilegales… La conducta del priista Enrique Peña Nieto, el sábado, con motivo de su informe de gobierno, ratifica su condición de producto fabricado. No hay ciudadanos, no hay instituciones, no hay republicanismo, sino sets, cámaras, luces, teleprónter, imagen nomás… la nada detrás de un rostro de telenovela. Otro impostor…
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